Un año después de que el Partido Socialista (PS) conquistara la mayoría absoluta en el parlamento, la situación política se altera con la entrada en escena de la lucha popular. Esta lucha se desdobla ya en múltiples combates. Desde las luchas reivindicativas del profesorado, del sector de médicos, enfermería, funcionariado judicial y personal de la aviación civil -marcadas por la exigencia de aumentos salariales que respondan a la presión de la inflación y del aumento de los intereses- hasta las movilizaciones transversales, como las previstas para el 25 de febrero (manifestación por una Vida Justa, contra el aumento del coste de vida) o para 1 de abril (manifestaciones por el derecho a la vivienda).

Mayoría absoluta, crisis social e inestabilidad política
A finales de 2021, al rechazar las exigencias de la izquierda sobre la legislación laboral y sobre la inversión en sanidad, Antonio Costa consiguió precipitar las elecciones en nombre de una promesa de estabilidad política. Fue una táctica ganadora en el plano electoral. La mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones de enero de 2022 se convirtió, pasado un año, en una platea parlamentaria de un gobierno que, en constante convulsión interna, no responde a los problemas que se agravan. En el primer año de la legislatura se conjugaron tres elementos: degradación de los estándares políticos en el gobierno, alineación con la patronal en el “pacto social” sobre los salarios (firmado por la patronal y por la UGT) y apuesta por la protección de las ganancias extraordinarias de la élite económica en tiempo de inflación, que golpea duramente a una población que, sin contar los apoyos sociales, tiene cerca de un 40% de las personas en situación de pobreza. Una sucesión de casos y escándalos sacudió el gobierno, incluso aunque muchos de ellos no tuvieran alcance judicial. En solo nueve meses, el Gobierno sufrió 13 dimisiones (11 secretarios de Estado y dos ministros). Cuando el Primer Ministro decide nombrar como Adjunto a un ex-alcalde acusado en dos procesos judiciales, comenzando por rechazar cualquier aclaración y terminando obligado a aceptar su dimisión, esto pasa a ser una cuestión política. Tampoco era crimen nombrar para Secretaria de Estado a una ex-administradora de la compañía aérea TAP tras haber salido de la empresa (mayoritariamente pública) con una indemnización de medio millón de euros, sin que el Ministro de Finanzas, que la escogió, haya querido tomar conocimiento del premio millonario que el propio gobierno autorizó; puede no ser un crimen, pero es una flagrante violación de patrones éticos que deberían orientar el gobierno. La contratación de otra miembro del gobierno por una empresa a la que esta había concedido beneficios fiscales es un ejemplo de la puerta giratoria entre el centro de poder político y las grandes empresas.

Estos casos no son casinhos ni meros percances, son síntomas de podredumbre en una mayoría absoluta que, con solo un año de existencia, exhibe la misma cultura de arrogancia y opacidad que marcó anteriores mayorías del mismo tipo, incluyendo las del PS. En 2022, la inflación superó récords de hace treinta años (7,8%) y las recientes proyecciones de una ligera moderación de su ritmo en 2023 (5,4%) confirman la prolongación de la pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones. De modo oscilante, los precios continúan subiendo, de forma más pronunciada en los bienes alimenticios, en los que la inflación rebasa el 20%, afectando con particular gravedad a los más pobres. La mayoría absoluta insiste en la tesis de que la actualización de salarios y pensiones a la tasa de inflación agravaría el ciclo inflacionista, lo cual es apoyado por las autoridades de Bruselas. La media de los aumentos salariales de los funcionarios del Estado es de solo 3,6% (y son decrecientes a lo largo de la tabla salarial). Y el acuerdo gobierno/patronal/UGT fijó una mera referencia del 5% para aumentos voluntarios en el sector privado, de hecho muy por debajo de la inflación, mientras ofrece un premio fiscal a las empresas, bajo la forma de bajadas en sus impuestos. En la práctica, la mayoría de las empresas está congelando salarios o practicando aumentos por debajo de este valor. La tesis de la espiral es desmentida por la realidad: el ciclo inflacionario no tiene origen en los salarios, siendo ante todo fruto de un movimiento especulativo que acelera la transferencia para el capital de rentas de los trabajadores, en su condición de consumidores y de deudores. En Portugal, este empobrecimiento de la clase trabajadora y esta profundización de la desigualdad social solo tiene un paralelo reciente en la austeridad de la troika, en el inicio de la década pasada. Los beneficios de los mayores grupos económicos se disparan, y una quincena de grandes empresas cotizantes en la bolsa de Lisboa entregaron a sus dueños 2500 millones de euros en dividendos, el valor más elevado de siempre. El gobierno afirma ser víctima de las sucesivas crisis internacionales. Al rechazar controlar precios o limitar márgenes de beneficio en la comercialización de los productos, opta por proteger a los especuladores de la energía, de las grandes superficies comerciales o de las telecomunicaciones. De cara a todo esto, los anuncios triunfales sobre crecimiento económico (6,7% en 2022, tasa récord desde 1987) y déficit presupuestario (por debajo del 1,5% del PIB) solo muestran la incapacidad del gobierno de atender a la verdadera situación de Portugal, prefiriendo un juego contable a la inversión, a los salarios y a los empleos. Sin aceptar reformas progresistas que sean fundamentales en el trabajo y en los servicios públicos, sin siquiera un plan para mitigar los impactos del asalto especulativo, el gobierno de la mayoría absoluta abraza a la oposición de derechas, sin recursos para la divergencia en el debate sobre la política del gobierno, cuyo fondo comparte.

Profesorado: en solo un mes, huelgas y tres enormes manifestaciones
Los y las docentes y todos los profesionales de la educación se están rebelando por razones de peso. Sufren una reducción de los salarios en términos reales, bloqueo de la progresión en la carrera por la imposición de cuotas, desprecio en el cómputo del tiempo de servicio, precariedad y ausencia de compensación por gastos de desplazamiento para escuelas alejadas del lugar de residencia. La situación no es nueva, pero la pérdida real de salario bajo la inflación incendió las escuelas. El deterioro de la carrera docente alejó a las jóvenes generaciones de la profesión mientras miles se jubilan. La falta de profesores se hace sentir ya en muchas disciplinas, grados de enseñanza y zonas del país. Miles de niños y jóvenes estaban ya sin clases antes de las huelgas por falta de profesores. Y la situación se agrava cada año. En vez de encontrar soluciones, contando íntegramente el tiempo de servicio, pagando gastos de desplazamiento o creando incentivos para zonas empobrecidas (como sucede con policías o médicos), el gobierno decidió atacar el derecho a la huelga de los profesores y exigir servicios mínimos a los docentes para acogida y alimentación de estudiantes, y para clases. La marcha de las negociaciones apunta hacia respuestas muy parciales e insuficientes y a la prolongación de una batalla en que la clase docente se presenta movilizada en máximos históricos.

La vivienda en el centro de las luchas
El BCE anunció un nuevo aumento del tipo de interés de referencia, que alcanza ahora el 3%. Este aumento empuja a la economía hacia el estancamiento, perjudica el empleo y el salario sin tocar las causas principales de la inflación -los estrangulamientos en la oferta y la especulación. El aumento de los intereses tiene un efecto directo en las rentas de las personas, con préstamos para vivienda y que vieron aumentar los intereses del banco hasta el 50% y sin ningún mecanismo eficaz de protección. En Portugal, el derecho fundamental a una casa está por cumplir. En menos de una década los precios de la compraventa de casas se duplicaron y alquilar cuesta un 50% más. La vivienda consume un porcentaje brutal de las rentas del trabajo, resultado de políticas públicas que promovieron la especulación y el turismo residencial de lujo. En 2015, cuando el PS llegó al poder, la vivienda ya era una bomba de relojería, pero nada impidió que el nuevo gobierno mantuviera las leyes que promueven la venta de inmuebles a capitales extranjeros. Con el apoyo de la derecha, apostó incluso por la creación de nuevas formas de explotación financiera del sector inmobiliario. Aprovechando la política de intereses bajos (y hasta negativos), los capitales internacionales fluyeron hacia la rentabilidad garantizada del inmobiliario.

En Lisboa, crece la campaña por un referéndum por la vivienda, con el objetivo de limitar fuertemente las facilidades concedidas a la transformación de viviendas en alojamiento turístico. A la vez, están en preparación en las principales ciudades una serie de manifestaciones por el derecho a la vivienda, con perspectivas multitudinarias, para el día 1 de abril, así como otras formas de protesta por los salarios o por el clima. La primavera va a ser caliente.

Jorge Costa es miembro del Bloco de Esquerda

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