El referéndum por la independencia de Escocia ha dado un resultado claro: el No ha ganado por un 53,3% frente a un 44,7 % del Sí, con un 84,59 % de participación; 2.000.926 votos por el No, frente a 1.617.989 por el Sí. Escocia no será un país independiente porque así lo han decidido libremente sus ciudadanas y ciudadanos. Ha sido una derrota para las personas de Escocia que querían la independencia. Pero la convocatoria del referéndum y la forma como se ha desarrollado ha sido una victoria para las gentes que, en Escocia y todo el mundo, luchamos por el reconocimiento del derecho de las naciones a decidir libremente su futuro; para todos los que queremos una democracia plena, que debe incluir necesariamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por eso estamos agradecidos a todo el pueblo escocés, tanto a los que han votado sí como a los que han votado no, por su altísima participación y por la lección que han dado al mundo de que los conflictos nacionales se pueden dirimir por métodos democráticos, con la misma normalidad con que se discute y se toman decisiones sobre otros problemas.

El ejemplo escocés habrá servido para mostrar claramente una serie de cuestiones importantes.

Estado y nación no son la misma cosa. Hay muchos estados plurinacionales y muchas naciones sin Estado. La posibilidad de nacimiento de nuevos estados independientes no es una reliquia del siglo XIX, sino que corresponde a deseos actuales, incluso en el corazón de la vieja Europa.

Las reivindicaciones nacionales y el derecho de autodeterminación de los pueblos no son estratagemas de la burguesía para dividir a las clases populares, aunque en ocasiones se puedan utilizar para eso. Son reivindicaciones que, cuando una nación se siente oprimida, son transversales a toda la sociedad, incluidas las clases populares, cosa que ha sido particularmente evidente en Escocia.

Quienes han decidido sobre la independencia han sido todas las personas de Escocia, no las del conjunto del Reino Unido, por más que lleven más de trescientos años formando parte del mismo Estado. Y lo que vale para Escocia debe valer para otras naciones.

Votar sobre la independencia es una acción democrática tan legítima, tan normal, que puede ser aceptada incluso por una reina tan conservadora como Isabel II y por un gobierno tan reaccionario como el de Cameron.

Votar a favor o contra la separación ni estimula conflictos étnicos, ni separa a las familias, ni compromete la convivencia. Resolver los problemas por métodos democráticos es mucho más saludable para la convivencia que negar su existencia o intentar ahogar su expresión por métodos autoritarios.

La normalidad democrática del referéndum escocés sirve también para poner de relieve el carácter excepcional de la democracia tutelada del Estado español. La normalidad democrática consistiría en que algunas de las cosas que han sucedido en Gran Bretaña y Escocia pudieran repetirse en España y Catalunya. Por ejemplo, que Felipe VI declarara que la independencia de Catalunya es un asunto que deben decidir los catalanes; que ningún alto mando militar se permitiera opinar contra el referéndum y, menos aún, amenazar en caso del triunfo del Sí; que Rajoy permitiera la consulta y que recorriera Catalunya exponiendo sus razones para el No-No, o que para evitar el triunfo del Sí-Sí hiciera promesas de mayor autonomía (el pacto fiscal o permitir la normalización del catalán, por ejemplo); que Pedro Sánchez y otros dirigentes del PSOE acudieran a Catalunya a debatir respetuosamente con partidarios de la independencia; etc.

Eso es lo que debería suceder si la democracia española estuviera normalizada, sin la excepcionalidad que le confieren las incrustaciones franquistas pactadas durante la Transición y sin la selección que operan en el ADN de la mayoría de la casta dirigente. Ejemplos de estas incrustaciones son los párrafos de nuestra Constitución que hablan de “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (artículo 2) o que las Fuerzas Armadas tienen como misión “defender su integridad territorial” (artículo 8). Y esta herencia franquista es la que se esgrime para negar el derecho del pueblo catalán a votar, incluso en una consulta sin carácter vinculante.

En los próximos días y semanas esta excepcionalidad española se va a hacer más evidente, porque el contraste entre la normalidad democrática del referéndum escocés y los acontecimientos españoles será muy intenso. ¿Por qué lo que es normal en Escocia y el Reino Unido no puede ser normal en Catalunya y España? ¿Por qué Escocia puede ejercer libre libremente su derecho a decidir y a Catalunya se le niega? Entonces quizá mucha más gente entienda que la cuestión de fondo que se está dirimiendo no es la independencia, sino la democracia. Que los cientos de miles de manifestantes que en toda España gritaban “Le llaman democracia y no lo es” tenían razón, y que el derecho a decidir es una cuestión de democracia. Si esto llega a suceder, será en buena parte mérito del pueblo de Escocia, que no ha ganado la independencia pero ha instalado el derecho a decidir en la agenda política.

19/09/2014

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