En los años 20 del siglo pasado se produjo un pico en la población que habitaba los núcleos rurales del Estado español. Hasta mediados de siglo, el sector agrario todavía ocupaba a la mitad de la población activa. Sin embargo, a partir de la posguerra se inició un éxodo rural que dejaría más de 2.500 núcleos deshabitados en el siglo XX, llegando en la actualidad a contar con una distribución en la que el 16,7% de la población total vive en un 84,1% del territorio (MAPA, 2020). 

El régimen franquista impulsó medidas para la descampesinización y la modernización del medio rural que pasaron por la incorporación de los llamados paquetes tecnológicos derivados de la revolución verde en la producción agrícola y ganadera. Se realizaron programas públicos, y el modelo de industrialización agraria se impulsó con las llamadas oficinas de extensión agraria, que entre 1955 y 1995 promovieron un modelo de producción agrícola que incentivaba un crecimiento de ciertas producciones y colocaba la prioridad de la producción en alimentar al mercado de canales largos y la exportación. Esto en la práctica suponía proveer al mercado de mucha cantidad de producto, homogéneo y a bajo precio. Además, para sobrevivir en este modelo de producción se necesitaba contar con gran extensión de tierra e importantes inversiones en maquinaria, inversiones que no todas las personas quisieron ni pudieron acometer. 

Variacion de la poblacion espanola entre 1950 y 1981 2

Además, de manera paralela, las ciudades se extendieron, ocupando cada vez un territorio más grande y también el centro y las prioridades de la política pública. La industria se desarrolló alrededor de las ciudades y actuó con un efecto faro para muchas personas del medio rural que buscaban unas condiciones de vida dignas. Esto produjo una migración muy importante, llegando a desplazar en los años 60 a más de 100.000 personas al año (Camarero, 1991).

El territorio como fuente de suministros

Además, este modelo no conlleva únicamente un movimiento poblacional, trae consigo un cambio cultural y de mirada sobre el territorio. Se inicia un camino extractivista que mira al territorio como fuente de recursos, obviando sus límites y organizando a la población en torno a intereses del modelo productivo. Esto supone una desigualdad territorial y un dualismo regional en el que hay una clara diferenciación entre regiones económicamente periféricas, donde predomina la extracción de materiales y la generación de residuos, y regiones económicamente centrales, en las que se concentra el consumo y la acumulación de materiales (Carpintero, 2016). 

Este hecho se ve reforzado por la burbuja inmobiliaria en el Estado, sobre todo en los primeros años del siglo XXI, que produjo una explosión generalizada en el uso de bienes naturales a escala regional. Además, esta burbuja se da de manera principal en territorios no muy extensos, como Murcia, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, produciéndose una enorme demanda de recursos de otros territorios. Así, en lo que se refiere a recursos bióticos (biomasa agraria, forestal y pesquera), Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia han supuesto el 70% de la extracción de recursos de todo el Estado, dominando la especialización de las regiones económicamente periféricas. Mientras, Extremadura y Castilla y León destacan en la extracción de biomasa agraria. Es decir, las regiones menos pobladas se han convertido en centros de acopio para las más demandantes de recursos. 

Estos datos nos arrojan la realidad de un territorio transformado en desigualdad, que coloca la ciudad y algunas regiones como faro y centro, mientras el resto queda despojado tanto de quienes las poblaban como de buena parte de sus bienes naturales. 

Un cambio social y de modelo de consumo

A mediados de siglo, en un país que terminaba de pasar una guerra, las voces del desarrollismo contaban con un terreno bien abonado. En el año 1952 se suprimen las cartillas de racionamiento y ese mismo año se inaugura la fábrica SEAT en Barcelona, con una plantilla de 950 personas. Comienza a instaurarse la idea de bienestar, de progreso y de sociedad desarrollada, a pesar de estar bajo una dictadura. 

Con el tiempo, la necesidad de mano de obra en las fábricas permite a las mujeres incorporarse al mercado laboral, aunque muchas empresas contaban con una dote que pagaban a las mujeres cuando se casaban para que regresaran a ser amas de casa (Astarloa y Carrascosa, 2020). Su incorporación fue tolerada, pero no acompañada de derechos. Aún así, muchas mujeres del medio rural lo vieron como un faro a seguir, atraídas por la posibilidad de contar con un salario y poder vivir en lugares donde el patriarcado estuviese acompañado de menor control social. En los años 70, con la muerte del dictador, se da una apertura de derechos y las mujeres podrán incorporarse en mayor medida al empleo, aunque esto no irá acompañado de un reparto equitativo en las tareas del hogar. 

Así, el imaginario del bienestar se instaura y cambia también el consumo de productos alimentarios. De un consumo basado en productos ligados al territorio se pasan a incorporar cada vez más productos lejanos suministrados por cadenas más largas de distribución. Las mujeres, por su múltiple jornada laboral (productiva y reproductiva), verán cada vez más limitado el tiempo a dedicar en la cocina, y de las ollas a fuego lento se pasará a las ollas exprés que después dieron paso al microondas y poco a poco a los productos ultraprocesados de hoy en día. A la par, se menosprecia lo vinculado a lo campesino y lo rural. Las generaciones que huyeron del campo entendieron que parte de su integración en lo urbano pasaba por desvincularse de su procedencia, lo que produce una pérdida de conocimientos y de vínculos muy importante en las generaciones posteriores. 

Sector primario y medio rural 

En este contexto, el medio rural y el sector primario han sufrido transformaciones muy significativas. A partir de los años 50, el modelo de la revolución verde fue el referente. En épocas de posguerra se marcó como objetivo desarrollar la producción agraria, pero ese desarrollo se hizo bajo parámetros fordistas que priorizaron la cantidad de producción y trataron el alimento como una mercancía más, destinada de manera prioritaria a los canales largos de distribución. 

Quienes optaron por permanecer en el campo abrazaron mayoritariamente este modelo que fue desarrollándose durante las décadas de los 60 y 70 hasta llegar a uno de sus momentos claves, la entrada del Estado español en la Comunidad Económica Europea (CEE), en 1986. Esta entrada supuso la adaptación del sector primario a las exigencias europeas bajo el paraguas de la llamada Política Agraria Común (PAC). 

En ese momento, la PAC todavía era un mecanismo por el que se compraba la producción a precios superiores a los que ofrecía el mercado, incentivando el aumento de la producción. Bajo este incentivo se sustituyeron cultivos y producciones con menores rendimientos, cultivos de secano por regadío y se incorporaron grandes maquinarias e insumos químicos para asegurar grandes producciones. La separación entre la producción de alimentos y las necesidades de la tierra da otro gran paso. 

Pero el funcionamiento de la PAC cambió a principios de este siglo. De ser un incentivo que garantizaba unos precios por encima de mercado, pasó a convertirse en un complemento de renta agrícola. Por lo tanto, la mayor parte de los ingresos debía venir del mercado, un mercado globalizado y altamente competitivo, vinculando las ayudas monetarias al número de hectáreas y no a la producción. Estos cambios dejaron a las pequeñas producciones, con un modelo altamente dependiente de insumos externos, a merced de los precios del mercado, lo que supuso, y sigue suponiendo, la quiebra y el abandono de explotaciones agrarias [mfn]1/ Como ejemplo, en el sector de vacuno de leche cada día dos explotaciones cierran de forma definitiva: https://agroinformacion.com/el-porque-de-las-protestas-de-la-leche-cada-dia-hay-dos-explotaciones-que-cierran-de-forma-definitiva-sus-puertas-en-espana/[/mfn] y la falta de relevo en el sector, traduciéndose en un medio rural cada vez más despoblado y más envejecido. 

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 2020, a día de hoy las actividades en torno al sector primario, que incluyen agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, suponen un 2,7% del PIB. Hay un total de 983.300 personas activas, de las cuales estaban ocupadas 797.300; de este número de personas ocupadas solamente el 62% lo es de forma asalariada, mientras el resto se engloba en mano de obra familiar, luego no recibe salario por su trabajo. Históricamente, las mujeres se han englobado de forma mayoritaria en esta categoría. En esa población activa hay 289 hombres por cada 100 mujeres y en la población empleada la tasa sube a 331; un dato que contrasta con el conjunto de la economía española en el que hay 114 hombres por cada 100 mujeres activas y 119 hombres por cada 100 empleadas. Por otra parte, solo el 8,6% de las explotaciones agrarias está dirigido por personas jóvenes, el 23% por mujeres, y las personas titulares de más de 65 años son el 31,3%. El salario medio de las personas dedicadas a la actividad agraria en dimensiones pequeñas o medianas apenas supera el 70% del salario medio en el Estado. 

Claramente, la esencialidad se ha situado en el mercado y no en el sostén a las personas del medio rural. Se ha subvencionado el abandono rural en base a un modelo desarrollista y desigual, y en los últimos años se escucha hablar de lo vacío o vaciado como si no quedara nada ni nadie en los territorios y estuvieran disponibles para nuevos negocios. Negocios que van desde megaproducciones ganaderas hasta centrales (no las llamemos parques) eólicas o fotovoltaicas. La mirada extractivista vuelve la vista hacia el medio rural sin querer contar con las voces de quienes lo habitan. 

Un territorio herido, pero vivo

A pesar de todo esto, la realidad es que, con mucho esfuerzo, sigue quedando vida en el medio rural. Mínima, precaria y con muchas dificultades para permanecer. Las personas que se han quedado y han mantenido el territorio hoy ven cómo son invisibilizadas y escuchan hablar de sus pueblos en términos de espacios a ocupar, en lugar de espacios a habitar. Mientras las ciudades buscan pintarse de verde sostenible, muchas miradas hacia el medio rural buscan pintarlo de asfalto y visión urbana. El gobierno actual cuenta con un plan de recuperación de 130 medidas frente al reto demográfico (MITECO, 2021) en el que se habla de servicios, muy necesarios, pero con una narrativa que imagina pueblos como espacios coworking en base a modelos de emprendizaje y digitalización, pero habla muy poco de formar a campesinos y campesinas, del acceso a la tierra o de una reforma agraria que permita una vida digna para el sector. En lugar de la promoción de tejidos sociales y de vínculos territoriales, se trata al territorio como un espacio a rellenar, entendiendo la tierra únicamente como bien a explotar y no como la base para la vida. 

La mirada extractivista vuelve la vista hacia el medio rural sin querer contar con las voces de quienes lo habitan

De igual forma, en demasiadas ocasiones se trata a los habitantes de los pueblos y a quienes se dedican a la producción de alimentos como elementos de folclore y se mira al medio rural más en clave de nostalgia que con mirada de futuro. Desde el mismo prisma capitalista que desprecia todo lo asociado al cuidado de la vida, se ha construido el imaginario que sitúa a quienes nos alimentan en lo más bajo de la escala social. 

La propuesta para un mundo rural vivo. Soberanía alimentaria y agroecología

La realidad descrita ha traído contestaciones desde el movimiento campesino en alianza con otros a nivel tanto internacional como local. En 1996, La Vía Campesina define la soberanía alimentaria [mfn]2/ La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. Incluye, entre otras cuestiones, el derecho a decidir de campesinado y consumidoras sobre qué producir y qué consumir, el acceso para el campesinado a agua, tierra, semillas y crédito y su participación en la definición de la política agraria.[/mfn] como un concepto político, desde la soberanía de los pueblos y su capacidad de decisión. La propuesta de la soberanía alimentaria ve como aliada clave a la agroecología, un enfoque alternativo al de la ciencia convencional para los sistemas agroalimentarios en el medio rural. Surge como paradigma científico a partir de la década de los 70 como respuesta teórica, metodológica y práctica a la crisis ecológica y social que se está dando en las zonas rurales. 

La declaración de Nyeleni en 2007 marca un hito a nivel internacional y también en el Estado español, ya que es firmada por distintos movimientos del medio rural y urbano que, comprometidos con la declaración, comienzan a fortalecer sus redes en el marco de la plataforma rural y a impulsar acciones tanto a nivel regional como estatal (López y Álvarez, 2018). 

A partir de estas alianzas surgen propuestas en el medio urbano para avanzar hacia otro modelo alimentario. En un primer momento, en forma de asociaciones de consumidoras y grupos de consumo principalmente. Con el tiempo, todas estas iniciativas, que fueron germen de muchas otras, han ido dando resultados y siendo cada vez más visibles. Las redes alimentarias alternativas, aun siendo minoritarias, representaban, según los datos del Ministerio de Agricultura en 2015, alrededor de un tercio de las ventas totales en productos ecológicos, superando hasta el 50% en producto fresco. La importancia de estas redes se constata con el hecho de que están siendo contestadas desde la gran distribución, que ha visto en lo ecológico un nicho importante de mercado. 

Una nueva recampesinización. De la agricultura familiar a la agroecología

A pesar de este avance y de que se puede afirmar que poco a poco se cuenta con una población más concienciada en el ámbito alimentario (aunque todavía con mucho camino por recorrer), es una realidad que a día de hoy no se ha dado en la misma medida un cambio en el modelo de producción. Si bien se han venido desarrollando múltiples iniciativas desde una mirada agroecológica, todavía existen muchos desafíos que abordar para ser un motor de cambio en el medio rural. El desarrollo de las transiciones agroecológicas pasa necesariamente por un cambio de imaginario social que impulse a las personas a querer retornar al campo y, además, querer hacerlo en modelos a pequeña escala y que busquen modos de relación e intercambio muy distintos a los que imperan hoy en día. En un momento en el que la centralidad está en lo urbano, lo digital y la escala global, plantearse poner pie y manos a la tierra e ir al medio rural a desarrollar este tipo de iniciativas supone ir absolutamente a contracorriente. Además, si bien históricamente la agricultura familiar ha sido el modelo de referencia, se está viendo que la transformación pasa también por resignificar el modelo a pequeña escala y ligado a la tierra. 

La llamada agricultura familiar es una agricultura que en su origen buscaba la autosuficiencia como valor prioritario (Van der Ploeg, 2016). Una agricultura ligada a la tierra y al territorio que, sabiéndose vulnerable y con bienes limitados, preservaba la biodiversidad y formas de hacer que miraban al futuro. Aunque no estaba exenta de desigualdad (la familia es una de las instituciones patriarcales más importantes), con una división sexual del trabajo que ocupaba a las mujeres en los trabajos de cuidados además de las tareas que realizaban en el trabajo productivo, era capaz de alimentar a las personas y cuidar la tierra.

Pero esa agricultura familiar también ha sufrido cambios a lo largo de las últimas décadas. Inundada por el desarrollo, se vio obligada a crecer, a asumir partes de ese modelo industrial y a producir para el mercado. Muchas producciones familiares intentan hoy un equilibrio muy difícil de sostener, buscan mantener su esencia, pero a la vez son esclavas del mercado. 

En este contexto, las iniciativas agroecológicas deben enfrentarse a numerosos retos. El primero, el propio imaginario social de la producción agrícola, muy anclado en ese modelo familiar más tradicional. En muchas ocasiones, en los proyectos agroecológicos, el colectivo que sostiene la producción no es un núcleo familiar o, en el caso de serlo, incorpora miradas más igualitarias y/o no responde a los parámetros tradicionales. En el caso de nuevas pobladoras, son personas que en su mayoría han nacido en un contexto urbano, hijas o nietas de las generaciones migrantes de mediados del siglo XX o personas que llegan de países del Sur. Esas personas llegan en ocasiones a entornos que, por su herida, viven desconfiando de lo urbano, del diferente. Entornos donde ha perdurado un sistema heteropatriarcal bajo un control social mucho más estrecho que en el medio urbano. Además, buscan desarrollar un modelo que confronta con el que han sostenido mayoritariamente quienes aún permanecen en el medio rural. Es decir, han de ganarse su legitimidad en muchos espacios. No todas son nuevas, también hay personas que deciden transitar y cambiar de modelo, bien con su propia producción o con la producción heredada. En estos casos reconocen que también es difícil sobrevivir a la presión social del entorno. 

Las iniciativas agroecológicas deben enfrentarse a numerosos retos. El primero, el propio imaginario social de la producción agrícola

Además del desafío a nivel humano, se suma el desafío de poner en marcha un espacio productivo bajo unos criterios muy alejados de lo reconocido y premiado por el sistema. El primer obstáculo para muchas es el acceso a la tierra, bien indispensable y de muy difícil acceso por distintas razones, principalmente la escasez y los altos precios derivados de fenómenos de acaparamiento que se están viviendo en todo el Estado (Mundubat, 2015).

Otro de los obstáculos importantes para la obtención de recursos serán las propias políticas públicas. Tal y como se comparte en algunos estudios (Mundubat, 2021), este tipo de modelos “no encajan en las casillas” contempladas por las políticas públicas para medidas de apoyo a la producción o a la incorporación de personas al sector primario. Esas medidas van encaminadas a financiar grandes inversiones para grandes modelos, inversiones que han de realizarse en un corto período de tiempo y que difícilmente permiten incorporaciones escalonadas. Condicionantes que resultan incompatibles con las iniciativas agroecológicas. Además de todos estos retos, estará el partir con la etiqueta de alternativo que por sí misma ya sitúa al modelo lejos de la centralidad.

Despacio, pero caminamos

Pero a pesar de todo ello, y aunque más lentamente de lo necesario, el modelo avanza. Cada vez son más las personas que han decidido instalarse en el medio rural bajo este tipo de modelos. Los datos muestran que mientras en el cómputo total de explotaciones agrarias la tendencia es a disminuir, en las que se vinculan a producción ecológica la tendencia es ascendente. A su vez, las iniciativas de consumo no paran de crecer y de reinventarse en múltiples formas. A los grupos de consumo y asociaciones, mayoritarios en los 90 y 2000, se han sumado otras propuestas como grupos más comprometidos de Agricultura Sostenida por la Comunidad, supermercados cooperativos, la recuperación de mercados de productoras, obradores compartidos, pequeñas tiendas y economatos, tanto en la ciudad como en los pueblos, o bancos de alimentos que articulan lazos con la producción agroecológica del territorio. De igual forma, surgen nuevas articulaciones políticas en el sector desde prismas feministas e interseccionales como Ganaderas en Red o Jornaleras de Huelva en Lucha. Iniciativas que demuestran otra forma de hacer y que se han visto reforzadas en tiempos difíciles como han sido los meses de la pandemia de la covid-19 (URGENCI, 2020). 

Tejer lazos desde una mirada territorial amplia, en la que medio rural y medio urbano se entiendan como parte de un todo

El avance de todas supone articular transiciones de manera coordinada. Transiciones organizadas desde una mirada que busque no solo la transformación de campos y platos, sino una transformación social de los imaginarios, en los que el medio rural y sus habitantes deben ser valorados por todo lo que suponen en sí mismos y no como agentes subordinados al servicio de otras. Esto pasa necesariamente por tejer lazos desde una mirada territorial amplia, en la que medio rural y medio urbano se entiendan como parte de un todo y no como dos realidades separadas. Solamente desde esa transformación, las propuestas de transición agroecológica podrán ser priorizadas y trascender a su encasillamiento como alternativa. En un contexto de crisis climática y social como la actual, para una verdadera transformación, los modelos que sostienen y alimentan la vida han de estar en el centro. La soberanía alimentaria debe asumirse desde toda la sociedad entendiendo que el mantenimiento de un medio rural vivo pasa necesariamente por una regeneración del tejido productivo bajo parámetros agroecológicos, por una transformación y redistribución de las tareas en las cocinas (y en la sociedad) y por una conciencia colectiva de ecodependencia e interdependencia que difícilmente podrá sobrevivir sin las manos que cuidan y trabajan la tierra. 

No se trata de imaginar, ni de hacer hipótesis; muchas cosas ya están pasando, otras realidades ya existen, el reto es hacerlas visibles, sacarlas de lo marginal y construir un mundo rural vivo que nutra y alimente de verdad a la vez que cuente con habitantes que se valoren como lo que son, un pilar fundamental sin el que no podríamos alimentarnos y del que dependemos todas. 

Isa Álvarez Vispo es hija y nieta de campesinas, participa en la Coordinación Baladre, en Ecologistas en Acción y es presidenta de la Red URGENCI

Referencias

Astarloa, Alazne y Carrascosa, Francisco Javier (2020) El papel de las patronas en Ermua: la importancia del trabajo doméstico en el proceso productivo. Ermua: Ayuntamiento de Ermua, Departamento de Igualdad de Oportunidades.

Camarero, Luis (1991) “Tendencias recientes y evolución de la población rural en España”, Política y sociedad, 8, pp. 13-24.

Carpintero, Oscar (Dir.) (2015) El metabolismo económico regional español. Madrid: FUHEM Ecosocial. 

Féodoroff, Thimoté; Parot, Jocelyn y Schneider, Maximiliam (2021) Enacting resilience: the Response of Local Solidarity-based Partnerships for Agroecology to the Covid-19 Crisis. URGENCI.

López, Daniel y Álvarez, Isabel (2018) Hacia un sistema alimentario sostenible en el Estado español. Propuestas desde la agroecología, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Madrid: Foro Transiciones.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (2020) Informe anual de indicadores. Agricultura, pesca y alimentación 2019. 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (2021) Plan de recuperación, 130 medidas frente al reto demográfico.

Mundubat y CERES (coord.) (2021) Participación política de las mujeres campesinas en el Estado español. 

Mundubat y Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas (coord.) (2015). Estructura de la propiedad de la tierra en España. Concentración y acaparamiento. 

Van der Ploeg, Jan D. (2016) El campesinado y el arte de la agricultura, Barcelona: Icaria.

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