Tras la formalización de un acuerdo entre las dos fuerzas del Gobierno de coalición, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 será llevado al Congreso para su previsible aprobación. Ante ellos, conviene llevar a cabo un análisis que nos permita comprender algunas de las intenciones del Gobierno para este próximo año, pues los presupuestos no son una cuestión técnica, de mera gestión económica, sino que son, ante todo, una apuesta política que se enmarca en una visión concreta de la sociedad y del proceso económico. Los presupuestos posibilitan o alejan la consecución de unos u otros objetivos, delimitan quienes saldrán ganando y quienes perdiendo con su ejecución y, en definitiva, reflejan el modelo de sociedad por el que apuestan el gobierno y también las diferentes fuerzas políticas, incluidas las que los rechazan.

El debate presupuestario estuvo precedido por el anuncio por parte del gobierno de Sánchez de un paquete de medidas que configurarían el “plan” fiscal para 2023. Anuncio que generó una discusión en los medios de comunicación y entre las fuerzas políticas y poderes económicos, como si de una reforma tributaria en profundidad y en clave socialista se tratara. Nada más alejado de la realidad.

Desde el primer momento era evidente que el análisis de esas medidas de recaudación tributaria, en gran medida temporales, debía de hacerse de la mano de las partidas de inversión y gasto público contenidas en los presupuestos. Ello es lo que permite tener el cuadro político global de los propósitos gubernamentales y nos permite evaluar los posibles escenarios y resultados.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda anunció que se trata de medidas que se han incorporado a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 o en leyes que permitan su puesta en marcha durante el próximo año. O sea, son medidas de corto plazo y vuelo cuya función es dar credibilidad y viabilidad a las previsiones presupuestarias en la actual coyuntura económica y política.

El gobierno de coalición enfrenta sus últimos meses de la legislatura y requiere de un impulso electoral para contrarrestar la decepción sobre su mandato. Para la mayoría, las condiciones de vida siguen empeorando, y el programa de la coalición, ya sumamente tímido, queda lejos de cumplirse incluso en sus aspectos fundamentales, lo que demuestra los límites que presenta la estrategia reformista como posibilidad de desarrollo político real a largo plazo.

Siguiendo la fórmula de uno de los análisis de coyuntura más lúcidos de los últimos meses (que parte del panorama político madrileño, pero que contiene elementos que nos permiten comprender el estatal)1/, la apuesta por una política neoliberal compasiva por parte del gobierno de coalición contrasta con la interpretación de sus medios y periodistas afines, que los alaban como una propuesta que devuelve la centralidad al gasto social y a la inversión, al mismo tiempo que respeta con prudencia los compromisos internacionales, con Bruselas y con la OTAN. Esto evidencia su pretensión propagandística y su vocación “atrapalotodo”, cuyo éxito es ciertamente dudoso.

La cada vez más cercana convocatoria electoral y el recrudecimiento del acoso de la derecha, los medios y los poderes económicos, influyeron de manera evidente en el ejecutivo de coalición. Durante meses podría decirse que paralizaron la acción de gobierno e hicieron que su legitimidad y apoyo en la opinión pública se resintieran, haciendo verosímil la amenaza de un asalto a La Moncloa del Partido Popular. Por otra parte, en el plano de lo real y cotidiano, la mayoría social ha visto empeorar sus condiciones de vida por la carestía de la cesta básica y la energía, el aumento de los alquileres y el precio delas hipotecas y la práctica congelación salarial, lo que ha originado un distanciamiento de amplias capas de la población respecto a quienes les gobiernan. En ese contexto debemos también entender esta nueva propuesta presupuestaria.

Políticas de los Presupuestos Generales del Estado Consolidados 2023:

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(1) Excluidas en PGE 2022 las transferencias a las administraciones territoriales por el SII IVA y liquidación 20 negativa Comunidades Autónomas.

  1. Proyecciones poco verosímiles para una política neoliberal pragmática
    1. Crecimiento y recaudación

En primer lugar, debemos señalar lo que supone uno de los principales errores en la interpretación gubernamental de la coyuntura económica actual. Las previsiones sobre las que se ha presentado este proyecto de PGE intuyen un escenario más optimista de lo que previsiblemente tendremos el próximo año. La previsión de crecimiento para 2023 es del 2,1%. Otras instituciones oficiales como el Banco de España2/(Gráfico 1) o la AIREF3/ son más cautas, lo sitúan en torno al 1,4% y al 1,5%, respectivamente. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo estima en un 1,2%4/.El optimismo del Gobierno se evidencia también al atender a previsiones de otras instituciones, como el BBVA5/ o Funcas6/, que apuntan a una recesión en el Estado español en el último trimestre de 2022, con estimaciones de crecimiento del PIB del 1% y del 0,7%, respectivamente. Debemos hacer notar que EE. UU. lleva en recesión técnica dos trimestres de este año. A su vez, las previsiones para la economía alemana, locomotora de la economía de la Unión Europea (UE) y en concreto cliente y proveedor estratégico en el caso español, son muy sombrías en gran medida por su dependencia del gas suministrado por Rusia. En nuestra opinión, el escenario más previsible en el próximo año para el caso español es el estancamiento7/.

Gráfico 1. Previsiones de crecimiento del PIB, en % medio anual.

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Fuente: Banco de España

Bien es cierto que en 2021 y 2022 ha habido un fuerte efecto rebote que, tras dos años, ha reestablecido los niveles de actividad anteriores a la pandemia. Pero recordemos que eso no es crecer, sino reestablecer. Además, la reactivación ya viene avisando de que el ciclo económico positivo llega a su fin, como ya reflejan varios indicadores adelantados, de empleo, de demanda (PMI), de salarios, inversiones o de rentabilidad. Este verano ha sido el momento más álgido del ciclo, que está cambiando de tornas. Todo en un contexto económico mundial complejo como pocos.

La previsión del PIB resulta clave, porque de ella depende la expectativa de recaudación de ingresos por parte de las arcas estatales (en 2022va a ser de 244.071 millones de euros) así como para poder evaluar si los recursos de las distintas partidas son más o menos, en términos relativos. Al caracterizar al estado como capitalista, sabemos que es tanto garante de las condiciones generales de acumulación, como que tiene una inevitable dependencia del capital, pues sus ingresos son dependientes del proceso de extracción de plusvalía por parte de los propietarios de los medios de producción. Por ello, incluso las actividades del sector público están subordinadas a la lógica de valorización del valor, pues su financiación (por la vía fiscal) depende del dinamismo del sector capitalista.

El presupuesto prevé seguir creciendo con la recaudación, un 7,7% más que el año anterior, hasta los 262.781 millones de euros de ingresos tributarios. Sin embargo, como decimos, vamos a estar cerca del estancamiento (otros países caerán en recesión) y eso afectará al nivel de ingresos públicos. También se anuncian algunas reformas fiscales temporales o menores, en los sectores de la banca, empresas energéticas, el tratamiento del ahorro en el IRPF, sobre los grandes patrimonios, u otras que, en sentido contrario, suponen reducción de carga fiscal para rentas inferiores a 21.000 euros anuales brutos, PYMEs y autónomos, que está por ver su perfil final y su capacidad recaudatoria neta, que, combinado con el crecimiento previsto por el gobierno se estima, según este, en unos 3.000 millones de euros más, apenas un 0,24% del PIB, quizá 7.000 millones en dos años.

    1. Los riesgos para la creación de empleo

Debemos referirnos a un elemento fundamental en el que se apoya el gobierno para respaldar su previsión de crecimiento: la creación de empleo. Su sustento pasa por las cifras de creación de este, y en particular del empleo indefinido. En todo este tiempo, tras la pandemia y hasta el II trimestre de 2022, hemos observado un buen comportamiento del empleo. Ahora bien, su creación se ha hecho sobre pies de barro. De hecho, llama la atención que en agosto y septiembre aumentaran las cifras de paro, cuando lo común es que se cree empleo.

Cabe señalar dos cuestiones relevantes. En primer lugar, el empleo se ha incrementado con remuneraciones que han perdido su poder adquisitivo a una escala histórica, (Gráfico 2), y con una evolución del salario real que se ha desplomado (Gráfico 3). En segundo lugar, la contratación indefinida no ha venido acompañada de una regulación que la proteja ante el despido. Es posible que un porcentaje creciente de la nueva contratación indefinida no perdure, porque los empresarios aprovecharán la falta de acumulación de antigüedad para proceder a sus ajustes, ante la previsión de un estancamiento de los negocios. También, una parte creciente del empleo creado lo ha sido a tiempo parcial, parte de él con reducciones de jornada unilaterales aplicadas por el empresariado como una fórmula alternativa de ajuste. O que una parte del empleo, aún pequeña pero ya significativa, esté pasando a fórmulas de contrato fijo-discontinuo, para ajustar los costes salariales, y como una forma de gestión del empleo temporal bajo un paraguas distinto. Con la actual regulación laboral, sin apenas garantías para la estabilidad o los salarios, un contexto de recesión puede causar una sangría importante en el empleo. Ante posibles despidos masivos o incluso cierres de empresas, sectores muy dependientes del consumo de energía, como el sector del metal, o de insumos básicos con importantes incrementos de precios, como el sector agroalimentario, pueden verse especialmente afectados.

Gráfico 2. Remuneración por asalariado/PIB a precios de mercado por ocupado; Índice: 1978=100.

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Fuente: Comisión Europea. Base de datos AMECO.

Gráfico 3. Crecimiento del salario real en el marco de la negociación colectiva. Crecimiento anual en %.

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Fuente: Oxford Economics/HaverAnalytics.

    1. El gasto en un presupuesto restrictivo

También debemos abordar la cuestión del nivel de gasto. Los presupuestos plantean un techo de gasto (el límite del gasto no financiero) de 198.221 millones de euros8/, apenas un 1,07% más que el año pasado. Y aunque el Gobierno lo anuncie como un nuevo récord, la realidad es que no hay demasiado que celebrar. A vueltas con la necesaria puesta en contexto de estos presupuestos con el panorama económico actual, este crecimiento del gasto público se plantea por debajo de su propia (y optimista) previsión del incremento del PIB, del 2,1%, y obviando la previsión de inflación de alrededor del 8 o 9%, lo que significa que los importes nominales asignados a cada partida tendrán un efecto menor debido precisamente al encarecimiento de los precios. Por tanto, estamos ante un presupuesto que, en realidad, es restrictivo, tanto en términos constantes como en términos relativos al PIB, lo que echa por tierra la propagandística celebración de que asistiremos a la aprobación de unos presupuestos expansivos.

Si bien esto es lo referido al gasto no financiero, las cifras de gasto generales que se han planteado son de 485.986 millones de euros, lo que es reivindicado como la mayor cifra de gasto hasta la fecha por los sectores afines al Gobierno, suponiendo un 5,9% más respecto de los presupuestos de 2022. Ello nos muestra la importantísima financiarización de estos presupuestos, que dedican al rubro financiero del orden de 287.700 millones de euros, lo que supone, en línea con la dinámica del resto de estados y de la economía mundial en general, que casi el 60% del gasto es de naturaleza financiera. Por tanto, los gastos de estos PGE quedan comprometidos por el hecho de que gran parte de las inversiones deben ser financieramente rentables. Siendo que buena parte de los ingresos del Estado son títulos de deuda y que su coste se estima sobre ingresos futuros, la necesaria rentabilidad financiera de los gastos imposibilita su objetivo de actuar realmente para el interés general, que sería lo deseable.9/

La principal partida será la destinada a las pensiones (190.000 millones de euros), pero ello no significa que recoja las reivindicaciones de los movimientos de pensionistas10/. Aunque tanto las pensiones contributivas como las no contributivas se incrementarán un 8,5%, no lo harán por encima del nivel de inflación. Ello puede afectar directamente al coste de la vida de los pensionistas, que ahora están recibiendo un salario diferido ya mermado que no se corresponde con las aportaciones realizadas en su momento11/, por lo que la lucha por recuperar el poder adquisitivo sigue siendo una tarea urgente que el Gobierno no va a resolver.

    1. Deuda pública y déficit público

Por otra parte, el presupuesto no valora suficiente la evolución de los tipos de interés, de cara al encarecimiento de la deuda pública, en niveles ya muy altos. La media del Euribor en el mes de octubre ha sido del 2,627%. En el año de pandemia se pasó del 100% de deuda pública al 120%, en relación con el PIB. Tras dos años, la tímida recuperación y los tipos bajos han permitido moderarla al 116,41% al final del segundo semestre de 2022, pero la previsión de un 112,4% del peso de deuda pública para 2023 no es realista. Quizás tampoco la del déficit público (que marcan en un -3,9%), porque los tipos de interés han subido dos puntos y medio en pocos meses, y podrían crecer un punto y medio o dos durante el próximo año, encareciendo el precio del dinero y por tanto la financiación. Esto es una tendencia generalizada que estamos observando en los demás bancos centrales del mundo. De hecho, la elevación de los tipos en la Reserva Federal está devaluando a todas las monedas respecto al dólar, incluido el euro, lo que seguirá encareciendo las importaciones, entre ellas las de la energía, porque los precios en los mercados mundiales se establecen en la divisa norteamericana. Asimismo, el Banco Central Europeo (BCE) está dejándose guiar por una política monetaria inversa a la que en su día inició Mario Draghi: ahora Lagarde hará “lo que sea necesario” para que los tipos congelen la actividad económica, matando al perro para acabar con la rabia.

    1. Inversión

También se anuncia un crecimiento de la inversión. Los Fondos Next Generation, aún con retraso y con un nivel de ejecución marginal en estos primeros años, pueden empezar a ponerse en marcha. Las cuantías, aunque a primera vista pudieran resultar impresionantes, en realidad no lo son tanto en términos macroeconómicos, pues los –como mucho– 21.000 millones de euros representan un 1,7% del PIB. Podrían, eso sí, tener cierta notoriedad en 2023.

Ello puede tener influencia en el incremento de la inversión pública, del 10%, al margen de que la selección de las inversiones sea compatible o no con un modelo productivo mínimamente sostenible. Sobre ello tenemos algunas pistasen la autorización, por parte del BCE, de una extensión de 750 mil millones de euros del Programa de Compras de Emergencia Pandémica. Las empresas que participaron del procesopara recibir su cuantía, (cuya gestión fue asignada por delegación en los bancos centrales de España, Italia, Alemania, Bélgica y Francia), fueron seleccionadas a partir de criterios de elegibilidad que únicamente tenían en cuenta la estabilidad financiera y la calidad de la deuda, sin ningún tipo de “discriminación positiva o negativa en función de la actividad económica de las entidades emisoras”12/. Y, por supuesto, sin criterios que tomaran en consideración variables ecológicas o sociales. Este parece ser también el camino de los gobiernos europeos, y el del gobierno español no es una excepción, más grave y peligroso aún si cabe teniendo en cuenta el riesgo de que esos fondos sean utilizados para financiar la industria militar.

Sea como fuere, la inversión pública en el caso español en 2023 difícilmente compensará la caída de la inversión privada que puede traer consigo el cambio de ciclo económico. En definitiva, la inversión, un indicador clave por su efecto multiplicador y productivo, no va a tener un papel protagonista, por mucho que reciba el impulso de los fondos Next Generation, insuficientes para evitar el estancamiento y hegemonizados en su distribución y destino por grandes multinacionales. Y, desde luego, del todo ineficaces para afrontar un cambio de modelo productivo que aspire a llevar a cabo algo parecido a una transición ecosocial.

    1. Reactivación del PEC: austeridad con excepciones

En el año 2023 asistiremos a dos hitos: uno, el de la comentada ejecución de buena parte de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, pero también el de la reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Aunque al inicio de la pandemia se celebrara la suspensión de sus normas, era sabido que estas se reintroducirían en 2023. Ello, como entonces, volverá a marcar las restricciones a la política fiscal y de gasto, pero es previsible que se combine la austeridad presupuestaria y social con la aplicación de ciertas excepciones que faciliten el incremento del gasto en materias concretas, tales como el presupuesto militar o el rescate público de empresas en quiebra, es decir, una socialización de las pérdidas del capital.

El presupuesto militar se elevará hasta el 1,2% del PIB, en línea con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en 2029, lo que muestra la apuesta por conformar, para el año siguiente, los presupuestos más militaristas de la historia, y con la intención de que lo sean cada vez más conforme pasen los años. La Guerra de Ucrania, fruto y causa de las nuevas tensiones económicas y energéticas internacionales, parece que marca la agenda de nuestro gobierno, que ha fijado en 12.317 millones de euros el presupuesto de Defensa, de los cuales 8.695 millones de euros son directamente para las Fuerzas Armadas, dejando el resto para la Administración y General de Defensa. El año pasado, el presupuesto de Defensa fue de 9.791 millones de euros, por lo que estamos ante un incremento del 25,8%.

Pero eso no es todo. No todas las partidas relacionadas con el gasto militar están, en realidad, incluidas en el presupuesto de Defensa. Cabe destacar el incremento del 126% en el presupuesto para créditos en I+D con el objetivo de desarrollar armamentos, que alcanzará los 1.601 millones de euros y que está incluido en el presupuesto del Ministerio de Industria. Por parte del Ministerio de Exteriores, por poner otro ejemplo, también tenemos un incremento del 9,55% en los gastos destinados a las clases pasivas militares.

Más allá de las partidas que podemos relacionar más directamente con el gasto explícitamente militar, encontramos varios círculos que engloban otros gastos que están relacionados con este (Gráfico 4).

Gráfico 4. Círculos de colaboración con el gasto militar.

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Fuente: Grupo Antimilitarista Tortuga (2021)

    1. Las migajas, para la política social

El socio menor del gobierno se va a contentar con algunos elementos de política social, apuntalando el modelo de neoliberalismo compasivo que caracteriza al gobierno de coalición. Algunas medidas, aunque insuficientes, pueden tener interés, mientras que otras son directamente contradictorias. Pero llama la atención que, vinculado con el anterior punto, el presupuesto militar equivale a la cuantía de casi todos los ministerios de vocación social juntos.

Algunas de las iniciativas positivas son la prolongación de la gratuidad del ferrocarril de corta y media distancia, o la mejora de la prestación de desempleo (pasa del 50% al 60% de la base reguladora pasados los primeros seis meses). Relacionado con la inflación, podría llegar a argumentarse que se mantendrá el poder adquisitivo del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones, con un incremento del 8,5%. Ello puede actuar como cierta compensación a la inflación del próximo año, pero desde luego no supone una mejora. Debemos tener presente que las pensiones representan un gasto del 12,6% del PIB, una décima menos que la media de la Unión Europea. También merece la pena destacar el reforzamiento de la política de dependencia.

Más dudas nos caben con otras medidas supuestamente sociales. Por ejemplo, el aumento nominal del 2,5% de los salarios de los empleados públicos, que, teniendo en cuenta la inflación, comporta un deterioro de su poder de compra real de unos seis puntos, eso si ignoramos lo que ya han perdido este año por la inflación disparada y que no van a recuperar. Otra medida cuestionable son las ayudas indiscriminadas por hijo, de 100 euros, que también irán directamente a las familias de rentas más altas, pues no se tiene en cuenta el nivel de renta al adjudicar dicha ayuda. Esta financiación podría haber cubierto otras necesidades, como, por ejemplo, en materia de educación infantil.

    1. Conclusión

En definitiva, el gobierno parece que proseguirá con su política neoliberal compasiva de estado, alineada con los compromisos con la Unión Europea, y con una exaltación del discurso que no corresponde con el alcance de su política económica. Hay elementos diferenciales con lo que sería una agenda política neoliberal de ajuste fuerte, claro está. Ahora bien, el neoliberalismo realmente existente es pragmático –e inclusive, hasta en Reino Unido, cuando se extralimitan con el fanatismo ultraliberal, tienen que rectificar–, porque un estado depauperado por la bajada de impuestos no es capaz ni de hacer frente a la deuda soberana ni de asegurar las condiciones de reproducción del capital. Los propios mentores políticos del neoliberalismo saben que la economía de mercado no funciona sin un peso importante de las políticas públicas para que la apoye, o que las políticas sociales, sin que resten a las ganancias, deben desempeñar un papel a la hora de mitigar el conflicto social o ganar legitimidad. Es, a esto último, a lo que juega el gobierno de coalición. Y a sustituir cualquier proyecto de transformación por una gestión que todo lo fía al temor que despierta la extrema derecha, pero que, en última instancia, termina introduciendo su agenda en su gestión política y, en la práctica, allana el camino al neoliberalismo autoritario.

  1. La cuestión de los impuestos, el Gobierno de coalición y la reforma fiscal

Al principio señalábamos que el debate sobre los impuestos adquiere sentido al vincularlo al de los presupuestos: para qué recaudar, en qué invertir, en quienes gastar. Pero, a su vez, en un estado capitalista el debate de los presupuestos es inseparable del de los impuestos: cuánto y cómo recaudar, quienes y cuanto deben aportar. En términos marxistas, es un debate vinculado a la lucha de clases, a una visión clasista del fenómeno, las normas y los hechos.

    1. Algunas características de la tributación real en el Estado español

Durante las dos últimas décadas, la presión fiscal española se ha mantenido unos 6,1 puntos porcentuales de diferencia por debajo de la existente en la eurozona13/, área en la que la recaudación asciende a un promedio del 40,5% del PIB. De haberse producido un porcentaje similar en España, sus arcas públicas habrían ingresado un 18% más de lo recaudado, lo que habría supuesto un importantísimo flujo hacia las arcas públicas que se ha perdido. La primera conclusión es que la Hacienda Pública española recauda menos de lo que podría y debería para atender el conjunto de necesidades a las que deben hacer frente unos PGE favorables a las clases trabajadoras, a la mayoría social, en un país con graves carencias en las dotaciones de la enseñanza, la salud, la cultura, el cuidado de las personas vulnerables, la tercera edad o las personas migrantes, y atravesado profundamente por la desigualdad social entre las clases, también de género y por los desequilibrios de renta y riqueza territoriales entre el campo y la ciudad, y entre unas Comunidades Autónomas y otras.

Ello es especialmente grave en un país que tiene una deuda pública del orden del 118,7% del PIB al cierre del año 2021, el sector público mantiene un importante déficit de 83.000 millones de euros y en el que el estado una y otra vez tiene que recurrir a financiación externa en los mercados financieros. Máxime en un contexto de subida de los tipos de interés, desaceleración de la actividad económica y de necesidad de aumento del gasto público. La segunda conclusión es que las políticas anti-impuestos favorables a la minoría generan el endeudamiento de la mayoría.

A su vez, cabe destacar que el origen de la recaudación desde la crisis de 2007/2008 hasta el pasado año es sumamente asimétrica. El impuesto que más ha crecido, con un aumento del 39,2%, es el IRPF procedente de las rentas del trabajo. El segundo en crecimiento ha sido el más injusto y regresivo, el del IVA, que lo hizo en un 29,8%. Si ponemos en relación lo recaudado por tributos respecto a la riqueza generada en el mismo periodo, estos dos impuestos más los llamados especiales se han incrementado en un 2,2% sobre el PIB. Y, en paralelo, la recaudación generada por el impuesto de sociedades disminuyó en un 40,6% que ha disminuido su peso respecto al PIB en un 1,9%, o sea, la mitad de lo que suponía en 2007. En la práctica el tipo efectivo que pesa sobre las sociedades está por debajo del 15%.

Según la Agencia Tributaria, existen 35 grandes empresas multinacionales de matriz española que no sólo no tributan casi en el Estado español, sino que lo que pagan de impuestos sobre sociedades en todo el mundo es del 0,7% de su beneficio. El promedio del impuesto sobre beneficios de las 57 principales multinacionales españolas es del 3,7%, mientras que los salarios medios aportan un 14,9%, o sea, un 400% más. El tipo efectivo medio de las empresas que facturan más de 1.000 millones de euros/año es del orden del 5,4%, el promedio de las grandes empresas no alcanza el 9,5%.

Por otra parte, sigue siendo mínimo el gravamen sobre el patrimonio y la riqueza acumulada/heredada, asunto especialmente sangrante ya que en España la desigualdad en torno a la riqueza es aún mayor que la existente en términos de renta anual. La tercera conclusión es que la recaudación es sumamente favorable para los más ricos.

    1. Verdades, falsedades y humo en los debates fiscales de la izquierda

Quienes se sitúan dentro del régimen del 78 suelen apelar ritualmente al artículo 31.1 de la Constitución en torno al conjunto de equidades a lograr mediante el modelo fiscal. El Partido Popular (PP) lo hace a sabiendas de que sus gobiernos siempre lo han interpretado y materializado a favor de propietarios y empresarios, especialmente de sus sectores oligárquicos, y genera una ideología neoliberal individualista que asocia baja fiscalidad con prosperidad, debate que no es objeto de este documento. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), auténtico pilar del régimen, lo hace desde la perspectiva social liberal del gestor (inteligente y tapado) de los intereses del capital que tiene en cuenta que debe evitar a la vez la desafección social, asegurar la paz social y mantener su base electoral asentada principalmente entre la clase trabajadora sin poner en cuestión el dominio, intereses y hegemonía del capital. Por ello, el PSOE se opone a una reforma fiscal, pero realiza aquellos cambios que le permiten mantener su rol institucional y su posición electoral sin menoscabo de sus alianzas con sectores oligárquicos.

Existe un amplio acuerdo en el seno de la izquierda política y social al señalar que el actual sistema tributario español tiene los pies de barro dada la insuficiencia de ingresos, la inequidad y la persistencia de la elusión y el fraude. Por lo que los objetivos de equidad, utilidad, progresividad y suficiencia forman parte del acervo común de quienes comparten una mirada social sobre la fiscalidad en los estados capitalistas. Y existe un consenso amplio en la necesidad de una reforma en profundidad de la fiscalidad española que abarca tanto a sectores socialdemócratas como a los situados a su izquierda, aunque pocas veces se sustancia en contenidos. Por su parte, de forma intermitente y poco consecuente, la izquierda gobernista se aferra al texto constitucional y, a la vez, proclama la necesidad de una reforma fiscal, pero en los hechos se adapta al dictado del PSOE, logrando pírricos avances, pero sumando nuevas y sustantivas concesiones.

Concretamente, una de las promesas electorales de la izquierda gobernista que tuvo mayor calado en los últimos comicios fue la de impulsar una reforma fiscal que fuera expresión y posibilitara los principios ya aludidos de equidad interpersonal, territorial y de género. Cuando se configuró el Gobierno de coalición, los partidarios del mismopróximos a Unidas Podemos (UP) presentaron el acuerdo programático del Ejecutivo referente a tributación como un gran avance que posibilitaría la reforma fiscal pendiente. En el punto 10 (titulado “Justicia fiscal y equilibrio presupuestario”) del documento “Coalición progresista". Un nuevo acuerdo para España”14/ particularmente en el apartado 10.2 (“Aumento de la progresividad el sistema fiscal”) se reflejan los propósitos del gobierno PSOE-UP. Difícilmente puede considerarse la reforma fiscal necesaria, pero efectivamente contienen modificaciones concretas modestamente positivas. A la luz de los PGE de 2023, podemos verificar que ni siquiera esas medidas incompletas se han adoptado.

    1. Las modificaciones fiscales

Los tributos que se modifican para 2023 son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el de Sociedades, y se anuncia la creación de un nuevo “impuesto de solidaridad de las grandes fortunas”. De forma global, el Ejecutivo estima que podrá obtener una recaudación adicional de 3.144 millones de euros, pero…

      1. Modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Por un lado, se contempla la ampliación de las rentas exentas de IRPF que no tienen obligación de declarar. Hasta el momento estaba establecida para ingresos de 14.000 euros o inferiores y actualmente se eleva el umbral a 15.000 en 2023.

  1. IRPF de rentas del trabajo

Por otro lado, se trata de un aumento de las reducciones por rendimientos del trabajo. Hasta ahora, el mínimo para aplicar beneficios fiscales era de 18.000 euros, ahora ese tope se sitúa en los 21.000 euros y a partir de ahí, y según los tramos, se aplica el impuesto. El Ejecutivo intenta adaptar el impuesto al salario mediano, que afectará al 50% de la población según la Agencia Tributaria.

En opinión de CC. OO., “la deducción por rendimientos del trabajo se amplía de 16.825€ a 19.750€. Constituye la rebaja más voluminosa de la recaudación. Beneficiará en torno a 4,6 millones de asalariados y supondrá una rebaja media en 2023 de en torno a 350 euros. Como resultado de la ampliación de la deducción, aquellos con un sueldo inferior a 15.000€ dejarán de pagar IRPF, cuando con el anterior límite no lo pagaban quienes ganaba menos de 14.000€”15/.

Ello supone un escaso beneficio individual para cada una de las personas trabajadoras afectadas y no resuelve de forma contundente el problema de la progresividad en el resto de la escala de rentas. Por otro lado, se estima que haya un descenso de los ingresos de 1.881 millones de euros en dos años asociado a esta medida, aunque su efecto en las declaraciones correspondientes al año 2023, en el que entrará en vigor, es sumamente difícil de establecer, dada la enorme variedad de casos a contemplar en el conjunto de deducciones, etc.

  1. IRPF de rentas del capital

El cambio afecta a los rendimientos de las inversiones superiores a 200.000 € anuales ya que aumentará del 26% al 27% el tipo a aplicar a los ingresos comprendidos en el tramo entre los 200.000 y los 300.000 euros y se aplicará el 28% a los superiores a 300.000. Inicialmente no es una medida temporal, pues el ejecutivo la mantendrá en ejercicios posteriores. Esta medida se estima que afectará a 17.814 contribuyentes y calculan recaudar 204 millones de euros. Es sabido que el actual sistema dual del tributo de IRPF grava mucho más a las rentas procedentes del trabajo que a las originadas por el ahorro, o sea, los ingresos procedentes del capital. Por lo que el 0,01% más rico del Estado español se beneficia y el cambio arriba expuesto no viene a afectar sustantivamente para evitar esta injusticia, por la cual, quienes menos tienen pagan en mayor proporción que quienes tienen más.

  1. El caso de los autónomos

La administración estima que más de 1,4 millones de autónomos se beneficiarán por alguna de las medidas anteriores y, además, unos 577.000 lo harán porque se ha anunciado una rebaja temporal del rendimiento de los módulos. Por otro lado, se estima que unos 956.000 autónomos se beneficiarán del aumento de los gastos deducibles de difícil justificación para quienes declaren en el régimen de estimación directa simplificada, cuyo límite del 5% pasa a ser del 7% de forma temporal para 2023. Ello supondrá un descenso de los ingresos de 184 millones de euros.

      1. Cambios en el Impuesto de Sociedades

Con carácter general, el tipo de sociedades está establecido en el 25%, excepto la banca y las empresas de hidrocarburos, cuyo tipo impositivo es del 30%. Sabido es que dada la casuística de las bonificaciones, exenciones y exacciones con las que opera la ingeniería fiscal, el tipo real al que liquidan las empresas es sensiblemente inferior y muy por debajo de la media de la UE. Pero actualmente se contemplan novedades.

  1. Impuesto de Sociedades para pymes

Las pequeñas empresas que facturen menos de un millón de euros, que en el caso español son 407.384 sociedades, pasan de pagar el 25% a pagar el 23% a partir de 2023, lo que supondrá un descenso de unos 292 millones de euros en la recaudación.

  1. Impuesto de Sociedades para grupos de empresas

Esta decisión afecta a menos compañías, solo al 0,2%. Las 3.609 empresas que tributan en régimen de grupo consolidado, es decir, aquellas que tienen sociedades filiales, supone en España tan sólo el 0,2% del total de firmas, y entre las mismas se encuentran las grandes empresas del país, aunque no hay establecido un mínimo de facturación para acogerse a este régimen de tributación. El Ejecutivo no sube sus impuestos, pero pretende aumentar la tributación mediante un ajuste contable que disminuirá sus beneficios fiscales derivados de las pérdidas de algunas empresas pertenecientes al grupo. Durante 2023 sólo podrán restar la mitad de las pérdidas en que hayan incurrido.

      1. El nuevo “Impuesto de solidaridad”

Es la medida estrella presentada como la gran novedad para que quienes tienen más, más aporten. Tiene relación con el Impuesto de Patrimonio; se le aplicarán las mismas deducciones (inversión en la empresa familiar), exención de los primeros 300.000 euros y reducción por deudas y en la práctica no se aplicará en las Comunidades Autónomas (CC. AA.) dónde no haya rebajas fiscales del PP, que está impulsando la desfiscalización en Madrid, Andalucía y Galicia, de momento. Es temporal: sólo estará en vigor dos años. Afectará a los contribuyentes con fortunas mayores de 3.000.000 de euros, que teóricamente pagarán un 1,7% si tienen entre 3 y 5 millones de euros. La tasa subirá al 2,1% si se tienen entre 5 y 10 millones. Por encima de los 10 millones se aplicará un gravamen del 3,5%. Según el ejecutivo, afectará a 23.000 declarantes y recaudará 1.500 millones de euros, cifras que parecen exageradas, pues están calculadas como si se fuera a aplicar en todo el territorio del Estado español por igual (cosa que, tal como está concebido, no es probable) y no tiene en cuenta las diversas figuras que esconden la tenencia patrimonial de las grandes fortunas.

      1. El IVA

El Ejecutivo promete establecer un tipo super reducido del 4% de IVA para los artículos de higiene femenina (compresas y tampones) y salud sexual (preservativos), medidas que sólo cabe recibir positivamente. Desde el punto de vista de la recaudación supondrán una disminución de 24 millones de euros.

      1. Estimación de los beneficios fiscales

A la vista del Cuadro Presupuesto de beneficios fiscales para 2023 por tributos, no parece que vaya a haber grandes cambios respecto a la situación anterior, lo que significa que incluso en el terreno de las previsiones la lógica que rige a los mismos y los beneficiarios van a ser en la práctica muy similares a los anteriores.

Presupuestos5

      1. Impuestos sobre beneficios extraordinarios de compañías energéticas y entidades bancarias

En las cuentas para 2023 el Gobierno ha incluido, en línea con la orientación de la UE, impuestos especiales sobre las energéticas y bancos que hayan obtenido beneficios extraordinarios, que van a computarse como ingresos no tributarios y calcula que supondrán una entrada de 3.500 millones de euros en 2023 y otro tanto en 2024. El impuesto sobre el sector energético tendrá un tipo del 1,2% sobre el importe neto del volumen de negocios anual para las empresas que facturen más de 1.000 millones de euros al año. En el caso de la banca el tipo será del 4,8% y afectará a las comisiones e intereses de las empresas que sumen 800 millones de euros o más entre ambos ítems. Si ponemos en relación la medida con los superbeneficios obtenidos por estos sectores precisamente en momentos críticos para el conjunto de la ciudadanía, la medida es sumamente tímida, máxime teniendo en cuenta que se ha concebido como meramente temporal. No es preciso recordar que tras el rescate de los bancos en la crisis de 2008 y la creación de la SAREB, la banca sigue debiendo a la sociedad española una cifra cercana a los 90.000 millones según algunas estimaciones, aspecto sobre el que existe gran opacidad informativa.

El conjunto de ingresos no tributarios para 2023 se estima en 44.600 millones de euros, o sea, y pese a la inclusión del impuesto sobre beneficios extraordinarios, dichos ingresos no tributarios bajarán el año que viene un 2,8%.

      1. ¿Qué fue de la Reforma Fiscal?

A la luz del proyecto de los PGE de 2023 presentados por el Ejecutivo a las Cortes, y a tenor del tipo de debates parlamentarios y enmiendas presentadas por los socios y apoyos del Gobierno, no solo podemos verificar, como arriba hicimos, que ni siquiera las tímidas medidas del acuerdo para la investidura y formación de gabinete se han adoptado, sino que en nada –pese al carácter limitadamente positivo de alguna de ellas- suponen un nuevo rumbo fiscal a corto, medio y largo plazo. Es más, se aleja el horizonte de la Reforma Fiscal.

Recientemente, uno de los editorialistas de un periódico para nada izquierdista, como es El País, al conocer las nuevas propuestas fiscales se preguntaba ¿para cuándo la reforma fiscal? Y se respondía a si mismo que pareciera que nunca llega el momento político para la misma16/.

  1. Existen alternativas. Elementos para un debate

En el marco de una sociedad capitalista, la corrección redistributiva del ingreso y la riqueza es ex-post, una vez se ha originado, una vez existen, al igual que las decisiones sobre qué producir, cómo y para quién también lo son, pues el capital es el determinante en la resolución en una economía de mercado. Decide, produce y la sociedad se adapta. La ciudadanía no puede influir ante los errores, la corrección de nuevo es potestad y está en manos de una minoría que detenta los medios de producción y el poder político fáctico. Y los cambios los hace no por criterios de utilidad social, sino de coste/beneficio, de ganancia privada.

No ocurre así en una sociedad ecosocialista en la que las decisiones acertadas o erróneas se adoptan antes de la producción por parte de la sociedad, son decisiones ex-ante que permiten corrección a continuación. En el marco de una sociedad ecosocialista con propiedad pública y social diversa y con una planificación democrática de la economía basada en las más amplia participación popular mediante la autogestión articulada en todos los ámbitos desde la empresa y el barrio, a los de la ciudad y la región, el sector productivo o el estado, el espacio político más cercano o el internacional, según el tipo de cuestiones a resolver, las cuestiones de reparto del ingreso y la riqueza, la equidad y la igualdad entre los componentes de la sociedad, la atención a los problemas específicos individuales o territoriales y la dedicación de esfuerzos a la preservación de la biosfera, tendrán otras vías de solución principales diferentes a las fiscales –que jugarán un papel más secundario, residual y temporal-. Las diferencias territoriales a nivel internacional o estatal no desaparecerán de la noche a la mañana. Persistirán durante tiempo desigualdades sociales mientras siga vigente la ley del valor. Pervivirán desigualdades de género mientras siga existiendo el patriarcado. Pero no sólo se mitigarán, sino que habrá condiciones para erradicarlas, para encontrar vías estables de solución y para establecer mecanismos democráticos de solución ante nuevas y viejas contradicciones y problemas.

    1. El papel de los impuestos en un programa anticapitalista de transición

La breve consideración anterior nos permite también preguntarnos por el papel de los impuestos en una sociedad capitalista y en una post-capitalista. Cuestión imprescindible para las y los marxistas revolucionarios. Entre ambas situaciones no sólo hay diferencias, sino que median procesos sociales que implican lucha social y política, se dan en un espacio-tiempo, en un ínterin, exigen transiciones y cambios en la organización social, en la conciencia de clase y en la correlación de fuerzas entre las clases. En definitiva, la cuestión de los impuestos para el programa y la actividad revolucionaria anticapitalista supone abordarlos desde la óptica del “mientras tanto” y ello nos remite –como en otras cuestiones- a integrar la cuestión de los impuestos no como la panacea universal definitiva, sino como parte de las consignas transitorias.

Estas tienen tres características: son plausibles para la mayoría social como objetivos necesarios (y razonables) a lograr porque mejorarán sus condiciones de vida; significan un fortalecimiento de la correlación de fuerzas política y material de las clases subalternas respecto a la burguesía; y posibilitan que las organizaciones revolucionarias efectúen la pedagogía política en la práctica en el seno del movimiento de masas que permita a la mayoría llegar a la conclusión de que esta es innecesaria y la revolución social es posible e imprescindible. Las consignas transitorias forman parte del proceso que arranca en la defensa de los intereses más inmediatos y elementales, y que transcrece y se sustancia en un cambio radical de la conciencia de clase en clave política.

En definitiva, son consignas que ligan las necesidades y luchas inmediatas de la clase trabajadora y del resto de componentes del bloque histórico (a construir) con el horizonte socialista, la expropiación de la burguesía y la necesidad de tomar el poder político. Su consecución parcial o no dependerá del avatar o del avance de las luchas. Sus efectos positivos se podrán medir en términos de logros –por cierto, reversibles- que mejoran la situación de las y los de abajo. Pero sobre todo significarán o pueden significar un catalizador y acicate para la movilización de masas y la creación de diversas fórmulas de unidad de acción en la lucha extraparlamentaria, en la actividad independiente de la clase trabajadora, pero también un ingrediente necesario en los programas electorales y en la lucha parlamentaria de las opciones revolucionarias. Forman pues parte de la transformación interna de la clase trabajadora y de su papel en la lucha de clases.

    1. Elementos de una Reforma Fiscal urgente en clave ecosocialista

Los objetivos político-sociales de la Reforma Fiscal necesaria en el Estado español en pleno siglo XXI son:

  1. Garantizar el acceso a los bienes y servicios necesarios a todas las personas que viven en su territorio.
  2. Combatir la desigualdad entre individuos y géneros, entre autóctonos y migrantes.
  3. Impulsar la transición energética socialmente justa y la preservación de la biodiversidad.
  4. Potenciar el acceso a la tierra para trabajar y cultivar, a la vivienda asequible y digna, a la energía barata y a la alimentación suficiente y de calidad.
  5. Blindar, fortalecer, aumentar y extender los servicios públicos esenciales que aseguran los derechos a la salud, los cuidados, la educación, las comunicaciones y la cultura de la ciudadanía.
  6. Asegurar el sistema de pensiones públicas y su revalorización.
  7. Acabar con las diferencias entre territorios y entre el campo y la ciudad potenciando las inversiones necesarias.
  8. Evitar el endeudamiento de las administraciones y acabar con la deuda soberana que hipoteca las políticas de los gobiernos.
  9. Realizar la plena integración complementaria de la tributación general y la correspondiente al Sistema de Seguridad Social.
  10. Fortalecer la inspección fiscal para acabar con el fraude, la evasión fiscal y las trampas de los grupos empresariales que amparan los que se conoce como optimización; de forma particular hay que vigilar y penalizar las relaciones con paraísos fiscales y con los denominados eufemísticamente “países con baja tributación”, lo que implica también modificar la normativa de la UE al respecto.

Los criterios rectores de una propuesta alternativa con más y mejores impuestos son:

  1. Que paguen más los que más tienen en beneficio de quienes menos tienen y menos deben pagar.
  2. Primar el desarrollo de los impuestos directos sobre la renta, el patrimonio y los beneficios y disminuir los que gravan las rentas medias y bajas del trabajo y los indirectos, particularmente el IVA –injusto y antisocial-.
  3. Introducir el criterio de progresividad en todas las figuras impositivas.

Acorde con lo anterior, las líneas maestras serían para aplicar tanto en los impuestos de ámbito estatal como en los que están cedidos o corresponden a las Comunidades Autónomas y asimismo pueden tener consecuencias en el modelo de la fiscalidad municipal:

  1. Establecimiento de un Impuesto sobre la Riqueza y la Propiedad de la Tierra que grave a) el patrimonio neto con un mínimo exento de 500.000 euros, sin bonificaciones, un tipo mínimo del 1% que aumentaría un 0,5 punto por tramos de 500.000 euros hasta los 10 millones y aumentaría 1 punto en cada tramo de medio millón a partir de esa cuantía; b) la gran propiedad inmobiliaria a partir de la quinta vivienda explotada de manera rentista o sin uso a las que se le aplicaría además un tipo impositivo adicional del 1% para quienes posean más de 5 viviendas y menos de 10 según su tasación y un 3% adicional a partir de la décima vivienda; c) aplicación de un tipo adicional del 1% sobre la propiedad de la tierra de 100 hectáreas, del 1% adicional sobre las tierras subexplotadas y de un 3% sobre las tierras abandonadas. Este impuesto podrá pagarse además de en dinero mediante la entrega de tierras, suelo o inmuebles que pasarían a formar parte de propiedades municipales-comunales bajo regulación autonómica en las que la administración tendrá la obligación de ponerlas en uso y aprovechamiento.
  1. Cambios en el IRPF. Un desarrollo de los tramos del IRPF de carácter más progresivo y nuevos tramos y tipos superiores para las rentas más altas. Aplicación de los mismos criterios y tramos al IRPF procedente de las rentas del capital que a las del trabajo con una aplicación de tipos mayor calculada aumentando 5 puntos el equivalente a las rentas de trabajo. Eliminación de todas las figuras como las sociedades patrimoniales y otras que permiten una baja fiscalidad mediante la argucia. En el tramo autonómico se aplicarán nuevos tipos en los dos tramos superiores. A partir de 120.0000, del 30%, a partir de 150.000, del 35%.
  1. Modificación del Impuesto de sociedades, mediante la eliminación de deducciones, exenciones y demás mecanismos que impiden la recaudación efectiva sobre los resultados reales y la aplicación a los beneficios de los mismos tipo y tramos que se aplica a las propuestas para el IRPF procedentes del capital. El objetivo es asentar un tipo efectivo que efectivamente signifique una contribución de los beneficios a las arcas públicas. Observación rigurosa del tratamiento de posibles transferencias internas internacionales de una empresa o intragrupo para luchar contra las fórmulas insolidarias habituales de la planificación fiscal agresiva.
  1. El impuesto de sucesiones y donaciones no contaría con reducciones, dejando un mínimo exento equivalente a 500.000 euros. Se garantizaría el derecho al usufructo de las viviendas heredadas para menores de 18 años, personas con discapacidad y mayores de 70 años.
  1. Eliminar el tope máximo de cotización a la Seguridad Social que sólo beneficia a una exigua minoría con rentas muy altas y priva de recursos a las arcas públicas.
  1. Gravar con 5% las transacciones financieras internacionales, lo que también serviría para combatir la especulación con divisas y derivados.
  1. Sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: Reforma de los tipos aplicables con una recuperación de la progresividad de la reforma anterior a la de 2021, derogando los cambios aplicados, especialmente los tipos reducidos, y estableciendo tipos del 8%, 9%, 10% para las bases liquidables previas, añadiendo un tramo nuevo a partir de 1.000.000 euros aplicando un tipo del 15%.
  1. IVA. El objetivo es eliminar este impuesto para los bienes de consumo y primera necesidad en alimentación, higiene y cultura. El primer paso es la elaboración de listados de tales bienes, el segundo es la drástica reducción y sustitución por otros ingresos y en el plazo de dos años tras su eliminación. A su vez se trata de incrementar y hacer progresivo el IVA que recae sobre bienes de lujo, así como en actividades de alto consumo energético o generadoras de residuos o emisiones, haciendo del IVA cada vez más un impuesto ecológico o contra el consumo suntuario.
  1. Impuestos ecológicos. Aunque no son el elemento central en la lucha contra las agresiones al medio ambiente, pueden tener un efecto pedagógico si se aplican a los consumos nocivos. Deberían tener, contra la ortodoxia fiscal, un destino finalista y evitar que sean un mecanismo recaudatorio más. Por ejemplo, deberán formar parte de las partidas (incrementándolas) que se asignen a la transición energética o al restablecimiento de la biodiversidad.
  1. Drástica elevación de la fiscalidad al juego que junto a otras medidas logren su erradicación y elevación de las tasas a las grandes superficies.

En definitiva, se trata de convertir la fiscalidad, más allá de los vericuetos técnicos, en un motivo de lucha y en un arma en manos de la clase trabajadora para hacer realidad que esta crisis la paguen los ricos. Y que continúe el combate.

Noviembre 2022

Notas

1/ https://vientosur.info/tiempos-de-estructuras-y-resistencias-en-el-madrid-neoliberal/

2/ https://www.publico.es/economia/banco-espana-reduce-crecimiento-economia-2023-1-4.html

3/ https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-airef-estima-pib-crecera-2023-15-seis-decimas-menos-previsto-gobierno-20221004164122.html

4/ https://www.rtve.es/noticias/20221011/fmi-recorta-prevision-espana-2023/2405743.shtml

5/ https://www.20minutos.es/noticia/5067003/0/bbva-alerta-recesion-espana-consecuencias/

6/ https://www.elperiodico.com/es/economia/20221018/funcas-rebaja-07-crecimiento-2023-recesion-77402099

7/ Prevemos que se dará estancamiento con mayor probabilidad que recesión propiamente dicha, pero si algo es difícil de hacer en estos momentos son previsiones, dada la situación global de inestabilidad e incertidumbre geopolíticas y por estar sumidos en un tipo de crisis poliédrica para cuya interpretación no valen los modelos de pronóstico convencionales.

8/ https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2022/Paginas/20220726-TECHO-GASTO-2023.aspx

9/ El que haya una alta composición de inversión en el gasto público es una buena noticia, si son proyectos de interés y son viables económicamente a largo plazo. Sabido es que la inversión pública en algunas materias resulta clave y puede tener efectos multiplicadores mayores. El estado no debe sólo redistribuir sino también producir para el interés general.

10/ https://www.elsaltodiario.com/pensiones/movimiento-pensionista-arranca-otono-caliente-15-octubre

11/ https://nuevarevolucion.es/dejar-nos-roben-las-pensiones-ii-ii/

12/ PandemicEmergencyPurchaseProgrammeeligibilitycriteria: www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/cspp-qa.en.html

13/ Según Eurostat

14/ https://www.psoe.es/media-content/2019/12/30122019-Coalici%C3%B3n-progresista.pdf

15/ Confederación Sindical de Comisiones Obreras (ccoo.es)

16/ https://elpais.com/ideas/2022-10-02/impuestos-el-asno-de-buridan.html

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