Las manifestaciones del 7 de marzo en 280 ciudades francesas batieron los récords de movilización popular desde el inicio del movimiento en defensa de las pensiones: 3,5 millones según la CGT, y 1,28 millones según el Ministerio del Interior. En ambos casos, estas cifras son superiores a las de todas las jornadas de manifestaciones sociales, al menos en los últimos 30 años, incluido 1995. Y las memorias militantes, en muchas ciudades, han confirmado estos registros de participación popular.
Estas cifras reflejan una realidad ineludible: día tras día, aumenta el rechazo a la propuesta de ataque a las pensiones, el rechazo a Macron y a su gobierno. Están cada vez más aislados y en minoría en el país, no sólo sobre este proyecto de reforma, sino sobre la confianza que la población puede tener en ellos. El 90% de las y los trabajadores rechazan el proyecto de ley de pensiones y esta cifra, lejos de desmentirse, se ha consolidado en las últimas semanas.
La fecha del 7 de marzo ha representado un punto de inflexión en este movimiento social: por un lado, la intersindical había pedido explícitamente que esta fecha fuera el inicio de un pulso entre el movimiento social y Emmanuel Macron. Por otro lado, el gobierno contaba con acelerar la adopción de su reforma en el Senado para completar su paso a la fuerza lo antes posible.
El 11 de febrero, la intersindical nacional (CGT, CFDT, CFTC, CGC, FO, FSU, Solidaires, UNSA) había lanzado la consigna "paralizar Francia" a partir del 7 de marzo. La intersindical también llamaba explícitamente a participar en las manifestaciones del 8 de marzo, día internacional de lucha por los derechos de la mujer, día de huelga feminista. En el calendario del debate parlamentario exprés impuesto por el gobierno, el 7 de marzo se encontraba en pleno debate parlamentario. Tras diez días de debate en la Asamblea, del 6 al 17 de febrero, el Senado debía debatir del 2 al 12 de marzo, cerrándose todo el debate el 15 de marzo.
Sin convocar una huelga interprofesional, el grupo intersindical afirmó que se sumaría a un movimiento prolongado para obtener la retirada del proyecto. Se trataba de un compromiso explícito entre la posición de la CGT y Solidaires por un lado, partidarios de un llamamiento más claro a la huelga renovable, y la de la CFDT, la UNSA, la CFTC y la CGC, partidarios de una línea moderada, centrada en jornadas de manifestaciones e interpelaciones a diputados y senadores. Asimismo, el compromiso había desembocado en una especie de tregua de tres semanas en febrero, para "no perturbar las vacaciones escolares de invierno". A pesar de este riesgo de desmovilizar las energías reunidas durante los días anteriores, muchas federaciones y equipos sindicales aprovecharon estos veinte días para poner en marcha iniciativas locales y organizar la movilización del 7 de marzo.
Del mismo modo, una serie de corrientes sindicales quisieron marcar explícitamente la voluntad de construir una huelga renovable a partir del 7 de marzo. Entre el 10 y el 12 de febrero, la CGT ferrocarril y SUD Rail, la RATP intersindical (CGT, UNSA, FO, CGC) y la Union syndicale Solidaires lanzaron llamamientos a una huelga renovable a partir del 7 de marzo. Unos días más tarde, el 20 de febrero, la confederación Force ouvrière (FO) se declaró "no hostil" a continuar la huelga tras el 7 de marzo. Después vino la federación de transportes Solidaires, llamando a los bloqueos a partir del 7 de marzo.
El 21 de febrero, en un movimiento sin precedentes en el funcionamiento de la Confederación, 5 federaciones de la CGT (Ferrocarril, Química, Puertos y Muelles, Vidrio y Cerámica y Energía) emitieron una declaración conjunta en la que decían explícitamente "Cambiemos el tono hacia la huelga renovable" a partir del 7 de marzo. Esta postura, diferente de las declaraciones más moderadas de la dirección confederal, correspondía también a la orientación de estas federaciones, en oposición a la dirección de Martinez, juzgada demasiado moderada y demasiado unitaria. El 27 de febrero, fueron la UNSA y la CFDT ferrocarril quienes, a su vez, junto con la CGT y SUD, convocaron una huelga renovable en la SNCF. Esta dinámica continuó durante la segunda quincena de febrero, cuando los índices de popularidad de Macron y Borne caían en las encuestas y el 54% de las personas encuestadas se declaraba partidario de las huelgas renovables a partir del 7 de marzo. El 1 de marzo, ocho sindicatos parisinos de enseñanza secundaria declararon que harían huelga "todo el tiempo que fuera necesario" para retirar la reforma. A raíz de esto, los sindicatos CGT de los proveedores de queroseno del aeropuerto y los sindicatos parisinos de recogida de basuras llamaron a la huelga. CGT de Comercio y Construcción se unieron a las federaciones opositoras de la CGT que convocaron una huelga renovable e incluso organizaron una rueda de prensa conjunta en los locales de la confederación CGT. El 4 de marzo, siete federaciones sindicales de la Enseñanza Nacional llamaron "a decidir en asambleas generales el seguimiento, incluida la huelga renovable". Además, la intersindicali en la sanidad convocó una huelga el 8 de marzo, en el marco de la jornada de huelga feminista. Así pues, más allá de la convocatoria de compromiso de la intersindical nacional, en muchos sectores, la dinámica fue la de pronunciarse y movilizarse por una huelga renovable, arrastrando a los sindicatos FO, UNSA e incluso CFDT más allá de la posición de su dirección confederal. Esto se hizo sin crear ninguna polémica ni escisión en la intersindical nacional, ni siquiera por parte de la dirección de la CFDT, que dijo explícitamente que el gobierno sería el responsable del bloqueo del país.
Así pues, la huelga del 7 de marzo fue también masiva, junto con las manifestaciones. Huelga en todos los sectores que habían llamado a la movilización, en los transportes, la energía, los puertos y los muelles, en particular. Pero también en la Educación Nacional y en la Administración Pública, donde el número de huelguistas fue comparable al del primer día de huelga del 19 de enero. En muchas empresas privadas como ArcelorMittal en Florange, en las empresas aeronáuticas Safran, en Renault-Cléon. El 8 de marzo, se dieron las movilizaciones por los derechos de las mujeres, con 200 concentraciones y una manifestación de 70.000 personas en París, en su gran mayoría mujeres, superando las últimas cifras de mujeres manifestantes de los últimos años. En el centro de las manifestaciones estaban el recorte salarial del 25% y el recorte de las pensiones del 40%, la cuestión de la discriminación salarial y profesional, la precariedad que sufren las mujeres y que se ve agravada por el proyecto Macron. Pero también la violencia y los feminicidios, cuyo número, tres meses después del comienzo del año, nunca había sido tan elevado.
En muchas ciudades, también hubo concentraciones en rotondas, bloqueos y cortes de carreteras en los últimos días, como en la frontera española en los Pirineos Orientales, en Abbeville, en la circunvalación de Caen. Estos bloqueos reflejaban a la vez la voluntad militante de bloquear la vida económica, pero también, en muchos sectores, la dificultad de prolongar la huelga general. Del mismo modo, a pesar de la masividad de las manifestaciones, el movimiento fue débil en lo que respecta a las reuniones interprofesionales locales para dinamizar el movimiento y a las numerosas asambleas generales en los centros de trabajo. La unidad sindical interconfederal, que dirige esencialmente el ritmo, tiene como contrapartida una debilidad demasiado grande de la autoorganización por la base.
Por tanto, el balance de los últimos días es contradictorio. El rechazo al gobierno y a su reforma ha seguido creciendo, alimentado también por la cólera ante el coste de la energía y de los alimentos y la negativa del gobierno a tomar medidas contra la carestía de la vida. Crece la confianza entre los trabajadores que están convencidos de la utilidad de pasar a la acción, ir a la huelga y manifestarse. La idea de que la victoria es posible, de que podemos obligar al gobierno a retirar su reforma, ha ganado claramente fuerza en las últimas semanas. Este aumento de confianza procede, sin duda, de la mayor claridad de los sindicatos sobre la necesidad de bloquear el país, de crear una relación de fuerzas que vaya más allá de las manifestaciones y obligue al gobierno a retirar su texto.
Macron y su gobierno han decidido mantener el puyso e ignorar la movilización popular más importante de las últimas décadas. Desde hace meses, rechazan el más mínimo diálogo con el movimiento sindical, incluso con los componentes como la CFDT que están dispuestos a hacer muchos compromisos. El objetivo es anunciar una rápida liberación de recursos ampliando la duración de las cotizaciones y el paso de 62 a 64 años. Y sobre este último punto, el rechazo es claro por parte de todos los sindicatos, incluida la CFDT. Si bien Macron creyó posible pasar por encima de cualquier acuerdo social, pensando que el movimiento sindical era demasiado débil y estaba demasiado dividido para bloquearlo realmente.
Esta reforma es esencialmente política para Macron. Evidentemente, quiere demostrar su capacidad para llevar a cabo una reforma liberal que responda a las exigencias de los gobernantes capitalistas, de la Comisión Europea y de las agencias de calificación que determinan la solidez de las políticas públicas según criterios capitalistas. Las cifras han sido ampliamente difundidas por los equipos sindicales. Entre 2019 y 2022, los gobiernos de Macron han concedido a la patronal exenciones de las cotizaciones a la seguridad social por valor de 278.000 millones. De esta cantidad, 52.000 millones deberían haberse dedicado a financiar las pensiones. Además, la primera partida presupuestaria real de las finanzas públicas está representada por las ayudas públicas a las empresas, 157.000 millones en 2019, un tercio del presupuesto del Estado, dos veces más que el presupuesto nacional de educación. Este maná financiero distribuido, esencialmente a las grandes empresas, exige evidentemente que el gobierno recorte aún más los presupuestos sociales, los mecanismos de redistribución hacia las clases trabajadoras. La reforma del seguro de desempleo aplicada este otoño y la reforma de las pensiones son una muestra de la capacidad del gobierno para seguir el ritmo de los demás gobiernos neoliberales de la Unión Europea. Para ello, el gobierno debe llevar a cabo una reforma que pretende drenar rápidamente miles de millones del sistema de protección social.
Además, Francia es una excepción, sobre todo en Europa, en lo que respecta al sistema de protección social y, en particular, a las pensiones. La parte del sistema de capitalización es totalmente marginal. Mientras que la capitalización representa más del 60% de la parte de las pensiones en Estados Unidos y Canadá, y una parte importante en varios países europeos como los Países Bajos y Gran Bretaña, en Francia representa menos del 5%. Desde hace varios años, la Comisión Europea presiona a los países europeos para que aumenten la parte de las pensiones de capitalización, los fondos de pensiones, que constituyen una verdadera ganancia financiera para las grandes aseguradoras. En Francia, el presupuesto anual destinado a las pensiones será de 346.000 millones en 2021, es decir, el 13,8% del PIB.
Ante la creciente hostilidad de las clases trabajadoras y de las y los asalariados, el gobierno se ha puesto febril en los últimos días. Sobre el papel, las cosas son sencillas. En teoría, cuenta con un acuerdo entre los macronistas, sus aliados del Modem y de Horizontes, y el apoyo a su proyecto de Les Republicains [derecha tradicional] en el Senado y la Asamblea. Pero la presión popular también se está ejerciendo sobre los diputados, hasta el punto de que varios diputados del Modem y de Horizontes han anunciado que no votarán a favor del proyecto, así como una veintena de diputados republicanos. Tras no haber sido votado en primera lectura en la Asamblea Nacional debido a la obstrucción provocada por la presentación de miles de enmiendas por parte de la France insoumise, el proyecto también está bloqueado en la Senado y el gobierno lucha por reunir una mayoría para su votación la semana próxima. Ante su aislamiento político en el país, el gobierno se arriesga a tener que admitir de nuevo su debilidad recurriendo al artículo 49-3 de la Constitución para evitar el riesgo de ser superado en las votaciones. Estos giros parlamentarios demuestran, sin embargo, que el resultado de esta secuencia depende de la relación social de fuerzas en las empresas y en la calle.
La Intersindical, en lugar de convocar una huelga extensible a partir de ahora a todos los sectores profesionales, decidió celebrar dos nuevas jornadas, el sábado 11 y el miércoles 15. Al mismo tiempo, envió una carta a Macron para que la recibiera el presidente. Pero todo el mundo entiende que no hay nada que esperar de una posible reunión con el presidente, que ha declinado la invitación trasladándola al ministro de Trabajo. El verdadero problema de los próximos días será la capacidad del movimiento social para mantener y ampliar el movimiento huelguístico. Este viernes 10 de marzo, las huelgas siguen siendo fuertes, sobre todo en las refinerías, el ferrocarril y los basureros de varias ciudades, entre ellas París. La CGT de los puertos y muelles convoca a marineros y estibadores a tres jornadas de huelga del 14 al 16 de marzo. El movimiento está, pues, en la cresta de la ola. El gobierno ha perdido todo el apoyo de la población y se enfrenta a una movilización de una fuerza inusitada de la que saldrá perdiendo políticamente. Pero no está desbordado por el movimiento social y las instituciones pueden permitirle imponer su proyecto. Todo dependerá de la evolución de la próxima semana.
