El gobierno polaco se erige en portavoz de la Confederación Sindical Internacional en la cuestión de la transición justa.

Los grandes medios de comunicación lo propagan: desde las primeras jornadas de la COP24 en Katowicze, el gobierno polaco ha presentado a los demás gobiernos una resolución sobre la transición justa. “Andrzej Duda [presidente de la República de Polonia] ha insistido en la importancia del consenso social como condición del éxito de las políticas medioambientales”, informa Le Monde. Haciendo referencia a las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia, ha aconsejado a Macron “que se remita a la declaración de la transición justa, un modus operandi para hallar el buen equilibrio entre economía baja en carbono, la creación de empleo y la calidad de vida”…

La hipocresía del planteamiento polaco salta a la vista. Climatoescéptico y nacionalista liberal, el presidente Duda no pretende otra cosa que manipular demagógicamente la inquietud por el empleo de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales. Su verdadero objetivo es evidente: frenar al máximo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que pudieran imponerse al país, en beneficio de los empresarios de la minería del carbón y del sector energético (el 80 % de la electricidad polaca se genera mediante la combustión de carbón).

Sin embargo, hay un dato que los grandes medios no han reflejado y que vale su peso en cacahuetes: esa “Declaración de Silesia por la solidaridad y la transición justa” no responde a una iniciativa de las autoridades polacas, sino de… la dirección de la Confederación Sindical Internacional (CSI). La secretaria general, Sharan Burrow, lo explica negro sobre blanco en el documento “Peticiones prioritarias de los sindicatos a la COP24”, difundido por la CSI en noviembre de 2018: “Los gobiernos pueden mostrar su compromiso firmando la Declaración de Silesia sobre la solidaridad y la transición justa. El movimiento sindical mundial ha propuesto un texto y el gobierno polaco ha hecho suya esta iniciativa.”

¿Por qué esta maniobra? ¿Por qué CSI apela así al gobierno polaco, enemigo declarado de la clase trabajadora y del medioambiente, para defender su concepto de transición justa? Para responder a esta pregunta hay que recordar la definición muy particular de la transición justa que adoptó la CSI en el congreso de Vancouver en 2010.

En efecto, dicho texto no se limita a decir que los trabajadores y trabajadoras no deben pagar el pato de la transición ecológica: aboga por que esta última “no ponga en peligro la competitividad de las empresas y no ejerza una presión excesiva sobre los presupuestos de los Estados” (art. 5). La orientación neoliberal de este documento es bastante evidente. Además, la exigencia de respeto de la competitividad ni siquiera viene acompañada de una reserva relativa al sector de las energías fósiles, principal responsable del cambio climático.

Tras el disfraz de la transición justa y de la asunción de la cuestión ecológica, la dirección de la CSI impulsa en realidad una política de colaboración de clases. Su objetivo principal es el de proteger a los aparatos burocráticos que la componen y mantener su función de intermediarios entre la patronal y el mundo del trabajo. Así se entiende por qué puede pisar el acelerador de la transición, o el freno, en función de las circunstancias. Veamos esto más de cerca.

De manera general, desde el congreso de Vancouver, la dirección de la CSI adopta una perspectiva mítica de un capitalismo verde, considerado capaz de crear millones de puestos de trabajo verdes y dignos. Colabora en particular con la Organización Internacional de Empresas en el marco de la Green Job Initiative (bajo el amparo de la ONU), cuyos informes explican largo y tendido que la transición justa hacia un “desarrollo sostenible” creará una sociedad armoniosa en el que el mundo del trabajo podrá desarrollarse plenamente en el respeto de la igualdad de géneros. Ni que decir tiene que estos documentos surrealistas no dicen ni pío de la despiadada ofensiva patronal –de los empresarios verdes y de los otros– contra el mundo del trabajo.

La secretaria general de la CSI es la viva encarnación de esta política. En efecto, Sharan Burrow es miembra de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima, fundada por Nicholas Stern, un laboratorio de ideas extremadamente influyente del capitalismo verde. Consciente del interés estratégico de un lazo fuerte con las estructuras de la CSI, la Comisión Global ha hecho suyo el concepto de transición justa, de lo que la CSI se ha felicitado públicamente. Y esto no es todo: en enero de 2018, Burrow formaba parte del equipo de siete mujeres escogidas para presidir la cumbre de Davos, de cuya declaración final fue corredactora. La acompañaban, entre otras, Christine Lagarde, directora del FMI; Ginny Rometti, directora de IBM, e Isabelle Kocher, presidenta de ENGIE… Todas ellas representantes del feliz mundo liberal-mundialista, más bien alejado del mundo del trabajo.

Hasta ahí, todo iba bien en el mejor de los mundos capitalistas posibles. El problema surgió con el deseo de determinados políticos de redoblar las ambiciones climáticas para que la reducción de emisiones sea coherente con el objetivo de 1,5 °C como máximo. Este deseo no gusta al mundo de los negocios. No gusta, desde luego, a los capitalistas sucios, pero tampoco gusta a los capitalistas verdes. Estos últimos están muy de acuerdo con Nicholas Stern, quien escribió en su célebre informe sobre la economía del cambio climático (2006): “No hay que hacer demasiado, ni demasiado rápido”.

Los patronos, en particular los del automóvil, lo han hecho saber recientemente a los políticos en la votación en el Parlamento Europeo sobre los objetivos para 2030. Y se lo hacen saber todavía más discretamente a las direcciones sindicales, todos los días. Algo así como “decid a vuestros amigos políticos que no hagan demasiado ni demasiado rápido en materia climática, pues lo contrario será malo para el empleo”...

Así es sin duda cómo la dirección de la CSI, de vuelta de Davos, ha cambiado de rumbo para dirigirse al nacionalpopulista y climatoescéptico Duda, colega de Trump, cuyo gobierno tolera las manifestaciones de neonazis, para solicitarle que defienda en la COP la transición justa.

¡Menuda farsa! Y la gente se sorprende de que el sindicalismo esté en crisis, que los afiliados y afiliadas se sientan desamparadas. El mundo del trabajo merece más que eso: un proyecto ecosocialista que luche tanto contra la destrucción social como contra la destrucción medioambiental.

05/12/2018

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article47056

Traducción: viento sur

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