Las instituciones europeas (de la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria) son estructuralmente neoliberales, por consiguiente antidemocráticas y desiguales. Constituyen un obstáculo a la satisfacción de los derechos, exigencias y necesidades de las clases populares en cada país, así como a la solidaridad y la igualdad entre los pueblos de los Estados miembros. Así, cualquier verdadero intento político y social de transformación social radicalmente progresista en la Unión Europea (UE) y su entorno debe hacerles frente. La prioridad es preparar dicho enfrentamiento a través de rebeliones feministas, antixenófobas e igualitarias coordinadas en redes europeas y perseguir deslegitimar y hacer irrelevantes las vigentes instituciones y tratados. Debemos impugnarlas con criterios y ejemplos prácticos de justicia social, dignidad, solidaridad y democracia. Esto implica la subordinación del dinero, los mercados financieros, la banca y las políticas fiscales a dichos objetivos y al control y elección popular. Contra la lógica de la competencia, así como en la perspectiva de una transición ecológica, el nivel europeo de luchas y construcción de alternativas es de particular importancia. Por eso queremos comunizar Europa, pero es imposible lograrlo en el marco de las vigentes instituciones europeas.

El siguiente guion propone contar con las luchas sociales existentes a nivel transnacional, nacional y local con el objetivo de desobedecer, confrontar y romper con las instituciones europeas capitalistas y antidemocráticas, y sustituirlas por nuevas formas de cooperación popular e instituciones democráticas en Europa.

Principios

Nuestra orientación estratégica se basa en tres principios: en primer lugar, nuestro perfil está y debe estar siempre claramente situado políticamente en la defensa de los derechos para todas las personas y la justicia ambiental, tanto contra las clases dominantes europeas y sus componentes nacionales como contra cualquier tendencia racista y xenófoba, sea favorable o contraria a la UE, dentro o fuera de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Por tanto, deben postularse claramente las líneas divisorias (sobre temas democráticos, ambientales y sociales) con el fin de romper tanto con las fuerzas e instituciones dominantes nacionales como con los tratados e instituciones europeas que trabajan a favor de las clases dominantes. Este escenario de desobediencia, enfrentamiento y ruptura está legitimado por los objetivos igualitarios y democráticos transnacionales, claramente asociados a la necesidad de reunificar a los pueblos europeos (de otra manera y dentro de otras relaciones internacionales).

En segundo lugar, necesitamos construir una nueva cooperación internacional con respecto a nuestra agenda progresista como parte de una estrategia permanente a largo plazo. Nuestros objetivos solo pueden ser logrados a través de la construcción de frentes permanentes y la preparación de campañas a nivel transnacional sobre la base de las luchas que ya existen a nivel local, nacional y regional (e internacional). A través de dichas campañas y frentes autoorganizados, tenemos la intención de legitimar e implementar nuevos derechos para todas las personas. La apuesta es escapar del paralizante doble vínculo entre aceptar las reglas antidemocráticas de las instituciones de la UE, por un lado, y el callejón sin salida del nacionalismo excluyente por otro. Además, nuestro objetivo es tratar de superar las principales debilidades de las corrientes de la izquierda hechas patentes en los enfrentamientos de los Estados con la UE como en la crisis griega y en el Brexit: la falta de cooperación entre las fuerzas de izquierdas en Europa y la ausencia de un proyecto europeo alternativo concreto.

En tercer lugar, el guion, incluyendo pasos a corto y campañas a largo plazo, debe articular luchas sociales (y autoorganización), iniciativas políticas y elementos de procesos constituyentes. Es decir, la defensa y legitimación de los derechos fundamentales que podrían ser formulados como parte de la base constituyente para una Europa política alternativa; todos ellos deben, por supuesto, anclarse en luchas similares a nivel nacional y local. El proceso en su conjunto debe estimular la expresión popular de reivindicaciones y control sobre las instituciones vigentes y estar asociado a la creación de contrapoderes y nuevas instituciones democráticas a nivel local, regional, nacional, europeo y global.

La materialización de estos principios implica como condición necesaria la comprensión de la importancia de cada nivel y de su articulación para objetivos concretos –con aproximaciones críticas a todas las instituciones vigentes–. El anclaje nacional y local es esencial para tener en cuenta contextos concretos y, por ello, es más probable que los enfrentamientos políticos y rupturas con las instituciones vigentes, las clases dominantes, así como con la UE tengan lugar a estos niveles. Pero los derechos democráticos y sociales, al igual que el control real sobre los asuntos (sociales y ambientales) claves, se enfrentan a un sistema articulado de tratados, instituciones y mecanismos socioeconómicos que no pueden ser derrotados solo a esos dos niveles. Las iniciativas nacionales y locales no deben en ningún caso restringirse en nombre de apuestas europeas o esperar a un contexto ideal de luchas simultáneas europeas e internacionales. Lejos de ser excluyentes entre sí, las luchas sociales locales y nacionales deben pensarse en la perspectiva de constituir redes y vincular contrapoderes para la cooperación internacional, que pueden ayudar a consolidar rupturas y resistencias nacionales. Cada avance nacional debe ser una oportunidad para proponer lanzar allá donde sea posible procesos constituyentes en dirección a otras alianzas internacionales o europeas, con el objetivo de construir o fortalecer un espacio público europeo que necesita permitir la expresión de las luchas de clases y el conflicto social para ser democrático. Siempre son necesarios los llamamientos públicos a otras fuerzas europeas a unirse y apoyar las mismas reivindicaciones u organizar iniciativas conjuntas. Los probables fracasos y debilidades a nivel europeo no deben llevarnos a renunciar a los avances nacionales.

El sistema capitalista y sus fuerzas dominantes en conflicto y sus políticas destructivas se desarrollan a nivel local, regional, nacional e internacional (europeo). Por tanto, es en esos niveles así articulados donde puede construirse un nuevo bloque hegemónico (con sus narrativas sobre el orden y las luchas presentes y pasadas, y sus propuestas para un sistema anticapitalista alternativo), basado en luchas y debates pluralistas. Por eso, las tres dimensiones sociopolíticas propuestas en el guion (nuestro perfil general, la necesidad de construir frentes permanentes, y asociarlos a las dinámicas de nuevos derechos, procesos e instituciones constituyentes) deben pensarse conjuntamente a estos niveles.

Propuestas: Los pasos principales del guion de rebelión y comunicación

¿Qué pasos necesitamos elaborar?

Necesitamos implementar en la práctica e inmediatamente nuestros objetivos políticos, ambientales y sociales alternativos a través de programas permanentes coordinados y una desobediencia basada en la cooperación: a nivel local, regional, nacional y europeo, que abarque todos los temas o asuntos específicos (por ejemplo, deuda, políticas migratorias, transición ecológica, acuerdos neocoloniales con el Sur global, incluida Europa oriental, etc.). Varios actores políticos deben desobedecer los tratados, dictados y decisiones de la UE; deben declarar que lo harán juntos para aplicar políticas alternativas y establecer una nueva cooperación a largo plazo (implicando todos los asuntos o algunos específicos).

Estos procesos de desobediencia pueden basarse en luchas existentes –con la necesidad de consolidar o construir redes europeas que extraigan lecciones de los avances, dificultades y debilidades– tales como las diferentes formas de huelgas, en particular transnacionales y contra el empleo precario; en los movimientos feministas actualmente fuertes con todas sus intersecciones; en las luchas ecologistas basadas en el territorio (Zonas a defender, ZAD) y la invención de nuevas formas de gestión de los comunes; en las diferentes formas espectaculares de luchas contra la evasión fiscal, como la requisa de mobiliario de agencias bancarias o instituciones financieras implicadas en dicha evasión fiscal; en los movimientos de ocupación de espacios públicos y debates sobre sus objetivos y funcionamiento y los movimientos amplios de protesta que desafían las desigualdades sociales y la falta de instituciones democráticas, tales como el actual movimiento de los chalecos amarillos en Francia, el movimiento de los plenos ciudadanos en Bosnia de 2014, el movimiento 15M que comenzó en España en 2011, etc.; en la auditoría de las instituciones públicas y sus deudas a nivel municipal, nacional y europeo; en la apertura de los libros de cuentas de las empresas privadas para deslegitimar los criterios capitalistas de eficiencia y explotación; en los movimientos de bienvenida a los migrantes y ayuda en el paso de fronteras; en la construcción de redes de ciudades rebeldes que apliquen derechos para todos, etc. Algunos de estos movimientos ya intentan conectar a nivel transnacional, y necesitamos espacios físicos y digitales (por ejemplo, asambleas y páginas web) para unir fuerzas; este objetivo debe buscarse más sistemáticamente.

Las declaraciones comunes de desobediencia deben basarse además en campañas concretas (en todos los campos, como los derechos laborales, las políticas monetarias, el antirracismo, etc.) que deben, en la medida de lo posible, demostrar la eficiencia factible de implementar objetivos sociales, ambientales y democráticos a nivel europeo, en contradicción con las políticas neoliberales y tratados vigentes. Sobre la base de tales campañas y experiencias concretas podemos preparar a las poblaciones para la necesidad de desobedecer las reglas dominantes o dictados de las vigentes instituciones políticas.

El primer paso debe hacerse con el objeto de satisfacer las necesidades concretas de la gente, contra la lógica de la competencia, si es ya posible a través de la cooperación progresista internacional de productores y servicios autoorganizados. Aunque no debemos reducir la lucha a las instituciones vigentes, las luchas y reivindicaciones populares específicas deben tratar de utilizar todos los medios institucionales, incluidas las batallas parlamentarias en la UE, para fortalecer huelgas y actividad sindical a nivel europeo.

Si un actor político está aislado de momento, puede deslegitimar todavía las instituciones y políticas vigentes, desobedecerlas aplicando soluciones alternativas y proponiendo abiertamente nuevas formas de cooperación popular y autoorganización a todos los niveles posibles.

Las luchas existentes a nivel nacional deben demostrar los vínculos mutuos entre las políticas de las clases dominantes nacionales y las instituciones, la economía política y la ideología europea dominante con el objetivo de confrontar con ambas en enfrentamientos elegidos. Para producir una ruptura con su hegemonía, las movilizaciones y consultas populares deben enfocarse en torno a objetivos y programas concretos que deben plantearse contra las instituciones y clases dominantes de la UE: cuando el sistema monetario y los tratados se muestran en contradicción con los legítimos objetivos y derechos sociales y democráticos (como obviamente fue, por ejemplo, el caso griego), entonces deben ser cuestionados, no aplicados, y deben plantearse propuestas para reemplazarlos por otros tratados. Nuestra lógica debe ser rechazar cualquier sacrificio social por una divisa, sea el euro o una moneda nacional, y establecer la subordinación de los mercados y todos los medios financieros a objetivos democráticamente determinados. El enfrentamiento consiste además en implementar herramientas defensivas contra las amenazas y ataques de la UE, así como iniciativas políticas ofensivas para desestabilizar al bloque neoliberal y causar una crisis en la legitimidad y el funcionamiento de las instituciones europeas.

La implementación de tales herramientas debe hacerse tan pronto como sea posible por parte de un actor político a través de medidas unilaterales, como la suspensión del pago de la deuda mientras se realiza una auditoría; un programa de políticas públicas para la creación de empleo sobre la base de una fiscalidad específica; el control del flujo de capitales, o algunas socializaciones y/o nacionalizaciones vinculadas a luchas y reivindicaciones concretas.

Si un actor político está aislado de momento, aplica tales herramientas por sí solo y, a través del llamamiento a movilizaciones populares a lo largo de Europa (más que solo dentro de su propia área geográfica), propone a otros actores contribuir a la deslegitimación y por tanto a la crisis política de las instituciones europeas. Las herramientas defensivas nunca deben ser una protección para el capital nacional, sino una protección democrática y popular de los derechos y mejoras en el bienestar social contra la especulación, el sabotaje y otros actos hostiles de las fuerzas dominantes, a todos los niveles; debe fomentar la cooperación en lugar de la competencia entre la gente trabajadora que quiere asociarse en una entidad común para defender objetivos y derechos comunes.

Tales herramientas defensivas e iniciativas políticas ofensivas implican necesariamente una ruptura con los tratados e instituciones europeas por parte de gobiernos populares a nivel nacional. La forma de la ruptura (sea consecuencia de la implementación de políticas alternativas o de la decisión democrática de salir) no puede ser preconcebida ni prevista, pero nuestro objetivo en todo caso es deslegitimar, si es posible para bloquear la capacidad de intervención de las instituciones europeas vigentes y forzarlas a exponer que nuestros objetivos progresistas están en contradicción con sus tratados y políticas –y producen una crisis y dificultan el normal funcionamiento de la UE–. Todos los pasos dados por un gobierno popular como se describen previamente en el Manifiesto requieren una ruptura, al menos a nivel nacional, con las reglas y políticas dominantes europeas. Debemos demostrar claramente que lo que defendemos no tiene que ver con razones vinculadas al interés nacional sino a razones democráticas, ambientales, sociales y políticas que afectan a todos los pueblos, dentro y fuera de la actual Unión.

Por ejemplo, el rechazo a pagar las partes ilegales, ilegítimas, insostenibles y odiosas de la deuda pública debe basarse, por supuesto, en primer lugar, en el análisis nacional concreto sobre la política fiscal (quién paga) y los gastos y necesidades públicas (y cómo además podrían ser satisfechos mejor). Pero esos argumentos llevan a denunciar el dumping fiscal y social a nivel europeo y global. A nivel internacional y europeo, necesitamos urgentemente un debate para desafiar la legitimidad del sistema monetario internacional vigente, el papel del FMI y la Unión Económica y Monetaria –sobre la base de un análisis concreto de sus efectos negativos– y proponer formas y reglas alternativas de cooperación para el sistema financiero. Defendemos la absoluta necesidad de una divisa y un sistema monetario democráticamente controlados; por tanto, la necesidad de la socialización de la banca y el control de los flujos de capital. Esas medidas entran en conflicto con la Unión Económica y Monetaria y los tratados de la Unión Europea.

Por tanto, un gobierno popular a nivel nacional estaría en conflicto con las instituciones europeas en varios contextos que llevan a diversas formas de ruptura, según las relaciones de fuerzas concretas y las percepciones populares vinculadas a la situación precisa del país en un contexto económico dado. Podría decidir una salida de la UEM y/o de la UE (por ejemplo, sobre la base del artículo 50), o aceptar el reto de ser expulsado (incluso aunque eso no está claramente previsto por los tratados); la dinámica podría llevar también a un desmantelamiento de las instituciones europeas o a enfrentamientos de larga duración con ellas.

Las opciones alternativas deberían discutirse democráticamente a través de una movilización popular. Debe quedar claro que ninguna de las posibles opciones implica una voluntad de orientación nacionalista contra otros pueblos, sino que se contemplan como medidas para aplicar objetivos democráticos, ambientales y sociales a nivel local, nacional e internacional, con el argumento de que todas las orientaciones propuestas podrían ser más fuertes si se aplicasen dentro de una nueva forma de cooperación internacional. Siempre debe plantearse de forma clara que el verdadero asunto es alcanzar las condiciones más favorables para luchar contra las políticas neoliberales y capitalistas.

Por ejemplo, la opción de abandonar la UEM debe asociarse siempre con la oposición a las fuerzas políticas que quieren tener una política exportadora más competitiva y/o una preferencia nacional para la satisfacción de necesidades (fuerzas políticas que promueven la idea de servicios sociales solo para nacionales, excluyendo a las y los inmigrantes o ciudadanos de segundo nivel). Sea cual sea la divisa elegida, deben tomarse medidas para defender los derechos de circulación y residencia de cualquier individuo. La opción de permanecer dentro de la UEM no debe asociarse nunca a ninguna presentación apologética de la UE o con argumentos que planteen que un nivel europeo de políticas e instituciones sería más progresista que uno nacional (el relato opuesto y el planteamiento apologético de un Estado-nación como progresista no es más aceptable).

Procesos constituyentes a todos los niveles posibles para construir alternativas: como se planteaba anteriormente, los pasos previos deben asociarse a una nueva cooperación política en Europa basada en un programa común contra las instituciones y clases dominantes europeas, al igual que contra las tendencias xenófobas, y en favor de derechos sociales para los trabajadores y trabajadoras y todas las clases subalternas, así como en defensa del medio ambiente. No puede predecirse totalmente el escenario pero, por ejemplo, una alianza de asociaciones, ciudades, regiones o Estados rebeldes podría lanzar un proceso constituyente rebelde (implicando prerrogativas funcionales globales o específicas), abierto incluso a espacios políticos no involucrados desde el comienzo en el proceso de desobediencia. Estos procesos (u otros basados en distritos y procesos populares) podrían basarse en particular en el esbozo de listas de agravios a través de asambleas populares democráticas (entre los ejemplos recientes, puede recurrirse a las experiencias del masivo Movimiento del Rif lanzado en octubre de 2016 en Marruecos, o en algunos de los ejemplos locales del movimiento de los chalecos amarillos en Francia, tales como Commercy, Saint-Nazaire o Toulouse). Siempre deben integrar contenidos para todas las partes de las clases subalternas, con objetivos en favor de la gente trabajadora, objetivos concretos antirracistas y antipatriarcales, dimensiones urbanas y rurales, oportunidades concretas a las y los refugiados, etc. Estos procesos constituyentes, con formas variadas según las situaciones y niveles implicados (desde foros y redes municipales hasta asambleas constituyentes a nivel nacional o europeo asociados a programas internacionalistas), hay que lanzarlos desde la visión de crear una nueva cooperación, para favorecer el proceso de ruptura de actores políticos cercanos que no lo hayan afrontado por sí mismos, para desmantelar la Europa fortaleza y en última instancia crear instituciones alternativas a nivel europeo e internacional.

Si un actor político está aislado de momento, debe lanzar su proceso constituyente rebelde en el territorio y/o la función implicada, y proponer a otros actores unirse al mismo. La noción de rebelión (como para las ciudades rebeldes) indica que no nos limitamos a los procedimientos institucionales en la actual UE, que organizamos redes de diversas formas de rebeliones organizadas, que tal proceso constituyente está en conflicto con los tratados dominantes y que puede ser no lineal. Por ejemplo, asambleas constituyentes parciales ayudarían a deslegitimar y bloquear la Unión actual, y redes de redes (físicas y digitales) ayudarían a vencer las dificultades ligadas a la multiplicidad de idiomas, situaciones y temporalidades específicas. Podrían organizarse sobre asuntos específicos (comunes, leyes laborales, derechos de las personas migrantes, etc.) y sin criterios geográficos, incluso antes de ser capaces de establecer una nueva forma de cooperación internacional en cualquier nivel europeo creíble.

Propuestas: Iniciativas inmediatas

Cada uno de los pasos previos requiere de algunas iniciativas inmediatas, con el objetivo de hacerlos posibles y estar preparados cuando las condiciones y ocasiones sociopolíticas ocurran. Los principales requisitos afectan al diseño y la apropiación popular de las herramientas concretas necesarias para desobedecer, confrontar y lanzar procesos constituyentes, así como al encuentro de fuerzas políticas y sociales que pueden operarlos.

Para especificar el escenario y adaptarlo concretamente a las diferentes situaciones posibles, necesitamos:

a) Extraer lecciones de los intentos previos de romper con los tratados europeos y desobedecer a las instituciones europeas, principalmente: la secuencia política de 2010-2015 en Grecia, el referéndum del Brexit en Gran Bretaña y la rebelión nacional en Catalunya manifestada principalmente en 2017, y también otros ejemplos de rupturas similares con entidades explotadoras y opresivas que puedan ser más antiguas y fuera de la UE.

b) Analizar, precisar y popularizar los instrumentos económicos y jurídicos ya utilizados o debatidos en la izquierda: por ejemplo, los comités de auditoría de la deuda pública, los sistemas de pago complementarios y/o la creación de una nueva divisa nacional bajo control democrático, el artículo 50 del Tratado de Lisboa, etc.

c) Basarse en las redes existentes que ya han anticipado o podrían estar de acuerdo con el guion y lanzar campañas vinculadas al mismo o unirse a su aplicación: principalmente las ciudades rebeldes, el Manifiesto de Oviedo/red municipal contra la deuda ilegítima y los recortes presupuestarios en el Estado español, las redes de Vía Campesina, las redes y campañas de mujeres, las redes de trabajadores precarios, la huelga transnacional, las redes sindicales. La red y la web Altersummit podría ser comunizada y utilizada como red de redes y facilitar informaciones y debates, tal y como debemos poner en común informaciones sobre la red Plan B, los Foros de la Izquierda Europea y otras iniciativas europeas de la izquierda para trazar estrategias y orientaciones políticas juntos.

Concretamente, para 2019, proponemos a todas las fuerzas progresistas (sindicatos, organizaciones políticas, asociaciones, colectivos de activistas) compartir objetivos similares:

1. Fortalecer conjuntamente su crítica a las instituciones capitalistas y antidemocráticas europeas y especificar juntas sus propuestas para romper con su hegemonía y reconstruir una nueva cooperación popular.

2. Actualizar, comunizar y popularizar elaboraciones convergentes, como el Manifiesto Altersummit y las aportaciones y el Manifiesto ReCommons Europe. Juntas podrían usarse para consultas colectivas sobre objetivos y medios de un proceso sociopolítico alternativo en Europa y para el establecimiento de un frente rebelde europeo y un espacio público de aquellos que están dentro, contra y fuera de la UE, con el objetivo de lanzar una rebelión democrática europea de larga duración.

3. Animar el desarrollo de todas las iniciativas significativas a nivel local, nacional y europeo en favor de procesos constituyentes rebeldes, como aquellos que están siendo desarrollados por sectores de los chalecos amarillos en Francia.

4. Aprovechar las elecciones europeas con el objetivo de lanzar campañas y debates populares sobre este guion y sus implicaciones; para informar sobre las iniciativas existentes y espacios alternativos que podrían tomar parte en el mismo, así como para juntar fuerzas sociales y políticas en torno a él.

Alexis Cukier es profesor investigador en la Universidad de Poitiers y coordinador de EReNSEP (Red Europea de Investigación en Política Social y Económica); Catherine Samary es economista y feminista, y Nathan Legrand es miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM)

Traducción: Adrián Sánchez.

(Visited 4.194 times, 1 visits today)