“Pido a mis hermanos indígenas que me controlen, y que me empujen si no avanzo lo suficiente”
¿Por qué los errores políticos de Evo Morales impiden llamar gato a un gato y golpe de Estado a un golpe de Estado? Parece que no ha habido golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales: ésta es la tesis defendida por algunos observadores, periodistas o universitarios europeos y latinoamericanos[1]. Uno de los más significativos es JO Lavaud, universitario francés, especialista en Bolivia, al recoger en su blog de Mediapart lo fundamental del discurso neo-conservador. Recusa la existencia de un golpe de Estado. En su opinión, al ser ilegal la candidatura de Evo Morales, “denunciar y combatir esta ilegalidad no tiene nada de un golpe de Estado… Aspira por el contrario a restablecer el orden legal”. Porque además, según el mismo autor, “las Fuerzas Armadas, militares y policías, no han participado en este autodenominado golpe de Estado que no es más que un escenario de victimización para confundir a la opinión pública nacional e internacional”. En Bolivia sólo habría habido por tanto “el lamento de un golpe de Estado”.
Una secuencia electoral contestada
La crisis boliviana tiene múltiples causas, pero la más reciente hunde sus raíces en el referéndum de 2016, en el que Evo Morales pidió a los bolivianos poder aspirar a un cuarto mandato presidencial, esperando así eludir los límites impuestos por el artículo 168 de la Constitución. Evo Morales fue derrotado por una corta mayoría, 51,3%, de bolivianos que se negaron a modificar la Constitución. El 24 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo electoral (TSE) confirmó la derrota del presidente boliviano.
Pero en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reconoció el “derecho humano de todo ciudadano, incluidos los actuales gobernantes” a elegir y a ser elegido, abriendo así la puerta a la candidatura de Evo Morales y del vicepresidente Alvaro García Linera. Una maniobra política que iba a ocasionar numerosas protestas. Desde enero de 2019, a ocho meses de las presidenciales previstas para octubre, la oposición a Evo Morales había convertido la fecha del 21 de febrero, aniversario del referéndum de 2016 perdido por el presidente saliente, en una cita para la alternancia. Durante las semanas que precedieron a las elecciones, se multiplicaron los conflictos y enfrentamientos entre los sectores progubernamentales, entre ellos el Movimiento hacia el Socialismo (MAS[2]), el partido de Evo Morales, y la oposición, sobre todo la de Santa Cruz, bastión de las élites conservadoras. Pero las movilizaciones abarcaron también a sectores sociales críticos con la presidencia de Evo Morales, incluyendo población indígena y jóvenes de los centros urbanos.
La inexplicada interrupción del recuento de las papeletas de voto durante la transmisión de los primeros resultados sembró la duda sobre su validez. Con un 47,1% de los votos a su favor, contra sólo un 36,5% para Carlos Mesa, en una primera vuelta que fue cuestionada por la Organización de Estados Americanos (OEA), Evo Morales fue proclamado vencedor. Evitaba así los riesgos de una segunda vuelta, ya que el reglamento electoral boliviano permite que sea elegido un candidato que haya obtenido al menos el 40% de los votos y una diferencia de 10% con los votos de su concurrente. En su informe, los emisarios de la OEA presentes en el lugar a invitación del presidente boliviano (a pesar de la mala fama de su presidente Luis Almagro) consideraron “estadísticamente poco probable que Evo Morales hubiera obtenido el margen del 10% necesario para ser elegido tras la primera vuelta del escrutinio”[3]. En fin, la Unión Europea expuso “serias dudas” sobre los resultados, estimando que la mejor opción sería realizar una segunda vuelta. Los observadores del Center for Economic and Policy Research (CEPR), con base en Washington, respondieron a estas declaraciones explicando de forma diferente la interrupción de la transmisión de los resultados y la diferencia final del 10,6% entre los dos candidatos[4]. Según ellos, la diferencia era debida al recuento de los primeros resultados cuando sólo estaban escrutados al 84% de los votos, cuando la ventaja de Morales no era entonces más que de 7,9%. Pero el recuento efectuado más tarde con el 95% de las papeletas indicaba una diferencia final de 10,6% entre los dos candidatos”[5].
En un llamamiento publicado por el diario británico The Guardian, periodistas e intelectuales americanos criticaron a la OEA[6], cuya Misión de Observación electoral afirmaba desde el 21 de octubre, al día siguiente de las elecciones, “su sorpresa y su gran preocupación ante al cambio radical y difícil de explicar respecto a la tendencia indicada por los resultados preliminares tras el cierre de las urnas”. Una alegación que daba a entender que había habido fraude, sin aportar pruebas. Este presunto fraude nunca ha sido probado, pero será reafirmado por el conjunto de medios de comunicación.
La primera reacción de Evo Morales fue pedir a la OEA que hiciese una auditoría, lo que fue rechazado por Carlos Mesa, el candidato de la oposición. La OEA recomendó entonces recomenzar el escrutinio en lugar de proceder a una segunda vuelta. Pero la oposición aprovechó la sospecha para exigir la anulación de las elecciones y la caída del gobierno de Evo Morales. Apenas unos días después del 20 de octubre, un llamamiento a la huelga nacional y a la resistencia civil fue lanzado desde Santa Cruz, capital económica del país y bastión de la oposición conservadora, por Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, llamando a bloquear el país. Ante las manifestaciones y enfrentamientos cotidianos, Evo Morales decidió convocar nuevas elecciones nacionales “con el fin de permitir al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades incorporando a nuevos actores políticos”. Fue entonces cuando ocurrieron los amotinamientos de algunas unidades de Policía, y después la intervención del Ejército provocando la dimisión de Morales. El comandante jefe del Ejército, Williams Kaliman, sugirió” (sic) al presidente que dimitiese, cuando su mandato iba a terminar tan sólo dos meses más tarde, en enero de 2020. Amenazado físicamente, Morales partió para Mexico, acompañado del vicepresidente Alvaro García Linera. Quedaba el campo libre para imponer una presidenta autoproclamada.
La secuencia electoral es elocuente. La resumen tres testimonios. El New York Times[7] analiza así la situación: “Mientras se extendían las protestas y estallaban los amotinamientos de la Policía, los dirigentes de la oposición hicieron un llamamiento a las Fuerzas Armadas para desalojar a Morales y los líderes del Ejército le “sugirieron” que dimitiese. Morales partió para México y una senadora de la oposición, Jeanine Añez, asumió la presidencia. En realidad Morales fue presa de un golpe de Estado. Muchos bolivianos querían la salida de Morales. Pero sólo se fue después de la rebelión de la policía y después de que el jefe del Estado Mayor le hubiera llamado a dimitir, un llamamiento hecho después haber aceptado proceder a nuevas elecciones bajo el control de nuevas autoridades electorales, lo que ofrecía una salida plausible a la crisis sin intervención militar. El golpe de Estado pone en evidencia una alarmante tendencia en América latina: ignorando las trágicas lecciones del pasado pretoriano de la región, muchos políticos se dirigen a las Fuerzas Armadas para resolver las crisis e incluso para destituir a los gobiernos”.
El periodista de RFI[8] Amaury de Rochegonde describe así la situación: “El problema es que más allá de las palabras hay hechos. Y hay que estar ciego para no ver la represión de los manifestantes indígenas en Cochabamba el 15 de noviembre, cuando cinco campesinos fueron muertos. O el 19 en El Alto, cerca de La Paz, donde varios manifestantes fueron muertos durante el desbloqueo de una refinería. Hay que estar ciego también para no ver que se enfrentan nostálgicos de derecha, Biblia en mano, como el muy mediático Luis Fernando Camacho, apodado el “Bolsonaro” boliviano, y clases pobres de origen indio más próximo a la Pachamama, la tierra sagrada”.
Citemos por último al antiguo presidente del gobierno español, José Luis Zapatero, denunciando “los comportamientos de la OEA, sus posiciones falsas, que lo único que han hecho es agravar las divisiones en el continente latino-americano”. JL Zapatero llamaba a no callarse ante el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, exhortando a la izquierda del continente a denunciar la situación de este país andino. “Vemos el escandaloso golpe dado al presidente boliviano. Pedir a un presidente elegido constitucionalmente que abandone el poder no puede ser un acto de democracia. No podemos callarnos”. Un golpe de Estado en la tradición latino-americana, donde la expresión “pronunciamiento” designa el hecho de que el Ejército se “pronuncia” contra el poder establecido y lo sustituye por otro impuesto a la fuerza.
Según Periodistas sin fronteras (PSF), “La libertad de prensa corre un grave peligro en Bolivia. Si no es un golpe de Estado, se parece cada vez más”. Decenas de diarios, como Los Tiempos o Página 7, han tenido que suspender su versión impresa por razones de seguridad. El gobierno de facto ha declarado que actuará con la ley en la mano contra los periodistas que apoyen la “sedición”. Un decreto eximiendo de responsabilidad penal a los militares que participan en operaciones de mantenimiento del orden contra “grupos subversivos armados, grupos extranjeros con armas de gran calibre”, fue apadrinado por el Ministro interino de Defensa. Este decreto para asegurar la impunidad de los militares fue suspendido posteriormente. A final de noviembre se contabilizaban 32 muertos, muchos de ellos con balas reales, y 700 heridos en el conjunto del país. Sin contar las brutalidades y las humillaciones racistas cometidas sobre mujeres indígenas, algunas de ellas pintadas de rojo o ridiculizadas por llevar pollera, la tradicional falda abombada. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Bolivia del 22 al 25 de noviembre, habla de una masacre en los actos violentos producidos en Sacaba (Cochabamba) y en Senkata (El Alto). Su informa señala que “las heridas observadas muestran serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial”.
En este contexto, el embajador de la Unión Europea (UE), León de la Torre, se reunió con la autoproclamada presidenta Jeanine Añez proponiendo la mediación de la UE para que “Bolivia pueda organizar lo antes posible elecciones creíbles”. El embajador oficializaba así el apoyo de la UE al gobierno de facto, seguido poco después por el secretario de Estado norteamericano Pompeo, proclamando “su apoyo a la libertad de prensa, a las protestas y a las reuniones no violentas. La violencia, la represión y la intimidación política no tienen lugar en una democracia”. La Internacional Socialista le pisó los talones, estimando que no se trataba de un golpe de Estado, sino que por el contrario “la situación ofrecía enormes posibilidades para recuperar la democracia y el pluralismo”[9].
¿Legitimado el golpe de Estado?
Tras la dimisión y la salida forzosas de Evo Morales, el campo institucional quedaba libre. “Ante el hecho de la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente (…), como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo inmediatamente la presidencia tal como está previsto en el orden constitucional”, declaraba el 12 de noviembre la senadora Jeanine Añez, miembro de la oposición conservadora y segunda vicepresidenta del Senado, invocando a Dios “que ha permitido que la Biblia entre de nuevo en el Palacio”. El Ejército reconocía inmediatamente a esta presidenta autoproclamada, encargada de asegurar el ínterin y de preparar nuevas elecciones. Para los nuevos detentadores del poder civil y militar, se trataba de legitimar el golpe de Estado presentándolo como un proceso de transición democrática. Sin embargo, el quorum no se alcanzaba en el Parlamento, donde es mayoritario el MAS, el partido de Evo Morales.
Pese a la falta de quorum, la autoproclamada presidenta anunció la formación de un gobierno. Los responsables del golpe de Estado se enfrentaban a una decisión: o intentar un acuerdo con el MAS con el fin de poder elegir nuevas autoridades electorales y convocar nuevas elecciones para neutralizar las movilizaciones populares, o enfrentarse a los senadores y diputados del MAS, todavía mayoritarios en el Congreso, e imponer por la represión el poder y las decisiones del gobierno de facto.
El MAS estaba dividido y los militantes desorientados por la dimisión de Evo Morales. Algunos parlamentarios apoyaban a los partidarios del presidente exiliado, bloqueando las carreteras que unen La paz con las regiones agrícolas del centro de Bolivia, reclamando su regreso y exigiendo la dimisión de la presidente autoproclamada en un plazo de 4 horas. Pero otros, sin pedir la vuelta de Evo Morales, reclamaban paralizar las violencias y aceptaban preparar nuevas elecciones con los golpistas.
En este contexto, a finales de noviembre se firmó un “Acuerdo de Pacificación” en La Paz. Apadrinado por la Conferencia Episcopal boliviana, la UE y la ONU, el acuerdo concluido preveía la retirada del Ejército, la suspensión del decreto que aseguraba la impunidad de los militares y la liberación de los detenidos, comprometiéndose las organizaciones sociales a acabar los bloqueos de carretera. Presentado por el Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi (que había apoyado antes la candidatura de Evo Morales), y por el Ministro del Interior del gobierno de facto, Arturo Murillo, el documento se proponía “reorientar” el país y “las estructuras orgánicas del pueblo boliviano”. Organizaciones de mujeres como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas originarias de Bolivia – Bartolina Sisa[10] −las Bartolinas− firmaban un acuerdo con el gobierno interino, Iba a poner término a las movilizaciones contra Jeanine Añez en la mayor parte del país. Sin embargo, en el Chaparé, bastión de los cocaleros (cultivadores de coca) que respaldan a Evo Morales, las manifestaciones se prolongaron durante varios días sin que la Policía pudiera intervenir. El documento de acuerdo con el gobierno fue también ratificado por organizaciones sociales muy importantes como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación de Pueblos Indígenas del Este boliviano (CIDOB) y el Consejo de los Ayllus[11] y Markas del Qullasuyu12[12] (CONAMAQ), una adhesión que muestra divisiones en las organizaciones sociales y el movimiento indígena. La firma de la Coordinación de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba, bastión de los cocaleros de Evo Morales, no aparecía en el documento.
Al mismo tiempo, el Parlamento boliviano daba luz verde a la organización de nuevas elecciones presidenciales y legislativas. El texto aprobado por el Parlamento incluía en particular la anulación del escrutinio del 20 de octubre reconociendo así su no validez. El MAS, que disponía todavía de una mayoría de dos tercios en el Parlamento, votó tras acalorados debates a favor del proyecto de ley, confirmando así la dimisión y el exilio del antiguo presidente cuyo mandato no debería haber acabado legalmente hasta final de enero de 2020.
Con su voto, el MAS creía poder evitar la continuación de las violencias, pero al hacerlo ofrecía una apariencia de legitimidad democrática al golpe de Estado. Posteriormente, Evo Morales ha sido acusado por el Ministro del Interior del gobierno de facto, Arturo Murillo, de fomentar la “sedición” y el “terrorismo”. Se le ha prohibido la estancia y participación electoral. Y la fiscalía boliviana ha emitido el 18 de diciembre una orden de arresto contra él. El excomandante William Kaliman, que había obtenido la dimisión de Evo Morales, ha sido destituido, así como su alter ego de la Policía, Vladimir Calderón, ambos sustituidos por otros más decididos que ellos. En fin, más de cien responsables del MAS están hoy día buscados o presos.
Catorce años después de la elección del primer presidente indígena y la proclamación de una “Revolución democrática y cultural”, las próximas elecciones[13] tendrán lugar por tanto sin Evo Morales. El gobierno de facto controla los engranajes políticos, económicos, judiciales, militares del aparato de Estado. Su objetivo es dividir y desmovilizar a las fuerzas militantes del MAS, desacreditarlo en las próximas elecciones a la vez que manteniendo las apariencias, proclamando su respeto a la legalidad, la democracia, el Estado de derecho y la Constitución. A pesar de sus desmentidos, el llamado gobierno interino está legislando en política interior y en política internacional. Se ha comprometido a “liberar” la economía, y en el plano internacional, a romper con la Unión de naciones sudamericanas[14] (UNASUR) y a reconocer al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaido. Tras la detención por la policía boliviana de cuatro médicos cubanos en El Alto, La Habana ha retirado inmediatamente a todo su personal sanitario presente en Bolivia. Último episodio, diputados europeos responsables del partido de extrema derecha franquista VOX, en misión en La Paz con el acuerdo de Jeanine Añez, han llevado a cabo una investigación sobre los supuestos vínculos financieros entre el ministro Juan Ramón Quintana, brazo derecho de Evo Morales, y el partido Podemos. En esta ocasión, Arturo Murillo, ministro interino de Interior, se permitía declarar: “el delincuente Quintana nunca tendrá salvoconducto para abandonar la Embajada mexicana, su único salvoconducto será para la prisión de Chonchocoro”. Lo que dice mucho sobre el respeto al Estado de derecho y la independencia de la justicia por el poder de los golpistas.
El 7 de diciembre de 2019, el Congreso Nacional ampliado del MAS reunido en Cochabamba confirmaba su participación en las elecciones de 2020 y designaba a Evo Morales como jefe de campaña, considerando que era el más calificado “dadas sus cualidades de estratega” y sus llamamientos a la unidad. El diputado del MAS y dirigente cocalero Lino Cárdenas afirmaba que Evo Morales podría, gracias a las nuevas tecnologías, dirigir la campaña con el apoyo de los movimientos sociales y de los militantes. Después de haber abandonado Mexico, Evo Morales se ha refugiado en Argentina, acompañado de Alvaro García Linera, del antiguo canciller Diego Pary y de dos antiguos ministros. Esta partida fue precedida de un viaje a Cuba discretamente informado por los medios de comunicación oficiales en La Habana.
Una peligrosa transición
¿Cómo ha evolucionado la relación de fuerzas sobre el terreno? El 6 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó una Ley de Garantías Constitucionales presentada por los diputados del MAS (todavía mayoritarios en el Parlamento). La Ley establecía que los dirigentes que hubieran llamado a las movilizaciones después del golpe de Estado de octubre de 2019 no podrían ser perseguidos en el plano judicial ni ser detenidos. La presidenta interina declaró entonces que opondría su veto a este proyecto de Ley. Pero la sorpresa iba a venir de la nueva presidenta del Senado[15], Eva Copa, senadora del MAS en El Alto, que había jugado un papel clave en las negociaciones con Jeanine Añez. Hablando de la necesidad de llegar a un consenso en la Cámara Alta, reafirmó la voluntad del MAS de no reactivar los conflictos en el país para que cesen las muertes y las violencias, y para que gracias al diálogo y a la paz las elecciones tengan lugar lo antes posible. Eva Copa representa a los pragmáticos del MAS opuestos a sectores más radicales. Preguntada por sus motivos, declaró: “Porque vengo de El Alto, porque no tengo otra salida, porque no voy a abandonar Bolivia para ir a otro sitio, no tengo razones para huir”. ¿Por qué han huido otros?, se le preguntó. “Dicen que por razones familiares”[16]. Una respuesta implícitamente crítica hacia el antiguo presente, compartida por otros militantes.
Preguntado también por las razones del acuerdo firmado, el antiguo Ministro de Asuntos Exteriores Diego Party dijo que el diálogo era la mejor solución, “porque pensamos que no se podía continuar persiguiendo a la gente y reprimiéndola”.
Formalmente el período transitorio debería terminarse con la convocatoria de nuevas elecciones legislativas el 3 de mayo de 2020 y la elección de las nuevas autoridades que compongan el Tribunal Supremo Electoral. A pesar del acuerdo firmado, la vuelta a la calma no está asegurada. En el Chaparé, los cocaleros se han opuesto a la entrada de la Policía. La Constitución concede autonomía a los territorios indígenas y deja a los pueblos indígenas la libertad de administrarlos. Antonio Murillo, Ministro del Interior, ha denunciado a “la policía sindical de los cocaleros como ilegal e inconstitucional en una republiqueta”, una alusión a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, los sindicatos de productores de coca[17]. Pero la Confederación de Mujeres Indígenas (las Bartolinas) ha exigido que los policías bolivianos “se excusen de rodillas” por las masacres cometidas. Morales ha denunciado desde el exilio la voluntad del gobierno de prohibir el voto indígena y campesino.
La presidenta interina Jeanine Añez ha reconocido el derecho del MAS a presentarse a las elecciones “a condición de que busque un candidato distinto a Evo Morales”. De esta forma el antiguo presidente aymara estará ausente de la elección presidencial, mientras que será candidato Luis Fernando Camacho, apodado el Bolsonaro boliviano. Tras la dimisión de Morales, entró al Palacio Presidencial y colocando una Biblia sobre la bandera boliviana declaró: “la Biblia ha vuelto al Palacio Presidencial y la Pachamama (la Tierra madre) y nunca más volverá a salir. Bolivia pertenece a Dios”. Militante de extrema derecha, pentecostestista ligado a una iglesia evangélica reaccionaria, este hombre de negocios presidía hasta entonces el Comité Civico de Santa Cruz, apoyado por las élites económicas y financieras conservadoras de la región oriental del país. Después de haber marginado a Carlos Mesa, el antiguo candidato a la elección presidencial, Luis Fernando Camacho se beneficia del apoyo de Jeanine Añez.
Quienes piensan que el gobierno va a permitir elecciones equitativas se equivocan. Los autores del golpe de Estado no lo han hecho para perder el poder en las siguientes elecciones, comenta Katu Arkonada, antiguo consejero del viceministro de Planificación Estratégica. El MAS está decapitado, la participación de sus dos principales dirigentes está prohibida. Evo Morales era hasta entonces el principal factor de cohesión y de unidad del MAS, un partido compuesto por sectores heterogéneos con intereses corporativos y comunitaristas diversos, hoy día debilitado. A lo que hay que añadir la confusión provocada por las dimisiones y las salidas del presidente y de su vicepresidente en condiciones caóticas. Mientras una de las dirigentes del MAS, Adriana Salvatierra, negociaba su apoyo a un gobierno de transición si se aseguraban la seguridad de Evo Morales y su salida, el avión encargado por el presidente mexicano López Obrador para llevar a Evo Morales a Mexico tuvo muchos problemas para obtener la autorización para penetrar en el espacio aéreo boliviano. Sin líder sobre el terreno, acosado por la prensa y los medios de comunicación que le acusan de fraude electoral, el MAS tiene pocas posibilidades de repetir la mayoría de 2/3 que todavía tiene en la Asamblea. Le va a perjudicar el hecho de haber cedido el poder a aquellos que acusaba se ser usurpadores. “Hay que prepararse para una travesía del desierto resistiendo en la Asamblea, parapetándose en los territorios para ganar el mayor número de municipios posibles”, resume Katu Arkonada. ¿Quién será el candidato o la candidata del MAS? Para Evo Morales se trata de presentar a “alguien que defienda no sólo el voto indígena, sino también el de la clase media y de los directores de empresas”[18]. Una posición de compromiso que corre el riesgo de ser contestada.
Otro inconveniente, el resultado que saque el candidato evangélico de origen coreano, Chi Hyung Chung. En la campaña electoral de octubre, había denunciado la presencia de Satán en el gobierno de Evo Morales, condenado el pecado y la idolatría de la Pachamama. Llegó tercero a la primera vuelta electoral.
Movimientos sociales debilitados, una izquierda dividida, una derecha a la ofensiva, la sociedad está polarizada. Se abre un período de incertidumbres para Bolivia.
Un proceso de fragmentación social y comunitaria
¿Cómo explicar la caída de un gobierno cuyo balance económico y social era saludado por la mayor parte de los observadores como uno de los más positivos de América Latina? Progresos innegables han sido constatados por el Banco Interamericano de Desarrollo, la pobreza casi se ha dividido por dos, del 60% en 2006 al 35%, y la extrema pobreza del 37,7% en 2006 al 15,2%. Se han emprendido espectaculares trabajos de infraestructura, sobre todo el teleférico que une la ciudad de El Alto (a 4000 metros de altitud) con La Paz, dominada por la cumbre del Illimani de más de 6000 metros. Se han construido muchas carreteras, facilitando los intercambios y la comunicación en este país en el corazón de la cordillera de los Andes, con una geografía muy contrastada entre las altas mesetas y la región oriental de clima tropical. Durante más de 13 años el país ha conocido una de las tasas de crecimiento más importantes de América Latina. La nacionalización de los hidrocarburos en 2006 (una renegociación de los contratos que concedió el control mayoritario al Estado) había permitido aumentar de manera espectacular los ingresos del gobierno (de 731 millones de dólares a 4.950 millones de dólares).
La Agenda Patriótica 2025 (fecha del bicentenario de la independencia) tenía como objetivo la diversificación económica y el desarrollo de la producción agrícola. La creación de empresas nacionales ha formado parte de una industrialización controlada por el Estado, buscando al mismo tiempo la colaboración de las empresas extranjeras[19]. Las inversiones extranjeras previstas debían permitir al país sacar provecho de sus importantísimos recursos en litio, para convertirse en líder en la exportación de baterías. Pero la estrategia de desarrollo y la modernización económica han provocado muchos conflictos socio-ambientales.
La contestación de la política desarrollista del gobierno en el seno de sus apoyos indígenas no es cosa reciente.
Como lo recuerda Laurent Lacroix[20], “dos de las grandes organizaciones autóctonas del país, la CIDOB y la CONAMAQ, que contribuyeron en buena medida al ascenso de Evo Morales al poder, reclaman la aplicación de los derechos de los pueblos autóctonos establecidos en la Constitución. Denuncian proyectos económicos que consideran ‘contradictorios con el principio constitucional del Buen Vivir” y una amenaza para sus territorios ancestrales. Según la Constitución, los pueblos indígenas deben ser consultados sobre la explotación de los recursos naturales presentes en sus territorios. Estas dos organizaciones habían roto su alianza con el MAS en 2011 a consecuencia de varios conflictos socio-ambientales en las regiones mineras y en alguna áreas protegidas.
El auge del extractivismo, a pesar de los compromisos adoptados por Evo Morales, ha provocado la oposición creciente de sectores sociales campesinos e indígenas que hasta entonces le eran fieles. “La Pachamama es reivindicada por el gobierno boliviano, pero mencionada también por los movimientos sociales para luchar contra el gobierno”, como lo constata Claude Le Gouill[21]. A pesar de esta retórica ecológica, los movimientos rurales bolivianos se caracterizan en su mayoría por la aceptación de la economía minera. “Los indígenas reivindican el derecho a ser consultados y a participar en los beneficios de los cánones y a formar empresas comunitarias mineras administradas por sus organizaciones (y según sus usos y costumbres). Lo que explica también las tensiones provocadas por proyectos territoriales opuestos, defendidos por organizaciones sociales concurrentes. Los principales conflictos mineros en el Norte Potosí se sitúan en zonas donde se superponen varias organizaciones”, Muchos mineros son indígenas y pueden estar afiliados al mismo tiempo a organizaciones distintas en las imprecisas fronteras identitarias”[22]. Por razones históricas, algunas comunidades están afiliadas al sindicato campesino indígena de la CSUTCB mientras que otras afiliadas a la CONAMAQ se les oponen. Hay organizaciones que pueden proponer decisiones económicas sociales diferentes para los trabajadores mineros de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras. Las divisiones de las comunidades indígenas vuelven aún más complejo el panorama. A lo largo de los años las mutaciones económicas y las evoluciones geopolíticas continentales han producido nuevas divisiones sociales con la emergencia de una pequeña burguesía comerciante indígena.
La sociedad boliviana se ha diversificado. La economía informal representa el 60% del PIB y el 70% de la población activa, los comercios informales han proliferado surgiendo pequeños y medios empresarios emergentes que se benefician también de prácticas de contrabando reticular. Los comerciantes aymaras disponen de potentes redes de distribución y aprovisionamiento que se han enriquecido gracias a las relaciones comerciales que han establecido con consorcios chinos[23]. Importan mercancías chinas producidas a gran escala y las revenden gracias a circuitos étnicos locales[24]. Estos sectores han adquirido un capital político cada vez más importante. La diversificación comercial aymara se apoya en múltiples lazos familiares y contactos socioeconómicos, lo que les permite movilizar muchas redes. Este ascenso social se ha convertido en un desafío para las élites blancas tradicionales.
La burguesía indígena emergente no duda en cuestionar las decisiones del gobierno si les son desfavorables. Junto a la juventud urbana, ha contribuido a la pérdida de influencia del antiguo presidente.
No es el caso de los cocaleros, apoyos privilegiados de Evo Morales. Tras el cierre de minas en los años 1980, los mineros despedidos acudieron masivamente hacia el Chaparé. Fueron atraídos por las posibilidades de empleo en el complejo económico coca-cocaína, “una actividad muy lucrativa que favorece el ascenso social, porque los ingresos obtenidos de la coca pueden llegar a ser de 8 a 10 veces superiores a los de un campesino andino de los altiplanos”, constata Romain Busnel[25]. Desde 2017, la producción de coca ya no está criminalizada. En la Constitución se reconoce la coca como un “patrimonio cultural” factor de “cohesión social”. Su producción está controlada por sindicatos con amplias prerrogativas que representan “un poder local protoestatal”[26]. R. Busnel habla de un “corporativismo económico basado en una producción regional de coca de difuso carácter (i)lícito, donde los mercados lícitos e ilícitos de la coca se suelen confundir”. La relación entre sindicatos y cultura de la coca plantea interrogantes sobre los recursos que la coca procura a las organizaciones sindicales. Hay pocos estudios que permitan valorar los ingresos y el enriquecimiento de estos productores que se han beneficiado de la elección de Evo Morales. Su situación social ha cambiado. ¿Forman parte de las “nuevas clases medias”, como afirman algunos autores? La heterogeneidad social y étnica del país hace poco operativa esta clasificación.
La burocratización del régimen
“La crisis actual no puede explicarse por la oposición entre, por una parte, los indígenas y campesinos que apoyan a Evo Morales y, por la otra, la extrema derecha racista y fascista que ha tomado el poder. Este punto de vista ignora la historia de trece años de gobierno de Morales y desconoce a amplios sectores de la población, incluyendo a miles de adeptos a su régimen, que han puesto en duda el proceso electoral que lo eligió por cuarta vez, así como las maniobras y retrocesos realizados por un presidente que ha tejido alianzas con sus antiguos enemigos”[27]. Esta valoración de Gloria Muñoz Ramírez, periodista de La Jornada, un diario mexicano, puede parecer severa pero no deja de tener fundamento. Quienes votaron contra la reelección de Evo Morales en 2016 no eran todos “contrarrevolucionarios”. Entre quienes no quieren su vuelta, hay muchos que quieren que se vaya la presidenta interina y que son hostiles a las élites reaccionarias de Santa Cruz y a la candidatura de Camacho. Entre los sectores sociales que habían votado al MAS y que constituían al principio su base de apoyo más importante, algunos se han alejado, coincidiendo con las movilizaciones urbanas del año 2017. Para Laurent Lacroix y Claude Le Gouill, “el gobierno de los movimientos sociales” aparecía más como un “mito movilizador”, siendo poco consultadas las bases de las organizaciones sociales, estando y sus representantes alejados de ellas, más preocupados a veces por el acceso a los puestos de la función pública. La falta de democracia interna y la dificultad de que las bases militantes emitieran una palabra crítica al gobierno en los espacios de decisión colectiva, generan una autonomía decisoria de los dirigentes. Sin quererlo, el MAS constituye el crisol de una nueva élite compuesta por dirigentes de las organizaciones sociales próximas a Evo Morales, y de técnicos fieles”[28].
Los sindicatos de cocaleros tienen un papel esencial en el seno del MAS. La profesionalización política de sus dirigentes ha favorecido la imbricación entre el partido político y la administración a nivel de municipios, regiones, gobierno y aparato de Estado. Eso ha suscitado muchas tensiones y conflictos entre quienes se benefician de esta actividad económica y quienes tienen otras actividades, entre campesinos sindicados y no sindicados. Ha perpetuado prácticas de cooptación, de clientelismo. “El enchufe ha reaparecido como instrumento legítimo de construcción política… Desde el comienzo, los dirigentes de corporaciones exigieron participar en las listas legislativas del MAS”[29]. Progresivamente, el MAS ha obtenido más puestos institucionales y de poder y ha consolidado su lugar en el seno del Estado, provocando muchas acusaciones de corrupción, “un terreno minado que afecta no sólo a dirigentes del MAS que gestionan de manera discrecional las empresas públicas, sino también a dirigentes intermedios que ponen en marcha programas sociales”, afirma Jorge Lazarte[30], que denuncia la gestión de los fondos públicos como si fueran propiedades personales. El clientelismo se ha desarrollado en paralelo a la ausencia de espacios para el debate y la crítica.
En un artículo publicado en su blog[31], Katu Arkonada, antiguo consejero del viceministro de Planificación Estratégica que reivindica su lealtad con el MAS y Evo Morales, afirma que “ha llegado el momento de analizar los errores cometidos durante el ‘proceso de cambio", errores que han beneficiado a los golpistas, para no volverlos a cometer durante los próximos meses”. En su opinión, se han cometido cinco errores. El primero: “haber colocado a funcionarios mediocres sin compromiso político. El MAS se ha transformado en un instrumento de ascenso social (cada vez más impregnado de corrupción)”. “Bajar la bandera queriendo dirigirse a las clases medias desde el liberalismo, ha sido un segundo error determinante. En lugar de atraerlas, se ha reforzado su conservadurismo. El objetivo habría debido ser consagrarse al núcleo duro, el movimiento indígena originario campesino y no a las clases medias. Estas últimas estaban ya perdidas porque no sólo no veían los beneficios inmediatos del proceso, sino porque estaban movilizadas contra él por los medios de comunicación”. El tercer error “es haber confiado en los medios de comunicación que hoy día defienden a los golpistas, y también en las élites económicas de Santa Cruz que apoyaron al gobierno mientras era fuerte pero se cambiaron de chaqueta rápidamente”. El cuarto “fue confiar en la OEA, un error decisivo para el golpe de Estado, sin olvidar una excesiva confianza en la Policía (golpistas estructurales) y en el Ejército”. En fin, el quinto error para Arkonada es haber incluido la limitación de mandatos presidenciales en la Constitución “bajo presión de la derecha”, una valoración compartida por muchos cuadros y militantes del movimiento.
A este inventario habría que añadir la falta de contrapoderes judiciales. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuyos magistrados fueron elegidos por un “voto universal”, (siendo los candidatos previamente seleccionados por el gobierno en el seno del Parlamento donde el MAS era mayoritario, lo que auguraba mal su independencia política[32]) ha validado tanto la reelección de Evo Morales como el golpe de Estado.
La nación a la hora de la indianidad, estrategias de desarrollo divergentes
Desde la elección de Evo Morales a la presidencia en 2006, Bolivia −el país más pobre del sur del continente− constituía un laboratorio para la izquierda latinoamericana, con la puesta en pie de un gobierno de los movimientos sociales defendiendo los derechos de los autóctonos incluidos en la Constitución de un Estado Plurinacional. Beneficiándose durante más de una década de una estabilidad económica e institucional excepcional en la historia del país, el gobierno había puesto en marcha una política de redistribución social masiva. Pero Evo Morales nunca ha cuestionado el papel central del mercado en la economía. Se han respetado los intereses de los empresarios del agro-business y de las grandes empresas. Incluida en la Constitución, la superficie máxima de una explotación agrícola no puede superar las 5.000 hectáreas. Pero esta decisión negociada con la oposición no es retroactiva. Los latifundistas han conservado por tanto sus propiedades actuales. Después de la crisis de 2008, Evo Morales llegó a acuerdos con los grandes propietarios de Santa Cruz.
Mantener este equilibrio político evitando los conflictos sociales se había vuelto cada vez más delicado, conforme disminuía el crecimiento de las exportaciones primarias. Para el ecólogo Dimitri de Boissieu[33], “el modelo político boliviano se parece más a un capitalismo de Estado que redistribuye las riquezas que a un socialismo comunitario. Pero, sobre todo, el objetivo de convertirse en el corazón energético del continente sudamericano relegó pronto a un segundo plano las anunciadas ambiciones ecológicas. Explotaciones petroleras en medio de áreas protegidas, contaminación creciente de los lagos, extracción de gas natural y de reservas de litio para responder al entusiasmo por el coche eléctrico, desforestación, desarrollo de una agricultura industrial y transgénica y un proyecto de central nuclear”. El indigenismo del gobierno ha resultado ser de geometría variable.
La emergencia política y jurídica de la indianidad es uno de los cambios más notables en América Latina desde el fin del siglo XX. Después de siglos de opresión, las poblaciones autóctonas han obtenido reformas constitucionales que reconocen sus derechos. Derecho a la tierra, derechos consuetudinarios, reconocimiento de sus lenguas, de sus organizaciones, derechos de la naturaleza, en particular en las sociedades plurinacionales, en Ecuador y en Bolivia. “Constituciones indigenistas de tipo comunitarista”, según el politólogo Georges Couffignal[34]. El artículo 1 de la Constitución boliviana define al Estado como “unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, basado en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico en un proceso integrador del país”. La Constitución de este país de 11 millones de habitantes con 36 naciones tiene al menos 411 artículos. ¿Pero se ha realizado la integración de los territorios autóctonos en el plano nacional? ¿Cómo se manifiesta la autoridad del Estado respecto a autonomías disidentes? ¿Se ha consolidado la nación como “unidad en la diversidad”, como solía repetir Evo Morales, o por el contrario no es más que la asociación de comunidades con intereses muchas veces divergentes? Han crecido las tensiones entre las comunidades indígenas y campesinas, la juventud y la burguesía urbana, y las autoridades públicas.
Proyectos de desarrollo competitivos han dividido a las organizaciones y las han debilitado frente al poder económico y financiero de Santa Cruz. El corporativismo sindical ha reforzado los intereses sectoriales, las pertenencias comunitarias. Se han multiplicado las lógicas identitarias, los antagonismos sociales y territoriales. “El recrudecimiento de los conflictos entre las organizaciones indígenas y el gobierno era previsible desde el momento en que la mayoría de los recursos estratégicos del siglo XXI (agua, biodiversidad, gas, petróleo, minerales, bosques) están situados en zonas habitadas por pueblos indígenas”, constata el politólogo Salvador Martí i Puig[35]. La movilización de algunos sectores indígenas contra el proyecto gubernamental de construcción de una carretera que atravlesa un parque natural, el Territorio Indígena parque nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) concluyó con enfrentamientos entre los manifestantes. Los manifestantes habían sido atacados por policías del Estado. Este conflicto socio-ambiental oponía por un lado a unos 12.000 indígenas nativos agrupados en 64 comunidades y por otro a 15.000 colonos cultivadores de coca. Los choques entre estos colonos y los pobladores originarios por lo general sedentarizados, opuestos a los proyectos gubernamentales de construcción de infraestructuras, revelaban estrategias de desarrollo divergentes. Para los partidarios del gobierno, prohibir la construcción de carreteras es impedir la construcción y la culminación del territorio nacional[36]. Por ser la expansión de las infraestructuras la garantía del desarrollo, de la lucha contra la pobreza y el aislamiento de los pequeños campesinos. A quienes criticaban la estrategia de industrialización de los recursos naturales promovida por Evo Morales con el fin de sacar al país de la mono-exportación minera, el vicepresidente García Linera les respondió: “Bolivia no será el guarda forestal del planeta”.
Para los opositores al gobierno, el modelo extractivista se ha salido con la suya. Denuncian la voluntad del expresidente de restablecer las prerrogativas del Estado central en zonas alejadas, con riesgo de recurrir a métodos autoritarios contrarios a las promesas constitucionales. El antiguo vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Jorge Lazarte[37], había criticado “el giro modernizador, extractivista y favorable a las empresas adoptado desde 2014, mientras que el indigenismo había quedado como un ritual simbólico y periférico”.
Vuelta al proyecto inicial
En 2014, el “proceso de cambio” boliviano fue definido por Alvaro García Linera como “una economía de transición heterodoxa. Es la coexistencia entre empresas privadas, empresas comunitarias, inversiones extranjeras y un fuerte liderazgo del Estado. La idea es abrir la posibilidad de pasar a una sociedad post-capitalista. Pero esto no es asunto de un país tan pequeño como Bolivia, es una tarea planetaria”[38]. Y añadía: “No pensamos en el socialismo, sino en una revolución democrática descolonizadora profunda”.
Hoy día son muchos los cuadros y militantes del MAS que cuestionan la concentración de poderes alrededor de la persona de “El Evo”, la creencia en su invulnerabilidad. La crisis boliviana ha mostrado una institucionalidad democrática débil. Marginalizadas durante más de una década, las élites conservadoras tradicionales y la extrema derecha han instrumentalizado en su beneficio los errores cometidos. El golpe de Estado boliviano, realizado con habilidad en nombre de la democracia, recuerda que cualquier “regulación” del capitalismo a favor de las capas populares deberá hacer frente a una oposición nacional e internacional, económica y, si es necesaria, militar. Preguntado en Mexico sobre la crisis boliviana, el vicepresidente García Linera estimaba que “el error era no haber controlado al Ejército y la Policía. El peor error es no haber organizado al pueblo para su autodefensa”. Hoy el poder lo tienen el Ejército y la Policía”. Pero se pregunta: “¿Cómo crear una estructura de defensa del poder revolucionario? Hay que defender la democracia contra quienes la atacan en el interior o en el exterior. Pero la democracia no es sólo el proceso electoral”. Reconocimiento de los fallos de un proyecto democrático inacabado acompañado de una confianza ilusoria en la lealtad de los jefes militares.
Diciembre 2019
Janette Habel es profesora en el Instituto de Estudios Superiores de América Latina y miembro del Consejo Científico de Attac en Francia.
[1] Cf. la serie de artículos en el blog de JP Lavaud en MEDIAPART.
[2] El MAS-IPSP (Movimiento hacia el Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos)
[3] Agencia Reuters, 11/11/2019.
[4] “How the OAS, and the Media"s Lack of Scrutiny, Caused a Violent Coup in Bolivia”, Guillaume Long, Open Democracy, 25/11/2019.
[5] “What Happened in Bolivia"s 2019 Vote Count? Noviembre 2019, Guillaume Long, David Rosnick, Cavan Kharrazian y Kevin Cashman.
[6] “The OAS has to answer for its role in the Bolivian coup”, The Guardian. 2/12/2019.
[7] New York Times, 24/11/2019.
[8] RFI, Chronique des médias, pression et répression en Bolivie, 23/11/2019.
[9] Resolución del Comité para América Latina, 3/01/2020.
[10] Bartolina Sisa, combatiente aymara (siglo 18)
[11] Ayllu y Marka: Estructura comunitaria tradicional. Un Marka agrupa a varios Ayllus.
[12] Qullasuyu: una de las regiones que formaban el imperio inca.
[13] Las elecciones deberían tener lugar el 3/05/2020
[14] Unión de Naciones Suramericanas, proyecto sudamericano de integración regional
[15] A causa de la dimisión en cascada del antiguo presidente del Senado y de otros cinco altos responsables del MAS
[16] ALNAVIO, Daniel Gómez, 25/11/2019
[17] La Jornada, 12/12/2019. Evo Morales ha presidido siempre estas Federaciones.
[18] France 24, 18/12/2019
[19] Laurent Lacroix, “Les grandes chantiers de la Bolivie d"Evo Morales”, Amérique Latine 2013. La Documentation française.
[20] Ibid.
[21] Claude Le Gouill, “Imaginaires miniers et conflits sociaux en Bolivie”, Cahiers des Amériques Latines, nº 82, 2016.
[22] Ibid.
[23] “El desborde económico popular en Bolivia. Comerciantes aymaras en el mundo global”, Nueva Sociedad, nº 241.
[24] Ibid, pág. 93
[25] “L"inclusion politique par le corporatisme syndical cocalero”, Cahiers des Amériques Latines, nº 86, Éditions de l"IHEAL, 2017-
[26] Hervé Do Alto, Pablo Stefanoni, Nous serons des millions, Éditions Raisons d"agir, 2008.
[27] La Jornada, 23/11/2019, Gloria Muñoz Ramírez.
[28] “Le processus de changemente” en Bolivie, Laurent Lacroix y Claude Le Gouill, Éditions de l"IHEAL, 2019.
[29] G. Merino y S. Stoessel, “Le pouvoir du volant en Argentine et en Bolivie dans le cycle post néolibéral”, Cahiers des Amériques Latines, nº 86, 2017.
[30] J. Lazarte, “Bolivia: proceso electoral prematuro o incertidumbre del post-evismo?”, Cahiers des Amériques Latines, nº 86, 2017
[31] TELESUR, Katu Arkonada, “Bolivie: l"heure de l"autocritique”, 11/12/2019. Katu Arkonada, militante de la izquierda abertzale del País Vasco.
[32] Cahiers des Amériques Latines, nº 86, 2017/3, p. 7
[33] Dimitri de Boissieu, Bolivie: l"illusion écologiste. Voyage entre nature et politique au pays d"Evo Morales, Édition Ecosocieté, 2019.
[34] La nouvelle Amérique Latine, Les Presses de SciencesPo, 2013.
[35] Salvador Martí i Puig, “L"apparition politique et juridique de l"indianité en Amérique latine”. Amérique latine, 2013, La Documentation française.
[36] Laetitia Perrier brusle, “Le conflit du Tipnis et la Bolivie d"Evo Morales face à ses contradictions: analyse d"un conflit socio-environnemental”, ÉchoGéo, 2012.
[37] Jorge Lazarte, op.cit.
[38] Álvaro García Linera, Bolivie/Europe, Regards sur les gauches, Éditions du Croquant, 2014.
