Artículo original en catalán

En las movilizaciones de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas se popularizó el lema España siéntate y habla (Spain sit and talk) como alternativa a la judicialización, la represión y la ausencia de diálogo para solucionar el conflicto político entre Catalunya y el Estado español.

El documento firmado por ERC y PSOE se titula precisamente "Acuerdo para la creación de una mesa entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat para la resolución del conflicto político". Para conseguir la necesaria abstención de ERC y ser investido presidente Pedro Sánchez, en contra de lo que dijo durante la campaña electoral, se aviene a que el gobierno de España se siente y hable con el de Catalunya, dialogue sin condiciones previas ni limitación de contenidos, con una primera reunión en el plazo de quince días después de la formación del gobierno, con el compromiso de debatir y argumentar las posiciones relativas a cada propuesta, de buscar acuerdos que tengan el apoyo amplio de la sociedad catalana, y de someter los que se consigan a una consulta de la ciudadanía de Catalunya.

No se contempla la figura de un relator independiente que haga notario de los acuerdos alcanzados, pero tampoco se hace referencia explícita a la Constitución sino, más ambiguamente, "a los instrumentos y principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático".

El acuerdo no da satisfacción a las reivindicaciones centrales del independentismo catalán –amnistía, libertad y autodeterminación– pero nadie que analice con realismo la situación de Catalunya puede pensar que esto es posible a corto plazo. Ahora bien, es la primera vez en muchos años que puede existir un gobierno del Estado que se comprometa a resolver el conflicto político existente "con procesos democráticos, con el diálogo, la negociación y el acuerdo". Posibilidad no quiere decir, en absoluto, seguridad, ni siquiera alta probabilidad. Porque, dada la larga experiencia de promesas incumplidas del PSOE y el talante voluble de Pedro Sánchez, no hay garantías de que el futuro gobierno de coalición con Unidas Podemos cumpla el acuerdo. Por otra parte este nace con fuertes críticas dentro del independentismo (JunstxCat, CUP, ANC, CDRs, ...). La derecha (C"s, PP y Vox) ha mostrado su oposición radical y ésta existe también en muchos sectores del aparato del Estado. Finalmente el éxito del acuerdo dependerá mucho de las resoluciones del poder judicial, que es mayoritariamente reaccionario y contrario a las reivindicaciones nacionales.

Una primera muestra de las dificultades ha sido la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar al presidente Torra como diputado del Parlament y de retirar la condición de eurodiputado a Oriol Junqueras. Un órgano administrativo como la JEC se ha arrogado la potestad de inhabilitar a Torra –y de paso intentar hacerlo cesar como presidente– por no haber descolgado una pancarta con lazos amarillos del balcón de la Generalitat. Y, más grave aún, la JEC ha retirado la condición de eurodiputado a Oriol Junqueras, en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le concedía la condición de eurodiputado y la inmunidad parlamentaria. Es decir, un órgano administrativo con una mayoría exigua de la derecha radical cree que puede imponer su opinión en contra del voto democrático de la ciudadanía y de las resoluciones de los tribunales de justicia. Y todo por un objetivo estrictamente político: intentar hacer fracasar la investidura de Sánchez y favorecer las posiciones de C"s, PP y Vox, que el viernes por la tarde celebraban exultantes la noticia. Casi al mismo tiempo había una concentración en la Plaza Sant Jaume en apoyo al presidente Torra; la ANC la había convocado con el lema impecable de Només el Parlament de Catalunya escull el nostre President!. Pero los gritos de No a la investidura y otros similares eran importantes.

Si Pedro Sánchez es elegido presidente y quiere tener tener posibilidades de cumplir la legislatura, su gobierno, el PSC y los Comunes deberán demostrar rápidamente con hechos que realmente quiere sentarse, hablar, dejar atrás la judicialización del conflicto y que tienen el valor necesario para enfrentarse a la derecha. Si no, ERC pagará un precio muy alto en Catalunya y todo el difícil equilibrio que ha permitido un gobierno de coalición se tambaleará

En la sesión del Parlament de ayer (4 de enero) para dar respuesta a las resoluciones de la JEC, la actitud del PSC no ha servido para estimular la confianza en el acuerdo ERC-PSOE, porque su propuesta se ha limitado a constatar que las leyes catalanas sólo prevén la inhabilitación del presidente si hay una sentencia firme. Los Comunes han dado un pequeño paso más acusando a la JEC de extralimitarse en sus funciones y de haber vulnerado el Estatut y el reglamento del Parlament. También votaron a favor del primer punto de la resolución unitaria del independentismo, que iba en el mismo sentido, y se han abstenido en el resto de puntos. Esta resolución, que se ha aprobado con los 67 votos independentistas, ratifica a Torra como diputado y presidente, exige el derecho de autodeterminación, el fin de la represión y la amnistía para los represaliados. El independentismo ha priorizado conseguir su unidad y no ha intentado negociar su propuesta con los Comunes, pero estos tampoco han aprovechado la ocasión para dar credibilidad a la mesa de diálogo y al papel que pueden jugar ellos mismos.

En todo caso las dificultades para que la vía del diálogo se mantenga y dé frutos serán importantes.

En Catalunya JuntsxCat no hará las cosas fáciles. Su interés fundamental es conservar la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas. Hasta entonces jugará a desgastar a ERC presentándose como el verdadero defensor de la amnistía, la democracia y la autodeterminación. Torra ya ha declarado que el gobierno no está obligado por el acuerdo ERC-PSOE, algo obvio, pero que revela un distanciamiento incomprensible por parte de quien ha estado reclamando insistentemente que Sánchez lo llamara para hablar. Puigdemont ha añadido que en la mesa de diálogo entre gobiernos se deberían llevar los acuerdos alcanzados previamente en una mesa de fuerzas independentistas, pidiendo una unidad que él no propició cuando era presidente. ERC también está totalmente interesada en conseguir la presidencia de la Generalitat para consolidar su hegemonía en Catalunya y tener un instrumento vital para conseguir que el acuerdo de diálogo dé frutos. La posibilidad de que, a pesar de los desacuerdos, JxCat y ERC se pongan de acuerdo en hacer funcionar la mesa de diálogo, es que ninguno de ellos tiene realmente una alternativa diferente.

A nivel del Estado el éxito del diálogo depende de que el PSOE consiga eliminar la judicialización del procés, a pesar de que ésta es muy profunda y que seguirá siendo la estrategia preferida por la derecha. Paralelamente debería poder evitar que la mayoría reaccionaria del poder judicial continúe retorciendo las leyes en sentido antidemocrático como en los últimos años, no sólo contra las nacionalidades, sino contra la mayoría de la población. Finalmente debería desmontar el sentimiento de ¡A por ellos! que tan activamente han impulsado en el conjunto del Estado una parte significativa de sus dirigentes y el ministro Borrell en particular. No son cosas fáciles, pero lo que las puede hacer posible es que los votos de la investidura continuarán siendo necesarios para sacar adelante un legislatura en la que la derecha y la extrema derecha harán una oposición feroz.

Finalmente, si el acuerdo ERC-PSOE se consolida, entraremos en una etapa de transición inestable, larga y de resultados inciertos, que puede terminar desembocando en resultados tan diferentes como la realización de un referéndum de autodeterminación acordado, una ampliación sustancial del autogobierno o la vuelta de la derecha extrema al poder con el proyecto de anular las autonomías. Quien inclinará la balanza será la movilización social.

El gobierno de coalición, si es empujado por la movilización social puede permitir algunas conquistas parciales urgentes y ensanchar el marco estrecho y a largo plazo que querrá imponer el PSOE. Este debería ser el objetivo inmediato de las organizaciones sociales independentistas y soberanistas (ANC, Òmnium, CDR, sindicatos, …). Y también de las organizaciones políticas que luchan a la vez por los derechos nacionales y los sociales con una orientación anticapitalista. Tomando impulso sobre estas conquistas inmediatas puede ser posible avanzar hacia la amnistía, la democracia, la autodeterminación, las reivindicaciones populares y los derechos sociales. Con luchas compartidas en Catalunya y a nivel de Estado. Con el horizonte de poner en cuestión el régimen monárquico que da cohesión a todo el entramado de explotación y opresión.

4/01/2001

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