Estimados Presidente Barack Obama, Presidente Juan Manuel Barroso y Presidente Herman Van Rompuy:
Los Estados Unidos y la Unión Europea están listos para comenzar las negociaciones de un acuerdo de “comercio” e inversión, la Alianza Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés), también conocida como el Tratado de Libre Comercio Transatlántico (TAFTA por sus siglas en inglés). Las organizaciones abajo firmantes de Europa y de los Estados Unidos queremos mostrar nuestra preocupación basándonos en las informaciones sobre las negociaciones venideras y declarar nuestra oposición a la práctica de realizar negociaciones comerciales a puerta cerrada, a fin de alterar y reducir las medidas de interés público en aras de los intereses comerciales.
Como ambas partes han señalado, debido a que los aranceles en los Estados Unidos y la Unión Europea son ya bajos, el acuerdo propuesto se centrará particularmente en “cuestiones de reglamentación y en barreras comerciales no arancelarias”. Nos preocupa que el proceso que ha llevado a la puesta en marcha de las negociaciones del TAFTA haya estado dominado por intereses empresariales transatlánticos, que parecen empeñados en socavar las protecciones más importantes de los intereses públicos a ambos lados del Atlántico, protecciones a las que por ahora, tanto sus productos como sus operaciones se tienen que adaptar. Su agenda consiste en utilizar esas negociaciones como medio para continuar sus esfuerzos desreguladores, hasta ahora infructuosos. Representantes de la industria organizados desde 1995 en el Diálogo Empresarial Transatlántico, recientemente renombrado como Consejo Empresarial Transatlántico, han presionado por una “armonización” de las normativas divergentes, por el tránsito libre de bienes, por tener autoridad para gestionar servicios bajo “reconocimiento mutuo” y por la eliminación de lo que ellos llaman “fricciones comerciales”, las cuales para nosotros constituyen algunas de las garantías más importantes para los consumidores y el medio ambiente.
Un acuerdo transatlántico que fuera poco más que un vehículo para facilitar la desregulación, no sólo amenazaría con debilitar críticamente las garantías para los consumidores y el medio ambiente, sino que también chocaría con el principio democrático de que aquellos que deben convivir con los resultados de las normativas reguladoras – los residentes de nuestros países – sean capaces de establecer esas normativas a través de un proceso democrático, incluso cuando ese proceso suponga la existencia de normativas divergentes que los empresarios puedan encontrar inapropiadas.
Por lo tanto, somos muy escépticos en que un acuerdo centrado en una “armonización” normativa vaya a servir a los intereses de los consumidores, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y a otras esferas de interés público. Más bien, podría dar lugar a una reducción de las normativas y a máximos en vez de mínimos. Un acuerdo de “libre comercio” no tiene que impedir que los Estados Unidos o a la UE (o sus estados miembros) adopten y apliquen normativas que brinden niveles más altos de consumo, derechos de los trabajadores y protección medio ambiental.
Denunciamos la naturaleza especialmente opaca y exclusivista de las recientes negociaciones comerciales e insistimos en que los textos de la negociación sean hechos públicos. Dado que un futuro acuerdo tendría un impacto en una amplia variedad de intereses públicos, el proceso ha de abrirse al público. Los gobiernos de los EEUU y la UE deben comprometerse a que los documentos de las negociaciones y las solicitudes de los diferentes países estén disponibles al público.
Los grupos de interés, incluidos aquellos a los que no les fue concedido un pase preferente a los comités de asesoramiento comercial oficiales, tienen que tener la posibilidad de revisar el texto si han de hacer contribuciones significativas con respecto a decisiones fundamentales en la materia.
Deben tener lugar desde un principio y durante todo el proceso, consultas con los diversos grupos de interés. Las consultas asimétricas con empresas y grupos industriales en anteriores acuerdos negociados por los EEUU y la UE han dado lugar a una serie inversiones y rendimientos que han beneficiado a las industrias por encima de las comunidades y el medio ambiente.
Queremos destacar además algunos de los intereses de los consumidores, medioambientales y de los trabajadores que estaremos vigilando de cerca y por los que vamos a exigir que se rindan cuentas, dado el alcance potencial del acuerdo propuesto:
No a las demandas inversor-Estado /1: un posible acuerdo entre los Estados Unidos y la UE no debe incluir la resolución de demandas inversor-Estado. Especialmente porque tanto las leyes de propiedad como los tribunales de los Estados Unidos y la UE son sólidos, no hay pretexto para garantizar a los inversores extranjeros derechos superiores a los que tienen las empresas nacionales o subordinar nuestros sistemas judiciales a tribunales habilitados para asaltar el erario público. La inclusión de tales disposiciones extremas en los anteriores acuerdos comerciales y de inversión ha permitido que poderosos intereses, desde la industria tabacalera hasta empresas contaminantes, utilicen las demandas inversor-Estado para desafiar y debilitar a los consumidores, la salud pública y las protecciones medioambientales. Los tribunales que tramitan las demandas inversor-Estado han ordenado que sean los contribuyentes quienes compensen a las compañías extranjeras con miles de millones de dólares para la aplicación no discriminatoria en dicho estado de esas protecciones. Para evitar los extralimitados privilegios procesales de los que gozan los inversores, mayores que los que se ofrecen a las empresas nacionales tanto en los Estados Unidos como en la UE, cualquier acuerdo debe excluir la resolución demandas inversor-Estado.
Seguridad alimentaria: las partes negociantes deben ser libres para establecer una seguridad alimentaria no discriminatoria, así como normativas de etiquetado y nutricionales más robustas que cualquiera normativa armonizada alcanzada en un acuerdo, que alcancen el objetivo de proteger tanto a los consumidores como el medio ambiente, y que tengan en cuenta consideraciones éticas. A cada país le debe estar permitido establecer normativas basadas sólo en las demandas y las prioridades de los consumidores, incluso en un contexto de incertidumbre científica. Deben fijarse los estándares más altos en cuanto a inspección y seguridad alimentaria para garantizar la protección del consumidor, y se deben incluir planes para un sistema transatlántico de avisos de alerta rápida y eliminar gradualmente el uso de antibióticos en animales.
Estabilidad financiera: cualquier normativa armonizada debe acompañarse de una potente regulación financiera, sobre la base de los esfuerzos reguladores más importantes de EEUU y la UE, y debe reflejar también las lecciones extraídas de la crisis alimentada por la desregulación de 2007-2009, y debe dar libertad a las partes negociantes para hacer cumplir regulaciones más contundentes. Los Estados Unidos y la UE deben ser libres, sin excepciones, para poner límites a las dimensiones de las instituciones financieras; para establecer fuertes regulaciones en materia de fusiones y adquisiciones; para insistir en la separación entre los bancos comerciales, los de inversión y aquellos con funciones aseguradoras; para prohibir o restringir la oferta de productos financieros de riesgo; para establecer tasas e impuestos a instituciones y transacciones financieras; para que se adopten coeficientes de reservas por encima de los estándares internacionales; para imponer normas de funcionamiento y obligaciones de inversión; para limitar las comisiones y tasas de interés; y para llevar a la práctica el control de capitales.
Acceso a medicamentos asequibles e innovación en internet: no debe limitarse el acceso de los consumidores a medicamentos asequibles ni sus posibilidades para utilizar e innovar en internet. Los Estados Unidos y la UE deben garantizar que los consumidores mantengan su capacidad para utilizar libremente internet y que no sean sometidos a un incremento de los costes sanitarios en provecho de los estrechos intereses empresariales de las empresas farmacéuticas. El posible acuerdo debería excluir todas las cláusulas de propiedad intelectual, incluyendo, entre otras, aquellas relacionadas a patentes, derechos de autor, marcas comerciales y protección de datos.
Seguridad climática: cualquier acuerdo debe ofrecer espacios políticos a los países signatarios para responder a la crisis climática en ciernes y facilitar una transición hacia formas de producción y consumo sostenibles. Para avanzar en la sostenibilidad y evitar un cambio climático catastrófico, las partes negociantes han de tener espacios políticos para adoptar políticas fiscales, normas de funcionamiento obligatorias, regulaciones en las emisiones contaminantes y de carbón, sistemas de autogeneración o “feed-in” en las tarifas eléctricas, políticas de compra que den preferencia a las energías renovables y a los productos verdes, normativas de energías renovables, u otras políticas sin que sean susceptibles de impugnación virtud del acuerdo.
Fármacos seguros, dispositivos médicos y productos químicos: las partes negociantes deben tener la libertad de establecer normas eficaces y de alta seguridad que fármacos, dispositivos y productos químicos deben cumplir antes de que se autorice su comercialización o de que tengan acceso al mercado. Los Estados Unidos y la UE deben tener la libertad de establecer la serie de pruebas que consideren oportunas.
Regulación eficaz de las nuevas tecnologías: las partes negociantes deben poder juzgar la posibilidad de regular productos derivados de las nuevas tecnologías, como la nanotecnología o la biotecnología. Debe mantenerse cierta flexibilidad para promulgar normativas no discriminatorias para alcanzar los objetivos de proteger tanto el medio ambiente y a los consumidores, como protecciones éticas ante la evolución tecnológica.
Dada la amplitud de implicaciones que tendría un potencial acuerdo entre los Estados Unidos y la UE en los consumidores, trabajadores y el medio ambiente, esta carta no constituye una lista exhaustiva de nuestras preocupaciones. Seguiremos de cerca las negociaciones y defenderemos nuestros derechos contra las tomas de decisiones a puerta cerrada al servicio de los intereses de las empresas. Además continuaremos esforzándonos en desarrollar y promover enfoques alternativos a los retos globales del cambio climático, deterioro ambiental, desempleo, desigualdad creciente e inseguridad alimentaria basados en la responsabilidad democrática y en la cooperación, en vez de la competición económica y la liberalización del “comercio”.
EEUU y UE
Transatlantic Consumer Dialogue (TACD)
EEUU
Coalition for Sensible Safeguards, Open The Government, Citizens Trade Campaign, International Brotherhood of Teamsters, American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME), Family Farm Defenders, Presbyterian Church (USA), US Public Interest Research Group (PIRG), Consumer Federation of American (CFA), Public Citizen, Liberty Coalition, Public Knowledge, Center for Food Safety, Center for Digital Democracy, American Medical Student Association, Friends of the Earth, New Rules for Global Finance Coalition, Global Exchange, National Association of Consumer Advocates, Institute for Policy Studies - Global Economy Project, Food & Water Watch, Center for Policy Analysis on Trade and Health, Institute for Agriculture and Trade Policy, Farmworker Association of Florida, Fair World Project, Just Foreign Policy, Health GAP, International Center For Technology Assessment, Knowledge Ecology International, Columban Center for Advocacy and Outreach, The Second Chance Foundation
Europe
Food & Water Europe; Friends of the Earth Europe (FoEE); Corporate Europe Observatory; Transnational Institute; Fair Trade Advocacy Office; 11.11.11, Belgium; Transport & Environment (T&E), Belgium,;ATTAC Vlaanderen, Belgium; Africa Contact, Denmark; Association internationale de techniciens, experts et chercheurs – AITEC, France; ATTAC France; ATTAC Finland; PowerShift-Verein fuer eine oekologisch-solidarische Energie-& Weltwirtschaft e.V., Germany; World Economy, Ecology & Development, Germany; ATTAC, Hungary; Fairwatch, Italy; Both ENDS, Netherlands; Platform Duurzame en Solidaire Economie, Netherlands; Platform Aarde Boer Consument, Netherlands; Women"s International League for Peace and Freedom (WILPF), Netherlands; Trade Justice Movement (TJM), UK; PoHG - The Politics of Health Group, UK; National Health Service Consultants" Association, UK; Keep Our National Health Service Public (KONP), UK; No2EU-Yes to Democracy, UK; GeneWatch UK; Campaign against Euro-federalism (CAEF), UK; National Health Action Party (NHAP), UK.
8 de julio de 2013
Traducción: VIENTO SUR
Notas:
1/ Las demandas inversor-Estado las interponen las empresas contra estados a los que acusan de provocarles pérdidas debido a las legislaciones públicas de dicho estado.
