Zapatero convierte la Cumbre Iberoamericana en trampolín para la expansión de las empresas españolas y manipula la realidad que se vive en ambos continentes.
Ecologistas en Acción llama a las ONGs de rechazar enérgicamente la llamada "Concertación para una ciudadanía Iberoamericana activa" y protesta contra la complicidad del gobierno español con las empresas transnacionales españolas en su plan de controlar la economía latinoamericana.
Con gran frustración observamos como las políticas públicas del gobierno Zapatero se conviertan una vez mas en herramientas para el funcionamiento del mercado. Sin respetar a los derechos humanos y medioambientales. En la Cumbre Iberoamericana de Salamanca se ignoran las necesidades y demandas de la población civil. En cambio se hace caso omiso a las exigencias del poder económico que busca "mayor seguridad jurídica para las inversiones" así como ayudas públicas para las privatizaciones de bienes públicos y el robo de recursos naturales. Millones de personas se están movilizando a lo largo y ancho de Latinoamérica contra las políticas de libre comercio, en favor de reformas agrarias, contra las privatizaciones y el expolio por las multinacionales. Se han derogado presidentes y ocupado pozos de petróleo. Sin embargo, la agenda de Salamanca se centra en cuestiones de "integración económica", "proyección internacional" y "cohesión interna".
América Latina se enfrenta a una situación de miseria en asenso: pobreza, desempleo, problemas de salud pública, falta de acceso a agua potable, militarización, violencia y enormes problemas medioambientales. Pero el gobierno del PSOE y los mandatarios iberoamericanos prefieren hacer oídos sordos. Festejan con todo lujo el "crecimiento económico", anuncian con gran hipocresía el envío de ayuda humanitaria a Centroamérica, pero no hablan de la paramilitarización en Colombia, la impunidad en Chile, la deforestación ilegal en Brasil, el desempleo en Argentina, la discriminación de los indígenas en México o el ecocidio de Repsol-YPF en las selvas naturales de Bolivia y Ecuador. Ni tampoco del deterioro de las zonas más ricas en biodiversidad por la construcción de centrales hidráulicas por las eléctricas españolas.
Hacernos creer que el comercio internacional será el "motor para el desarrollo" y decir que la liberalización que se pretende será fundamental en la lucha contra la pobreza es una gran falacia. Queremos destacar el terrible impacto que las políticas europeas de Comercio tienen en Íberoamérica sobre campesinas/os, ganaderas/os, pescadoras/es, indígenas, y trabajadoras/es rurales sin tierra que hoy representan la mayoría de los pobres en el mundo. En lugar de luchar contra la pobreza, la mayoría de los mandatarios iberoamericanos, a través de acuerdos comerciales (México-UE, Chile-UE, Mercosur-UE, Acuerdos Lomé), multiplican el hambre, las desigualdades y la exclusión de millones de personas del acceso a bienes comunes y recursos productivos tales como la tierra, el agua, los peces, las semillas, las tecnologías y el conocimiento. Lo que impide tener una vida digna y obliga a millones de personas de emigrar del campo a la cuidad o, incluso, a países lejanos, poniendo en riesgo su vida.
Las empresas transnacionales españolas
Los empresarios piden en un encuentro organizado por el Instituto Español de Comercio Exterior a los jefes de Estado y de Gobierno la creación de un "marco institucional que favorezca la inversión privada". Sería ingenuo pensar que Repsol-YPF logró posicionarse entre las petroleras con más reservas de América Latina sin aprovechar la complicidad de los Gobiernos corruptos, la malversación de fondos públicos, negocios ilícitos y la violación de todo tipo de derechos humanos en los países donde opera.
El hecho que los beneficios de las empresas del Ibex-35 crecieron un 42% en el primer semestre, se basa fundamentalmente en unas relaciones comerciales globales injustas y una deuda ecológica inmensa. Han protagonizado en los mercados de América Latina y hoy casi el 25% de los resultados consolidados de las compañías del Ibex 35 provienen de inversiones allí realizadas. Sin la expansión hacia América Latina, las empresas "españolas" no ocuparían hoy la posición que ocupan en los mercados mundiales.
Las empresas siempre están intentando presionar e influir en las políticas aplicadas de tal forma que les resulten lo más favorable posible a sus intereses. Estos intereses a corto plazo son incompatibles con los de la población a la que van destinados los servicios que prestan estas empresas. Despidos masivos de los empleados públicos, un aumento de tarifas (de hasta 600% en menos de 10 años se ha podido observar en algunos casos), corrupción, no-cumplimiento de los contratos de concesión, no-acceso de la población más pobre, condiciones de monopolio, violaciones de los derechos a la sindicalización y laborales (precarización), subcontratación, cortes de servicio, delitos ambientales y graves impactos ecológicos como en la construcción de grande presas para la generación de electricidad, son algunos de las más frecuentes consecuencias de las privatizaciones de servicios públicos. La campaña ¿Quién debe a quién? a la que Ecologistas en Acción pertenece, promueve un debate social en torno a las consecuencias de la inversión española en el extranjero, intentando crear sinergias entre los diferentes organizaciones que abordan estos temas. La campaña demanda al gobierno español "el reconocimiento de la deuda ecológica adquirida con los países empobrecidos, el establecimiento de mecanismos para su restitución y la aplicación de políticas que eviten una nueva generación". Además exige "la no utilización de los mecanismos públicos de apoyo a la exportación para impulsar actividades de transnacionales españolas que comporten impactos ambientales y sociales negativos". Con este fin hemos invitado a Salamanca a Ivonne Yanez de Acción Ecológica y la red Oilwatch (Ecuador) y a Juana Calfunao, líder indígena Mapuche (Chile) para que contrasten la manipulación de la realidad que hace la Cumbre de Salamanca. Porque Zapatero se olvidó invitar a los movimientos sociales, a las comunidades y a las personas que sufren el actual estado de cosas en Iberoamérica.
¿Quién es Enrique Iglesias?
Sentimos vergüenza que la cumbre marcará el debut de la Secretaría Iberoamericana, liderada por el ex jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias. Él es corresponsable para toda una década de políticas del BID que ha financiado los proyectos más /"sucios/" en términos ambientales y sociales en Latinoamérica. Fomentado la financiación de agrotóxicos, monocultivos y transgénicos que han demostrado altos impactos sociales y ambientales, y han puesto en riesgo la soberanía alimentaría de las comunidades campesinas. Las políticas del BID ha afectado a los ecosistemas como consecuencia de su acción. Es responsable para la aplicación de modelos económicos como la privatización de los servicios públicos que hoy se encuentran desmembrados por las empresas españolas. Opiniones que son compartidos por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (Argentina) que fue juez en un Tribunal de Opinión sobre el BID el año pasado. La historia ha demostrado que BID no puede impulsar jamás una /"mejorar las condiciones socio-económicas de los pueblos de Iberoamérica/" que pretende Zapatero.La declaración de Salamanca advierte de la necesidad de "evitar la impunidad para aquellos que cometen actos de terrorismo" pero ¿quién va a proteger a la población civil del terrorismo de estado que muy bien se conoce en Latinoamérica o del terrorismo de las empresas transnacionales quiénes actúan allá con total impunidad?
Sobre la propuesta de Zapatero del canje de deuda por educación
Existen claros indicios para pensar que la deuda externa de la que el Estado español es acreedor puede tener un origen ilegítimo. Ante esta hipotética ilegitimidad de la deuda externa, antes de apoyar cualquier tipo de operación de canje de deuda, creemos que el Gobierno español deber hacer una moratoria, sin acumulación de intereses, en el cobro de la deuda de los 82 países deudores del Estado español, con el fin de realizar Auditorias Públicas Integrales. Una vez auditada la deuda, la consecuencia lógica sería la de la abolición inmediata e incondicional de todas las deudas ilegítimas, así como la demanda de restituciones y responsabilidades judiciales a aquellas personas y/o instituciones que permitieron, promovieron e hicieron uso de créditos ilegítimos. Consecuentemente, la utilización del mecanismo de conversión de deuda estaría supeditada al proceso de Auditoria Pública Integral, y siempre y cuando esta opción se considere pertinente, tanto por la sociedad civil del país deudor como por su gobierno. En dicho caso, la conversión de deuda por educación o desarrollo debería ser llevada a cabo tan sólo sobre aquella deuda que la Auditoria sentenciara como legítima. La conversión se debería realizar sin ninguna condicionalidad por parte del Gobierno español.
Madrid/Salamanca, 14 de octubre de 2005
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