El 14 de abril, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, estuvo charlando con los marinos enfundados en los uniformes de color azul de la Royal Navy; al fondo se veían claramente los acantilados de Dover, cortesía del canal de televisión de Downing Street. “Nuestra compasión puede ser infinita”, dijo, “pero nuestra capacidad para ayudar a la gente, no.” Ese mismo día, como si formaran tándem, su secretario de Interior, Priti Patel, estaba de visita en Ruanda para firmar un acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores de aquel país, Vincent Biruta. Aunque no se conocen muchos detalles, el acuerdo prevé que muchas personas refugiadas que lleguen a Gran Bretaña sean enviadas a Ruanda mientras se estudian sus peticiones de asilo. Si estas se aprueban, las personas en cuestión tendrán derecho a quedarse… en Ruanda. Los traslados podrían comenzar en cuestión de semanas.
El anuncio realizado por Johnson a última hora aseguró que la medida se difundiera entre elogios en la prensa de la mañana siguiente. “Migrantes que llegan se van para Ruanda”’, ladró The Sun, un titular en que la expresión se van parece sugerir que se trata de un viaje que la gente migrante hará para dejar de molestar. El Mail adoptó su tono habitual de ataque frontal, proclamando: “Plan Ruanda para aplastar a los traficantes del Canal”. Mientras tanto, los titulares del Times y del Telegraph eran casi idénticos –“Migrantes llegados en botes serán enviados a Ruanda” y “Migrantes llegados por mar serán enviados a Ruanda”–, como si el programa de Patel no fuera más que una simple solución técnica a la crisis migratoria.
La secretaria de interior alternativa, Yvette Cooper, respondió inmediatamente a Patel a través de Twitter: “Anuncio desesperado y realmente vergonzoso del gobierno esta noche, en un intento de desviar la atención de los actos ilegales cometidos por Boris Johnson. Inviable, inmoral y abusivo.” Más tarde, el líder laborista Keir Starmer repitió la misma triada: “Inviable, inmoral y abusivo”. A partir de ese momento, la oposición no ha dejado de calificar el plan de intento de tapar el escándalo del partygate, centrando su indignación moral en este último. A pesar de que se criticaba de pasada el contenido ético del plan Ruanda, su principal defecto parece consistir en desviar la atención de lo que importa realmente. Muy al estilo de los tabloides de Murdoch, el Partido Laborista casi no se ha pronunciado sobre la moralidad de la medida y se ha centrado a poner en duda su viabilidad y su eficacia: ¿Funcionará? ¿Cuánto costará? Lo cual implica que si el gobierno lograra reasentar a las personas migrantes en países terceros a un precio razonable, don Keir ofrecería su pleno apoyo.
¿Cómo se explica el hecho de dar más importancia a los detalles técnicos del plan que a su coste humano? Desde que Johnson logró una sólida mayoría parlamentaria en 2019, ha buscado varías maneras de mantener la energía populista de su campaña. Entre ellas destaca la explotación de la cuestión de la migración. A lo largo del año pasado, el ministerio del Interior se ha planteado una serie de iniciativas estrambóticas para rechazar las balsas neumáticas con máquinas generadoras de oleaje, la deportación de las personas migrantes a islas remotas en las antípodas o su encierro en embarcaciones en desuso cerca de la costa británica, todo ello en nombre de la “recuperación del control”.
Ninguno de estos planes se materializaron, y hay quien ha vaticinado que la salida ruandesa tampoco se pondrá en práctica, pero su función ideológica salta a la vista: naturalizar el tratamiento de determinadas personas como objetos que pueden rechazarse, procesarse o reubicarse. Si este último anuncio generó más preocupación por sus complejidades administrativas que indignación ante su finalidad política, esto fue una clara señal del éxito gubernamental: apoyarse en la historia de la esclavitud y del imperio para tirar a las personas migrantes (particularmente las de piel negra o morena) como materia inerte que puede ser transportada, almacenada o desechada en función de las prioridades del Estado británico.
Sin embargo, el acoso a la migración es un discurso contradictorio. Por un lado, se presenta a la persona migrante como un objeto sin vida, un problema que requiere solución. Por otro, se dice a la población que tenga cuidado, sospeche o incluso tema a quienes arriban a las costas británicas. Un hilo rojo presente en los discursos y declaraciones de los conservadores es el de una conocida narrativa de criminalidad, que a pesar de apuntar principalmente contra las bandas y traficantes de personas, extiende el estigma por asociación.
Johnson advierte contra los “jóvenes sanos” o “migrantes económicos” que vienen con falsos pretextos, a veces haciéndose pasar por menores de edad, ocupando el lugar de las personas verdaderamente necesitadas. Nos enseñan a distinguir a estos farsantes del “genuino solicitante de asilo”, por quien el gobierno declara su infinita simpatía. La construcción de este tipo ideal sirve de ardid para justificar la violencia estatal contra quienquiera se atreva a cruzar el Canal. Los primeros anuncios del plan Patel daban a entender que solo se enviarían a Ruanda a hombres solteros, aunque esto se corrigió pronto para incluir también a mujeres solteras. Por supuesto, no se definen criterios para declarar a una persona solicitante de asilo genuina. Esta condición es inalcanzable, pero su preservación imaginaria permite disciplinar y demonizar a cualquier aspirante a refugiada.
Así, al tiempo que se vacía la política migratoria de todo contenido ético y se la reduce a una cuestión burocrática, paradójicamente se enmarca también dentro de una misión moral apremiante. En su discurso del 14 de abril, Johnson subrayó que el trato con Ruanda era tanto una política ingeniosa como una cruzada virtuosa:
De los huguenotes franceses a los refugiados judíos de la Rusia zarista, al atraque del Empire Windrush, a las personas sudasiáticas que huían de África Oriental, a las otras muchas que han venido de diferentes países en tiempos distintos por motivos diversos, todas han querido estar aquí porque nuestro Reino Unido es un faro de apertura y generosidad, y todas a su vez han contribuido magnánimemente a la fascinante historia de este país.
No obstante, esta generosidad solo es posible, continuó argumentando, en ausencia de una migración ilegal y del tráfico de personas:
Esos malvados traficantes de personas abusan de la gente vulnerable y convierten el Canal en una tumba acuática, en la que hombres, mujeres y niños se ahogan en embarcaciones que no sirven para navegar en el mar, o mueren en camiones frigoríficos. E incluso si logran llegar hasta aquí, conocemos demasiado bien esas horribles historias de explotación durante años, desde los salones de manicura del este de Londres hasta el marisqueo en Morecambe Bay, ya que la migración ilegal hace que la gente sea más vulnerable al brutal abuso de bandas despiadadas.
Por consiguiente, se precisan unas fronteras sólidas e impermeables para proteger tanto a la población británica como al buen inmigrante del otro criminal: un argumento que los ministros conservadores han repetido en entrevistas a lo largo de la semana siguiente. Se sobrentiende que la oposición al plan de Patel equivale al apoyo a los traficantes, o al respaldo de los enemigos de la civilización británica. Cuando el arzobispo de Canterbury cuestionó esta lógica en su sermón de Pascua, calificando la política de deportación de “lo contrario a piadoso”, el ministro de las bendiciones del Brexit, Jacob Rees-Mogg, aprovechó la ocasión para insistir en el cuento de los tories: calificó el plan de “casi una historia de redención pascual”, ya que permitía al Reino Unido aprovechar sus privilegios de país rico para ayudar a un país africano empobrecido y a su población.
En estas palabras está muy presente el guion misionero, pero los tories también han incorporado otro legado de la era colonial, menos conocido, en su retórica antiinmigración. En la Gran Bretaña de finales del siglo XIX, la ficción popular utilizó en abundancia lo que el crítico Stephen Arata ha denominado “narrativas de la migración inversa”: historias en que fuerzas primitivas amenazan con colonizar el mundo occidental. En la novela Ella, de Rider Haggard, Ayesha se propone saquear Londres y deponer a la reina Victoria; en Drácula, el conde invade Gran Bretaña después de comprar una serie de grandes latifundios.
Como señala Arata, estas historias se nutren de la ansiedad con respecto al lugar de Gran Bretaña en el mundo cuando se ve confrontada por una competencia cada vez más globalizada. Parten de una sospecha cultural generalizada de gente desarraigada, que se siente aislada, lejos de casa, por motivos opacos. Su finalidad era apuntalar una identidad británica civilizada y estable, en contraste con esta itinerante. En nuestra era posbrexit, cuando Ucrania lucha por articular su papel dentro de un orden multipolar, la relevancia de esta narrativa ha adquirido nuevos bríos. Fiel a la invectiva de Theresa May contra los “ciudadanos de ninguna parte”, Johnson ha procedido a extirpar a estos sujetos nómadas de la gobernanza británica.
La privatización de lo que antaño eran servicios públicos (sanidad, educación, seguridad, justicia) a favor de conglomerados globales en nombre de la eficiencia y la frugalidad es una característica conocida del capitalismo neoliberal. Cualquier servicio público puede deconstruirse en una serie de procedimientos técnicos anonimizados de empresas con ánimo lucrativo. Sin embargo, el plan de asilo de Patel representa una forma particularmente dañina de asociación público-privada, en la que el Estado, con su capacidad erosionada por años de austeridad, solo puede ejecutar su giro nacionalista-autoritario delegando sus funciones represivas en contratistas que no tienen que rendir cuentas.
Fue precisamente esto lo que ocurrió con el precursor inmediato del plan: la práctica australiana de trasladar a las personas inmigrantes a la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, y a la pequeña isla de Nauru, en el sur del Pacífico. Se adjudicaron contratos de cuidado y justicia a oscuras empresas como Serco y G4S para que pusieran en práctica este programa, y ahora es probable que las reclute Patel (quien contrató al artífice del plan australiano, Alexander Downer, en febrero de este año). Si esta es la realidad de la solución posneoliberal británica, la izquierda no tiene ningún motivo para celebrarlo, ya que supone el empoderamiento de empresas parásitas que compensen la debilidad del Estado imperial, cuya atrofia e inseguridad no ha reducido su mezquindad.
Por supuesto, como ha señalado Justin Welby, no existe esa figura que llaman solicitante de asilo ilegal, pero la proliferación de varias categorías de migrantes crea una jerarquía de virtudes que se presta al aprovechamiento por parte de quienes tratan de bloquear la migración en general. ¿Acaso un desempleo estructural prolongado es una razón menos válida para emigrar a otro país que la persecución por el Estado?
Mi padre se fue de Karachi en barco en 1955 para lo que se suponía sería una estancia temporal en Londres. Fue un viaje confortable, compartiendo camarote con un amigo, y mi padre fue relativamente privilegiado en comparación con quienes estaban llegando del Caribe y del subcontinente indio. Pronto se convirtió en inmigrante, asentándose gradualmente en Londres sin ni siquiera ser muy consciente de lo que estaba haciendo. Sin embargo, justo ocho años antes, él y su familia habían abandonado Amritsar para trasladarse en plena crisis de partición de la ex colonia británica, en la que murieron asesinadas dos millones de personas y fueron desplazadas 15 millones. No está claro por qué mi padre decidió prolongar su viaje hasta llegar a Gran Bretaña, como no está claro si habría que declararle inmigrante o refugiado. Pero una cosa es cierta: si se propusiera emprender ese mismo viaje en el día de hoy, la maquinaria del ministerio del Interior se pondría en marcha para detenerle.
27/04/2022
Traducción: viento sur
