La Comisión Parlamentaria del Congreso de Diputados abordó el pasado 2 de junio el trámite para que pasara al pleno del Congreso, para su aprobación,  el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, presentado por el gobierno central el 4 de marzo de 2022. Tras diversas negociaciones de enmiendas el Proyecto de Ley tuvo los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Grupo Mixto y los votos contrarios de PP, Ciudadanos y ERC. Se abstuvieron EH Bildu y Vox.

La abstención de EH Bildu en esa votación de la Comisión era condición para su pase al pleno del Congreso. La argumentó informando de que había pactado con el  Ministerio de Inclusión Social y Sanidad el aumento del 15% de las pensiones no contributivas (PNC). Es un grave error político. Y razonando desde Euskal Herria desde posiciones de izquierda, no podemos menos que dedicarle aquí una reflexión crítica (sin olvidar que Podemos o PNV han votado, sin fisuras, a favor).

En el pleno celebrado hoy, 9 de junio, el Proyecto de Ley ha sido aprobado –y así se remitirá a su aprobación en el Senado- por 172 votos a favor, 164 en contra y 6 abstenciones.

El fondo antisocial de la ley

La cobertura de las pensiones privadas es baja en el Estado español y esta ley pretende ampliarla mediante la extensión de las pensiones de empleo basadas en la negociación colectiva. Aunque esa cobertura es más reducida que la de muchos Estados de la Unión Europea (UE), especialmente en las pensiones de empleo, el patrimonio de los fondos de pensiones –que incluye a los planes individuales y los de empleo- es bastante más elevado que los de grandes países de la UE como Italia, Francia y Alemania. Ello se explica porque se encuentran más retrasados en la privatización de las pensiones, mientras que en el Estado español ya en 1987 se aprobó la primera Ley de los Planes y Fondos de Pensiones, así como por la decisiva influencia política del sector financiero

Las pensiones privadas, tanto las individuales como las de empleo, al destinar las cantidades aportadas a inversiones que buscan la máxima rentabilidad, en gran parte a través de productos financieros, contribuyen a la financiarización de la economía, es decir al aumento muy superior de los activos y pasivos financieros en relación con el valor de la producción de bienes y servicios y que ha provocado enormes desastres económico-sociales en las últimas décadas. Este proceso, que es apoyado por las instituciones financieras internacionales y también por la UE asegura importantes beneficios a bancos y aseguradoras.

Pero también, aunque no tengan beneficios inmediatos de la gestión de las pensiones privadas, es defendido por el conjunto de las organizaciones empresariales que quieren romper la solidaridad y unidad de clase asociada a las pensiones públicas basadas en el método de reparto por pensiones privadas diferenciadas por empresas y sectores. De esta forma se contribuye a fragmentar la unidad de los y las trabajadores en defensa de las pensiones públicas de reparto, entre quienes vayan a percibir pensiones privadas de una cierta cuantía y quienes solo las vayan a percibir de muy escasa o incluso no vayan a cobrar este tipo de pensión, lo que ocurrirá en los sectores productivos de salarios muy bajos.

El desplazamiento del peso de las pensiones públicas de reparto, que han sufrido importantes recortes en el pasado  -y que se pretenden de nuevo ampliar, entre otras medidas, a través de la ampliación del período de cálculo, a las privadas de capitalización, que se quieren impulsar- aumentaría las desigualdades sociales en el interior de la población pensionista.

Particularmente las existentes entre hombres y mujeres, así como de incertidumbre para el conjunto de las y los pensionistas en cuanto a las condiciones de obtención de las pensiones y la cuantía de las mismas. En la actualidad la cobertura de las pensiones privadas es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres, en el sector público que en las empresas privadas, en las empresas de mayor tamaño que en las más pequeñas, en los trabajos a tiempo en completo en relación con los de tiempo parcial y, en general, entre las personas trabajadoras de mayores salarios y estabilidad en el empleo que entre las más precarizadas. La aprobación de esta ley podrá dar lugar a un aumento de esas desigualdades.

En las pensiones privadas basadas en las que la obligación empresarial es de aportar lo acordado pero no de garantizar un resultado en términos de cuantía de la pensión, la situación de las mujeres empeora debido a que su mayor esperanza de vida les supone reducción de la pensión, lo que no es impedido por la normativa de la Unión Europea en esta materia.

En el contexto actual de la voluntariedad de su constitución, solo se desarrollarán ampliamente  los Planes de Empleo con recortes mayores de las pensiones públicas de reparto o con mayores ventajas fiscales para las empresas. Así, la asociación patronal de entidades aseguradoras Inverco exponía hace unos años –y, aunque no lo dice expresamente, se felicita– que el Estado español “experimentará en los próximos años la mayor reducción de la tasa de sustitución del sistema público de pensiones de entre los países europeos”.

Las entidades financieras partidarias de la privatización de las pensiones usan a fondo los gabinetes de estudio, los seminarios y las tertulias en los medios de comunicación con el discurso de que el envejecimiento de la población hace inevitable la disminución de las pensiones públicas, por lo que reclaman nuevas medidas de recorte, además de mantener las ya aprobadas, en particular mediante un nuevo aumento de la edad de jubilación, el cálculo de la pensión sobre toda o la mayor parte de la vida laboral y una revalorización de las pensiones inferior a la de la renta media e incluso inferior a la que simplemente mantenga el poder adquisitivo.

En el actual contexto de muy alta inflación, este último elemento está dando lugar a una campaña desaforada de exigencia de que el gobierno anule para el próximo año la revalorización según el IPC o la mantenga solo para las pensiones más bajas La importante cantidad de dinero que supone el gasto de la Seguridad Social, especialmente de las pensiones contributivas, cuyo importe presupuestado para el 2022 asciende a 150 mil millones de euros, da lugar a que las entidades financieras hagan de la privatización de una parte de esos recursos un objetivo prioritario. La aprobación de la ley en los términos actuales será un primer paso, que será seguido con nuevas exigencias de las entidades patronales de mayores beneficios fiscales para las empresas que acuerden establecer las pensiones de empleo.

Aunque no estaba previsto en el Proyecto de Ley del gobierno,  el tema del aumento del tope de las cotizaciones a la seguridad social propuesto por Unidas Podemos y que fue votado inicialmente de forma afirmativa en la Comisión del Congreso y después ha sido anulado en la votación del pleno , ha mostrado la voluntad privatizadora de la mayoría del gobierno, con la aceptación de Unidas Podemos, que ha votado sí al Proyecto de Ley. Mientras que se acuerda la concesión de importantes fondos públicos al desarrollo de las pensiones de empleo, el necesario aumento de los topes de cotización para conseguir los fondos necesarios para el mantenimiento y mejora de las pensiones de reparto, se atrasa indefinidamente. La remisión del tema al "diálogo social", es decir, al seguro veto de CEOE y CEPYME. solo sirve, en el mejor de los casos, para dilatar y suavizar la aplicación de una medida urgente. Así sucedió ya, y se repite, con la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años acordada por el Gobierno Zapatero que fue una de las razones de su derrota electoral en el 2011, la desmovilización social que puede traer consigo esta política podrá venir unida a la progresión electoral de la derecha y la extrema derecha, que forzarán al máximo esta política de recorte a las pensiones públicas y de fomento de la privatización de las mismas.

Un error político el “pase abstencionista” de EH Bildu

El pactado aumento entre EH Bildu y el Ministerio de Inclusión Social y Sanidad en el 15% de las PNC solo abarca a las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, es decir, las que se conceden en defecto de las contributivas (por no reunir el periodo de cotización necesario; de 15 años en el caso de las de jubilación y variable en las de invalidez) pero solo a la gente de muy bajos ingresos, equivalentes a la cuantía anual de la prestación.

No incluye, contra lo que se dijo en la prensa el primer día de hacerse público, a las de viudedad y orfandad, que son contributivas. El número de perceptores es de algo más de 446.000 en el Estado español y de 14.000 en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Estas pensiones son de cuantía muy baja, de 421,40 euros/mes por 14 pagas y de 358,19 si hay dos beneficiarios en la misma unidad familiar.

Esa cuantía es la misma en términos anuales del Ingreso Mínimo Vital (IMV) antes  del aumento  de éste último en el 15%, durante tres meses, del 1 de abril al 30 de junio, por el “decreto anticrisis” que el Gobierno quiere prorrogar durante otros tres meses. Para una persona sola la PNC equivale el 42,1% del salario mínimo. Si, como elemento para valorar la suficiencia de las pensiones del nivel no contributivo, se sigue el criterio de que permita superar la pobreza, hay que recordar que, según la Encuesta de condiciones de vida del INE, el umbral de pobreza a nivel estatal (que se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de los hogares) era de 9.626 euros/año en el 2020. Si se compara esa cifra con la de la cuantía de las pensiones no contributivas en ese año, de 5.538,60 euros/año, se concluye que la cuantía de las pensiones no contributivas era inferior ese año en más de cuatro mil euros anuales al umbral de pobreza. Esta grave situación de pobreza de un sector de la población mayor e incapacitada se acrecienta por la escasez del gasto público en materias como la vivienda y la protección contra la dependencia.

Por todo ello, el aumento sustancial tanto del IMV como de las pensiones no contributivas debe ser un objetivo social prioritario en el conjunto del Estado español.

Como los requisitos de ingresos y la cuantía de la prestación son similares entre el IMV y las PNC, parece claro que las personas beneficiarias de las PNC podrían, sin necesidad del acuerdo, optar por renunciar a las PNC y en su lugar solicitar se les conceda el IMV, ahora de mayor cuantía. La muy importante excepción es que mientras que el cobro del IMV exige la residencia legal durante un año, para las PNC los periodos exigidos son de 5 años en el caso de la invalidez y de 10 para la jubilación, lo que deja fuera del acceso a las mismas a las mismas al importe número de personas inmigradas que no disponen de esos períodos, incluso aunque hayan residido en el Estado español durante periodos más amplios.

La mayoría de quienes perciben en la CAV la PNC perciben el complemento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ya que las condiciones de ingresos son semejantes. En efecto, a diferencia de las mínimas contributivas, que están individualizadas, para la concesión de las PNC se toman en cuenta los ingresos del conjunto de la unidad familiar, de forma análoga que para las rentas mínimas autonómicas como, entre otras, la RGI o la Renta Garantizada de Nafarroa.

Parece claro que, conforme a una exigencia elemental de justicia, la aplicación del aumento del 15% al IMV debe extenderse a las PNC ya que tienen el mismo fundamento de combatir la pobreza y tienen requisitos semejantes de limitación de ingresos, lo que debiera ir unido a una común exigencia del periodo de residencia. El momento adecuado para su exigencia sería cuando se prorrogue el “decreto anticrisis”, y con efecto retroactivo. El gobierno tendría muchas dificultades para negarse a aceptar una medida tan evidente.

Sin embargo, la opción de EH Bildu para conseguir la mejora, por ahora temporal, de las PNC, ha permitido el avance de una ley, que a diferencia de otras normas o presupuestos, no tiene elementos diversos, unos positivos y otros negativos: en este caso el conjunto de su contenido es gravemente anti-social, al tener por función no disimulada minar al sistema de las pensiones públicas de reparto.

El compromiso del gobierno con EH Bildu a que la reducción en las cotizaciones a la seguridad social de las aportaciones empresariales a los planes de empleo se financie por los Presupuestos Generales del Estado y no por la caja de la seguridad social era innecesario, ya que las últimas Recomendaciones del Pacto de Toledo de noviembre de 2020, ya establecían que las reducciones y bonificaciones de cotizaciones sociales de este tipo deben ser financiadas por los presupuestos. Además, como ha manifestado el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, aunque la política subvencionadora a las aportaciones empresariales no disminuya los ingresos e realice a cargo de la caja de la Seguridad Social, se hace a cargo de unos fondos públicos que deben ser destinados a cubrir necesidades sociales apremiantes, entre otras las de educación, sanidad y lucha contra la pobreza.

La izquierda soberanista es un capital político, social y cultural determinante para entender el pasado y apostar por un futuro  de transformación anticapitalista, ecológica, feminista y democrática de Euskal Herria y de convergencia con fuerzas de transformación similares en el mundo, en el Estado español en primer lugar. Hay que añadir que el compromiso de sus gentes en la participación y activismo del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) ha sido vital para que ese Movimiento salga a la calle, lunes tras lunes, en cientos de localidades vascas, desde hace, ya, cuatro años y medio. Pero, como todo capital socio-político, está sujeto a la erosión e, incluso, a cataclismos. La historia de la izquierda internacional lo demuestra elocuentemente.

Y en la política institucional de la izquierda soberanista asistimos desde hace un tiempo a una, al menos, erosión preocupante. Los perfiles del soberanismo de izquierda están más que diluidos en la actividad institucional parlamentaria. Esto no puede generalizarse, ni mucho menos, en lo que corresponde a la actividad institucional municipal (aunque incluso ahí se aprecia un efecto durmiente), actividad institucional municipal en la que la representación de EH Bildu ha constituido un apoyo muy importante para la aceptación de las mociones que el MPEH ha presentado en los Ayuntamientos sobre una mejora sustancias de los servicios de las entidades bancarias.  Pero los perfiles del soberanismo de izquierda sí aparecen más diluidos en  los parlamentos de Nafarroa y la CAV y, sobre todo a la acción institucional en el Parlamento de Madrid.

Entendemos y creemos que está bien, poner el objetivo de parar, también institucionalmente, a la derecha y la extrema derecha en España. Y eso, sin duda, exige confrontar sus maniobras de crear crisis institucionales contra el gobierno PSOE-Podemos. Por esa razón es explicable que se mantengan posiciones que detengan estrategias parlamentarias de la derecha y la extrema derecha, incluso con posiciones de no oposición absoluta a iniciativas del gobierno.

Pero eso debe tener dos límites claros. El primero es hablar claro, decir claramente con una crítica sin tembleque a iniciativas del gobierno y no embelleciéndolas ni edulcurándolas, esa posición de no rechazo tiene como fundamento parar a la derechona; por ejemplo, esto habría sido mucho más de izquierda, claro e inteligible, con la posición sobre los Presupuestos Generales del Estado, mucho más y mejor si en lugar de apoyar se hubiese hecho con una abstención que tampoco los tiraba abajo como pretendían PP y VOX. El segundo criterio es que cuando se trata de normativas o iniciativas antisociales del gobierno central, en esos casos no hay “pase abstencionista” que valga, pase lo que pase. Y lo normativa sobre las pensiones era uno de estos casos. En materia de pensiones está también el antecedente de la abstención sobre las Recomendaciones del Pacto de Toledo en noviembre de 2020, a pesar de la oposición rotunda, como también sucede con esta ley, del movimiento vasco de pensionistas.  Y en el caso de esta normativa, favorecer mediante la abstención su recorrido como ley es, lo repetimos, un importante error político.

09/06/2022

Mikel de la Fuente y Petxo Idoiaga son miembros de la redacción de viento sur

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