A finales de 2018 comenzó en Bangladesh una huelga masiva, acompañada de una manifestación y una ocupación de la calle, prolongándose hasta el mes de enero, particularmente en Savar, un importante polígono industrial de un suburbio de la capital. Fue allí donde, en 2013, los edificios de Rana Plaza, que albergaban muchos talleres de producción textil, se derrumbaron, dejando más de 1.130 personas muertas y un gran número de heridos. Hubo bloqueos de carreteras en varias localidades: Shiurapara, Mirpur, Ashulia…

Miles de trabajadoras textiles se movilizaron con motivo de la revisión de tabla salarial en el sector de la confección (se lleva a cabo cada cinco años), paralizando la producción en más de 100 fábricas, levantando barricadas (incluso en una autopista) y atacando las instalaciones de empresas. La respuesta de la policía fue muy violenta: balas de goma, gases lacrimógenos, cañones de agua, muchos casos de malos tratos o torturas… Un trabajador murió, Sumon Miah, muchos otros resultaron heridos. Los sindicatos GSAO y GSTUK organizaron sentadas para exigir que se dijera toda la verdad sobre este asesinato.

Ya en 2016, en Ashulia, otro suburbio de Daca, se produjo una movilización durante toda una semana para reclamar aumentos salariales, provocando el cierre de decenas de empresas. La represión también fue feroz: más de 1.500 trabajadores fueron despedidos, otros treinta arrestados, y cincuenta sindicalistas tuvieron que esconderse. Muchos líderes sindicales todavía están siendo acusados y amenazados con la detención.

Así pues, la cuestión de los aumentos salariales estaba pendiente. En 2018, los sindicatos exigieron un salario mínimo de 16.000 takas (en algunos casos 18.000), pero el gobierno solo ofreció la mitad: 8.000 takas (unos 85 euros al mes). Para algunos, el aumento salarial fue apreciable, aunque muy limitado en vista del incremento del coste de la vida y de los precios de la vivienda; para otros, sin embargo, ocurrió todo lo contrario. En cuanto al pago de las horas extraordinarias, se redujo la cuantía. El gobierno tuvo que reconocer estas graves desigualdades y creó una comisión tripartita con la patronal y los sindicatos, sin que esta iniciativa haya dado lugar a un cambio significativo de las decisiones originales.

La represión de las empresas fue nuevamente muy severa, con miles de despidos y juicios contra huelguistas y manifestantes (y desaparecidos). A petición de la Campaña de Ropa Limpia, algunas grandes marcas de ropa han expresado el deseo de que las y los trabajadores del textil en Bangladesh
reciban un salario mínimo digno, pero sin cifrarlo. Un voto piadoso.

En el campo, otro tanto. La represión también golpea en el medio rural. El 12 de enero, por ejemplo, el líder de la Federación de Agricultores de Bangladesh (BKF) en el distrito de Bhola fue atacado violentamente por los terratenientes locales, causándole graves lesiones internas; todavía está ingresado en el hospital.

Seguridad en el trabajo

El país está gobernado por la Liga Awami y Sheij Hasina, la primera ministra, que ha establecido un régimen autocrático, habiendo obtenido 288 de los 300 escaños en el parlamento en las últimas elecciones. La represión política y social está muy extendida. El derecho de asociación está gravemente limitado.

El gobierno está maniobrando actualmente ante el Tribunal Supremo para paralizar la aplicación del Acuerdo sobre incendios y seguridad en las empresas, que se firmó tras el desastre industrial de Rana Plaza. Está amenazada la independencia de los terceros que supervisan la implementación de este Acuerdo. Los firmantes del Acuerdo son las federaciones sindicales IndustriAll y Uni; las cuatro asociaciones que actúan de testigos son la Campaña Ropa Limpia, International Labour Rights, Maquila Solidarity Network y el Consorcio de Derechos de los Trabajadores.

El Acuerdo ha permitido localizar (y en muchos casos subsanar) unas 100.000 vulnerabilidades de seguridad en las fábricas. Más de dos millones de trabajadores han sido alertados en más de un millar de compañías, según la Campaña Ropa Limpia. Sin embargo, más del 50 % de las empresas no cuentan con sistemas adecuados de detección de incendios y alarmas y el 40 % todavía necesitan una renovación estructural.

Si el gobierno se sale con la suya, todo esto estará en el alero. En efecto, es un comité dependiente del gobierno el encargado de aprobar cualquier decisión relacionada con el Acuerdo. Los inspectores no tendrán derecho a identificar nuevas brechas de seguridad (como la falta de alarmas de incendio, salidas de socorro bloqueadas o grietas en la estructura de un edificio). Ya no se podrá proceder contra las empresas que amenacen con despedir a los trabajadores que denuncien la falta de aplicación de las normas de seguridad. Sin embargo, ningún cuerpo en Bangladesh puede sustituir hoy efectivamente al Acuerdo.

La economía de Bangladesh (165 millones de habitantes) se basa en gran medida en la industria textil (que representa el 80 % de las exportaciones). Es el segundo país productor de ropa después de China. En este sector trabajan unos cuatro millones de obreras y obreros en cerca de 4.500 talleres. Fabrican ropa para distribuidores occidentales como H&M, Primark, Walmart, Tesco, Carrefour y Aldi… Nuestras empresas.

28/01/2019

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article47700

Traducción: viento sur

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