Un año después del golpe militar en Myanmar, es hora de intensificar la acción diplomática, política y económica internacional, derrotar a la junta militar y volver a situar el país en la senda de la democracia. También es hora de que los países proclives acuerden una estrategia diplomática unitaria con respecto a la junta y a quienes le apoyan, particularmente Rusia y China, que se oponen a un embargo vinculante de armas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Este mes de febrero se cumple un año desde que las fuerzas armadas de Myanmar tomaron el poder y declararon la ley marcial en Mandalay y Yangon, importantes centros industriales en que se fabrica ropa para los mercados occidentales. En marzo hará un año desde que de 150.000 a 200.000 trabajadoras y trabajadores huyeron de Yangon ante los asesinatos aleatorios, las detenciones arbitrarias y los incendios provocados.
Quienes salieron en desbandada se encontraron con muchas dificultades para volver a sus aldeas. Los militares habían instalado controles en las carreteras y acosaban, registraban y detenían a todo el mundo. Quienes lograron llegar a casa no se sintieron seguras en el medio rural, atacado también por el ejército, que destruyó lugares de culto y lanzó incursiones aéreas contra los grupos armados que luchaban en defensa de la población civil. En Jatea, una aldea en el Estado de Shan, las tropas capturaban habitantes, les vendaban los ojos y maniataban y les obligaban a marchar en primera línea como escudos humanos.
La junta ha condenado al paro y al destierro a millones de gente trabajadora. También ha atacado a los sindicatos, una fuerza clave en la movilización de la oposición no violenta, y ha suprimido los derechos de reunión y asociación. Ha habido numerosos incidentes con la detención, el apaleamiento y el asesinato de sindicalistas en el curso de las protestas. La situación hizo que el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declarara el pasado mes de junio:
su profunda preocupación por las prácticas continuadas de las autoridades militares, incluido el uso a gran escala de la violencia letal y del trabajo forzoso, así como el acoso, la incesante intimidación, la detención y el encarcelamiento de sindicalistas y otras personas, incluidas las de etnia rohingyá, por ejercer sus derechos humanos, llamando a las autoridades militares a suspender de inmediato tales actividades y poner en libertad a las personas detenidas y retirar todos los cargos contra sindicalistas que han participado pacíficamente en actividades de protesta.
Un informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de finales del año pasado describe la situación de forma aún más sucinta: “El golpe se ha convertido en una catástrofe para los derechos humanos que no da señales de concluir.”
Después de un año de inacción en el plano internacional, el pueblo birmano pide a la comunidad internacional que actúe, que redoble las sanciones y deje de aportar a la junta militar los recursos que la nutren. No hay más tiempo que perder. El pueblo de Myanmar se muere de hambre.
Quienes se oponen al aumento de las sanciones por el hecho de que agravarán la ya de por sí desesperada situación humanitaria de la población no tienen en cuenta la peculiaridad del caso birmano: las sanciones han sido reclamadas repetidamente por la oposición política y social de Myanmar. Se impondrían de acuerdo con nuestra voluntad y no solo por la de los gobiernos extranjeros, gozando así de una sólida legitimidad. Además, en el pasado han demostrado su eficacia.
La población de Myanmar ya boicotea productos fabricados por empresas que son propiedad del ejército y rechaza el pago de las facturas de electricidad y otros impuestos con ánimo de acelerar el fin de esta dictadura. Está dispuesta a aceptar más sacrificios, incluidos los que se deriven de amplias sanciones económicas, considerando que es preciso generalizar las medidas restrictivas.
Restricciones internacionales efectivas en respuesta al llamamiento popular
En 1997, durante el anterior régimen militar, la OIT publicó un informe en que acusó a la junta militar de practicar de forma extensiva y sistemática la explotación del trabajo forzoso. Se basó en más de 10.000 páginas de datos, inclusive entrevistas con víctimas, testigos y sindicatos, denunciando la impunidad con la que cargos del gobierno y oficiales del ejército utilizaban el trabajo forzoso como herramienta para intimidar a la gente y controlar el país.
Impulsado por la realidad reflejada en el informe de la OIT, el sindicato birmano FTUB y otros grupos lanzaron una campaña contra la presencia de multinacionales en Myanmar. Queríamos que abandonaran el país y se llevaran sus inversiones. Esta campaña logró que importantes compañías, como Pepsi, Heineken, Texaco, Sony Erikkson, Reebook y Levi’s se fueran del país. Los sindicatos también registraron una queja ante la Comisión Europea, y esta aceptó suspender el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) con Myanmar es respuesta a su violación sistemática de los derechos humanos.
En junio de 2000, la Conferencia de la OIT aprobó una resolución en que recomendaba:
a las partes que constituyen la Organización que revisen sus relaciones con Myanmar y tomen las medidas oportunas para asegurar que dichas relaciones no perpetúen o extiendan el sistema de trabajo forzoso u obligado en este país [e invitó] al Director General de la OIT a informar a las organizaciones internacionales que colaboran con la OIT de que reconsideren toda colaboración que puedan mantener con Myanmar y, en su caso, suspendan lo antes posible toda actividad que pudiera dar pie directa o indirectamente a alentar la práctica del trabajo forzoso u obligado.
Empezaron a adoptarse sanciones, pero debido a la lentitud de la toma de decisiones por parte de los gobiernos, la mayoría de sanciones económicas se adoptaron tras la represión de las protestas antigubernamentales de 2007 (la revolución azafrán) y la aprobación de la constitución de 2008. Pero gracias a un conjunto de sanciones importantes, a la negociación con la OIT y a las presiones políticas, la junta militar acabó traspasando el mando a un gobierno semicivil, con lo que se abrió un nuevo capítulo.
Las demandas de hoy coinciden con las de esa historia
El 7 de octubre de 2021, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contundente en que llama al Consejo de la UE a congelar los activos, bloquear las transferencias a los bancos estatales e incluir la Empresa de Petróleo y Gas de Myanmar, propiedad del Estado, en la lista de sanciones. Dicha empresa, de acuerdo con la resolución, es “la empresa que genera el principal flujo de moneda extranjera de la junta”.
Estas decisiones responden en parte a la demanda de sanciones económicas integrales formulada por cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil desde Myanmar. Para ilustrar la amplitud de la coalición que lanza este llamamiento, incluye la Alianza del Trabajo, que abarca 16 organizaciones sindicales, asociaciones de enfermeras, de mujeres, sindicatos estudiantiles y de enseñantes, el Sindicato de Artes Gráficas, el Sindicato de la Distribución de Electricidad, el Sindicato de Maquinistas de Myanmar, diversas redes de personal médico y la Alianza LGBT. Estos grupos, y muchos más, reclaman amplias sanciones económicas.
Las 183 organizaciones firmantes son conscientes de que preocupa el hecho de que las sanciones decretadas en su día sobre Myanmar tuvieron efectos humanitarios negativos. En respuesta a ello, dicen lo siguiente:
Entendemos que unas sanciones económicas integrales pueden costar millones de puestos de trabajo en Myanmar y tal vez seguir agravando la situación en el país. Sin embargo, la presencia a largo plazo del ejército no hará más que empeorar y prolongar las violaciones de los derechos humanos y laborales, los trabajos forzados, el desempleo, la escasez de alimentos, las crisis de refugiados y otras opresiones. Para escapar de estas crisis y esta opresión, la única vía es acabar completamente con el régimen militar. Las sanciones económicas integrales permitirán destruir pilares que sustentan el régimen militar y acortar su permanencia en el poder. Por tanto, es la opción que debemos tomar, para construir una nueva democracia federal, que es lo que desea el pueblo.
Estas organizaciones piden a las instituciones internacionales y a los gobiernos, incluidas la Unión Europea y EE UU, que bloqueen los servicios financieros y de seguros internacionales, paralicen puertos y aeropuertos y suspendan el comercio de armas, productos petroquímicos y otros recursos naturales. Para surtir efecto, las sanciones han de ser integrales y suspender todas las actividades comerciales con el régimen de Myanmar. En combinación con la acción diplomática hacia China, Rusia y otros gobiernos que apoyan a la junta, será posible ahogar el régimen y hacerlo caer. Todos los gobiernos deberían comprender que únicamente un gobierno elegidos democráticamente puede estabilizar el país y traer prosperidad para todas y todos.
Los gobiernos y las organizaciones internacionales deberían escuchar las voces birmanas que reclaman ahora sanciones internacionales. La Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar, que encabeza la campaña por sanciones económicas integrales, ha estado esforzándose durante todo este año por oponerse al golpe militar, con huelgas y manifestaciones en que la gente trabajadora, y especialmente mujeres, han estado en primera línea. Merecen que se les escuche. Y saben que las sanciones serán un duro golpe para su país, pero de todas maneras las reclaman porque cuando lo hicieron en el pasado, su llamamiento, debidamente atendido, contribuyó a la caída del gobierno militar.
Claro que las sanciones por sí solas no bastarán. Para superar el punto muerto actual, tendrán que venir acompañadas de una fuerte acción diplomática que reúna a la ASEAN, a China, Rusia, la UE y EE UU en torno a una mesa con el Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar a fin de buscar una posible vía de salida. Esto debe venir acompañado asimismo de una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que decrete el embargo de armas. Solo si las grandes potencias van codo con codo será posible derribar la junta y reanudar la transición hacia una democracia real.
14/02/2022
Traducción: viento sur
Khaing Zar Aung es presidente de la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar, tesorero de la Confederación de Sindicatos de Myanmar y miembro de la Alianza del Trabajo de Myanmar.
Cecilia Brighi es secretaria general de ITALIA-BIRMANIA.INSIEME.
