Gara

El fiscal de la Audiencia Nacional española, Carlos Bautista, «no ve necesario» el arresto de los cuatro torturadores franquistas que reclama la jueza María Servini, que instruye la causa argentina contra los crímenes de la dictadura. Así lo planteó ayer mediante cuatro escritos remitidos al juez del tribunal de excepción, Pablo Ruz, que es quien se encuentra de guardia esta semana. Según informaron diversos medios españoles, el ministerio público instó al magistrado a abrir un expediente con el que solicitar a Argentina que reclame formalmente la extradición. No obstante, la última palabra sobre los arrestos la tendrá Ruz, quien a última hora de la tarde de ayer no había hecho pública ninguna decisión, según fuentes jurídicas consultadas por GARA.

Para rechazar el arresto de los cuatro torturadores (en realidad tres, ya que se ha confirmado que Celso Galván falleció en 2009), la Fiscalía se aferra a varios argumentos jurídicos. En primer lugar, el tiempo transcurrido desde que cometieron los delitos. También alude a la vigencia de la Ley española de Amnistía de 1977, que exoneraría a los torturadores. Además, considera que el convenio entre el Estado español y Argentina sobre extradición exige «un relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión del delito» que no ve reflejado en las documentación.

Unos argumentos que no comparte el abogado Carlos Slepoy, representante de los querellantes, quien señaló que los crímenes no pueden considerarse prescritos ni amparados por la Ley de Amnistía porque «se trata de delitos contra la humanidad». Recordó que el procedimiento actual es similar al desarrollado en la misma Audiencia Nacional española contra las dictaduras argentina y chilena. Además, rechazó las tesis sobre la falta de concrección de las demandas y alertó sobre el «riesgo de fuga».

El juez Pablo Ruz es quien tendrá que decidir. Podría decretar el arresto o bien informar al juzgado de María Servini de que los tres torturadores se encuentran a disposición de la Justicia. A partir de entonces, la togada argentina dispone de 40 días para solicitar la extradición. Será entonces cuando la Audiencia Nacional determine si los entrega, los juzga en el Estado español o rechaza ambas posibilidades. «Hay una orden roja de detención de Interpol. Si no fueran detenidos ni juzgados quedaría evidente que su único refugio es el lugar donde cometieron los crímenes», indicó Slepoy.

25/09/2013

http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130925/424296/es/La-Fiscalia-mueve-ficha-para-evitar-entrega-torturadores/

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