Mientras el pueblo argelino ha retomado las manifestaciones, el ejército y lo que queda del poder civil intentan tomar la iniciativa poniendo en marcha la organización de unas elecciones presidenciales a principios de diciembre. Un proceso acompañado del incremento de la represión sobre los movimientos de oposición y los medios de comunicación de masas, como lo muestra el arresto de Karim Tabbou, una persona destacada de las movilizaciones.

¡Es la vuelta de los desaparecidos! Estos últimos meses habíamos olvidado los últimos restos del poder civil en Argelia; era tal la omnipresencia del general Gaïd Salah, jefe del Estado Mayor del ejército, que se bastaba para encarnar la realidad del régimen argelino desde la renuncia de Buteflika en abril pasado. Sin embargo, después de semanas en silencio, están de vuelta el pos-interino Abdelkader Bensalah, el primer ministro Nouredine Bedoui y ministros cuya cada aparición pública provoca la ira de la gente. Incluso la Asamblea Nacional, la instancia adormecida desde la primavera pasada y que, de repente, es convocada de urgencia para adoptar bruscamente dos proyectos de ley.

¿De qué se trata? Después de ocho meses de la revolución argelina y de una revuelta popular que no decae desde febrero, el ejército, último centro neurálgico del régimen, decidió imponerse exigiendo unas elecciones presidenciales “en el menor plazo posible”. Desde finales de agosto, el general Gaïd Salah ha levantado la voz en tres ocasiones para decir: hay que convocar al órgano electoral el 15 de septiembre para que las elecciones presidenciales se den en 90 días, es decir, a principios de diciembre.

Esta vez el general esgrime la Constitución, tantas veces pisoteada, como un talismán para justificar la celebración de las elecciones. El argumentario es simple: se trata de encontrar el camino de la legalidad después de meses de inestabilidad; corresponderá al presidente electo, por tanto legítimo, proceder a las reformas que exige el movimiento popular. En cierto modo, de sentido común... pero un sentido común que choca con la realidad de la política argelina y con meses de movilización para que “desaparezca todo el sistema”.

El martes 10 de septiembre [al igual que el viernes 13] miles de manifestantes, estudiantes junto con personas asalariadas y funcionarias, salieron a las calles de Argel y otras grandes ciudades. Nada de elecciones organizadas por el poder. De nuevo, se han vuelto a oír los eslóganes coreados desde hace semanas: “Nada de votar a las bandas”; “No votaré hasta que os marchéis”: “Los generales a la basura”; “Nada de elecciones con los aparatos corrupitos”; “Elecciones sin garantías en las condiciones actuales: un suicidio”.

Cuatro días antes, el viernes, se produjeron enormes manifestaciones en la mayoría de las ciudades del país que vienen a desmentir a quienes confiaban en un agotamiento del hirak (movimiento de protesta.NdT). Justamente es la obstinación del general Salah en pedir unas elecciones rápidas y, de repente y el activismo de las autoridades civiles las que parecen haber removilizado a sectores del pueblo decididos, según algunos manifestantes, a “no dejarse robar su segunda independencia” mediante unas elecciones amañadas entre los círculos del poder.

A comienzos del verano, el Jefe del Estado Bensalah, que continúa en funciones a pesar de que su periodo de vigencia acabó en julio, intentaba un gesto de apertura confiando a una comisión de diálogo y mediación la tarea de explorar las vías de salida de la crisis.

Coordinada por Karim Younès, expresidente de la Asamblea Nacional destituido abruptamente por Buteflika al final de su mandato, esta comisión, inmediatamente criticada y boicoteada por partidos de la oposiciónse ha concentrado, en realidad, en la preparación de las elecciones presidenciales. “La ciudadanía argelina quiere ir rápidamente a elecciones. Solo los militantes que las rechazan” asegura Karim Younès, al mismo tiempo que la aplastante mayoría de las voces del hirak y de la oposición política rechazan semejante votación.

Esta comisión entregó su informe el domingo ocho de septiembre y sugiere algunos “gestos de apaciguamiento” para lograr que se acepten la elecciones presidenciales. Entre estos gestos, la dimisión del Primer Ministro Bedoui y su gobierno; la liberación de militantes y manifestantes encarcelados, la creación de una comisión electoral realmente independiente; la modificación de la ley electoral; apertura de los medios de comunicación y supresión de la censura. “Somos optimistas en cuanto a la aplicación de estas propuestas”, insistieron varios miembros de la comisión.

Con una celeridad nunca vista, el Consejo de Ministros se reunía al día siguiente para adoptar dos proyectos de ley a fin de crear un organismo encargado de organizar las elecciones y la ley electoral, al tiempo que se convocada la Asamblea. El martes, el ejército hacía oír su voz de nuevo, a través de un editorial de la revista del Ministerio de Defensa, el Djeich. Sí a las elecciones rápidas, repite el ejército, que amenaza contra “cualquier tentativa de imponer condiciones irrealizables, imposiciones, y de difundir ideas coloniales de otra época condenadas por la historia y rechazadas por el pueblo”.

Así es el enfrentamiento entre el levantamiento popular que sigue potente y un régimen decidido a hacer caso omiso. “La adopción de dos proyectos de ley por el Consejo de Ministros marca el inicio del proceso contrarrevolucionario activo, estima Mustapha Hammouche, editorialista del diario Liberté. Después de basarse en un constitucionalismo por principio, el poder adelanta además un argumento suplementario para justificar su prioridad electoral: que se corresponde con la demanda popular. Lo que de hecho tendría que haber llevado a la extinción de las manifestaciones ciudadanas. Sin embargo, sobre el terreno, asistimos a un aumento de las movilizaciones”.

“Hay que dejar de sacralizar la elección presidencial, escribe el ensayista Akram Belkaïd en Le Quotidien de Orán. No es ni un objetivo ni una culminación. Debe ser considerada una etapa entre otras. Y como cualquier etapa, tiene sus prerrequisitos. La cuestión que hay que plantearse no es “¿Cuándo hay que votar?” sino “¿Qué hay que hacer antes para votar por fin?”

Ya el cuatro de julio, no se pudieron celebrar las elecciones presidenciales deseadas por el poder después de la renuncia de Buteflika por falta de candidatos. Esta vez ejército y gobierno han puesto en marcha un proceso que se esfuerzan en vestir con bellos atuendos de legalidad e imparcialidad. Pero nada de lo que se dice se podrá llevar a cabo. Los últimos agentes del régimen aparecen aislados y es el rechazo popular es muy grande.

Los gestos de apaciguamiento pedidos por el organismo de diálogo no están presentes. Muy al contrario, la verborrea del general Salah, que se expresa una o dos veces a la semana con motivo de visitas a los cuarteles, se hace cada vez más amenazante. Complot del extranjero, agentes infiltrados, desestabilización del país, los intereses del país atacados por fuerzas oscuras, “plan abyecto de los enemigos”, “partidos rechazados por el pueblo que no tienen otra preocupación que la crítica y las injurias”... “Llegado el momento”, el general promete rayos y truenos (discurso del 2 de septiembre).

Propaganda y cierre de los media de masas

La traducción de estas intenciones es un aumento de la represión contra el movimiento y las movilizaciones así como cualquier intento por organizar a las dispersas fuerzas de la oposición. Participantes de las revueltas siguen en la cárcel. En prisión provisional desde hace cuatro meses, Louisa Hanoune, dirigente del PT(izquierda radical), vió rechazada por tercera vez su petición libertad por parte del tribunal de Blida el 9 de septiembre. Perseguida por ultraje a cuerpo constituido y atentado a la moral del ejército", Lakhdar Bouregaa, personaje de la guerra de la independencia y muyahidín, también está en la cárcel como varias decenas de personas más.

La semana pasada, la universidad de verano del movimiento Raj (Rassemblement actions jeunesse), que debía celebrarse en Begaia, fue prohibida y varios de sus militantes interrogados durante varias horas. Reuniones públicas, activistas: las prohibiciones y las detenciones se producen al azar, incrementando la tensión en las regiones. El lunes, una coalición de partidos de oposición, las Fuerzas de alternativa democrática se pudo reunir finalmente a pesar de la prohibición de un primer local de reunión. Agrupando entre otros al FFS, el RCD, el PT, el MDS y la Liga argelina de los derechos humanos, esta coalición rechaza “la agenda de la presidencial que quiere imponer el poder de hecho y que en simbiosis con la firme voluntad expresada por el pueblo argelino por un cambio democrático radical que consagre su propia soberanía”.

Desde hace meses, las exigencias de las principales voces son las mismas: dimisión de los responsables actuales, un periodo de transición, un gobierno provisional de personalidades independientes. Pero cuando las Fuerzas de la alternativa democrática juzgan indispensable un proceso constituyente que lleve a una nueva constitución “para romper con el régimen actual” otros estiman necesario una negociación con el ejército.

En realidad, los pequeños partidos de oposición, marginalizados y justo tolerados por el presidente Buteflika, siguen profundamente divididos, así como los movimientos y las asociaciones salidos de siete meses de levantamiento popular. Una de las dificultades del hirak es no haber hecho surgir personalidades nuevas capaces de reunir y de transmitir las demandas de las multitudes que se manifiestan. Y el poder se esfuerza en provocar divisiones entre estas diferentes fuerzas.

El último elemento de esta estrategia global del régimen para imponer una votación presidencial es la toma de control de los medios de comunicación. La página de información francófona TSA sigue inaccesible en Argelia desde hace tres meses. Los periódicos privados están amenazados por el organismo estatal que controla la distribución de la publicidad. “El bloqueo, de los medios de comunicación públicos y privados es casi total” señala el diario El Watan. “Las cadenas de televisión que han intentado durante unas semanas nada más que ejercer libremente su papel de informar objetivamente a la opinión han sido conminadas rápidamente a alinearse con la voz oficial. Ningún debate controvertido, ninguna cobertura objetiva de los acontecimientos que se desarrollan en el escenario nacional son tolerados. La censura es total”.

¿Conseguirán imponer su plan el ejército y lo que resta del poder civil? La eventual dimisión del Primer Ministro Nouredine Bedoui que, a modo de testamento, hizo un balance de su actividad en el último Consejo de Ministros, se ve como un gesto suplementario hacia la opinión pública, Solo que no será suficiente. Lo que sucede desde hace siete meses en Argelia y que se repite a partir de la rentrée de septiembre hace imposible un simple retoque del sistema actual. Incluso los partidarios de unas elecciones presidenciales como Ali Benflis, antiguo primer ministro de Bouteflika antes de convertirse en su adversario, Abderrazak Makri, presidente del partido MSP (islamista) consideran que no se dan las condiciones necesarias para avanzar hacia ellas. “Los indicadores muestran que la transición democrática todavía están lejos y las condiciones la misma no se dan todavía” resume el líder del MSP.

A menos que disponga de un candidato a presidente elegido por los clanes del poder, el general Gaïd Salah corre el gran riesgo de que se repita el escenario del 4 de julio. Alcaldes y magistrados rechazaron organizar la votación, el rechazo a las elecciones había galvanizado a mucha gente y la ausencia de candidatos puso punto final al ejercicio. Algunos meses más tarde, la situación no es muy diferente con el pueblo argelino decidido a ganar su libertad.

12/98/2019

https://www.mediapart.fr/journal/international/120919/algerie-l-armee-passe-en-force-pour-organiser-une-election-presidentielle?onglet=full

Traducción: viento sur

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