Gemma Amorós, Xavier Bohigas, Teresa de Fortuny, Anna Montull, Albert Orta Mascaró, Pere Ortega, Ainhoa Ruiz Benedicto y Quique Sánchez Ochoa / Centre Delàs d’Estudis per la Pau

[Reproducimos a continuación el “Resumen ejecutivo” del informe nº 47 del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que analiza en detalle cómo el militarismo contribuye directamente a la crisis medioambiental que sufre el planeta.]

La crisis ambiental, que incluye un gran número de fenómenos interrelacionados a nivel planetario, será el gran problema global del siglo XXI. Durante décadas, y guiados por el absurdo mito del crecimiento ilimitado que algunos defienden, hemos llegado a superar la capacidad de generar recursos de la Tierra, hemos roto los equilibrios ecológicos y nos hemos ido acercando a un punto múltiple de no retorno que, si lo cruzamos, nos eliminará como especie. Sabemos que el calentamiento planetario se ha descontrolado, vemos que la depredación de recursos naturales avanza sin ningún tipo de regulación, nos sorprenden nuevas pandemias, pero algunos, y sobre todo los centros de poder y las grandes corporaciones, continúan priorizando el beneficio económico a corto plazo y para unos pocos, por delante del bienestar de la mayoría de las personas y la sostenibilidad del planeta. Sabemos que la actividad humana facilita las pandemias, porque la deforestación y la pérdida de biodiversidad (extinción de especies por causas antropogénicas) favorecen el salto de los patógenos desde los animales a los hombres, además de contribuir al calentamiento global y a la crisis climática. La temperatura global sigue subiendo y la media anual de hectáreas deforestadas supera los 26 millones, con efectos demostrados sobre el calentamiento y sobre la propagación de nuevos virus y epidemias. Hay crisis rápidas e imprevistas, como las pandemias globales, que coexisten con la climática, lenta y casi imperceptible pero que puede tener efectos devastadores para nuestros descendientes. La actual crisis ambiental puede fácilmente convertirse en un completo colapso planetario.

 

Según un reciente informe de IPBES 1/, desarrollado por 150 expertos internacionales ayudados por 350 personas colaboradoras y elaborado a partir del análisis de más de 15.000 publicaciones científicas y del estudio de los conocimientos locales e indígenas, el cambio climático es un impulsor directo que exacerba cada vez más los efectos de otros impulsores sobre la naturaleza y el bienestar humano:

“En promedio, alrededor del 25% de las especies de grupos de animales y plantas evaluados están amenazadas, por lo que alrededor de un millón de especies ya están en peligro de extinción, muchas dentro de pocos decenios, salvo que se adopten medidas para reducir la intensidad de los factores impulsores de la pérdida de diversidad biológica. Si no se adoptan medidas, habrá una mayor aceleración del ritmo de extinción de especies en todo el mundo, extinción que ahora ya es decenas, cuando no cientos de veces superior a la media de los últimos diez millones de años.”

El informe continúa explicando que “las actuales tendencias negativas de la diversidad biológica y los ecosistemas socavarán los avances en el 80% (35 de 44) de los objetivos específicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas relacionados con la pobreza, el hambre, la salud, el agua, las ciudades, el clima, los océanos y las tierras”.

Pero no se puede hablar de crisis ambiental sin tener en cuenta el gasto militar y el militarismo. Porque, como ha demostrado la pandemia del Covid’2019, ni el modelo de seguridad nacional basado en el concepto securitario ni sus soluciones militarizadas sirven para resolver los grandes problemas que tiene y tendrá la humanidad, dado que la crisis ambiental es esencialmente global mientras que las soluciones securitarias, pensadas para defender las fronteras de los Estados-nación, son inútiles en estos retos transfronterizos.

Necesitamos menos soldados, menos aviones y armas, y en cambio necesitamos más médicos, más hospitales, energía verde y soluciones para cubrir las necesidades y garantizar los derechos de todas las personas. Durante décadas nos hemos equivocado estableciendo nuestras prioridades. Es momento de plantearnos que el gasto militar ha absorbido una gran cantidad de recursos públicos proporcionando una falsa noción de seguridad que no tiene nada que ver con las necesidades de la mayoría de la población y con los derechos a la salud, la educación, a la justicia energética, a la vivienda y a la calidad de vida, que requerirían soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Y es momento de constatar que el sistema militar es, además, uno de los grandes contribuyentes a las emisiones y al calentamiento global. Se necesitan soluciones constructivas para las personas y el planeta, no “soluciones” destructivas basadas en la imposición, el recorte de derechos, la violencia y los conflictos armados. Es momento, por tanto, de reivindicar un cambio de prioridades y un trasvase de recursos, traspasando fondos presupuestarios militares a partidas que permitan construir nuevos sistemas de seguridad que sirvan para todas las personas. 

Los principales resultados de este informe son:

En relación con los privilegios que se asientan en la depredación de recursos:

■ El conjunto de los principales países exportadores de armas representa el 35,48% de la población mundial, concentra el 82% del gasto militar global y es responsable de las dos terceras partes de las emisiones mundiales de CO2.

■ Estos países generan el 67,1% de las emisiones mundiales de CO2 que causan el calentamiento planetario y concentran los centros de poder que controlan de manera efectiva más de 63.000 corporaciones transnacionales.

■ La China, Reino Unido, España, Israel, Italia, Países Bajos, Corea del Sur, Ucrania, Suiza, Turquía, Suecia, Canadá, Noruega, los Emiratos Árabes, Chequia, Bielorrusia, Australia, Arabia Saudita y Japón, suman poco más de un tercio de la población mundial (un 35,48%), pero fabrican y exportan prácticamente todas las armas que se hacen en el mundo, armas que terminan activando conflictos y matando personas sobre todo en los países más afectados por el cambio climático.

En relación con el sistema dominante, el poder militarista y los conflictos armados:

■ La degradación medioambiental conduce a una escasez de recursos que genera mayores enfrentamientos entre grupos de población, de manera que se aumenta el posible estallido de conflictos armados.

■ La inclusión del cambio climático como un factor relevante en los planes estratégicos de la OTAN es un indicador de la militarización del clima, mostrando que es una oportunidad para la justificación de aumentos del gasto militar, de la estrategia de disuasión nuclear, y de las operaciones militares de los aliados.

■ Recientes documentos de políticas de seguridad, tanto en España, como en Estados Unidos, en la Unión europea y en la OTAN, apuntan al cambio climático como elemento relevante de seguridad, como “potenciador de riesgo” o “multiplicador de amenazas”. Pero enfocar el cambio climático como una cuestión de seguridad conlleva un riesgo: la militarización.

■ El concepto de guerras climáticas elude la responsabilidad humana en las guerras al alegar que la causa de estos conflictos se encuentra en factores climáticos incontrolables.

■ Los 11 países que están considerados con mayor riesgo de crisis humanitarias y desastres naturales a nivel mundial son Somalia, República Centroafricana, Sudán del Sur, Afganistán, República Democrática del Congo, Chad, Yemen, Níger, Burundi, Camerún y Burkina Faso, y todos ellos se encuentran inmersos actualmente en conflictos armados.

En relación con las emisiones y daños medioambientales propios del estamento militar:

■ La degradación ecológica es inherente a los procesos de militarización. Se prevé que a medida que aumenten los gastos militares, los impactos medioambientales militares serán cada vez mayores.

■ Todas las etapas del ciclo económico militar se relacionan con daños específicos al medio ambiente, desde el consumo de energía y recursos necesarios para la actividad militar habitual, los ensayos y la producción de armas, así como su transporte, hasta la reconstrucción posconflicto y hasta la contaminación provocada por los desechos tóxicos, y la deforestación, pérdida de hábitat y de ecosistemas consecuencia de la militarización y de los conflictos armados.

■ Las fuentes de emisión de gases con efectos invernaderos más relevantes vinculadas al sector militar son las emisiones de las instalaciones y de actividades militares no directamente relacionadas con la guerra, las emisiones relacionadas con la guerra en operaciones de contingencia en el extranjero, las emisiones de la industria militar, y las emisiones generadas por ataques y a objetivos petroleros.

■ Las emisiones de CO2 de los ejércitos de todo el mundo se estiman entre un 5 y 6% del total de emisiones de carbono.

■ El gasto militar de EE.UU. es el mayor del mundo. El año 2019 fue de 732.000 millones de dólares, esto es 38% del gasto militar mundial y más del doble de la suma de los gastos militares de Rusia (65.100 millones de dólares) y de China (261.000 millones de dólares). EE.UU. dispone de la mayor maquinaria de guerra del mundo. Las fuerzas armadas de EE.UU. consumen más petróleo y emiten más GEI que la mayoría de los países de tamaño medio.

■ Si el departamento de defensa de EE.UU. fuera un Estado, sería el 47º mayor emisor de gases de efecto invernadero GEI del mundo. La actividad militar de EE.UU. fue la responsable de la emisión de 212 millones de toneladas de CO2 durante el año 2017. Estas emisiones son casi el doble de las emisiones de Bélgica (114 millones de toneladas) o la mitad de las de Francia (471 millones) durante el mismo año.

En relación con la vulneración de derechos de las personas:

■ En las principales rutas migratorias utilizadas por las personas que huyen de las crisis climáticas hay muros militarizados. Esto implica que las personas desplazadas por cuestiones ambientales se tendrán que enfrentar a la violencia militarizada de los muros, y tendrán que cambiar y alargar su ruta para llegar a posibles países de acogida, con los riesgos y los costes que esto implica.

■ Se estima que los desplazamientos forzados por causas climáticas superarán los 200 millones de personas en 2050.

■ De los diez países más afectados por la crisis ambiental en 2018, cuatro de ellos (Japón, Alemania, India y Canadá) se encuentran también en el ranking de los 15 países más contaminantes en emisiones de carbono en el mismo año. Y en el ranking de estos 15 países más contaminantes, 4 de ellos (Estados Unidos, India, Arabia Saudí y Sudáfrica) han construido muros que interfieren en las rutas migratorias de las personas desplazadas por cuestiones ambientales.

■ Las personas defensoras de los derechos humanos medioambientales tienen tres veces más probabilidad de sufrir violencia y coacción en relación a otras personas defensoras de derechos humanos.

■ Del total de asesinatos de personas defensoras de los DH registrados a nivel mundial en 2018 (321 muertos), el 77% eran DHA, en su mayoría vinculadas a conflictos derivados de la actividad de industrias extractivas y de macro-proyectos que contaban con el apoyo de los Estados.

■ En 2018 se asesinaron 164 activistas defensores de los derechos humanos medioambientales, que protestaban principalmente contra la industria extractivista, la industria minera, las presas, la explotación forestal y la agroindustria. 

■ América latina y Asia-Pacífico son las regiones que cuentan el mayor número de asesinatos de personas defensoras, y los grupos indígenas son las principales víctimas de estos asesinatos.

En relación con la necesaria transición ecológica desde una perspectiva de paz:

■ La transición ecológica pasa necesariamente por procesos de desarme y desmilitarización: reducción del gasto militar mundial, conversión de la industria armamentística en industria de energías renovables, y desmantelamiento del arsenal nuclear.

■ Es necesario trabajar la paz desde un enfoque de paz medioambiental, esto es, abordar la crisis ambiental desde el estudio de las violencias (directas, estructurales y culturales) cometidas sobre la naturaleza.

■ En un contexto de transformación del clima, la seguridad será imposible sin una justicia climática. En este sentido, las propuestas para una transición ecológica deben incorporar necesariamente un estudio riguroso del actual gasto militar, de la producción y comercio de armas, y de las prioridades para redistribuir los gastos presupuestarios de los países, con el fin de pasar de enfoques basados en el concepto de seguridad nacional militar a un enfoque basado en las necesidades y los derechos sociales de todas las personas.

■ De la misma manera que la seguridad a largo plazo no puede existir sin justicia social, hay que poner la seguridad humana en el centro. La solución a la crisis ambiental pasa por la desmilitarización y desarme internacionales.

En este contexto, creemos que es necesario apostar por una ética centrada en todas las personas y en el planeta, superando este modelo patriarcal, capitalista y militarista que está destruyendo el entorno y la vida de la gente, y empezar a pensar en términos de equilibrio ecológico, de derechos de todas las personas y en términos de cuidados. Es esencial que tanto la lucha contra la crisis ambiental como la transición ecológica incorporen y exijan la reducción de los gastos militares mundiales y el trasvase de estos fondos para la financiación de políticas de seguridad para la paz. En  este sentido, es imprescindible cambiar de paradigma de seguridad, y dar el paso de la seguridad militarizada a la seguridad humana.

Enero de 2021

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