El resultado de las elecciones para el parlamento de la región de Madrid es el first round de la disputa electoral en todo el Estado español y un exponente de los problemas políticos de fondo que aquejan tanto a la izquierda tradicional social liberal como a la nueva izquierda populista surgida de la movilización de las y los indignados del 15 M. Pero también en el Partido Popular (PP) crecen los problemas: ha surgido de la nada el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso frente al secretario general Pablo Casado quien, a su vez, intenta sacar rédito de la victoria madrileña. Ayuso, como se la conoce, es un producto de marketing político que ha cristalizado en una marca que inclina la balanza interna del PP hacia posiciones más neoliberales y derechistas, lo que puede suponer un inconveniente para aspirar a gobernar el conjunto del territorio del Estado. Dicho lo anterior, los resultados madrileños -dadas las características políticas, económicas y sociales específicas de la región- no pueden extrapolarse mecánicamente al conjunto del Estado español. Pero, sin duda, el “gobierno de progreso” formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) ha recibido un duro varapalo.

Y, aún más grave, el resultado electoral supone una muy mala noticia para las clases subalternas, para las y los trabajadores, en definitiva, para el pueblo de izquierdas. El neoliberalismo trumpista madrileño ha revalidado y mejorado su resultado electoral en un contexto social crítico. La situación sanitaria y económica creada por la pandemia se ha sumado a los anteriores factores que configuran un profundo estado del malestar que atraviesa a toda la sociedad en el conjunto del Estado español, como ocurre en otros muchos países.

Una situación dramática

En el caso español, ese malestar se agrava para una clase trabajadora que sufre un desempleo -según los registros oficiales, aunque en realidad es mayor- de 3,949.640 personas en marzo del presente año, lo que supone un 15,3% de la población activa que, en el tramo de edad de personas menores de 25 años alcanza el 37%. Al mismo tiempo, las y los trabajadores acogidas a las medidas extraordinarias de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con cargo a las arcas públicas alcanzan la cifra de 638.283 personas a finales de abril. Las “colas del hambre” ante los comedores asistenciales públicos, privados y populares son una dolorosa realidad y las medidas de “escudo social” del gobierno de Pedro Sánchez -como el mísero Ingreso Mínimo Vital creado para casos extremos- no llegan, se retrasan y son insuficientes. La estructura económica española, con un sector de servicios turísticos que supuso casi el 13% del PIB en 2019 antes del covid-19 y un entramado de bares, tabernas y restaurantes desproporcionado para la población autóctona, ha sufrido duramente los efectos de la pandemia.

En estas condiciones el gobierno español, con un aumento de la deuda pública que se acerca al 130% del PIB, confía todas sus cartas a la llegada de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, lo que significa que pondrá en manos de las grandes empresas esos préstamos y subvenciones sin que el sector público de la economía se refuerce. El gobierno de coalición PSOE-UP mantiene una política económica neoliberal gobernada por la ministra Nadia Calviño, no aborda una reforma fiscal con voluntad redistributiva para dotar a la vez al sector público de medios y afronta los problemas sociales desde una lógica asistencialista que solo pretende paliar débilmente y sin conseguirlo los aspectos más lacerantes de la pobreza. En definitiva, las clases populares no vislumbran una solución desde la izquierda en el horizonte y, a la vez, aumentan las desigualdades entre capital y trabajo, ricos y pobres, trabajadores con empleo digno y precarios, hombres y mujeres, mayores de 35 años y menores, habitantes de los grandes centros financieros y ciudadanía de las regiones deprimidas. Al igual que en los países empobrecidos, salvando las distancias obviamente, hay amplias capas de la población que se han encontrado ante el dilema de enfermar del Covid o enfermar por falta de ingresos. Esto es clave para comprender el estado de ánimo y la conciencia popular.

Esta situación objetiva de la clase trabajadora se ve acompañada por un factor muy negativo: la desmovilización y la pasividad ante la situación. Las grandes centrales sindicales practican una política de concertación social con las patronales que deteriora su correlación de fuerzas cada día y, pese a los discursos, los sindicatos no han forzado al gobierno a defender el valor de las pensiones de jubilación, aumentar el salario mínimo profesional prometido, ni a derogar la legislación laboral que ha dejado sin gran parte de derechos a las y los trabajadores y a los mismos sindicatos sin capacidad de negociación colectiva efectiva. Hay luchas defensivas y dispersas en las empresas amenazadas por el cierre y focos de resistencia social por el derecho a la vivienda o a la sanidad pública, pero estamos muy lejos de la época de las movilizaciones de los años 2011 a 2015 con las mareas (blanca de las y los sanitarios, verde del profesorado, etc.) que sacaron a decenas de miles a las calles.

Gran parte de las gentes activistas de los movimientos sociales han orbitado en torno a los gobiernos de izquierda regionales o sobre todo del gobierno de coalición español y muchos de sus componentes han sido cooptados de una u otra forma por el aparato gubernamental y las tareas institucionales. El resultado es que una parte importante de las energías de movimientos vecinales por la vivienda, el medio ambiente, la lucha de las mujeres o anti rracistas han mermado en beneficio de una espera atenta a la acción legislativa gubernamental que se retrasa y no llega, incumpliendo promesas y creando desánimos. A su vez, el ciclo de movilizaciones por sus derechos nacionales en Catalunya ha entrado, de momento, en una fase de retroceso. La primera conclusión que puede extraerse es que el ciclo político abierto tras el 15 M del año 2011 ha finalizado, y nos encontramos ante una nueva fase de la organización popular peor que antes de formarse el gobierno de coalición PSOE-UP.

Votos y primeras consideraciones

Las elecciones del 4 de mayo han sido resultado de una convocatoria anticipada antes de que se cumpliera el plazo de 4 años de vigencia; por tanto, se ha elegido un parlamento para menos de 2 años de vida. La causa de la disolución de la cámara por la presidenta Isabel Díaz Ayuso del PP es un golpe de mano al tomar conciencia de su reforzado prestigio tras una rocambolesca maniobra política del PSOE en otra región (Murcia) que no merece ser ahora descrita, salvo para destacar que la política de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español y secretario general del PSOE actualmente basa sus operaciones políticas en los consejos de Iván Redondo, un Rasputín del siglo XXI, asesor electoral y de comunicación mercenario que ha trabajado como técnico para diversos partidos.

El Partido Popular (PP) ha obtenido un excelente resultado con 65 de los 136 que componen la cámara y supera a todos los obtenidos por el conjunto de la izquierda que suma 58, lo que unido a los 13 obtenidos por el ultraderechista Vox significa que la derecha extrema y la extrema derecha tienen 78 escaños, 20 más que la suma de la izquierda. Con una participación récord en este tipo de elecciones, del 76,2 % del electorado, como factor que teóricamente iba a beneficiar a las opciones de izquierda, la derecha ha obtenido el 57% del voto popular frente al 42% que ha ido a la izquierda. Una catástrofe sin paliativos.

El PP venía gobernando desde hace más de dos décadas el gobierno madrileño, pero ayer fue el partido más votado en todos los pueblos y ciudades (salvo en dos pequeños y marginales municipios) de la región y en todos los distritos electorales de la ciudad de Madrid, incluyendo los barrios y pueblos del cinturón rojo. El siguiente cuadro con los datos provisionales es significativo:

Partido Votos año 2021 Escaños 2021 Escaños 2019
Partido Popular 1.620.213 (45%) 65 30
Partido Socialista 610.190 (16,9%) 24 37
Unidas Podemos 261.010 (7,2%) 10 7
Más Madrid 614.660 (17,1%) 24 20
Vox 330.669 (9,2%) 13 12
Ciudadanos 129.216 (3,57%) 0 26

 

Es evidente que el discurso trumpista a la tejana de la presidenta Díaz Ayuso en el que se ha primado la ganancia empresarial sobre la salud de las personas, se apoya en amplios sectores de la sociedad. Hay sectores patronales que se ven beneficiados, pero, a su vez, hay clases medias en las que ha avanzado una concepción insolidaria de la libertad de consumo y movimiento; y lo que es más grave, hay muchos trabajadores y trabajadoras con empleos muy precarios e ingresos en riesgo que se han visto ante el dilema de escoger entre dos riesgos: salud o hambre.

Fue sorprendente que comenzara su campaña planteando el dilema “Socialismo o Libertad” que luego convirtió en la dicotomía entre Comunismo o Ayuso. Fue sorprendente escuchar a miles de personas gritar la palabra “Libertad” ante la sede del PP tras conocer el triunfo en las urnas. Es una expresión políticamente vacía pero que manifiesta un sentimiento individualista que identifica la libertad con el negocio y el ocio privados. Como en todo buen momento trumpista no importan las cifras reales de la economía y la salud, Ayuso ha generado una realidad paralela que ha calado en sectores populares. Con una gestión económica y de la pandemia muy negativas, Ayuso ha logrado tres objetivos, ayudada por la mayor parte de los medios de comunicación y apoyándose en un partido muy organizado y en sus bases sociales de la Iglesia Católica, la escuela privada subvencionada con dinero público y las empresas beneficiarias de la privatización de la sanidad. En primer lugar, ha colocado sus verdades mediante mentiras y contra todo atisbo de veracidad. En segundo lugar, ha creado la sensación de la existencia de una “forma de vida” a la madrileña (por grotesco que parezca) cuya identidad es atacada por el gobierno español (sic). En tercer lugar, y lo más importante, ha determinado el marco en el que se iba a realizar el debate político, la campaña y los temas clave, logrando que la misma no fuera de ámbito regional sino español. Cierto es que ello oculta la realidad de una región en la que las empresas de la construcción (tanto de obras públicas como de inmuebles) han recibido importantes privilegios e inyecciones de dinero desde el poder político, se ha creado un entramado de intereses en torno a la enseñanza y la sanidad privadas, muy apoyadas en detrimento de sus homólogas públicas en franco proceso de deterioro y destrucción.

El triunfo del PP se complementa con un resultado importante de la extrema derecha de Vox dirigida por un parásito de las subvenciones públicas, Santiago Abascal, al que no se le conoce empleo anterior, y Rocío Monasterio, una empresaria con antecedentes de fraude en el ejercicio de su profesión. Vox es un discípulo avanzado de Bannon y está formado por un combinado explosivo de neoliberales autoritarios, nostálgicos del franquismo, clases rentistas parasitarias, miembros de la policía y del ejército y matones de gimnasio.

Tanto Vox como el PP han expresado su intención de colaborar. Con la desaparición de Ciudadanos -un partido neoliberal que presumía de centrista- del parlamento madrileño cuyos exvotantes han nutrido el resultado del PP, la derecha nacionalista española se ha reconfigurado, lo que tendrá efectos en otras regiones como es el caso de Andalucía donde el PP y Ciudadanos cogobiernan. Pero no cabe duda de que, si bien Vox representa un peligro potencial que ya condiciona los debates culturales y las políticas en algunas cuestiones, el peligro explosivo y tóxico real lo supone ya en el presente el neoliberalismo autoritario (libertarista) del PP madrileño. Al igual que en una jauría de caza, los hay que ladran y los hay que muerden: Monasterio vocifera y Ayuso, entre frase tonta y frase estúpida, impulsa políticas reaccionarias efectivas, materiales e ideológicas.

Capítulo especial merece el constatar que desde hace años todo el espectro de la derecha españolista en sus diferentes versiones y desde los medios de comunicación afines han focalizado en la persona de Pablo Iglesias todo su odio como clase dirigente guerracivilista, convirtiéndolo en objeto de acoso personal, familiar, mediático y judicial. Acoso que, durante la campaña electoral ha llegado a las amenazas de muerte mafiosas, que han ido extendiéndose a otros miembros del gobierno español. Campaña que sólo puede ser calificada de abominable y peligrosa.

Reconfiguración en el seno de la izquierda

El partido socialista ha tenido sus peores resultados electorales en Madrid desde 1977. Carente de proyecto, su candidato Ángel Gabilondo ha hecho afirmaciones suicidas como que no iba a aumentar los impuestos, en una región cuyos ingresos fiscales mermaron en decenas de miles de millones de euros a causa de los gobiernos del PP; o que en la lucha contra la pandemia no habría adoptado medidas preventivas como el cierre de la hostelería diferentes a las adoptadas por Ayuso. Con ello Gabilondo y su jefe Pedro Sánchez intentaban ganar al electorado de centro, propósito en el que han fracasado. La renuncia de Gabilondo es la consecuencia lógica pero las responsabilidades apuntan más arriba, a la cúpula de Ferraz.

Más Madrid, un grupo procedente de lo que fue inicialmente Podemos, que se define como verde y feminista pero que estaba dispuesto incluso a gobernar con un partido como Ciudadanos, y que cuenta con la experiencia de un trabajo municipal de cuatro años con muchas sombras en cuestiones de planes urbanísticos, ha logrado superar al partido socialista en 4.000 votos, lo que lo sitúa como el primer partido de la izquierda convencional. Su campaña ha sido inteligente y su candidata Mónica García, una médica que sigue trabajando en su hospital y que ha sido casi la única voz de oposición en los dos años anteriores en la cámara madrileña ha dado un mensaje claro sobre cuestiones concretas en torno a la salud y la sanidad pública, por ejemplo, que han logrado calar en el electorado de izquierdas. Pero su misma orientación política y programática -verde socialdemócrata liberal que se mira en el espejo del alemán Die Grünen- también señala los límites de Más Madrid para configurarse como una izquierda alternativa ecologista y socialista capaz de modificar sustantivamente la situación popular.

Especial importancia tiene el caso de Unidas Podemos porque representa lo que queda del aliento renovador e ilusionante que supuso el primer Podemos del año 2015, en cuya creación contribuyó decisivamente Anticapitalistas y en la que trabajó hasta que las condiciones internas antidemocráticas se lo impidieron. La coalición UP que en las anteriores elecciones obtuvo 7 escaños y esta vez ha logrado 10, sin embargo, ha obtenido un resultado que desde el punto de vista político ha significado un nuevo fracaso. Ello ha llevado a su líder Pablo Iglesias a presentar su dimisión de todos sus cargos internos e institucionales. Iglesias fue la figura caudillista fulgurante que irrumpió en 2015 en el panorama político español, pero en su fuerza residía su debilidad. Carente de un proyecto político con un horizonte estratégico, configuró un partido, Podemos, en el que la primera y última palabra la tenía él; lo que significó que realizó una exclusión sistemática de cualquier posición diferente, pero también imposibilitó crear una estructura partidista democrática y participativa dotada de lazos orgánicos firmes con la clase obrera. Apostó con todas sus fuerzas por entrar en el gobierno con Sánchez y, lejos de reforzar su posición, Podemos ha vivido un proceso de subordinación a las políticas social liberales y desde una impugnación al régimen nacido en 1978 ha acabado siendo un defensor de la Constitución española, dejando sus reparos con la monarquía para las declaraciones y los discursos.

Tras su fracaso en el gobierno, Iglesias, temeroso de que su partido no superara la barrera del 5% de votos en Madrid, dimitió como ministro del gobierno español y vicepresidente de Sánchez y encabezó la candidatura de Unidas Podemos en las elecciones con la intención de remontar las malas expectativas demoscópicas y poder determinar la política de la izquierda en Madrid formando parte de un gobierno regional. Durante la campaña centró su esfuerzo en polarizar el debate con Ayuso y Vox planteando el dilema “Fascismo o Democracia”, con un enfoque frentepopulista que escondía una orientación eurocomunista, envuelta en una búsqueda de la vieja identidad estalinista de la guerra civil española y una retórica que no se correspondía con las preocupaciones y dilemas de la mayoría social ni con la situación real absolutamente ajena a la Europa de los años treinta. Y, lo que es más ridículo, es basar la respuesta antifascista en la vieja Constitución de 1978 producto del pacto entre franquistas y reformistas que asegura la jefatura de estado a un rey heredero del nombrado por Franco, blinda la economía de mercado, facilita los privilegios educativos y económicos de la Iglesia Católica, impide el derecho a la determinación y soberanía de las naciones y confiere al ejército el papel de garante de la unidad de España.

Podemos, Izquierda Unida y el Partido Comunista de España (PCE) forman actualmente una confusa amalgama poscomunista con la marca UP liderada absolutamente por Iglesias, vacía de músculo militante y carente de proyecto político propio frente al PSOE. Este último episodio de la dimisión de todos sus cargos por parte de Iglesias deja a su partido, Podemos, en una profunda crisis interna de gran alcance e imprevisibles luchas cainitas y consecuencias. Crisis que, sin duda se trasladará al conjunto de UP. Pero la dimisión es, sobre todo, la expresión del fracaso de una orientación populista sin programa ni propuesta de sociedad, de una actuación basada en el hiperliderazgo caudillista y de un modelo de partido antidemocrático. Y ante todo muestra el fracaso del gobernismo, esa vieja obsesión del eurocomunismo de entrar a formar parte de los gabinetes ministeriales como condición sine qua non de supervivencia.

Una última consideración. La izquierda marxista revolucionaria también tiene importantes problemas que resolver y el primero de ellos y no menor es su escasa influencia social, política y electoral. Ante si tiene la obligación de reinventarse. Acabó un ciclo político pero las tareas que tiene por delante son más complejas que al inicio del mismo porque deberán combinar un trabajo paciente de reconstrucción de las organizaciones populares y la resistencia social, la elaboración de un nuevo programa ecosocialista, la construcción de un sólido polo político anticapitalista y la puesta en pie de nuevas alianzas sociales y políticas, incluyendo experiencias electorales que le permitan jugar un papel activo en la recomposición del movimiento y eviten que caiga en la irrelevancia. Pero esta cuestión la podemos dejar para otro artículo que reflexione sobre el futuro.

Manuel Garí es miembro del Consejo asesor de viento sur y militante de Anticapitalistas

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