Jean-Marie Harribey, Pierre Khalfa y Christiane Marty
Se abre el debate sobre una nueva reforma del sistema de pensiones. El Gobierno lo quiere liderar precipitadamente y amenaza con incluir un aplazamiento de la edad de jubilación y/o una ampliación del período de cotización en forma de una enmienda al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para 2023 mediante el “artículo 49.3” si fuera necesario [el artículo 49.3 de la Constitución de la Vª República, llamado de “compromiso de responsabilidad”, permite al gobierno hacer entrar en vigor el texto que presente, sin votación previa, de un proyecto de ley de finanzas o de financiación de la seguridad social o de otro proyecto o propuesta de ley. Si el Primer Ministro utiliza este mecanismo, queda suspendida la discusión del proyecto de ley, que queda aprobado, salvo que se presente una moción de censura en las siguientes 48 horas, ndt]
El Gobierno pretende aprovechar el informe del Consejo de Orientación de las Pensiones (COR) de septiembre de 2022. Incluso más allá de que sus proyecciones dependen de hipótesis frágiles como reconoce el propio COR, sus conclusiones no son, sin embargo, un grito de alarma sobre la financiación de las pensiones. ¿Cómo se puede entender esto? Hay que hacer públicos tres elementos esenciales: la evolución de las pensiones en una economía en crisis; la voluntad neoliberal de reducir el gasto público; la situación del trabajo y del empleo.
A lo largo de sus informes anuales, el COR ha incorporado la desaceleración gradual de las ganancias de la productividad del trabajo que afecta a todas las economías del mundo. Los diferentes escenarios que utiliza ahora oscilan entre 0,7%, 1%, 1,3% y 1,6% de crecimiento promedio anual. Cuanto menor es el aumento de la productividad más tiende a aumentar la participación de las pensiones en el PIB. Esta participación es ahora del 13,8%. Podría aumentar al 14,7% en 2070 en el escenario de menor productividad. Y ese es el miedo del gobierno, que probablemente más o menos ha entendido que el fuerte crecimiento económico no volverá.
Sin embargo, como su principal deseo es reducir el gasto público, las pensiones, que constituyen una cuarta parte del mismo, son el objetivo prefabricado. El gobierno quiere integrar esta reforma en su estrategia de cambio del gasto público para cumplir con los requisitos acordados en la Unión Europea. Su “programa de estabilidad 2022-2027”, presentado por Bruno Le Maire [ministro de Economía y Hacienda, ndt], prevé que el déficit presupuestario se reduzca al 3% del PIB en 2027 y que el aumento del gasto público en volumen no supere el 0,6% anual. Pero, sin reforma, el crecimiento espontáneo de la masa de las pensiones crecería un 1,8% anual durante este período. ¡Es más que una pesadilla, es el mal absoluto!
Atrás quedó el tiempo en que los gobiernos prometían “salvar las pensiones de reparto amenazadas por el aumento de la esperanza de vida”. Hoy en día, la esperanza de vida solo aumenta muy lentamente, por lo que inventamos un nuevo argumento: las necesidades de salud, educación, transición ecológica, etc., son inmensas, por lo tanto, habrá que ahorrar en pensiones y trabajar más. ¡Un auténtico desfalco! Y, en cualquier caso, se puede ver claramente la negativa del gobierno en materia de transición, porque ahorrar entre 10 y 12 mil millones de euros al año, o menos del 0,5% del PIB, es solo una gota en el océano frente al 5% necesario para financiarla.
Sin embargo, el envejecimiento de la población continuará y el número de pensionistas aumentará en el futuro: pasaría de 16,8 millones en 2020 a alrededor de 21 millones en 2050. Por lo tanto, es poco probable que la masa de las pensiones pueda reducirse de manera absoluta. Desde la perspectiva neoliberal, el único camino que queda es, por lo tanto, reducir drásticamente las pensiones individuales. Así, alargar aún más el período de cotización impediría que un mayor número de personas alcance el número de años cotizados necesarios para obtener una pensión a tasa completa [se puede obtener por jubilarse a los 67 años o por haber cotizado un determinado número de trimestres, en función del año de nacimiento, ndt]. Esto se traduciría en una reducción de sus pensiones. Ya, con las únicas reformas pasadas, el nivel de vida relativo de los pensionistas en comparación con el conjunto de la población, hoy prácticamente equivalente en promedio, caerá en una cuarta parte en el escenario de mayor productividad y un 13% en el escenario de menor productividad. Esto significa que la tasa de reemplazo (relación entre la pensión y el salario anterior) caerá fuertemente: era de media el 50,3% en 2021; caería al 39,4% en 2070 en el escenario de productividad más débil y al 32,6% en el escenario más fuerte.
A continuación viene lo que se refiere al trabajo y al empleo con el fin de garantizar el cuidado de las personas pensionistas en la sociedad. El argumento repetido una y otra vez es que Francia tiene una tasa de empleo de personas mayores que sería insuficiente: en 2021 era del 56,1% en la edad de 55 a 64 años, modulada de la siguiente manera: el 75,1% de 55 a 59 años (+24,7 puntos desde 2000 debido a las anteriores reformas), y el 35,5% de 60 a 64 años (+24 puntos desde 2000). Pero se pasan por alto dos cuestiones. Más de la mitad de las personas de 60 a 64 años están desempleadas porque ya no cumplen con las normas de las empresas: no tener esto en cuenta hace que las reformas simultáneas del seguro de desempleo y de las pensiones sean aún más indecentes. Por otro lado, en una situación económica dada, aumentar la tasa de empleo de las personas mayores no crea de facto ningún empleo adicional. Como globalmente, la tasa de paro prevista por el COR permanece estable en el 7%, el abandono de la perspectiva del pleno empleo significa que el mantenimiento de las personas mayores en el trabajo reducirá las posibilidades de entrada de nuevas personas en el empleo.
El COR, que utiliza las proyecciones del INSEE, predice que la tasa de empleo de las mujeres se mantendrá constantemente ocho puntos por debajo de la de los hombres. Sin embargo, no hay razón para perpetuar esta brecha, excepto para renunciar a actuar por la igualdad. En otras palabras, para las mujeres, como para el conjunto de la población, a las personas que tienen trabajo se les debe hacer trabajar en lugar de ofrecérselo a las que no lo tienen. Esta hipótesis de que el desempleo se mantendrá en un nivel alto durante varias décadas quita toda credibilidad a la posibilidad de aumentar la tasa de empleo para conseguir la permanencia en el trabajo hasta los 64 o 65 años, o incluso más si se cree a algunas sirenas empresariales. Ante esta imposibilidad, la conclusión es que el verdadero objetivo es disminuir los derechos futuros de pensión de los y sobre todo de las que no podrán superar las nuevas exigencias.
Sobre todo, el COR considera que la distribución de la renta es inmutable: el reparto de salarios/beneficios no cambiará durante el próximo medio siglo, aunque la participación de los salarios en la riqueza creada ha caído cinco puntos con respecto a la media de los “Treinta Gloriosos” y que los beneficios de las grandes empresas alcancen nuevas cotas. Sin embargo, los déficits previstos no superan el 0,5% del PIB, es decir, el 1% de la masa salarial, a pesar de que la proporción de cotizantes respecto a los mayores de 65 años pasaría de 1,7 a 1,3 entre hoy y el 2050. A partir de 2023, durante un decenio, el déficit de las cajas de pensiones alcanzaría como máximo una docena de miles de millones de euros y la participación de las pensiones en el PIB se estabilizaría. ¿Por qué entonces querer tomar medidas regresivas? Porque se quiere evitar a toda costa considerar un aumento de las cotizaciones para la jubilación. Sin embargo, según el COR, un aumento en el tipo de cotización de entre 0,2 y 1,7 puntos sería suficiente para equilibrar el pago de las pensiones durante los próximos 25 años, según los supuestos de productividad y las convenciones contables retenidas.
El conjunto de estos elementos debería ser objeto de una deliberación democrática. De lo contrario, la degradación de las pensiones acompañará a la del trabajo, de sus condiciones y de su significado, en un momento en que precisamente el lugar del trabajo en la sociedad y sus fines definen el desafío de una verdadera transición social y ecológica. Con la agenda neoliberal del presidente Macron es de temer que, de crisis en crisis, que paguen el precio quienes realizan los trabajos más duros y las personas pensionistas más empobrecidos.
La tendencia secular hacia la reducción progresiva del tiempo de trabajo se envía al museo de la historia, ya que, a partir de ahora, no nos quedaría más remedio que aumentarlo o bajar aún más drásticamente el nivel de las pensiones. Sin embargo, y hay que afirmarlo con fuerza, no es necesario trabajar individualmente más sino menos. El gran avance civilizatorio que ha supuesto la jubilación de reparto ha consistido en hacer de este período de la vida, no la antesala de la muerte, sino una fase de la vida en la que, todavía con relativa buena salud, podemos dedicarnos a actividades sociales libres. Es este progreso el que todas las reformas neoliberales ponen en entredicho al querer hacernos trabajar cada vez más para la mayor rentabilidad del capital.
20/9/2022
Traducción: viento sur
