La decisión de la Justicia británica de legitimar la decisión del Banco de Inglaterra pareciera más propia de las arbitrariedades del llamado 'primer imperio británico' de los siglos XVII y XVIII, centrado especialmente en las Américas, que de una democracia moderna del siglo XXI.
“El Gobierno de Su Majestad ha reconocido al Sr. Guaidó en su capacidad de presidente constitucional interno de Venezuela, y por consiguiente, no reconoce al Sr. Maduro como presidente constitucional de Venezuela”, ha dicho en su escrito Nigel Teare, el juez portavoz del Tribunal Superior de Justicia británico, la 'High Court'.
El litigio se remonta a dos años atrás, cuando el Gobierno venezolano anunció al Banco de Inglaterra su intención de retirar las 31 toneladas de lingotes de oro —unos 930 millones de euros— depositados en sus cámaras desde años atrás, para poder hacer frente a la crisis económica de Venezuela.
El Banco de Inglaterra dilató inicialmente su respuesta pero en 2019, ya con Juan Guaidó autoproclamado presidente encargado interino, y presionado por el Departamento del Tesoro de EE UU, argumentó que la irregular situación institucional de Venezuela requería un análisis jurídico exhaustivo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el entonces asesor principal de Seguridad Nacional, John Bolton —que ahora revela paradójicamente en su flamante libro la desconfianza de Trump sobre la capacidad de Guaidó— requirieron la complicidad del Gobierno británico para estrechar el cerco al Gobierno de Maduro.
Oficialmente, el Gobierno británico siempre se ha desentendido del litigio.
“Es competencia del el Banco de Inglaterra, no del Gobierno”, afirmó en la Cámara de los Comunes Alan Duncan, el titular de Exteriores británico. Pero, al pasar, acotó: “Seguramente el alto tribunal tendrá en consideración que el Sr. Guaidó es reconocido como el presidente interino legítimo por más de cincuenta países”. Un mensaje claro.
Con soberbia imperial el Banco de Inglaterra llegó a pedir garantías a Venezuela de que el oro dejado temporalmente en su custodia —como hacen muchos países— no fuera a ser utilizado para beneficio personal de Nicolás Maduro o de los numerosos altos cargos civiles y militares venezolanos contra los cuales EE UU y/o la UE aplican sanciones.
A pesar de la humillación que esto suponía el Gobierno de Caracas aclaró que ese capital sería destinado íntegramente a atender las necesidades provocadas en Venezuela por la pandemia de la Covid-19.
Para evitar cualquier otra excusa del Banco de Inglaterra y como muestra de transparencia y buena voluntad, Venezuela propuso que la transferencia no se hiciera directamente al Gobierno de Maduro sino al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que este organismo de la ONU lo gestionara.
Pero la decisión política por parte del Reino Unido ya estaba evidentemente tomada, y la High Court se limitó a proporcionar argumentario legal y solemnidad.
Para dar más visos de legalidad a ese descarado robo multimillonario a un Estado soberano, paralelamente el presidente encargado Guaidó hizo que su Asamblea Nacional —no reconocida por el Tribunal Supremo de Venezuela—, nombrara a una pseudo Junta Directiva del Banco Central de Venezuela paralela a la real, a la que diariamente toma decisiones sobre la economía venezolana.
Con esa parodia la tal Junta Directiva pidió al Banco de Inglaterra en nombre del Banco Central de Venezuela, que no entregara el oro venezolano al Gobierno de Maduro.
El Tribunal Superior británico dictaminó que esa fake Junta Directiva del Banco Central Venezolano encabezada por Ricardo Villasmil es la única que podrá a partir de ahora acceder legalmente a las reservas de oro venezolano depositado en las cámaras del Banco de Inglaterra, y no la Junta Directiva real, la gubernamental presidida por Calixto Ortega.
Paradójicamente, Reino Unido sigue manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con el único gobierno con poderes reales en Venezuela, el de Nicolás Maduro, y es la embajadora de este, Rocío Maneiro, la titular de la embajada venezolana en Londres. Reino Unido mantiene a su vez a su embajador Andrew Soper acreditado ante el Gobierno de Maduro.
La esquizofrenia diplomática que esto supone se extiende a la mayoría de los países que han reconocido —presionados por Trump— hace un año y medio a Juan Guaidó como presidente encargado, en momentos en que Washington les aseguraba que el Gobierno de Maduro se derrumbaría en cuestión de días.
Todos querían posicionarse bien ante Washington y ante quien ya daban por seguro nuevo presidente de Venezuela.
Pedro Sánchez fue uno de lo jefes de gobierno que reconoció a Guaidó como presidente interino a inicios de febrero de 2019, y a fines de abril incluso acogió en la embajada española en Caracas al también líder opositor Leopoldo López, mentor de Guaidó. Y sin embargo, sigue manteniendo relaciones diplomáticas políticas, comerciales y culturales con el Gobierno de Maduro.
Pese al inmenso apoyo económico, político y diplomático de EE UU, la UE y numerosos otros países, Guaidó se mostró incapaz en este tiempo de mantener unida a la oposición y de presentar una alternativa creíble de gobierno, y por ello fue perdiendo apoyos políticos y apoyo social.
Un mes atrás las encuestas ya lo situaban en el 25% de popularidad, el nivel más bajo de su fulgurante vida como presidente encargado interino.
Guaidó recorrió capitales europeas, fue recibido con aplausos en la Cámara de Representantes de EE UU y en varios países latinoamericanos. Denunció una y otra vez la dictadura de Maduro a pesar de que daba ruedas de prensa y mítines a lo ancho de Venezuela, mantenía oficinas públicas y entraba y salía por el aeropuerto de Caracas.
Se autorreivindicó como gran demócrata y salvapatrias pero se negó en todo momento a establecer un diálogo con Maduro como hicieron otras fuerzas de la oposición.
Dirigente de Voluntad Popular, al igual que su maestro Leopoldo López siempre estuvo en la corriente más intransigente y violenta de la oposición.
La impaciencia por llegar al poder rápidamente le hizo desde el primer momento apostar por las vías directas, su autoproclamación como presidente encargado en una manifestación callejera a fines de enero de 2019, su intentona de golpe cívico-militar en abril, sus negociaciones con hasta seis compañías militares privadas para intentar un golpe militar cruento. Lo ha intentado todo.
El Wall Street Journal revelaba días atrás que Leopoldo López, desde su asilo en la embajada española en Caracas y vía videoconferencias, participó también en negociaciones con empresas de mercenarios para valorar los mejores planes para el golpe.
Después de descartar varios planes, finalmente López y Guaidó terminaron firmando un contrato formal con la empresa Silvercorp USA para lanzar un golpe con el objetivo de detener/secuestrar/matar a Maduro y a sus principales colaboradores ,y para garantizar la seguridad del nuevo gobierno de facto presidido por Guaidó que asumiría al poder por al menos su primer año y medio de vida.
Fue el propio director de Silvercorp, Jordan Goudreau, el que reconoció ante las cámaras el contrato firmado —que reprodujimos íntegro en El Salto— y denunció a Guaidó por haberle traicionado, por haberse echado atrás a último momento. Uno de los más estrechos colaboradores de Guaidó, Juan Joé Rendón, miembro de su Comité de Estrategia y firmante también del extenso contrato, reconoció los hechos y dimitió de sus cargos para intentar salvar al líder opositor.
Tras conocerse con lujo de detalles el contrato que llegó a firmar Guaidó de su puño y letra y su gente con los mercenarios estadounidenses, se le cayó su... ¿penúltima? careta de hombre de paz y demócrata.
La oposición se dividió aún más y muchos de su seguidores se distanciaron de él.
Mientras tanto, el sector disidente de la oposición que en enero pasado en unos episodios turbulentos se hizo con el control de la Asamblea Constituyente —con el apoyo interesado del chavismo— avanzó en las negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Guaidó y su Asamblea Constituyente mantuvieron su postura de rechazo a participar en esas negociaciones, que permitieron el nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Nacional y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas para diciembre próximo.
Guaidó parecía cada vez más un cadáver político. El propio Donald Trump hizo el 21 de junio pasado unas declaraciones sobre él en una entrevista al digital Axios, que llevaba un titular sorpresivo: “Trump frío con Guaidó, consideraría reunirse con Maduro”.
Trump reconocía allí que no tenía mucha confianza en Guaidó ya que no había logrado arrebatarle el control del Gobierno a Nicolás Maduro a pesar de todo el apoyo que le había dado Estados Unidos y decenas de otros países.
Parecía ser el primer guiño de Trump tres años después de que el Gobierno de Maduro comenzara a intentar negociaciones directas con la Casa Blanca. Ninguno de esos intentos prosperó.
Y entonces llegó el fallo del Tribunal Supremo británico regalándole a Guaidó el acceso directo a las 31 toneladas de oro venezolano y se trastocó todo. Guaidó pareció resucitar.
Paralelamente, en lo que demuestra una operación coordinada, el pasado lunes 20 de junio la Unión Europea anunciaba la inclusión de once altos cargos del Estado venezolano a la lista de otros veinticinco previamente sancionados por la UE. A todos ellos se les prohíbe entrada en suelo comunitario y se congelarán sus activos si los tuviesen en algunos de los países miembros.
En esa lista, en la que figuran fiscales, jueces y otros altos cargos de las instituciones del Estado venezolano figura también Luis Parra, líder disidente del opositor partido Primero Justicia, quien se distanció de Guaidó y terminó elegido como presidente de la otra Asamblea Nacional en enero pasado.
Todo hecho a la medida de Guaidó. La UE, España incluida, no emitió ningún comunicado ni ninguno de sus portavoces hizo declaración alguna sobre las revelaciones en mayo pasado después del fracaso de la esperpéntica Operación Gedeón, del plan de golpe de Estado acordado por Guaidó y López con mercenarios estadounidenses.
La tan democrática Europa de los Veintisiete ha vuelto a mirar para otro lado ante la última y más documentada intentona golpista de Guaidó, y dos meses después vuelve a prestar su ayuda para aumentar junto con Reino Unido el bloqueo, el hostigamiento y la asfixia no del Gobierno venezolano sino del pueblo venezolano.
3/07/2020
Roberto Montoya, periodista y escritor, forma parte del Consejo Asesor de viento sur
