“El contrato firmado por Juan Guaidó con la aquiescencia de Washington es un hecho delictivo grave y hace recordar los contratos que firmaban las monarquía europeas con flotas de piratas que actuaban bajo sus instrucciones. Al igual que hace ahora EEUU las monarquías entonces también negaban públicamente estar detrás de esos piratas”.
Luis Britto, uno de los más veteranos, comprometidos y prolíficos intelectuales de Venezuela, valoraba así el contrato firmado por el líder opositor Juan Guaidó y sus dos más estrechos colaboradores, Sergio Vergara y Juan José Rendón, con el presidente de Silvercorp USA Inc.
En ese documento, que cuenta con ocho páginas resumiendo el proyecto y otras 41 páginas de anexos, se detallan exhaustivamente los deberes y obligaciones de los mercenarios de esta empresa con sede en Florida durante la misión para “detener/capturar/matar” a Nicolás Maduro y a más de una decena de altos cargos de Venezuela.
La primera parte del documento, de 8 páginas, General Services Agreement (Contrato General de Servicios), es la mostrada ante cámara -como ya vimos en la primera parte de esta investigación- por Jordan Goudreau, el fundador y presidente de Silvercorp, un ex 'boina verde' veterano de las guerras de Irak y Afganistán.
Ni en este documento, publicado por The Washington Post (https://bit.ly/3cD0ztB) ni en los Anexos (https://wapo.st/2T9iVuQ ) con su versión en español (https://bit.ly/363FOF2) aparece ninguna argumentación ni objetivo político para justificar ese contrato que detalla un plan nada menos que para derrocar violentamente al Gobierno de Venezuela.
El documento, que data del 16 de octubre de 2019, se limita a delinear en su Contrato General de Servicios los compromisos de cada una de las partes 'contratantes'; el 'gobierno' de Guaidó, por un lado, tratado en el texto como “The Administration”, o “La Administración” en su versión en español, y los mercenarios de Silvercorp USA Inc, el “Services Provider” o “Proveedores de Servicios”.
Guaidó y su equipo dicen en la introducción que actúan “con la autoridad” que les confiere la resolución de la Asamblea Nacional de Venezuela del 23 de enero de 2019 -cuando se auoproclamó 'presidente interino- en sus artículos 233, 333 y 350.
Se establece explícitamente en sus páginas 1 y 2 que los Anexos forman parte indisoluble del mismo contrato, y en la página 7 se especifica que estos “serán firmados por los Comisionados Sergio Vergara y J.J. Rendón”.
De esta forma se aclara por qué la firma de Guaidó aparece solo al pie de la página 8 del Contrato General de Servicios pero no en la página 41 de los Anexos.
Como vimos en el vídeo de las declaraciones de J.J. Rendón a la CNN en el primer artículo de esta investigación, este intentaba exculpar a Guaidó de cualquier responsabilidad sosteniendo que su firma no aparecía al pie del contrato porque no lo había firmado y que no había llegado a leer los Anexos porque “estaba muy ocupado”.
No es así, son dos documentos, formando parte de un mismo contrato, en los considerandos generales incluye la firma de Guaidó y para los Anexos este delega explícitamente la responsabilidad de firmarlos en Vergara y Rendón, los dos hombres al frente de su Comité de Estrategia.
Por parte de Silvercorp tanto la primera parte como los Anexos está firmados por Jordan Goudreau y en carácter de testigo por Manuel J. Retureta.
En la parte general se deja claro que los servicios de la compañía de mercenarios no terminarían con el derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro ya que en el contrato se sostiene que las actividades de Silvercorp durarían “al menos durante 495 días”, seguiría prestando servicios para el gobierno de Juan Guaidó una vez aupado al poder violentamente.
En el documento se aclara que ante cualquier conflicto que surgiera en el cumplimiento del mismo se regiría según la legislación del Estado de Florida. Se valora que para el cumplimiento por parte de Silvercorp de la primera parte del contrato -el derrocamiento del Gobierno de Maduro- se necesitarían 50 millones de dólares, pago garantizado por barriles de petróleo venezolano.
El contrato fija que el presupuesto total de los servicios de Silvercorp se elevarían a 212,9 millones de dólares contemplando pagos mensuales hasta el final de los 495 días acordados.
“La Administración acuerda pagar al proveedor de Servicios cada mes después de la finalización del Proyecto (la salida/eliminación del Régimen Venezolano vigente y la entrada/instalación del Gobierno Venezolano reconocido) un mínimo de $10,860,000,00 (USD), un promedio de $14,820,000,00 (USD) y un máximo de $16.456,000,00 (USD).”
Los Anexos detallan exhaustivamente los derechos y obligaciones asumidos por las dos partes: el gobierno de Guaidó y los mercenarios de Silvercorp.
Se fijan por ejemplo las funciones de los mercenarios una vez instaurado el gobierno de facto de Guaidó:
“El Proveedor de Servicios continuará los servicios de asesoramiento contra el terrorismo, las operaciones contra los estupefacientes y la recuperación de activos financieros venezolanos robados en todo el mundo durante la duración del plazo del acuerdo” .
Se llega incluso a especificar en cuanto a la recuperación de oro, dinero efectivo, obras de arte, vehículos u otros bienes, que los mercenarios deberán entregarlos a las nuevas autoridades y que recibirán como compensación por su acción una gratificación del 14% del valor de lo recuperado.
En otro apartado se contempla la posibilidad de que el nuevo gobierno no cuente con liquidez para pagar los pagos estipulados en el contrato:
“En caso de insolvencia en efectivo, la Administración podrá optar por efectuar pagos en barriles de petróleo”.
Y como en un buen acuerdo comercial también se contemplan bonus:
“La Administración pagará un bono de éxito al Proveedor de Servicios por un monto de $10,000,000,00 (USD). Esta bonificación está supeditada a una operación exitosa de finación del proyecto (la salida/eliminación del régimen venezolano y la entrada/instalación del gobierno venezolano reconocido)”.
El contrato contiene numerosas cláusulas de tipo militar. Así se definen cuáles son las “fuerzas hostiles declaradas” entre las que se cita a “ciertas fuerzas militares y paramilitares ilegítimas (fuerzas de seguridad del antiguo régimen, fueras aéreas, terrestres y navales convencionales y/o no convencionales)”. También aclara que se incluyen también en esa categoría de “fuerzas hostiles declaradas” que “pueden ser neutralizadas”, “el ex personal militar y paramilitar venezolano que opera como individuos o grupos insurgentes que continúan las hostilidades contra la Administración y el Proveedor de Servicios”.
Entre las “fuerzas ilegítimas venezolanas se nombra a “Nicolás Maduro, sus tenientes, asociados clave, cualquier partidario armado”, también a “Diosdado Cabello, sus tenientes y asociados clave”, a “organizaciones y cárteles de tráfico de drogas, colectivos armados y violentos” y a fuerzas paramilitares como las FARC y ELN colombianos o el libanés Hezbolá.
Se detallan igualmente tanto la línea de mando como los distintos tipos de objetivos militares a “neutralizar”; se fija la política a seguir para aquellas operaciones militares que puedan provocar “más de un 10% de daños colaterales” y quiénes deben autorizar en cada momento bombardeos, el uso de minas de destrucción/desactivación, las minas M118A1 Claymore, bombas, drones Predator y distinto tipo de armamento.
El contrato asigna a los mercenarios, al 'Proveedor de Servicios', amplias funciones para 'el día después', a posteriori del derrocamieno de Maduro. Así se contempla cómo deben actuar ante disturbios civiles, cómo se deben hacer los controles fronterizos, en qué casos pueden incursionar incluso en suelo brasileño o colombiano (en persecución a 'fuerzas hostiles' que les hayan atacado); cómo deben efectuar detenciones y multitud de detalles.
El contrato tiene cláusulas específicas para tratar en qué casos se puede usar “la fuerza mortal”:
“El uso de la fuerza necesaria, hasta la fuerza mortal, está autorizado para proteger a las personas designadas y las fuerzas militares”.
Entre las personas a proteger usando si es necesario “la fuerza mortal” figuran tanto las fuerzas gubernamentales como las de los mercenarios, ONGs y organizaciones internacionales “que proporcionan asistencia humanitaria y/o socorro en Venezuela”, o el Comité Internacional de la Cruz Roja “y cualquier organización de socorro apoyada por los Estados Unidos o las Naciones Unidas y el equipo y suministros esenciales de su misión”.
También se autoriza “la fuerza mortal” de forma preventiva:
“Dentro de Venezuela, la fuerza necesaria, hasta e incluyendo la fuerza mortal, puede ser usada contra individuos o grupos de individuos que cometen, o están a punto de cometer, un acto que pueda causar la muerte o daños corporales graves a otra persona”.
Son numerosos los casos en que se autoriza contractualmente el uso de la fuerza letal, para resguardar campos petrolíferos, estaciones de servicio, instalaciones de suministro de agua, de gas urbano, hospitales, escuelas, universidades y un larguísimo etcétera.
En el Artículo 4 del apartado “Misión”, se dicepor ejemplo que “El Gobierno venezolano contrata con el proveedor de Servicios para apoyar sus esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad en Venezuela, incluida la cooperación en la realización de operaciones contra grupos terroristas y grupos fuera de la ley y los restos de cualquier régimen anterior”.
En el Artículo 5 de este mismo apartado el gobierno de Guaidó autoriza a los mercenarios el uso de vehículos y desplazamientos por aire, mar y tierra para el cumplimiento de su misión, aunque especifica que “harán todo lo posible para ocultar su identidad” de forma de “proteger la cara del proyecto solo como venezolano”.
El compromiso de Guaidó y su equipo asume el “riesgo exremadamente alto del trabajo involucrado en el proyecto”. Por eso le garantiza que los mercenarios estadounidenses “estarán asegurados por la Administración”.
“Todas las personas del grupo de trabajo usarán casco balístico de placa de golpe balístico, protección para los oídos, protección para los ojos y uniforme ignífugo. La Administración pagará todos los gastos médicos relacionados con todos los miembros del Grupo de Tareas durante la duración del proyecto y durante cualquier recuperación posterior de las lesiones sufridas durante el proyecto”.
Se prevén cientos de miles de dólares por la pérdida de extremidades o la muerte de los mercenarios:
“La Administración pagará $450,000,00 (USD) a los familiares más cercanos de cualquier miembro del Grupo de Tareas que sea asesinado en acción. La Administración pagará $250,000,00 (USD) a cualquier miembro del Grupo de Tareas que pierda una extremidad o visión durante el transcurso del proyecto”.
Guaidó y su gente se comprometieron por este contrato a dar impunidad total a los mercenarios y defender a cada miembro de Silvercorp ante las reclamaciones que pudieran surgir en contra por su actuación.
En los párrafos finales de estos Anexos se confirma cuál es la Cadena de Mando:
“La Cadena de Mando para esta operación es la siguiente: 1-Comandante en Jefe, Presidente Juan Guaidó, 2-Supervisor General del Proyecto: Sergio Vergara, 3-Estratega Jefe: Juan José Rendón, 4-En el sitio Comandante: por determinar”
En la parte final del documento se confirma que “La aprobación final de la convocatoria de operación será dada por el Comité Estratégico”, es decir, por Vergara y Rendón, los dos hombres de más confianza de Guaidó.
El Comité Estratégico decidió posteriormente cancelar el operativo, por desconfianza en la capacidad real de la empresa de Jordan Goudreau para llevar a cabo tan ambicioso operativo, por algunos ex militares chavistas con los que este se había aliado, y por temor a que el grupo estuviera infiltrado por gente de Maduro.
A pesar de que el equipo de Guaidó no habría tenido por lo tanto implicación directa en la patética y frustrada Operación Gedeón del pasado 3 de mayo en la costa venezolana, ha quedado al descubierto toda la compleja trama que urdió para derrocar violentamente al Gobierno de Maduro.
Ni los balbuceos de Rendón intentando exculpar a Guaidó de este complot, ni los desmentidos y contradicciones de este al hablar del tema pueden encubrir lo indudable: el 'presidente encargado', reconocido como tal por casi 60 países, España incluida, ha traspasado todas las líneas rojas y ha contratado por 212,9 millones de dólares a una compañía de mercenarios para secuestrar y/o matar a Nicolás Maduro y tomar el poder por la fuerza de las armas.
Tras más de un año intentando en vano por todos los medios un levantamiento de las fuerzas armadas venezolanas, Guaidó terminó optando por contratar a un 'ejército privado' -Silvercorp prometió 800 mercenarios- para derrocar al Gobierno de Maduro. El contrato demuestra que confiaba a esa compañía durante al menos los 16 primeros meses de vida del nuevo gobierno de facto, el mayor peso de la “neutralización de las fuerzas hostiles”, el control de las protestas civiles callejeras y el control de sus fronteras.
A pesar de ello, después de todas estas revelaciones y pruebas irrefutables Guaidó sigue aún libre, algo impensable en cualquier país del mundo.
Solo lo explica el hecho de que el Gobierno de Maduro está criminalmente acorralado económicamente en plena pandemia; con buena parte de sus activos en el exterior congelados ilegalmente por EEUU; con amenazas de sanciones a los países que comercien con Venezuela, y con la explícita y constante amenaza de intervención militar por parte de Trump en el caso de osar detener y juzgar al golpista Guaidó.
Vídeo “Los mercenarios y la privatización de la guerra” (2017)
Parte I: Juan Guaidó, acusado de “incumplimiento de contrato” por los mercenarios a los que contrató.
Roberto Montoya, periodista y escritor, es miembro del Consejo Asesor de Viento Sur
19/5/2020
