Ante los 40 años de la aprobación de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
- El contexto de la reforma de UCD
Tras la muerte del dictador en 1975, el gran capital, desarrollado al amparo del régimen, puso en marcha un proyecto de transformación política. Entre los diversos intentos frustrados (reforma de Arias Navarro), el que al final se llevó a cabo, fue el de la UCD, bajo el Gobierno de Adolfo Suárez en los años 1976 y 1977.
Manteniendo al designado por Franco en 1969 como su sucesor a título de Rey, la Ley para la Reforma Política elaborada por el presidente de las Cortes franquistas Torcuato Fernández Miranda, y las elecciones de junio de 1977, supusieron el inicio de la transmutación del régimen desde dentro. Le siguieron otras piezas esenciales del entramado como fueron la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, y los conocidos como Pactos de la Moncloa (Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política) de 25 de octubre de 1977.
Junto a estas medidas que garantizaban la impunidad por los crímenes del franquismo y una política económica beneficiaria del gran capital financiero e industrial en unos momentos en los que la inflación alcanzaba el 26,39 %. Uno de los capítulos más urgentes a reformar era el tratamiento de las nacionalidades. Las clases que ostentaban el poder económico eran perfectamente conscientes de que la estabilización de su proyecto de “Estado fuerte” pasaba por encauzar debidamente las serias aspiraciones nacionales que habían fermentado bajo la dictadura, especialmente en Euskadi, Catalunya, Galicia y Canarias.
El plan llevado a cabo por la UCD en este terreno fue el de enmarañar las reivindicaciones nacionalistas dentro de una compleja red de preautonomías extendidas en todo el Estado y cuyo punto de partida era una impuesta igualdad en el tratamiento de todas las nacionalidades y regiones del Estado sobre la base de un rasero ajustado a las regiones y con un límite preciso: el de la incuestionable unidad de España, sin ni tan siquiera contemplar opciones federalistas.
De esta forma, el Gobierno de UCD concede el régimen preautonómico Vasco en enero de 1978, quedando Navarra excluida del mismo por el bloqueo impuesto por los parlamentarios ucedistas navarros y la franquista Diputación Foral presidida por el requeté Amadeo Marco.
- La democratización de las instituciones navarras: El Real Decreto Ley 121/79, piedra basal de la transición navarra.
Paralelamente, los poderes económicos navarros y españoles representados por UCD y la derecha navarra golpista agrupada en el partido Alianza Foral Navarra, se lanzaron a un proceso político con el objetivo de conseguir una Navarra foral y española, opuesta frontalmente a cualquier unidad con el resto del País Vasco y que garantizase los privilegios económicos que la burguesía navarra había estado disfrutando.
Efectivamente, la Diputación franquista manejada por el virrey Amadeo Marco, a través de diversos programas de promoción industrial, de sociedades navarras de inversiones mobiliarias, ayudó a incrementar de forma sustanciosa los beneficios de una clase burguesa, por medio de subvenciones y concesiones fiscales. La apuesta de esta clase pudiente era seguir manteniendo a toda costa su “corralito foral”.
Por eso se alargó todo lo posible la existencia de una institución infectada de fascistas, confiriéndole, además, el papel protagonista en el proceso de transición hacia la necesaria democratización. Haciendo oídos sordos a los pronunciamientos de las fuerzas de izquierda que exigían la dimisión inmediata de la Diputación y la democratización urgente de las instituciones forales. Que se expresaron en movilizaciones tan poderosas como la que en el 9 de diciembre de 1977 congregó a 40.000 personas en Iruñea exigiendo la dimisión de la Diputación franquista.
Por el contrario, lo que se llevó a cabo fueron unas negociaciones secretas, entre el requeté Amadeo Marzo y el falangista Martín Villa (dos demócratas de toda la vida), que culminaron con la aprobación por el Gobierno español del Real Decreto 121/79, de 26 de enero, sobre elecciones locales y ordenación de las instituciones forales de Navarra.
En esta norma se regulaba la elección del futuro Parlamento Navarro y la composición de la nueva Diputación Foral y sus competencias. Y fue la piedra basal en la que se sustentó el proceso de democratización de las instituciones forales de Navarra.
En su preámbulo se dice que la nueva regulación se hace “amejorando el sistema institucional navarro, expresión esa tradicional en su régimen foral. Y ello de forma que, además de respetar su tradición histórica, responde a las actuales exigencias de democratización de sus instituciones forales, cuyas peculiaridades se han desenvuelto siempre en un profundo y solidario respeto a la indisoluble unidad de la Nación española” (no queda claro si ese “desde siempre”, se refiere a desde in illo tempore o desde que fue conquistada por las armas en 1512-1522)
Las exigencias de democratización contempladas en el Real Decreto 121/79, estaban muy limitadas por las medidas discriminatorias que contenía. La distribución por Merindades no se hacía de forma directamente proporcional a los residentes, sino que se favorecía de forma descarada a aquellas en donde UCD y UPN tenían mayor presencia electoral. Así, mientras a la ciudadanía de Pamplona/Iruñea le correspondía un escaño en el parlamento por cada 9.625 residentes, a la Merindad de Olite le correspondían uno por cada 4.829 residentes, y a la de Sangüesa uno por cada 5.605 residentes.
Además, de los 70 componentes del Parlamento, cinco se garantizaban para cada uno de los seis Distritos Electorales, es decir 30 puestos, y los 40 restantes se distribuían entre los Distritos en proporción a su población, pero sin que a ningún Distrito Electoral le podrían corresponder más de un tercio de esos 40 puestos. Eso significaba que Pamplona/Iruñea no podía obtener más de 18 representantes, por muchos habitantes que tuviera. Y, por si fuera poco, la Merindad de Pamplona se dividió en dos distritos: uno la ciudad y otro su Comarca. Y como las candidaturas que no conseguían superar el 5% de los votos válidos emitidos, quedaban automáticamente excluidas, se fragmentó el voto obrero de la Comarca, impidiendo la presencia mayoritaria de candidaturas de izquierda en el Parlamento navarro.
El Real Decreto 121/79, diseñó un sistema electoral del Parlamento Foral que falseaba la voluntad real de la mayoría de la población, de tal forma que de las elecciones llevadas a cabo el 3 de abril de 1979, UCD, UPN y IFN con el 44,33% de los votos emitidos obtuvieron el 48,57% de escaños en el Parlamento navarro.
- El papel central de una Diputación controlada por la derecha.
Pero donde estaba la madre del cordero, no era en un Parlamento que carecía de toda competencia legislativa, siendo un instrumento meramente consultivo, con una mermada capacidad de decisión centrada únicamente en temas económicos. Donde se concentraron las maniobras de la derecha para obtener el control absoluto fue en la Diputación Foral.
Según el citado Real Decreto, la Diputación no fue elegida por el Parlamento, sino que se conformó con los primeros de la lista que habían obtenido el mayor número de votos. De esta manera, el flamante nuevo Gobierno de Navarra se constituye con 4 miembros de UCD, 1 del PSOE, 1 de HB y 1 de la agrupación electoral de la merindad de Sangüesa Orhi Mendi. El reparto de carteras se hizo de tal modo que UCD controlaba el 75 % de las tareas de la Diputación.
Así el partido del Gobierno del Estado español se garantizaba la mayoría y el control absoluto de la Diputación Foral. Además, y por si lo anterior fuera poco, el presidente de la Diputación Foral de Navarra fue elegido por los Diputados entre ellos, con lo que la jaula de control de la UCD quedó cerrada por completo. Además, el mal llamado Parlamento Foral carecía de toda capacidad de control sobre la Diputación.
Cabe recordar, llegados a este momento, que este peculiar sistema electoral, no se volvió a aplicar nunca más en Navarra, el Real Decreto 121/79, tenía una misión específica: garantizar el control absoluto del proceso autonómico para Navarra, por parte de los partidos que defendían los intereses de la oligarquía económica tanto navarra como del Estado, desvirtuando los principios de toda democracia como es el voto proporcional y las competencias legislativas residenciadas en los parlamentos y no en los órganos ejecutivos, que deben estar controlados en todo momento por aquellos. Fue una ley de un único uso. Una vez cumplida su misión desapareció del catálogo de normas vigentes.
Buena prueba del mezquino espíritu democrático y foral que anidaba en el Decreto Ley, fue la dejación absoluta que hacía de los Concejos. La cacareada democratización no llegaba a estas entidades navarras gobernadas por Juntas de Veintena, Quincenas, Oncenas o abiertos.
Según una circular de la Diputación de 1 de marzo de 1979, las elecciones para renovar esas entidades locales, a celebrar en el mes de abril, se harían conforme la normativa contenida en el Reglamento de Administración Municipal de Navarra. Es decir, la mitad más uno de los miembros de cada Concejo se elegiría por votación directa de los cabezas de familia de cada localidad. Dos vocales de las Juntas de Oncena y Quincena y tres en la de Veintena, serán designados por sorteo, entre un número triple de mayores contribuyentes de la riqueza rustica y urbana. El resto se completa por sorteo entre todos los cabezas de familia. Como se puede ver, un sistema feudal y franquista que la Diputación Foral estaba dispuesta a llevar a cabo en pleno proceso de supuesta democratización de las instituciones, pero, eso sí, todo ello bajo la marca del más genuino foralismo.
Tamaña barbaridad fue impedida por la reacción social que obligó a la Diputación franquista a dar marcha atrás en sus planes, retrasando las elecciones concejiles a octubre de 1979, aprobando unas nuevas Normas sobre Juntas de Oncena, Quincena y Veintena, de 4 de julio de 1979, basadas en premisas más democráticas.
- La Comisión Mixta negociadora del estatuto de autonomía navarro, con Martín Villa a la cabeza.
Una vez constituidos el Parlamento y la Diputación Foral por este singular sistema que difícilmente puede calificarse de democrático, se procedió a designar, por el presidente de la Diputación y por el sistema digital (a dedo), los representantes navarros para la negociación con el Gobierno central del amejoramiento del Fuero navarro.
La comisión mixta Diputación-Gobierno, se constituyó el 19 de diciembre de 1980. La representación de la Diputación Foral estaba compuesta por siete miembros pertenecientes a UCD, PSOE y UPN, se excluyeron a todas las demás fuerzas. La del Gobierno central estaba presidida por el omnipresente Martín Villa.
Esta comisión mantuvo un total de 12 reuniones oficiales durante un año y 2 meses, durante los cuales nunca se informó de la marcha de las negociaciones al resto de componentes de la Diputación, y únicamente se trató ese tema, de tanta transcendencia para Navarra, en una Comisión de Régimen Foral del Parlamento.
Parece ser que los asuntos espinosos se centraron en la inclusión en la nueva ley de Amejoramiento del término “pacto” y en la total autonomía de la cámara de Comptos. Al final, la palabra “pacto” quedó excluida del articulado de la ley (cuestión lógica ya que no puede haber pacto entre conquistado y conquistador). Y la cámara de Comptos quedó sometida al control del Tribunal de Cuentas del Estado.
Para este resultado no mereció la pena tanto tiempo y tantos viajes a Madrid. Y es que esas dos cuestiones no eran sino tapaderas para vestir unas negociaciones en las que todo estaba determinado de antemano, con el objeto de alargarlas de forma artificial para aproximar la aprobación de la LORAFNA con las elecciones generales de octubre de 1982, y así tapar el hecho de que no fuese sometida a referéndum.
En realidad, la cuestión Navarra-Euskadi ya estaba jurídicamente determinada al margen de las negociaciones de los representantes navarros, en el Real Decreto-Ley 1/1978, de 4 de enero, por el que se creó el Consejo General del País Vasco, en el Real Decreto-Ley 2/1978, de 4 de enero, donde se regulaba del procedimiento para la incorporación de Navarra al Consejo General del País Vasco, y en la Disposición Transitoria 4ª de la Constitución de 1978.
Los Reales Decretos-Leyes fueron un instrumento para impedir, en la práctica, que Navarra pudiera formar parte en la etapa preautonómica del Consejo General del país Vasco. Y la Constitución dejaba bien claro que la actualización del régimen foral de Navarra sólo era posible en el marco de su respectivo Estatuto de Autonomía. Con lo que Navarra quedaba configurada como una Comunidad Autónoma con una denominación y características específicas, y con una tortuosa vía para su incorporación a un régimen autonómico nuevo. Vía que precisa de la mayoría de los votos favorables en cada uno de los cuatro territorios afectados. Procedimiento que nunca se ha llevado a la práctica en estos cuarenta años.
Mientras tanto, la Diputación ejercía su función gestora de los intereses económicos de la oligarquía. Su defensa de la patronal y de los empresarios se demostró en su negativa a aceptar una reivindicación unitaria de las centrales sindicales en mayo de 1980, para el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y una adecuación de los descuentos del IRPF, mientras a los capitalistas se les liberaba de todo control sobre cotizaciones a la Seguridad Social y a la Hacienda.
En octubre de 1980 la Diputación Foral echó para atrás un acuerdo del Parlamento Foral, del 2 de julio, por el que se destinaban 1.278 millones de pesetas para financiar a los ayuntamientos y concejos. Cantidad con la que muchas entidades locales contaban y habían ya comprometido desde julio y que en el mes de octubre se encuentran con que la Diputación se las escamotea por la cara.
En abril de 1981 la Diputación Foral retira el apoyo a la Sociedad de Estudios Vascos, entidad que había contado con el respaldo de la Diputación de Navarra desde su fundación en 1918 y que había mantenido su colaboración incluso durante la etapa de Amadeo Marco.
Otro ejemplo del carácter clasista de la Diputación fue el caso FASA. El diario El País publicó la noticia, de que un crédito de la Diputación por importe de 81 millones de pesetas concedido a la empresa había sido utilizado para cancelar una deuda de 45 millones de la cual era avalista el Sr. Del Burgo, presidente de la Diputación que, a su vez era accionista de FASA. Lo significativo de este asunto es que quienes filtraron la noticia al periódico fueron miembros de UCD en la Diputación. Por lo visto Del Burgo es un especialista en ganarse enemigos entre sus propias filas.
- Hubo Frente de Resistencia, pero el PSOE nunca estuvo presente.
Los planes de UCD y la derecha navarra se impusieron a las alternativas que propugnaban la dimisión de la Diputación, una democratización urgente y total de las instituciones forales, así como la celebración de un referéndum para decidir la cuestión Navarra-Euskadi.
Se organizó un Frente de Resistencia que intentó dar una respuesta social a cada paso que daba la derecha. Frente al que nunca perteneció el PSOE, quien intentó, en un primer momento, poner en pie una tercera vía consistente en la creación de un organismo supracomunitario, una especie de Dieta Vasco-Navarra, encargada de plantear acuerdos entre ambas comunidades. Alternativa que pronto fue desechada y abandonada por los socialistas para sumarse al proyecto de la derecha.
El contexto en el que se producen estos hechos se inserta en uno general a nivel de todo el Estado, en donde las diversas maniobras legislativas estaban acompañadas por una actuación represiva sistemática contra el movimiento obrero y popular, con el objetivo de imponer el proyecto de reforma política. Ahí están los datos irrefutables: 188 personas asesinadas entre octubre de 1975 y diciembre de 1983 a consecuencia de la violencia política por parte de cuerpos policiales o parapoliciales, sin contabilizar las detenciones arbitrarias, torturas, multas, cargas policiales y otras violaciones de derechos y libertades, con más de 1.000 personas heridas por violencia institucional. En el periodo entre 1976 y 1977 no hubo un solo día sin que se produjesen manifestaciones de diversa índole que se acompañaron de cargas policiales que produjeron gran cantidad de personas contusionadas, heridas, detenidas, muertas.
Según Martín Villa tras los asesinatos de Vitoria-Gasteiz en 1976 “se entró en una etapa de bastante normalidad en el ámbito laboral”. Para Manuel Fraga los sucesos de Montejurra de ese mismo año (con saldo de dos muertos por disparos de mercenarios pagados por el Estado), zanjó la cuestión dinástica.
Navarra ya era cuestión de Estado. Se combinó el objetivo por imponer el proyecto político del poder económico, abortando el de una Euskadi de cuatro, con el ejercicio de la violencia y el terror entre la población. Y en ambas facetas, el político y el represivo, se encuentra la figura de Martín Villa.
La Marcha por la Libertad recorrió la geografía vasca en los meses de julio y agosto de 1977 sin ningún tipo de problemas, cuando llegó a Pamplona/Iruñea, desde el mismo Ministerio de Interior se impidió que las cuatro columnas confluyeran ni tan siquiera en las campas cercanas a la ciudad, cargando la Guardia Civil de forma violenta contra más de 100.000 personas allí concentradas. El Primero de mayo de 1978 fue especialmente violento en Pamplona, las cargas policiales causaron 20 heridos. La propia policía reconoce haber disparado 225 pelotas de goma y 170 botes de humo. Poco después, se produjeron los sucesos del 8 de julio en plenas fiestas de sanfermines.
- Después de 40 años, siguen pendientes las reivindicaciones democráticas
En este contexto se desarrolló la LORAFNA, que fue producto del pacto entre la derecha centralista, la navarra y el PSOE. Y que es el medio por el cual la clase social que impone su modo de producción económica al conjunto de la sociedad, se asegura su hegemonía. Responde a la voluntad histórica de la burguesía de mantener sus privilegios y control social.
No se trata de un pacto entre iguales, sino de un Estatuto uniprovincial, con menos competencias que, por ejemplo, la de Euskadi (orden público, tráfico). Se aprobó tras la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómica (LOAPA), que limitaba el alcance de las competencias de las autonomías equiparando todas ellas. Sin olvidar los 19 recursos contra leyes forales presentados ante el Tribunal Constitucional por diferentes gobiernos del Estado.
Y, sobre todo, se le escamotea permanentemente al conjunto de la sociedad navarra el derecho a pronunciarse. Es expresión de la obsesión anti vasca de los caciques navarros y de la entronización de la conquista por las armas del antiguo Reino de Navarra, y su vinculación por la fuerza al Reino de España.
Su aprobación supuso una derrota de los sectores progresistas de Navarra. La LORAFNA no ha supuesto más bienestar para el conjunto de la sociedad navarra, sino la consolidación del poder económico de las clases pudientes, del sistema capitalista neoliberal, de la desigualdad social y la precarización de amplios sectores de la población.
Por ello, esos sectores no tienen nada que celebrar en el 40 aniversario de la LORAFNA. La imposición de este proyecto de las clases que ostentan el poder económico no significa que deba eternizarse.
En estos momentos de crisis general, donde las formas de vida y las premisas del crecimiento capitalista muestran sus limitaciones y peligros, son situaciones propicias para revertir las cosas y dar pasos significativos por parte una mayoría social, trabajadora y popular, en la edificación de una “casa común” para todas las personas, con sus diferencias y peculiaridades, pero basadas en una práctica soberana y colectiva sobre cada una de las cuestiones que forman parte de la vida. Así conseguiremos construir una comunidad en la que las personas vivan de forma libre, sin sentirse explotadas, ni oprimidas ni conquistadas, cosa que el Amejoramiento del Fuero de Navarra no ha conseguido en estos cuarenta años.
Ramón Contreras López. Forma parte de la Iniciativa Popular Sanfermines78 Gogoan Herri Ekimena, de la Coordinadora de Pueblos por la Memoria Amapola del Camino y del Autobús de la Memoria
