Los debates en torno a los impactos económicos, sociales y ambientales de las empresas multinacionales de la energía, así como en torno a la democracia y soberanía energética, deben comenzar con la pregunta de ¿energía para qué y para quién? Y ahondando en la cuestión: ¿quién se beneficia de los proyectos de energía y quién sale perdiendo? ¿A qué intereses sirven? ¿Qué conocimientos se valoran? La historia reciente de los proyectos de energía en muchas partes del mundo está estrechamente relacionada con la imposición colonial de un modelo de desarrollo capitalista y de políticas neoliberales de ajuste estructural promovidos e impuestos por instituciones tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o la propia Unión Europea. Y los beneficiarios han sido, por supuesto, el gran capital, las grandes empresas transnacionales y las instituciones financieras, en detrimento de innumerables vidas y medios de sustento. El desarrollo del capitalismo industrial ha estado y está basado en los combustibles fósiles y, por lo tanto, siempre ha servido a los intereses de ciertas élites. Cuando trabajamos sobre políticas de energía tenemos que hablar de relaciones de poder y cambiarlas.
Otras preguntas que nos tenemos que hacer cuando hablamos de energía y derechos humanos: ¿qué impactos ha tenido la internacionalización de las empresas energéticas europeas, en general, y españolas, en particular, sobre los derechos humanos? ¿Cuál es la relación del metabolismo socioeconómico en Europa en la acción exterior de la Unión Europea? ¿Qué implica la seguridad energética (y la competitividad) como impulsor de la estrategia energética europea? ¿De dónde proviene el creciente protagonismo de las finanzas en el universo energético europeo? ¿Cuál es la influencia de las finanzas en el metabolismo social europeo? ¿Qué papel jugará la UE en la geopolítica global? A algunas de estas preguntas quiere responder este informe, o tocarlas puntualmente porque se están desarrollando con mayor profundidad en otros materiales elaborados por numerosos centros de pensamiento y organizaciones sociales no gubernamentales.
Activistas, investigadores y representantes políticos de todo el mundo están Intentando definir los principios por los que se debería regir un sistema energético justo, progresista y sostenible. Algunas organizaciones hablan de democracia energética, mientras que otras prefieren llamarla justicia energética o soberanía energética. Quedan discusiones pendientes para resolver qué es lo que entendemos cuando proponemos estos conceptos, pero lo más importante es que estamos convergiendo hacia una perspectiva común de la transición energética que es necesario impulsar en el mundo y en lo local.
Son momentos absolutamente determinantes en los que merece la pena reflexionar tanto sobre las enormes deficiencias y vicios que pesan sobre el sistema energético actual como sobre las posibles salidas o transiciones que debemos operar para funcionar sobre paradigmas y sistemas más sostenibles, sustentables, justos y coherentes, tomando la energía y las decisiones sobre su forma de producción, distribución y consumo como verdadero centro articulador de las decisiones sobre las políticas territoriales.
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Informe encargado por la oficina europarlamentaria de Miguel Urbán, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Subcomisión de Derechos Humanos, la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscal (PANA), la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo del Parlamento Europeo. http://www.europarl.europa.eu/meps/es/131507/MIGUEL_URBAN+CRESPO_home.html
