Los resultados electorales del 28 de mayo en Baleares han supuesto un duro batacazo para el Pacte encabezado por la socialista Francina Armengol cuyo partido, durante las últimas dos legislaturas, había gobernado en las principales instituciones de las Islas tejiendo pactos con Unidas Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera. La victoria del Partido Popular y la subida de la ultraderecha de Vox, sobre todo en Palma, han sido tan contundentes que no existen fórmulas ni geometrías posibles para evitar que el PP gobierne en todas las islas en la próxima legislatura, está por ver si en solitario o de la mano de Vox. Esto se ha debido, principalmente, al hundimiento de Unidas Podemos, que de su máximo histórico situado en 120.000 votos no llegó a los 20.000 el pasado 28-M. Asimismo, esta nueva convocatoria ha supuesto la desaparición del Parlament de la derecha regionalista del PI, en otro tiempo partido bisagra y llave de gobiernos, así como la confirmación de la ya anunciada desaparición de Ciudadanos en donde su Secretaria General, Patricia Guasp, se presentaba como cabeza de lista.

Las causas de la debacle de Podemos que se ha llevado consigo la posibilidad de reeditar un tercer gobierno progresista se resumirán más adelante, pero como dato indicativo de su sonada derrota cabe destacar que la cabeza de lista al Parlament y actual Secretaria General del partido en Baleares, Antonia Jover, ni siquiera consiguiera su escaño. En el Parlamento balear, la formación morada se ha salvado del extraparlamentarismo con la entrada pírrica de una diputada por Menorca (Mallorca e Ibiza no consiguen escaño) que a los dos años debe rotar con un miembro de Esquerra de Menorca (IU), desapareciendo del Consell de Mallorca y con una sola concejala en el ayuntamiento de Palma.

Los cogobiernos de las dos últimas legislaturas, tanto a nivel autonómico como de los Consells insulars y principales ayuntamientos de las islas, se habían venido sosteniendo sobre tres patas: la más gruesa de ellas, la del PSIB, liderada por la expresidenta y ya candidata del PSOE a las elecciones generales por Baleares, Francina Armengol, aguantó el pasado domingo el embate de la derecha, con diferencias y matices por islas y municipios, pero subiendo en votos en el cómputo global. La segunda pata, Més per Mallorca, formación hermanada a través del Acuerdo de Turia con Compromís, Más País, Verdes-Equo y CHA y Proyecto Drago, perdió votos pero no escaños, aunque manifestó signos de debilidad en los resultados de su candidato al Govern. Pero ha sido la tercera pata, la de Unidas Podemos, la que se ha hundido de manera estrepitosa con unos pésimos resultados por debajo de los peores pronósticos, hundiendo consigo una ya imposible tercera legislatura de Pacte progresista en Baleares. De 10 diputadxs en 2015, a 6 en 2019, a 1 en 2023. Un desastre sin paliativos.

A diferencia de lo sucedido en otras comunidades autónomas, la participación en les Illes subió varios puntos con respecto a 2019, rozando el 58%, pero de manera clara los votos movilizados fueron hacia la candidatura de Marga Prohens del Partido Popular y, también, hacia la ultraderecha, que con un 20,47% de los sufragios en Palma hizo de la capital de Mallorca el mayor feudo de votantes de Vox de todo el Estado español, y con casi un 14% de votos autonómicos, firmó el mejor resultado después de Murcia. La polarización con el sanchismo, la identificación de Armengol con el Presidente del gobierno y la exacerbación del nacionalismo español, haciendo la ultraderecha, además, de la cuestión lingüística un permanente casus belli, han dado réditos tanto al PP como a Vox en la pasada convocatoria electoral.

Se explicarán a continuación algunas de las causas de estos nefastos resultados que auguran un escenario en Baleares de agresiones sin precedentes en el terreno social, ambiental, cultural y lingüístico. Precisamente por ello, deben suponer un revulsivo para tomar conciencia de la necesidad de organizarse para hacer frente a estas agresiones, volviendo a ocupar el terreno que las opciones gobernistas han descuidado o abandonado y que la (ultra)derecha se ha movilizado para llenar, aprovechando la banalización del fascismo con la ayuda de los medios de comunicación y el éxito de las banderas de España como rasgo contestatario entre muchos jóvenes.

El hundimiento de Podemos en Baleares que se ha llevado por delante el gobierno del Pacte no puede únicamente explicarse, como hacen de manera simple y autocomplaciente sus dirigentes -que a día de hoy siguen sin dimitir- por la desafección generada a través de la derecha mediática, por lo desconocido de sus cabezas de listas, algo dictaminado desde la dirección estatal, o por el escenario de proyecto en disolución tras el nacimiento de Sumar. La crisis interna de la formación morada se venía fraguando desde hace años y se debe a una combinación de causas, como la intervención consciente para el desmembramiento, hasta su casi total extinción, de los 50 círculos existentes en Baleares; el despachar cualquier asunto complejo con absoluta falta de democracia interna amparándose en la famosa, y ya hace tiempo averiada, “máquina de guerra electoral”; depender de manera enfermiza de las llamadas y los telegrams de Madrid y desatar el silenciamiento o la persecución ideológica hacia cualquier voz disidente.

Políticamente también hay explicaciones de calado que sirven para entender mejor el desastre del domingo. Podemos pasó de dar apoyo externo al gobierno de Armengol en 2015, negociando ley a ley, en conexión con los movimientos sociales y ostentando un perfil claro de oposición de izquierdas, a integrarse plenamente en el gobernismo en la segunda legislatura iniciada en 2019, hasta quedar absolutamente diluido en una gestión con muy pocos réditos para la formación, que siempre ha aparecido como subalterna al PSOE. Esta tendencia del gobernismo a toda costa ya se había dibujado en la primera legislatura desde el Consell de Mallorca, en donde con Podemos dentro del gobierno se perpetró uno de los mayores ataques medioambientales que ha sufrido la isla en la última década: la construcción de la autopista de Campos, votada por unanimidad por PSOE, Podemos y Més en el Consell, con la aquiescencia de un Podemos ya roto en dos por la fuerte oposición que muchos de sus entonces miembros hicieron a dicha medida, la mayoría de los cuales, con posterioridad, abandonaríamos la formación.

La línea de claudicaciones ya iniciada con la autopista de Campos se culminaría con el reparto de consellerias y responsabilidades de gobierno en esta segunda legislatura, en la que Unidas Podemos aceptó carteras de bajo impacto muy alejadas de los que debían haber sido sus intereses y los de sus votantes, con la excepción de las competencias de Memoria Democrática, desde donde se ha trabajado con acierto, gracias también a leyes aprobadas en la legislatura anterior y al apoyo de las asociaciones memorialistas. Aunque la nómina de agravios puede alargarse, por su importancia en el descrédito de Podemos en la capital, principal centro demográfico de Baleares con excelentes resultados en anteriores convocatorias, es necesario destacar los desaciertos constantes de Podemos en el Ayuntamiento de Palma y de su exsecretario general y concejal, Alberto Jarabo. Entre otros aspectos de su mala gestión, en donde el partido no ha trabajado para construirse en los barrios, se le debe, con la connivencia de la dirección balear, la incorporación de Sonia Vivas para ser su número dos y formar parte de la lista de fichajes estrella de Podemos con aspiraciones exclusivamente personales (dimitió a mitad de legislatura para dedicarse a escribir una saga de libros de autoayuda), que solo han servido para hundir más el proyecto.

Durante esta segunda legislatura del Pacte progresista inaugurada en 2019, tanto el PSOE como Més como, por supuesto, Podemos, que era del que más sensibilidad y atención cabía esperar para revertir las situaciones de enorme desigualdad social que se siguen viviendo en Baleares, han dejado pasar la oportunidad abierta por la crisis de la pandemia del Covid-19 para dar un giro al modelo económico del monocultivo turístico. Si bien no pueden negarse avances estas dos legislaturas en diversos aspectos sociales que la (ultra)derecha posiblemente querrá borrar, el modelo económico, por el contrario, ha sido reafirmado y apoyado sin fisuras y sin oposición alguna, bajo la promesa, esta sí cumplida, de ofrecer buenas cifras de empleo.

No obstante, se ha claudicado ante el costoso peaje de mantener intacta la precariedad en la que malviven del turismo capas cada vez más amplias de la población del archipiélago. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) afirmaba recientemente que son más de 200.000 las personas que viven en riesgo de exclusión social en la comunidad que más turistas recibe con relación a su número de habitantes de toda España. Del mismo modo, cada vez son más las familias que no pueden hacer frente al pago de la vivienda en la segunda comunidad con los precios más caros y la primera en cuanto a coste de la canasta básica. El gobierno progresista también ha pagado caro en su cita con las urnas el no haber resuelto problemas acuciantes para clase trabajadora de las Islas como los citados: vivienda, coste de la vida, falta de una buena red de transporte público, y sí haberse preocupado, en cambio, de mantener contenta a la patronal hotelera, que corrió a abrazarse eufórica al PP tras los resultados del pasado domingo. Los poderosos nunca cambian de aliados y solo coyunturalmente viran, si eso les garantiza algún rédito.

A pesar de que la principal sangría de votos de Podemos no se ha dado hacia el lado de Vox, como algunos analistas han intentado hacer creer, sino hacia la abstención, puede afirmarse que el gobernismo a toda costa y su disolución en el mismo, la incompetencia manifestada por varios de sus cargos y la inanidad de otros, más preocupados por sus redes sociales que por trabajar para dar solución a los problemas la mayoría social, han compuesto un cóctel letal. A ello debe sumarse el haber regalado todo el papel de oposición política al PP y a Vox, que han visto crecer sus respectivos apoyos por encima incluso de sus expectativas.

El escenario que ahora se abre plantea un futuro amenazador para unas clases populares en Baleares cada vez más depauperadas: se agudizarán los problemas de acceso a la vivienda, así como en la sanidad y la educación públicas; se torpedearán avances en cuanto a derechos de las mujeres y de las personas trans; se amenazarán derechos de las personas migrantes y proliferarán los ataques en el terreno ambiental, cultural y lingüístico. Pues, aunque el PP ante la convocatoria electoral del 23 de julio afirme hoy que gobernará en solitario, es totalmente previsible que llegue a acuerdos con la ultraderecha para repartir una parte de su poder, legislar y aprobar presupuestos. La estrategia de Vox también parece clara: primero incendiarán el monte con su apuesta por asfixiar el catalán, cerrar la radiotelevisión pública de Baleares, IB3, o dar barra libre al crecimiento ilimitado y con ese humo taparán todo lo demás.

Ante este escenario de ley de la selva, toca organizarse políticamente y tejer un programa de resistencia con propuestas para este nuevo ciclo. Toca estar presentes en los sindicatos de clase, las asociaciones de vecinxs, los movimientos ecologistas y en defensa de la tierra, la lucha de las mujeres y de las personas LGTBI y apoyando a las personas migrantes en los barrios obreros que ya manifiestan temor ante la islamofobia. Es necesario levantar una alternativa de clase, independiente, ecosocialista, feminista y anticapitalista que no lo supedite todo al gobernismo inerme de selfie que no ha sabido dar solución a problemas acuciantes para la mayoría trabajadora de las Islas. Hoy más que nunca, necesitamos trabajo a pie de calle, organización social, más activistas barriales y menos community managers.

Laura Camargo Fernández, Pep Juárez y Sergio Storti son militantes de Anticapitalistes Illes Balears.

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