Las encuestas previas (tomamos como referencia la del 24 de junio de EITB) preveían, una participación del 61% (un 1% más que en las del 2016) y este reparto de escaños: PNV 31, EH Bildu 19, PSE-EE 11, Elkarrekin Podemos 8, PP-Cs 5 y VOX 0. Vistos los resultados puede decirse que aunque la citada encuesta marcaba con acierto algunas tendencias, se equivocaba en otras y, en su conjunto, los resultados más que matizan esas previsiones.

A la espera de que el viernes, día 17, se contabilicen los votos del exterior, estos son los resultados del 12J de 2020, comparados con los de las elecciones del 25S de 2016:

Censo (votantes potenciales): 2016: 1.783.419 // 2020: 1.718.318 ( -65.101)
Votos emitidos: 2016: 1.070.357 // 2020: 908.328 (-162.029)
Votos a candidaturas:

Partidos

Diputados

Dif. 2016

% voto

2016

Nº votos

Dif. 2016

EAJ-PNV

31

+3

39,12%

37,60%

349.429

-48.739

EH Bildu

22

+4

27,84%

21,26%

248.688

+23.516

PSE-PSOE

10

+1

13,64%

11,94%

121.869

-4.551

E. Podemos

6

-5

8,03%

14,86%

71.759

-85.575

PP+Cs

5

-4

6,75%

12,20%

60.299

-68.949

Vox

1

+1

1,96%

0,07%

17.517

+16.746

EQUO BERDEAK

0

-

1,30%

-%

11.616

La mayor equivocación de las previsiones ha estado en el nivel de abstención. La participación no sólo no ha subido un punto, sino que ha descendido un 7´16% (del 60,02% en 2016 al 52,86% en 2020). Esto ha afectado a todas las candidaturas excepto a la de EH Bildu que ha aumentado los votos obtenidos (+23.516) y, en poco, a la del PSE-EE (-4.551); la brutal caída de E.Podemos (-85.575), tiene su razón principal en la abstención aunque una parte de sus votantes haya pasado a votar a EH Bildu. El aumento de la abstención ha beneficiado a los porcentajes y escaños de PNV y EH Bildu. Con una participación como la del 2016, ambos habrían tenido un porcentaje menor.

La situación sanitaria ha sido, sin duda, una de las causas del aumento de la abstención, pero debe añadirse – al menos al mismo nivel- las despolitización en unos casos y el rechazo en otros, a la gestión de la crítica situación actual y futura por parte del sistema político.

Merece analizarse un dato y establecer dos reflexiones a partir del mismo. El dato: según el INE, el número de nuevas personas que han podido votar en Euskadi/Comunidad Autónoma Vasca (CAV) porque han cumplido 18 años después de las últimas elecciones es de 68.790. Por lo tanto la comparación de los censos de ambas fechas electorales no puede hacerse, solo, como si el número de censados se refiriera en las dos a las mismas personas concretas; si se descontara del censo de 2020 esos 68.790 nuevos votantes potenciales, el volumen de personas censadas para el pasado 12J se reduciría o, lo que es lo mismo, la diferencia de votantes potenciales entre 2020 y 2016 aumentaría, habría un número mayor de personas censadas el año 2016 que no habrían sido votantes potenciales el 12J de 2020 porque habían muerto (la mayoría) o habían salido de los padrones de la CAV.

Primera reflexión: con cierta lógica puede considerarse que la desaparición de estas personas del censo corresponde, en su mayor parte, a gente de mayor edad y que eso ha influido, en particular, en la pérdida de votos del PNV (-48.739) o del PP (-68.949) y, en mucha menor medida, en E. Podemos dado que su caladero de votos anterior no tenía mucho fondo en esa franja de edad. Segunda reflexión: a quien más ha beneficiado el nuevo voto joven es a EH Bildu. Conclusión común de ambas reflexiones: el cambio demográfico apunta a una tendencia electoral favorable a la izquierda abertzale en detrimento del PNV; en un sentido más amplio, en el contexto de un proyecto nacional vasco la diferencia entre ambas fuerzas se reduce aún más si se tiene en cuenta la posición de EH Bildu en Navarra y en Iparralde (País Vasco bajo administración francesa).

En esta campaña electoral, el tema del soberanismo nacional y de la modificación de relaciones políticas y administrativas con el Estado español, no han tenido el protagonismo que habitualmente tienen en la política vasca; algunas de las cuestiones que les suelen acompañar (víctimas del escenario de violencias, política penitenciaria, etc.) ni siquiera han entrado en las agendas electorales, con la excepción de la de EH Bildu.

De alguna manera, las causas y perspectivas de la crisis socio-sanitaria y las políticas públicas y medioambientales (en menor medida, aunque también, los derechos a la igualdad de género) han sido las protagonistas de una campaña, fría en general, con muy escasa presencia en la calle y reducida, incluso, en los medios de comunicación.

Crisis socio-sanitaria y políticas públicas en el centro de la campaña

Pese a su pérdida de votos, el PNV ha podido cantar victoria por repetir, con diferencia, como primera fuerza electoral y repetir Lehendakari. Pero aunque el nuevo gobierno de Iñigo Urkullu tendrá, previsiblemente, una mayoría parlamentaria (con el apoyo de PSE-EE) que no ostentaba hasta ahora, tiene razones sobradas para estar preocupado por la vigilancia a la que va estar sometido, en el parlamento y en la calle.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitió, en plena pandemia, una sentencia en la que condenaba al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) por generar un riesgo laboral “grave e inminente” en materia de prevención de riesgos para la salud de la plantilla. Urkullu, lo redujo todo a un superficial lavado de manos diciendo que sí había habido alguna insuficiencia (sin concretar ni cuál ni su nivel) pero que lo importante era que en la sentencia se decía, también, que las actuaciones se habían “ajustado a protocolo”. ¡La razón burocrática por encima de la defensa real de la salud! Pero a lo largo de junio no cesaron de producirse concentraciones y protestas sindicales en el la sanidad pública y el viernes 10 de julio, todos los sindicatos de la sanidad celebraron concentraciones unitarias (unidad casi imposible de ver en la Comunidad Autónoma). La vigilancia social aumenta.

Ese mismo tono burocrático ha mantenido el PNV ante la gestión privatizadora e irresponsable que ocasionó el derribo del vertedero de Zaldibar (Bizkaia) y la muerte de dos de sus trabajadores; en parte, al menos, por esa razón ha perdido un millar de votos en los municipios colindantes al vertedero.

En el eje del empleo, el PNV “plantea actuar sobre todas aquellas áreas y programas que tienen un impacto directo en la inserción laboral y en la mejora de la empleabilidad de las personas”, citando entre otros la puesta en marcha de programas de apoyo al auto-empleo y la creación de nuevas empresas, de formación para el empleo, de inserción laboral de personas desfavorecidas y de creación del empleo público. Pero en este último tema, que es aquel en el que tiene una competencia más clara, es llamativo que no se establezca ningún compromiso cifrado de tipo presupuestario y de número de empleos públicos a crear, ni siquiera en los sectores como el sanitario cuya insuficiencia de personal se ha hecho cruelmente sentir durante la pandemia. En la presentación del programa electoral, Iñigo Urkullu destacó que “el empleo es nuestro objetivo central y la demanda más acuciante de la sociedad vasca; el empleo es la mejor política de integración social”. Esa afirmación no parece coherente con la propuesta de que el desempleo quede en un 10% y ni siquiera llegue al nivel anterior a la pandemia, el 8,7% el primer trimestre de 2020. Y esa promesa de reducción del desempleo al 10%, no tiene, además, bases de sólidos compromisos para alcanzarse.

Tampoco se hace ninguna referencia a la extensión al sector privado de la jornada de 35 horas semanales que se estableció en el año 2000, tras movilizaciones como la impulsada por la Iniciativa Legislativa Popular por una Carta de Derechos Sociales, que, tras ser anulada por el Gobierno Rajoy en el 2012, fue restablecida en la CAV en el 2018, con la frontal oposición de la patronal, que consideraba un desperdicio el aumento de la plantilla de Osakidetza en lugar de dedicarlo a “inversiones productivas”.

Justamente en la materia de salud pública, el programa del PNV es un conjunto de brindis al sol. El problema es que la defensa del sistema público al que a veces se alude choca con la extensión de la subcontratación de servicios sanitarios que han venido practicando (como ocurre con la reducción de servicios en resonancias denunciada sindicalmente el mismo 10 de julio) y no se formulan compromisos de aumento del gasto sanitario público, que es varios puntos inferior a la media europea. Y eso ocurre porque el PNV mantiene que “no es el momento” de tocar los impuestos mediante un aumento de la fiscalidad de las grandes empresas y las rentas más altas. Ni tampoco es el momento de un aumento de las plantillas, más allá de alguna referencia en atención primaria a la creación de 400 plazas de médicos, pero no como creación neta de empleo sino para asegurar el “relevo generacional”.

El magnífico resultado electoral de Euskal Herria Bildu tiene una primera explicación en la gran fidelidad y motivación de su base electoral, que ha resistido mejor que otros partidos la tendencia hacia la desmotivación y el miedo derivado de la pandemia. A ese factor se han unido otros ligados con su práctica política de defensa de los intereses populares, que han podido estar en la base del desplazamiento de una parte del electorado de E. Podemos hacia EH Bildu. De hecho, puede decirse que el programa y la campaña electoral de la izquierda abertzale y también sus actividades políticas desde hace buen tiempo, han tenido como un eje central su compromiso con los movimientos y reivindicaciones en defensa de las políticas públicas sociales, del feminismo y del ecologismo.

Así, la corriente soberanista está teniendo un papel clave en la organización y las movilizaciones tenaces y de gran participación del movimiento de pensionistas y sus representantes institucionales han hecho de altavoz de sus reivindicaciones y defendido sus propuestas en el Parlamento Vasco, especialmente en cuanto al complemento de las pensiones mínimas de la seguridad social hasta los 1.080 euros. En el mismo sentido hay que subrayar su apoyo a la Carta de Derechos Sociales (que tiene presencia determinante del sindicalismo reivindicativo) y su participación en las movilizaciones organizadas desde ella. Se puede ampliar con ejemplos como el acuerdo suscrito con el Sindicato de Estudiantes, el llamamiento de los anestesistas, ligados al sindicato ESK, que denunciaron el fraude de las oposiciones de Osakidetza, a votar EH Bildu y un largo etc. Consecuencia de todo ello es su crecimiento en Bilbao (+2.543/de 12´99% a 18´37% convirtiéndose en la 2ª fuerza) y en las grandes ciudades industriales de Bizkaia y Gipuzkoa donde tradicionalmente tenía dificultades electorales y de implantación y en las que aumenta voto y mejora porcentaje (Barakaldo de 11,03% a 17,10%; Basauri de 12,93% a 19´08%; Irun de 13,10% a 17,24%).

Todo ello se ha desarrollado manteniendo su firma defensa de la democracia nacional para Euskal Herria, como se abordará más adelante en este artículo.

El PSE-EE, que sólo ha sido el partido más votado en Ermua y una pequeña localidad alavesa, no se ha beneficiado del gobierno de Pedro Sánchez. Sin duda porque sus políticas no despiertan precisamente entusiasmo en el País Vasco. No en materia económico-social con la negativa a derogar la reforma laboral y condicionando el aumento del salario mínimo al “diálogo social” con la CEOE, lo que ha dado lugar a un aumento del 5%, en lugar del 22,3% sin diálogo social, a no haber fijado un Ingreso Mínimo Vital que efectivamente permitiese erradicar la pobreza y no solo (una parte) de la pobreza extrema y a aumentar los ingresos públicos mediante una reforma fiscal para hacer frente a las enormes necesidades sociales derivadas de la crisis. Tampoco en materia de libertades democráticas: negativa a investigar el papel de Felipe González en la creación de los GAL; negativa a la investigación parlamentaria de los escándalos financieros y la corrupción del rey emérito; mantenimiento de la política de alejamiento y de limitación de los derechos de las presas y presos políticos (progresión de grado, libertad por enfermedad o por cumplimiento de tres cuartos de la pena…).

El rechazo del PSE-EE a cualquier alternativa que no sea la de jugar un papel subordinado en la gestión gubernamental dictada por el PNV es el otro factor que explica que no se haya beneficiado en nada, de la caída electoral de E. Podemos. Sus propuestas programáticas no han tenido ninguna credibilidad. Así, por poner un ejemplo, afirmaban en su programa electoral que para disponer de cotizaciones suficientes para pensiones dignas es básico que el empleo sea “digno”, pero no han planteado al gobierno de Pedro Sánchez que cumpla el acuerdo con ERC y EH Bildu de derogar la reforma laboral del PP de 2012 y, menos aún, la del PSOE de 2010 que introdujo una regulación laboral que también aumentaba los poderes empresariales en la organización del trabajo y para contratar y despedir.

Las razones de la estruendosa caída electoral de E. Podemos son variadas. Por una parte, está la imagen de centralismo y despotismo burocrático que ha sido acompañado de fragmentación y divisiones. En muchos casos, quienes pierden el poder y dejan los cargos institucionales a todos los niveles se apartan de la actividad política, lo que da una idea de que la convicción de la necesidad de una política basada en el esfuerzo militante para la transformación social era muy débil y superficial. Además de estas causas organizativas el abandono de una parte sustancial de su base militante y electoral, hay poderosas razones políticas. El “asalto a los cielos” ha sido sustituido por una política muy posibilista a todos los niveles, que se ha acrecentado con la participación en el gobierno central. Un ejemplo llamativo se vio con la negativa inicial a la investigación sobre el GAL para evitar problemas en el gobierno Sánchez. En Euskadi se expresó en el apoyo –mediante la abstención- a los presupuestos del gobierno vasco para 2020, a cambio de una modificación del 0,75% en las cifras del mismo. Su mensaje central en la campaña electoral, la defensa de un “gobierno de izquierda” (PSE-EE, EH Bildu y E. Podemos) que sería la gran solución democrática y social para el País Vasco, defensa, para más inri, recogida en su eslogan central como “Podemos gobernar”, no tenía credibilidad, pero ha sido lo más comentado por los medios de comunicación… en detrimento de las 976 propuestas concretas recogidas en el trabajado y completo texto de su programa electoral.

VOX ha obtenido 17.517 votos (1,96%) de los que 4.722 han sido en Álava (3,80%) lo que, gracias a la alta abstención les ha permitido obtener, por primera vez, un asiento en el Parlamento Vasco. Es evidente que los votos obtenidos provienen de los perdidos por el PP-Cs. Comparativamente con el resto del Estado español, la presencia institucional de VOX es insignificante; además las resistencias sociales y, también, institucionales son más firmes que en otras comunidades. Pero, por supuesto, habrá que intensificar el cerco institucional y social a esta extrema derecha.

La actualización del “Autogobierno de Euskadi” en hibernación

Las propuestas y debates sobre el modelo de relaciones políticas y administrativas con el Estado español (y con Nafarroa) no han tenido el poder de otras ocasiones en la agenda de la campaña electoral. Han estado presentes, sin duda, pero a un nivel menor y, sobre todo, más esquemático y menos razonado que en ocasiones anteriores, aunque el PNV y EH Bildu le hayan dado mayor peso.

Sin embargo, desde mediados de 2018 se desarrollaron propuestas y debates en las propias instituciones (y también en la plaza pública) con unos contenidos e importancia que no se habían dado desde, quizá, la “Propuesta del Parlamento Vasco para la convivencia en Euskadi, Nuevo Estatuto Político de Euskadi” (el “Plan Ibarretxe”) aprobado en el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004, con el propósito de convertir lo que hasta entonces era la CAV en un “Estado libre asociado” a una España confederal.

En el mes de junio de 2018, la Ponencia parlamentaria para la actualización del Autogobierno de Euskadi (creada el 26/01/2017) aprobó el documento “Bases consensuadas para la actualización del Autogobierno de Euskadi” con los 46 votos a favor de PNV+EHBildu (28+18), frente a los 29 en contra de E. Podemos+PSE-PSOE+PP (11+9+9).

Dichas bases, explicitaban dos fundamentos para la actualización del autogobierno. El legal “al amparo de la disposición adicional 1ª de la Constitución Española y la adicional única del Estatuto de Gernika” y el democrático sustentado “en la voluntad libre y democráticamente expresada por la ciudadanía vasca”. A partir de ello la actual Comunidad Autónoma del País Vasco se constituía como nuevo (no autonómico, por tanto) “sujeto jurídico-político institucional” que “estará vinculado al Estado español por una relación singular y bilateral de naturaleza confederal, en el marco constitucional”. Todo ello se ampliaba y concretaba en la Base I (“Preámbulo”) y en la Base II (“Título preliminar”), que, a su vez, se proyectaban sobre los poderes de ese “sujeto jurídico-político”, las “competencias”, las relaciones con Nafarroa etc.; el texto dedicaba su Base V a un proyecto de reforma progresista sobre el “Régimen Económico, Financiero y Tributario-Fiscal” y las “Políticas Socio-Laborales y de Protección Social”, así como una Base VI, relativa a “Derechos de ciudadanía y derechos de las mujeres”.

Eran unas buenas bases para iniciar negociación y búsqueda de acuerdos con el gobierno de España y, también, para establecer comunicación con cuantos agentes políticos y sociales del resto del Estado español fuera posible.

La Ponencia parlamentaria aprobó oficialmente, el 12 de septiembre, la constitución de una comisión técnica (constituida por cinco personas designadas cada una de ellas por cada partido parlamentario), a quienes mandató redactar y presentar al Parlamento el texto articulado de una Proposición de Ley “en congruencia y de conformidad con las Bases y Principios aprobados por la Ponencia parlamentaria para la actualización del autogobierno de Euskadi”. Y añadía que “asimismo, desde el respeto a las bases consensuadas, se contemplará y procurará la posibilidad de hallar puntos de conexión de éstos con los votos particulares presentados en la búsqueda de ampliar, si fuera posible, los consensos ya alcanzados”.

Tras retrasos injustificables pero interesados (bajo cobertura del propio PNV) el 2 de diciembre del siguiente año, 2019, se entregó en el Parlamento una propuesta consensuada entre los juristas del PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE. La propuesta para nada era conforme a las Bases y Principios aprobados por la Ponencia parlamentaria. En su explicación de voto Alberto López Basaguren, el jurista designado por el PSE-EE, dejó bien claro que, aunque entendía el mandato de la Ponencia, “en mi condición de jurista, es mi responsabilidad la de realizar un texto articulado que sea viable jurídicamente” y, a su entender, eso era imposible a partir de las Bases y por eso lo hizo al margen de ellas. Mikel Legarda, el jurista designado por el PNV se apuntó a esa línea de trabajo explicando que se debía a que “una parte (de las Bases aprobadas en la Ponencia) es realizable jurídicamente a través de la reforma del Estatuto, pero otra requiere que la misma Cámara que promueva esta reforma acometa otra en el ordenamiento del Estado que le permita, con posterioridad y si llega a buen fin, allegar al Estatuto la parte que hasta ese momento no puede realizar en el mismo”. Es decir, ya no valía la “percha” legal y constitucional de las citadas disposiciones adicionales de la Constitución y del Estatuto que fundamentaba la propuesta de Bases. Siendo Mikel Legarda diputado del partido y uno de sus expertos en los temas estatutarios y constitucionales es obvio que este torpedo a la línea de flotación de las Bases tenía la bendición del PNV. Por desgracia, E. Podemos actuó de monaguillo en la ceremonia.

Además de ese atraco al mandato de la Ponencia, hay que subrayar dos hechos relevantes en esa propuesta del trío: primera, que desaparecieron del mismo no algunos aspectos sino, en su totalidad, el Preámbulo y el Título preliminar de las Bases y segunda, que la referencia al “derecho a decidir”, pasó a ser sólo una “Disposición Adicional”, típico rincón oscuro que poco o nada pinta en las normativas. Como esta propuesta consensuada permitía recoger enmiendas, en esa “Disposición Adicional” el jurista del PNV escribió: “La plena realización de los Derechos Históricos del Pueblo Vasco como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”. La propuesta de Arantxa Elizondo, la jurista de E. Podemos, ni siquiera incluía la expresión “derecho a decidir”. El jurista del PSE-EE proponía, simplemente, que se suprimiera cualquier referencia al respecto.

Iñigo Urrutia, el jurista designado por EHBildu, remitió a la Presidenta de la Ponencia, una explicación del porqué no participaba en el texto del PNV, PSE-EE y E. Podemos en las condiciones descritas y presentó su propia propuesta de texto articulado, esta sí en congruencia con las Bases de la Ponencia, para la actualización del autogobierno de Euskadi.

En campaña electoral, el programa escrito del PNV recogía, sin ningún rubor (ya se sabe que los papeles aguantan todo) una gran parte de los contenidos que, en junio de 2018 había consensuado con EH Bildu y que los había “cepillado” en el “texto articulado” consensuado con el PSE-EE y E. Podemos. Siguiendo esa falta de rubor, el lehendakari, en sus intervenciones, daba la callada por respuesta a preguntas sobre la ruptura del acuerdo de las “Bases para el Autogobierno de Euskadi” aquel junio de 2018 o acusaba a EH Bildu de haber roto aquel acuerdo, por no firmar el documento del trío. Lo que se puede esperar del PNV para el futuro es una defensa bastante firme para que se complete el traslado de competencias pendientes, aún, del Estatuto de Gernika, pero una mareada de perdiz, altisonante pero sin práctica, sobre el desarrollo de un proceso real de negociación con el gobierno español, para una modificación cualitativa de la relación del “Autogobierno de Euskadi” con una “España Confederal”.

E.Podemos-IU, sintetiza así su posición en la propuesta 942 de su programa: “Defendemos la necesidad de abordar el reconocimiento del derecho a decidir de la ciudadanía vasca y su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento. Desde E. Podemos-IU impulsaremos un Pacto de Claridad que defina contenidos concretos y que, más allá de elementos declarativos, inste al poder legislativo y ejecutivo del Estado a articular mecanismos legales que permitan consultas pactadas sobre el estatuto territorial con preguntas claras y mayorías cualificadas para ser vinculantes”. Aunque la propuesta toma como referencia la normativa vigente para el Quebec, mantiene una ambigua redacción en la que la “definición de contenidos” queda para el futuro y deja en manos del Estado (la comunidad e instituciones vascas ni se vislumbran) toda la iniciativa “articuladora” de un hipotético -pero más que dudoso en la práctica- ejercicio del “derecho a decidir”.

El PSE-EE no ha hecho más que repetir la posición del gobierno de Madrid. Un autogobierno dentro de las normas constitucionales vigentes, sin que quepa espacio para ninguna expresión democrática del derecho a decidir. Nada nuevo en su discurso electoral, ningún cambio.

EH Bildu tiene el reto en los próximos años de convencer a la mayoría de las clases populares de que la plena soberanía de Euskal Herria, sea bajo la forma de una república independiente vasca o de una confederación de repúblicas libres e iguales, puede permitir mejorar sustancialmente las condiciones laborales y sociales de la mayoría, establecer una economía que respete el medio ambiente y combata eficazmente el cambio climático e implicarse más en las reivindicaciones feministas. Ahí puede y debe dar la batalla por ganar la hegemonía política al PNV aunque el camino para ello sea, aún, muy largo.

15/07/2020

P. Idoiaga y M. de la Fuente son miembros del Consejo de viento sur.

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