En los últimos años, con más insistencia en los últimos meses, prácticamente a diario hay noticias sobre la sanidad madrileña pública en todos los medios. Y no es para menos dado el derrumbe que está sufriendo como resultado de las políticas del Partido Popular, que lleva más de 27 años en el gobierno.
La formación del Servicio Madrileño de Salud
En las últimas décadas la configuración del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) estuvo marcada por la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Este se configuró como ente de derecho público, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Esto significa que el SERMAS es el ente comprador de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid, que recibe y gestiona el presupuesto sanitario, coordina la Red Sanitaria Única de Utilización Pública del Sistema Sanitario (red en la que están todos los centros sanitarios públicos y privados concertados) y provee la asistencia sanitaria.
Los primeros pasos que se dieron desde las transferencias para la constitución del SERMAS consistieron en una clara separación de las funciones de autoridad sanitaria, aseguramiento, compra y provisión de servicios sanitarios. Lo que en parte es una huida de los controles y la participación que permite el derecho administrativo.
Tres hechos terminaron por configurar el SERMAS actual: el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007,la implantación del Área Única y la creación del Centro de Atención Personalizada (CAP).
El Plan de Infraestructuras 2004-2007 consistió en la apertura de siete hospitales mediante el modelo de concesión de obra pública ( también llamado PFI por las iniciales Private Finance Initiative). Las inversiones para su construcción las pusieron bancos y constructoras y las plantillas las puso el SERMAS, que además abona a las empresas concesionarias un canon anual. Este canon se ha ido encareciendo desde el principio, lo que ha supuesto unos importantes sobrecostes. En un primer informe de fiscalización del gasto sanitario y farmacéutico de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid[1] se dice al respecto: “el canon abonado a las concesionarias se ha visto incrementado desde la fecha de puesta en funcionamiento de los hospitales hasta 31 de diciembre de 2017 en porcentajes que superan el 21% en todos los hospitales”. Este incremento del canon ha supuesto 1.557 millones de euros en 10 años de funcionamiento de estos siete hospitales, cuando la concesión termine en 2035 se estima que se habrán abonado cerca de 5.000 millones de euros, en lugar de los cálculos iniciales de 3.500 millones de euros.
Hay que tener en cuenta que estos modelos entrañan, en numerosas ocasiones, falta de transparencia, irregularidades, falta de control y corrupción. De hecho se investiga si la presidenta Esperanza Aguirre y los consejeros de sanidad Lamela y Güemes fueron los instigadores para hacerse con el 1% de la inversión en publicidad de estos hospitales para el Partido Popular.
La implantación del Área Única se hizo acompañada de una gran propaganda y así se llamó la Ley de “Libertad de Elección en Sanidad”, pues permitía elegir médic@ de familia, pediatra y enfermer@ en Atención Primaria -cuestión que ya se podía realizar- y de especialista y hospital. Junto a esto se creo el CAP, que desde entonces canaliza las citas de especialista y pruebas diagnósticas que se piden desde la Atención Primaria (AP), y que hasta entonces se gestionaban en los Centros de Salud (CS). Es un servicio privatizado que ha supuesto que redirijan las citas con mucha mayor frecuencia a los hospitales privados concertados del SERMAS.
Todo ello impulsó un tipo de gestión en el que primaba una competitividad más o menos larvada entre centros y profesionales. El ejemplo más visible y de mayor coste para el erario público es el que deriva de la “libre elección de centro”, que se realiza a través del CAP. Cuando este llama a pacientes para darles una cita en determinado hospital, mayoritariamente se deriva a hospitales privados concertados. De esta forma, se puede comprobar en las memorias del SERMAS cómo en el año 2021 el hospital privado Fundación Jiménez Díaz ha recibido 70.972 pacientes por las factura al SERMAS, al margen de lo que recibe por la actividad concertada. Son precisamente los cuatro hospitales privados pertenecientes a Fresenius quienes con una organización quirúrgica muy agresiva consiguen atraerse más pacientes, que de otra forma esperarían más tiempo para ser intervenidos en los hospitales públicos.
En estos años desaparecieron los consejos de participación de la Comunidad de Madrid (CM) y del Área. Y en 2008 Esperanza Aguirre eliminó la Dirección General de Salud Pública y Alimentación, y extinguió el Instituto de Salud Pública. La primera se volvió a constituir en 2016, sin embargo careció de suficiente presupuesto. Esta falta de recursos y personal fueron claves en la deficiente gestión que se hizo de la pandemia.
Recortes presupuestarios
La infrafinanciación es otra de las características del SERMAS, pues desde las transferencias cuando la presidencia de Alberto Gallardón admitió unos cálculos para la inversión en sanidad bastante inferiores a las necesidades, con tal de contar con esa cuantía transferida de fondos públicos. De hecho la CM es desde entonces la que se ha mantenido muy por debajo de la media del gasto per cápita. El año de mayores recortes fue el de 2010[2], como se puede comprobar en las series de gasto público real del Ministerio de Sanidad. En los siguientes años se fue recuperando el porcentaje de lo dedicado a la atención hospitalaria hasta rondar el 70% del total de la CA que más invierte en este nivel. Sin embargo no se han recuperado las cifras de lo que se dedicaba a atención primaria. Esto refleja perfectamente cual es la orientación del SERMAS: un modelo dirigido a la medicina más tecnificada en detrimento del primer nivel asistencial, que es el que promueve una atención integral, centrada en la persona, la familia y la comunidad, promocionando la salud y con el foco puesto en los determinantes sociales de la salud, es el que proporciona mayor accesibilidad y una continuidad asistencial que mejora el diagnóstico, disminuye la mortalidad infantil, las muertes prematuras y aumenta la esperanza de vida. Ese primer nivel asistencial minimiza los años perdidos por todas las causas y disminuye los ingresos hospitalarios evitables, siendo la forma más eficiente de proveer una atención sanitaria universal y de calidad[3].
La Atención Primaria es un modelo a contracorriente, aunque se hable mucho de su importancia, ya que ni tiene reconocimiento ni ha contado nunca con suficientes recursos, ante la fascinación por la tecnología y la medicalización de la vida. Está en franco declive, no sólo en la CM, sino que se extiende por todos los territorios.
Con la construcción de 11 hospitales, los siete de concesión de obra y los cuatro privados concertados, en el año 2014 con todos funcionando se tenían 15.132 camas instaladas. En 2020 hay 14.289 camas instaladas. Esta paradoja se ha dado porque se han ido cerrado camas de los hospitales públicos[4]. Lo que también ha supuesto un trasvase de profesionales y una importante escasez de plantillas en el resto de hospitales públcos.
L@s trabajador@s del SERMAS
La repercusión más importante de la escasa inversión en sanidad pública siempre ha sido la falta de profesionales. Desde el año 2008, cuando el SERMAS contaba con 76.359 trabajador@s, la cifra fue descendiendo hasta el año 2013 cuando sólo hubo 69.242[5]. Luego se ha ido lentamente recuperando hasta el año de la pandemia en que se hicieron contratos Covid y la cifra ascendió a los 85.284 profesionales. Aunque con los despidos a finales de 2020 ya sólo se contaba con 83.597, en diciembre de 2021 siguió descendiendo y ahora en septiembre de este año solo se cuenta con 77.023 profesionales. Todo ello con un crecimiento de la población desde el 2008 de unas 500.000 personas.
Las carencias más llamativas de profesionales son en el primer nivel asistencial dado que la Atención Primaria llegó a contar con 14.667 trabajador@s y actualmente sólo tiene 13.696, lo que está haciendo inviable que más de 600.000 personas y 200.000 niñ@s tengan médic@ de familia o pediatra asignado, con la sobrecarga que ocasiona en el resto de profesionales del equipo y en el retraso en obtener cita presencial.
La reorganización de las urgencias extrahospitalarias
Las urgencias extrahospitalarias en la CM estaban organizadas en 40 Servicios de Atención Rural (SAR), que prestaban atención a los pueblos cuando los centros de salud cerraban, noches, sábados, domingos y festivos. Unos comenzaban a las 15 horas porque no había turno de tarde, y otros a las 21 horas cuando existía. Todos dependían de la gerencia asistencial de Atención Primaria. Y en la zona metropolitana y grandes localidades periféricas existían los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) en número de 37. Además, se contaba con un Centro de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) en El Molar. Todos ellos dependían del SUMMA 112 (Servicio de Urgencia Médica), una gerencia diferente a la de AP.
Los 37 SUAP fueron cerrados en marzo del 2020 y su personal desplazado obligatoriamente para cubrir diferentes centros, como el hospital de campaña del IFEMA, los vacunódromos que se montaron para la vacunación de la Covid-19 y finalmente fueron destinados al hospital Zendal. Un hospital más parecido a un hangar, pues entre sus características está la ausencia de quirófanos, así como la ausencia de personal especializado, por lo que sólo puede recibir pacientes menos graves. Esta situación ha llevado a que el personal de los SUAP haya ido dimitiendo y en la actualidad de unos 580 profesionales sólo quedan 16 médic@s, 86 enfermer@s y 44 celadores.
La movilización de la población
La movilización de los vecinos y vecinas ha jugado un importante papel desde la pandemia, ya que pasadas las primeras olas, la situación de la sanidad se seguía deteriorando: largas listas de espera para pruebas, consulta de especialistas o intervenciones quirúrgicas. Los centros de salud continuaban sin que las consultas presenciales fuesen lo habitual, y cada vez era más difícil obtener la cita con el o la profesional referencia.
Por ello los vecinos y vecinas se comenzaron a concentrar delante de sus centros de salud exigiendo que se contratase más personal, dada la merma existente en las plantillas. Igualmente exigían la apertura de los SUAP.
Esta presión hizo que el gobierno de Ayuso se plantease abrir los servicios de urgencia extrahospitalarios... pero lo hizo a su manera. Para ello idearon un Plan con 78 Puntos de Atención Continuada (PAC), incluso en algunas ocasiones ya los denominan Centros 24 Horas. Los 78 correspondían a los 41 SAR y 37 SUAP existentes con anterioridad, pero como después de más de dos años cerrados estos últimos ya no contaban con suficiente personal... desmantelaron los SAR para con su personal y el que quedaba de los SUAP poder abrir los 78 PAC el 27 de octubre.
Poco les importó que no dieran las cifras de las plantillas para el funcionamiento de los nuevos PAC, ya que la noche del 26 de octubre, sin previo aviso, se pusieron a movilizar al personal de los SAR. Se calcula que han dimitido un 15% del personal de estos servicios.
El 26 de octubre, los sindicatos de la mesa sectorial de sanidad (CCOO, UGT, SATSE, AMYTS y CSIT) firmaron un acuerdo con la consejería de sanidad sobre este Plan de urgencias extrahospitalarias. Llevaban días negociando sin que se conociera el documento que les había presentado el gobierno, ni las propuestas que los sindicatos les hicieron llegar.
El acuerdo fue suscrito a los pocos días de haberse celebrado una manifestación en Madrid, que representó un giro en cuanto a la confluencia de profesionales y ciudadanía y a su masividad. Hacía bastante tiempo que no existía una movilización tan numerosa que congregase a todo el mundo que defiende la sanidad pública, lo que se podía interpretar como una mejora en la correlación de fuerzas.
Por eso en esta situación la firma de un acuerdo entre los sindicatos, a excepción de AMYTS, y la consejería enfureció a profesionales y vecin@s. Además, era aceptar el marco y la filosofía del propio Plan, y no resolvía ninguno de los problemas que presentaba: falta de personal, se descartaban nuevas contrataciones, se aumentaban las horas de jornada en los PAC, y se dejaba al albur de que hubiera voluntari@s entre el personal de los centros de salud para cubrir los huecos ante la falta de plantillas en los PAC, con el impacto que esto supone en el personal de los centros de salud ya de por sí desbordados.
Ante esta situación dos sindicatos con representación menor en la sanidad madrileña como el MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad) y el SummAT (mayoritario en el servicio de urgencias 112) junto a la Plataforma SAR convocaron una huelga los días 4, 5 y 6 de noviembre. Y el sindicato AMYTS, sólo de representación de l@s médic@s, convocó una huelga indefinida a partir del día 7 de este mes. El mismo día 4 los sindicatos mayoritarios firmantes del acuerdo con la consejería lo rechazaron y denunciaron por los incumplimientos de la consejería de sanidad.
Después de algo más de una semana desde la apertura de los PAC, la situación sólo se puede definir como de peligrosa para la ciudadanía, de maltrato a l@s trabajador@s y de provocar un caos en la sanidad que no tiene precedentes. El balance de estos días no deja lugar a dudas: entre un 40% y un 70% de los PAC no contaron con médic@s, y entre un 13% y un 26% tampoco tuvieron personal de enfermería, y entre un 4% y un 24% tuvieron que cerrar por no tener ni médic@, ni enfermer@ ni celador@.
Ante esta situación la consejería ha dado a conocer una propuesta para resolver la falta de personal, dice que se trata de un modelo transitorio para los 80 Centros 24h[6] en el que 34 no tendrán médic@ y en su lugar contarán con un equipo para videoconsultas, y 46 contarán con médic@, enfermer@ y celador. El rechazo ha sido unánime por parte de sindicatos y profesionales, que dicen que “han perdido el norte”. Sin embargo la presidenta avisa: "esto no va de Sanidad, esto va de cambiar un modelo, un modelo liberal que en la Comunidad de Madrid nos ha dado mucho éxito"…
Efectivamente, este es el problema, este es el reto y la lucha que tenemos por delante: un gobierno que pretende un cambio radical de modelo sanitario público que contempla la ley general de sanidad, que ya lo intentaron en 2012 y dio lugar a la Marea Blanca, lo que originó las mayores movilizaciones por la sanidad pública que Madrid ha conocido. La unidad de acción fue su éxito ante el expolio de un bien común. Tomemos nota, no está escrito que tengan que ganar tampoco esta vez.
El próximo domingo día 13 de noviembre la ciudadanía y l@s profesionales tenemos la primera gran cita de esta nueva batalla.
Carmen San José Pérez es médica de Familia y activista en defensa de la sanidad pública
[1] http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/informe-gto-sanitario-y-farmaceutico-aprobado-cjo-040319.pdf
[2] https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.htm
[3] https://amf-semfyc.com/es/web/articulo/que-es-la-atencion-primaria-de-salud
[4] https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/memorias-e-informes-servicio-madrileno-salud
[5] https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/portal-estadistico-personal-servicio-madrileno-salud
[6] https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/11/07/sanidad-mantendra-abiertos-80-centros-sanitarios-24-horas-46-puntos-fijos-medico-enfermero-34-dos-enfermeros-videoconsulta-faculta