El 21 de noviembre de 2021, la ONG francesa Disclose divulgaba un conjunto de documentos clasificados de los servicios de inteligencia y del ejército francés que han revelado una amplia alianza entre el Estado francés y el gobierno egipcio. La filtración, titulada "Egypt Papers", tiene dos revelaciones importantes: la primera se refiere a la Operación Sirli, que comenzó el 13 de febrero de 2016 en el desierto occidental, cerca de la frontera libia. Según los documentos, oficiales de inteligencia, pilotos y técnicos franceses se integraron en las fuerzas armadas egipcias con el objetivo declarado de luchar contra presuntos activistas infiltrados en los 1200 km de frontera con Libia.
Según los documentos franceses filtrados, la operación también dio lugar a violaciones de los derechos humanos, que también fueron corroboradas por informes de los medios locales. Documentaron un caso en el que tres civiles murieron por un ataque aéreo en el desierto occidental en julio de 2017, así como el asesinato de 21 turistas mexicanos en 2015, también por un ataque aéreo en el desierto occidental. La segunda revelación gira en torno al despliegue de los sistemas de vigilancia electrónica altamente avanzados Nexa Technologies1/, Ercom y Suneris [empresas adquiridas en 2019 por Thales], y Dassault Systèmes, todas los cuales son empresas francesas. La venta fue aprobada en 2014 por el Ministerio de Economía francés, dirigido en ese momento por el actual presidente Emmanuel Macron.
La alianza entre el Estado francés y el gobierno egipcio se basa en un complejo conjunto de intereses financieros, objetivos paralelos de política exterior y afinidades ideológicas. Más en particular, estos intereses financieros compartidos incluyen contratos masivos de armamento entre El Cairo y París. Entre 2016 y 2020, las exportaciones de armas francesas aumentaron un 44 % en comparación con 2011-2015, recibiendo Egipto el 20 % de las exportaciones de armas francesas, lo que le convierte en el segundo mayor cliente, después de la India, de armas francesas. Las compras más caras hasta ahora han sido el avión a reacción francés Rafale, comprado bajo dos importantes contratos de armamento en 2015 y 2021, por un valor de 5.200 millones de euros y 4.500 millones de euros, respectivamente. También vale la pena destacar la estructura de estos contratos de armamento: algunas de las mayores transferencias de armas se financian con préstamos franceses, incluido un préstamo de 3.200 millones de euros en 2015 y un préstamo no revelado para financiar el último contrato de 4.500 millones de euros en 2021. La naturaleza regresiva del sistema tributario egipcio, donde la carga fiscal es soportada por las clases bajas y medias, significa que este acuerdo transfiere efectivamente los ingresos de las clases bajas y medias a la industria armamentística francesa.
Esto también significa que, además de los beneficios derivados de los contratos de armamentos, el pago de intereses es otra fuente de beneficios para los acreedores franceses, incluido el Estado francés. La importancia de estos contratos de armamento para el Estado francés ha dado lugar al predominio del ejército francés, y no del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la gestión de las relaciones del Estado con el gobierno egipcio.
Este método de financiación no se limita a la venta de armas, ya que Francia ha invertido 4.600 millones de euros en los proyectos de infraestructura del gobierno egipcio. El acuerdo se firmó el 14 de junio e incluye 800 millones de euros en préstamos gubernamentales, mil millones de euros de la AFD (la Agencia Francesa de Desarrollo) y 2.000 millones de euros en préstamos bancarios garantizados por el Estado francés. Los proyectos deben ser llevados a cabo por empresas francesas.
Además de facilitar los flujos de capital y la transferencia de riqueza a Francia, Francia y Egipto tienen objetivos de política exterior similares, especialmente en Libia. Ambas partes apoyaron al general libio, y ahora candidato presidencial Khalifa Haftar, en su esfuerzo por arrebatarle el poder al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) de Trípoli; en ese momento era el gobierno reconocido internacionalmente en Trípoli (entre 2019-2020). Esta política, entre otros factores, exacerbó la guerra civil en el país y alentó al general a tratar de tomar Trípoli por la fuerza, que finalmente se volvió en su contra después de una fuerte intervención turca en enero de 2020.
Los dos aliados también se oponen firmemente a la presencia turca en Libia. Después de la derrota de Haftar en Trípoli, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi amenazó con la intervención militar directa y proclamó que cualquier intento de las fuerzas del GNA respaldadas por Turquía de apoderarse de la ciudad de Sirte implicaría cruzar una línea roja para la seguridad nacional egipcia. Macron se hizo eco de esta opinión, declarando en junio de 2020 que Francia "no tolerará el papel de Turquía en Libia". Pidió a Turquía que retirara sus tropas. Cabe señalar, sin embargo, que las relaciones egipcio-turcas han mostrado signos de mejora desde entonces. Sin embargo, a pesar de este enfriamiento de las tensiones, Turquía ha rechazado los llamamientos de Sisi y Macron para retirar las tropas extranjeras de Libia. Los resultados de esta reconciliación no están claros, y una flexibilización de las posiciones sigue siendo una posibilidad que se perfila.
Finalmente, Macron y Sisi mostraron un notable parecido ideológico con respecto a su deseo de "reformar" el Islam y, por extensión, su feroz oposición al Islam político. Es interesante observar que ambos tienen como objetivo, en diferentes contextos, apropiarse del discurso islámico politizado y ponerlo bajo control estatal. Por ejemplo, en octubre de 2020, el presidente Macron describió el Islam como una "religión en crisis", al tiempo que proclamaba la intención de su gobierno de publicar una ley para combatir el "separatismo islámico". Esta declaración fue seguida por la publicación, en diciembre, de una ley que fortalece el control estatal sobre escuelas, mezquitas y clubes deportivos, permitiendo a los funcionarios cerrar mezquitas y disolver organizaciones religiosas sin una decisión judicial. Aunque el Islam no se mencione explícitamente en esta ley, no hay duda de que está dirigida hacia los musulmanes franceses. Este cambio de política debe considerarse en el contexto de la creciente competencia entre Macron y la extrema derecha en la esfera de la política identitaria, más específicamente la relativa a la inmigración, las minorías y el lugar del Islam y los musulmanes en Francia.
Por su parte, el presidente Sisi ha pedido repetidamente la renovación islámica con el objetivo de consolidar el control del gobierno sobre el discurso religioso y eliminar los centros de poder social competidores, a saber, Al-Azhar, la principal institución religiosa del país. Los intentos del gobierno de ejercer control sobre el discurso religioso se pueden entender en el contexto de su intento de centralizar el poder social y crear una versión estatal del Islam arraigada en un espíritu social profundamente conservador. Incluso si el contexto es diferente, esta congruencia ideológica es notable, porque aclara en parte la justificación ideológica del apoyo francés a un gobierno cuyo historial de violaciones de los derechos humanos es atroz.
Las consecuencias de la alianza entre Macron y Sisi pueden amenazar la estabilidad regional a largo plazo tanto en Oriente Medio y el norte de África como en Europa. El apoyo francés al gobierno egipcio no reduce la represión y contribuye al empobrecimiento de las clases medias y bajas en Egipto2/. También es importante señalar que la alianza entre Sisi y Macron es parte de una política europea más amplia, con países como Italia y Alemania siguiendo prácticas muy similares en términos de exportaciones de armas y transacciones financieras, aunque de manera menos flagrante. Estas relaciones, si se basan en una política de ignorar las violaciones de los derechos humanos y las presiones económicas, no pueden sino aumentar el malestar social, la radicalización violenta y posiblemente alentar los flujos de refugiados debido al empeoramiento de la represión y el deterioro de las condiciones de vida.
Maged Mandour es analista político y escribe la columna "Crónicas de la revuelta árabe" para Open Democracy.
21/1/2022
Publicado en Carnegie Endowment for International Peace
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur del francés (A l´encontre)
Notas
1/ Según TV5Monde del 23 de diciembre de 2017, actualizado el 24 de diciembre de 2021: "El Polo de Crímenes contra la Humanidad de la Fiscalía de París está abriendo una investigación judicial contra la empresa francesa Nexa Technologies (anteriormente Amesys) a raíz de la queja de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Liga de Derechos Humanos. Se sospecha que Nexa Technologies ha participado en las operaciones de represión llevadas a cabo en Egipto por el régimen de Al Sisi, a través de la venta de equipos de vigilancia digital".
En esta ocasión, Patrick Baudouin, abogado y presidente honorario de la FIDH, dijo: "Al vender equipos y armas de vigilancia en Egipto y Oriente Medio, las empresas francesas están haciendo ventas récord. Lo que las autoridades no quieren ver, ya que toleran o incluso fomentan estas ventas, es que ¡estos regímenes obviamente hacen uso de sus compras!. En Egipto, este material es utilizado por el régimen para rastrear, encarcelar y torturar a los oponentes que se atreven a exigir más libertades y respeto por el Estado de derecho. Este comercio mortal y criminal debe terminar, y la justicia está ahí para recordárnoslo". (Redacción A l´Encontre)
2/ El 13 de enero de 2022 Human Rights Watch publicó un informe titulado: "Egipto: represión sistemática e interminable" (en francés, https://www.hrw.org/fr/news/2022/01/13/egypte-une-repression-systematique-et-sans-fin). (Red. A l´Encontre)
