Siete años de proceso han demostrado que aquellas visiones que predicaban un colapso inminente de España y un subsiguiente proceso de independencia rápido y corto no eran realistas. Estados occidentales anclados en el centro del sistema-mundo no suelen caer como castillos de naipes. Su capacidad para regular importantes crisis orgánicas y evitar que se conviertan en crisis generales de Estado está más que consolidada. Consecuentemente, es premisa para aquellos que quieran romper tejer coaliciones sociales bastante amplias ya la vez con un nivel de concienciación suficientemente maduro para resistir conflictos políticos de largo recorrido. De hecho, ésta ha sido tesis histórica central de la Izquierda Independentista: no habrá ruptura democrática sin un elevadísimo grado de organización popular.
Sin embargo, sectores importantes del independentismo siguen actuando como si la independencia fuera cosa de dos días (o más exactamente, de unos 16 meses). A pesar de ser evidencia empírica el importante descenso de los niveles de movilización popular en los últimos años, así como también el estancamiento del apoyo popular a la independencia - que siendo amplísimo, dista aún de ser hegemónico -, desde diferentes espacios políticos (incluyendo la Izquierda Independentista) se propone seguir articulando la estrategia de ruptura partiendo de la premisa de que el independentismo goza ya de una base social suficientemente amplia para efectuar la ruptura con el Estado. Así, por ejemplo, Carlos Castellanos, voz de referencia dentro de Poble Lliure[i], escribe:
"[La ruptura democrática] es necesario que se fundamente en una base social amplia (que incluye, las clases populares, implica la pequeña burguesía y hasta sectores de la mediana burguesía, es decir que, para entendernos, abarca desde los votantes independentistas de la CUP, de ERC y de CDC, y todos los que se puedan añadir a través de la movilización y la participación popular en un proceso constituyente). Esta base social y política de apoyo a la independencia es el bagaje mínimo acumulado a lo largo de los últimos años, sobre el que es posible hacer efectiva la ruptura política que representa la independencia."
Es política rupturista, no aritmética
Desde estos sectores a menudo se pretende confundir la alerta a la necesidad de seguir ampliando las fronteras del campo independentista con las críticas al independentismo por querer impulsar un proceso de ruptura sin haber obtenido más del 50% de los votos en las pasadas elecciones del 27S. Ambas consideraciones apuntan al mismo hecho, esto es, la falta de apoyos del independentismo para sacar adelante hoy un proceso de ruptura; sin embargo, lo hacen desde posiciones muy distantes: mientras que la primera entiende que para romper un Estado como el español de forma no violenta se requiere de un amplio movimiento de masas que además demuestre un elevado grado de madurez política, la segunda parte de un liberal fetichismo de los porcentajes que asume que la obtención de una mayoría democrática impoluta abre las puertas casi automáticamente a salir de España. Si bien la segunda posición acierta en el hecho de entender que esta legitimidad democrática constituye un activo más que valioso a la hora de defender la ruptura democrática, yerra al no concebir dicha legitimidad precisamente en términos de recurso (quizás accesorio) para la facilitación del desarrollo de otros mecanismos (sí) indispensables para la ruptura. Más llanamente, si el independentismo hubiera alcanzado el 51% de los votos el pasado 27S, a pesar de disponer de un activo más en su arsenal, hoy seguramente se encontraría en el mismo callejón sin salida estratégico.
Y, sin embargo, ampliar el campo independentista -en la (única) dirección correcta- es indispensable para salir de este callejón sin salida. ¿En qué consiste, pues, dicho callejón sin salida, y en qué forma la ampliación del independentismo ayuda a resolverlo? Básicamente en la ausencia de un plan estratégico secesionista viable. Ante preguntas del tipo cómo haremos para que dentro de 16 meses seamos capaces de asegurar que la mayoría de ayuntamientos catalanes pagarán los impuestos al nuevo Estado catalán (los más grandes están fuera del control del independentismo), o que la mayoría de empresas también lo harán, o como haremos que funcionarios amenazados judicialmente de forma individual desacaten las órdenes de España y obedezcan al nuevo Estado, o cómo se articulará el nuevo sistema judicial a partir de una administración hoy no tutelada por la Generalitat, o como controlaremos los mozos de Escuadra y así fronteras y aeropuertos, es decir, como aseguramos que más allá de la proclama parlamentaria, el nuevo Estado ejercerá de manera más o menos completa el conjunto de funciones que ejerce cualquier Estado, y que por lo tanto, este nuevo Estado de facto existirá- las respuestas suelen ser nulas.
De hecho, estas cuestiones quedan virtualmente ausentes tanto en la hoja de ruta independentista de Junts pel Sí como en el pacto de estabilidad entre esta coalición y la CUP.
Si bien evidentemente un incremento cualitativo y cuantitativo del independentismo no solucionará estas cuestiones ipso facto, sí constituye un elemento central para su superación. Por ejemplo, una alianza (no en forma de coalición electoral, obviamente) del independentismo con el colauisme aseguraría el consenso (o al menos, la no oposición) con el principal ayuntamiento del país; o acercaría también los principales sindicatos de funcionarios y trabajadores, en tanto que la mayoría de sus miembros comparten extracción social con los votantes del colauisme. En otras palabras, cualquier institución pública tiende a condensar las correlaciones de fuerza existentes en la sociedad: por lo tanto, ganar posiciones a lo largo de la sociedad civil tiende a servir para poder ganar también en el seno de los aparatos estatales.
En resumen, este conjunto de problemáticas nos recuerda que, sin las capacidades materiales necesarias para hacerla valer, la legitimidad que pueda tener cualquier proyecto político es accesoria (o como dijo el bolchevique, excepto el poder, todo ilusión). Y, sin embargo, eso no nos puede hacer olvidar el hecho de que, para cualquier proyecto popular, sin la legitimidad democrática difícilmente habrá poder.
El proceso en tres etapas
En la parte final del artículo volveré a esta cuestión del indispensable amplísimo apoyo popular a la ruptura y de su interconexión con las cuestiones de poder "real". Antes hay que esbozar cuál es el marco general que ha dado lugar a este callejón sin salida.
El llamado proceso independentista puede ser dividido en tres ciclos políticos diferenciados, según qué actor ha dirigido el independentismo y qué dinámicas políticas han derivado de esta dirección:
- En el periodo 2009-2012, el independentismo asalta la centralidad política del país (esto es, el catalanismo) liderado y dirigido por diferentes organizaciones de la sociedad civil (PDD, Coordinadora de Consultas por la Independencia, ANC) y flanqueado por SI , ERC y la CUP en el campo partidista. Se trata, siguiendo a Tarrow, de un ciclo de protesta clásico, entendido como una fase de intensificación del conflicto político que permite el surgimiento de nuevos marcos para la acción colectiva - que se devienen transversales en muchas de las viejas fronteras políticas - y que ayudan a crear y difundir innovadoras formas de confrontación política.
- Sin embargo, a partir del otoño de 2012 -momento en que CIU se presenta por primera vez en unas elecciones con un programa favorable al derecho a decidir, y momento en que el ANC monta una concentración de apoyo a Mas cuando éste vuelve de negociar un pacto fiscal en Madrid- el liderazgo del independentismo empieza a bascular hacia la derecha. Se trata, en términos gramscianos, de una revolución pasiva clásica: frente a una ofensiva popular que amenaza con hacer saltar por los aires las existentes estructuras de poder, el viejo bloque dirigente decide asumir como propias algunas de las demandas de los sectores populares con el objetivo de quitarles la iniciativa política, al tiempo que coopta los líderes de estos sectores para decapitar su dirección política autónoma (transformismo). Consecuentemente, en esta etapa el independentismo empieza a agotar su repertorio de acción colectiva, así como también sufre un estancamiento en su capacidad de interpelación.
- La culminación de esta etapa de transición dentro del campo independentista podría situarse simbólicamente en noviembre del 2014, cuando CiU logra canjear un referéndum de independencia unilateral basado en la desobediencia para una performance que en ningún caso hace tambalear la unidad del estado, ya fortiori, consigue que ello no ponga en peligro su condición de fuerza mayoritaria dentro del catalanismo. Se abre así un período de hegemonía convergente en el seno del independentismo que se extiende hasta el día de hoy, y que se caracteriza por un declive constante en la capacidad de atracción de éste, así como también por su falta de horizontes táctico-estratégicos. De hecho, son precisamente estas carencias derivadas de este liderazgo las que dejan entrever limitaciones importantes a una hegemonía derechista a largo plazo en el seno del independentismo. En cualquier caso, en esta etapa la operación de transformismo se cierra de manera casi perfecta el pasado septiembre con la incorporación de los principales cuadros del soberanismo civil, y sobre todo de ERC, dentro de la órbita política convergente.
Para leer los liderazgos dentro del bloque independentista es útil usar la noción de hegemonía: ver qué actor concreto consigue, en cada coyuntura, hacer pasar por universales sus propios (particulares) intereses. O en nuestro caso, qué actor concreto consigue presentar los propios avances como los avances del conjunto del proceso. Por ejemplo, en enero de 2016, CDC consigue convencer a la totalidad del independentismo que si no se inviste Mas como presidente, el proceso termina. O en el verano de 2015, CDC lograba convencer a la casi totalidad del mismo bloque que si ERC no acepta ir con coalición con ella, el proceso se muere. Así pues, en esta tercera etapa el resto de actores del campo independentista pierden progresivamente su autonomía política, o en otras palabras, sólo promueven aquellas demandas que saben que podrán ser acomodadas en el actual estructura de relaciones socio-políticas dominada por CDC.
El rol de CDC dentro del proceso
Decir que es precisamente este encorsetamiento del independentismo dentro de los esquemas promovidos por CDC lo que frena la expansión del primero seguramente no es descubrir la sopa de ajo. Sin embargo, la pregunta es pues porque si se acepta como premisas válidas que
1) la independencia sólo será posible si está apoyada por un amplísimo apoyo popular,
2) que además este apoyo debe traducirse en altos grados de movilización y organización de la sociedad,
3) que estas dos condiciones están bastante lejos de ser alcanzadas por el independentismo y
4) que uno de los principales escollos para superarlas es el predominio convergente en el seno del bloque independentista, importantes sectores del independentismo de izquierdas siguen apostando por una estrategia política basada en una independencia a dos días vista, y aún más, descuidan completamente la cuestión estratégica insoslayable de cómo apartar a CDC del liderazgo independentista?
La respuesta se suele concretar en tres argumentos. El primero defiende que para hacer avanzar un proceso de ruptura democrática, la pequeña y mediana burguesías, en Cataluña representadas por CDC, son necesarias. De hecho esto no lo ha negado nunca nadie (bueno, a excepción de Endavant[ii]): lo que se discute es el rol que estos sectores toman dentro del proceso de ruptura: de liderazgo o de subalternidad. De hecho, si la dirección del bloque rupturista tiene o no un liderazgo popular no es una cuestión espuria, sino condición necesaria para llevar adelante la ruptura, en tanto que CDC ni (1) por convicciones ideológicas liberales, ni (2) por composición de clase, ni (3) por capacidades organizativas y estratégicas puede (al margen de si realmente quiere) ni hacer efectiva la ruptura ni aglutinar la correlación de fuerzas detrás necesaria para poder sostenerla.
El segundo argumento apela de manera abstracta a la movilización como desatascador de todas las contradicciones que afronta el proceso. Aquí, si bien es verdad que la movilización popular ha sido uno de los activos más importantes del bloque independentista, la apelación casi metafísica a ésta no resuelve, en ningún caso, los problemas estructurales del independentismo. Ante los aparatos ideológicos, represivos y económicos de un Estado, necesita algo más que masivas manifestaciones.
Finalmente, el principal argumento para lanzarse en los siguientes meses a hacer una DUI es el del proceso constituyente. Este resolvería el problema de la falta de apoyos del independentismo, en tanto que se entiende que constituye una herramienta con una inherente capacidad interpeladora por los sectores populares hoy no independentistas. El hecho pero es que si el independentismo continúa en manos de CDC - si continúa aprobando sus presupuestos, invistiendo de Presidente a sus candidatos, aceptando sus hojas de ruta dilacionistas o segregando su discurso transversalista -, ninguna oferta de proceso constituyente parecerá suficientemente atractiva / realista a dichos sectores, en primer lugar porque el independentismo no habrá demostrado ser capaz ni de hacer políticas populares ni demostrar la inevitabilidad del carácter rupturista y plebeyo del proceso.
Mutar o morir
En resumen, el proceso independentista está en un impasse provocado por su sometimiento a una dirección que no es ni popular ni rupturista. La tarea principal para hacerlo avanzar no es pues saltar a la siguiente etapa (la de la declaración de independencia) sin haber resuelto las cuestiones estratégicas principales de la actual, que son las de acumulación de fuerzas y maduración estratégica y organizativa. Cuestiones que sólo se resolverán desplazando el centro de gravedad del independentismo hacia la izquierda y situándolo así en la centralidad política del país (el espacio que va desde la CUP en ERC es el único espacio con capacidad para aliarse con más de dos tercios del Parlamento).
Joan Miró es investigador en el Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la UAB
Artículo publicado en el CRÍTIC el lunes 4 de abril
[i]Poble Lliure es una organización independentista y socialista catalana que forma parte de la CUP.
[ii] Endavant (Organitzación Socialista de liberación Nacional) también es uno de los grupos clave en la formación de la CUP.
