Ni el mundo árabe ni África ocupan un lugar importante en los informes y análisis dedicados a la pandemia de COVID-19. A pesar de los serios desafíos y de los sistemas de salud a menudo insuficientemente financiados y con poco personal, estas regiones generalmente han evitado las horrendas tasas de mortalidad observadas en Europa y Estados Unidos. Al mismo tiempo, los países de estas regiones, como todas las sociedades, sufrieron las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia.
Mouin Rabbani, editor en jefe de Quick Thoughts y coeditor en jefe de Jadaliyya, habló con Khaled Fahmy, profesor de estudios árabes modernos en la Universidad de Cambridge, miembro de la Academia Británica e historiador destacado del Egipto moderno, para comprender mejor el impacto de la pandemia en el mundo árabe y en Egipto en particular. Khaled Fahmy, también destaca la dimensión hiperrepresiva del régimen y sus efectos criminales acentuados en el contexto actual. Esta entrevista, publicada el 25 de noviembre, se realizó a finales de septiembre de 2020 e incluye datos válidos en ese momento. (Red. Jadaliyya )
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Mouin Rabbani (MR): La población de Egipto supera a la de la mayoría de los demás países del mundo árabe juntos. Es el tercer país más poblado de África y su capital, El Cairo, es una de las ciudades más grandes y congestionadas del mundo. Sin embargo, se ha dado muy poca cobertura a cómo la pandemia COVID-19 ha afectado a Egipto. ¿Van las cosas tan bien en términos de tasas de infección, muertes y cosas por el estilo, o es porque la mayor parte de la atención de los medios se centra en otra parte?
Khaled Fahmy (KF): Dado el tamaño de la población de Egipto, que es de casi 101 millones, la tasa general de infección en el país es relativamente baja. Según el panel COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins, a mediados de septiembre de 2020, Egipto tenía 102.000 casos registrados[1] , con una tasa de incidencia de 99 por 100.000 (en comparación con 2.328 en Kuwait , 2.180 en Israel, 1.114 en Sudáfrica, 847 en Sudáfrica, 429 en Líbano y 275 en Marruecos). Desde el inicio de la pandemia y hasta mediados de septiembre, Egipto ha registrado 5.787 muertes por Covid-19. Estas cifras colocan a Egipto en el puesto 31 del mundo.
El primer caso se registró oficialmente el 14 de febrero y el número diario de casos confirmados alcanzó su punto máximo el 18 de junio; desde entonces la curva ha ido descendiendo. Sin embargo, el 16 de septiembre, la Ministra de Salud, Hala Zayed, dijo que el país se estaba preparando para una nueva ola.
En preparación para una posible segunda ola, la Ministra de Salud anunció planes para aumentar las reservas de suministros médicos del país, aumentar las pruebas de PCR, intensificar las pruebas en los aeropuertos y planificar la producción y distribución de un vacuna. Más importante aún, el 18 de julio, la Ministra de Salud dijo que Egipto había firmado un acuerdo con la compañía farmacéutica británico-sueca AstraZeneca que trabaja con la Universidad de Oxford para reservar 30 millones de dosis.
¿En qué medida se ha preparado el gobierno para la pandemia y cómo ha respondido desde que el virus llegó a Egipto?
El sistema de salud egipcio es antiguo y sólido, y sus orígenes se remontan a principios del siglo XIX. Baste decir que Egipto fue uno de los primeros países del mundo en tener un programa nacional de vacunación contra la viruela, y también fue pionero en tener un sofisticado sistema de recolección estadísticas demográficas que le permitieron realizar el primer censo de la región en 1848.
A pesar de su larga historia, el sistema de salud tiene fallas graves, que se han vuelto más evidentes a raíz de la pandemia de COVID-19. Por un lado, el sistema de salud es muy desigual, y las zonas rurales, especialmente en el Alto Egipto, sufren de manera desproporcionada esta disparidad.
El sistema también tiene serias lagunas e insuficiencias. Por ejemplo, aunque Egipto tiene la escuela de medicina más antigua de la región (el Hospital Qa? R al-'Aini, que es la escuela de medicina de la Universidad de El Cairo), el país tiene una tasa de densidad de personal médico de 0,8 por 1000 habitantes, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que serían necesarios al menos 2,3 por 1000 habitantes para asegurar la cobertura de las necesidades en atención primaria de salud . El país también tiene una baja densidad de camas hospitalarias de 1,43 por 1000 según la OMS, y de 1,35 según la Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas (CAPMAS, organismo oficial de estadística), lo que coloca a Egipto en el puesto 119 en el mundo. Peor aún, esta proporción se ha deteriorado constantemente durante las últimas dos décadas: en 2002, era de 2,1 por 1000. Además, aunque el gobierno haya históricamente tomado las primeras medidas para proporcionar una cobertura nacional completa de seguro médico, el 72% de los costes de la atención sanitaria está aún cubiertos por las y los pacientes.
¿Cómo reaccionó el sistema de salud egipcio a la crisis? ¿Fueron las y los trabajadores de la salud, los medios de comunicación y otros actores capaces de proporcionar al público información relevante y discutir abiertamente la política gubernamental?
Si bien la respuesta del gobierno a la crisis fue competente al principio, con el tiempo se hizo evidente que no podía o no estaba dispuesto a abordar los problemas estructurales y contingentes del sistema de salud, con el resultado de que las y los trabajadores de la salud y el público en general se han sentido traicionados por un gobierno que se suponía debía protegerlos durante esta crisis.
Se ha anunciado un paquete de estímulo por valor de unos 6.130 millones de dólares (1,8% del PIB) para mitigar el impacto económico de COVID-19. Se han reducido las tasas de interés para préstamos a los sectores de turismo, industria, agricultura y construcción.
En abril, el ministro de Finanzas, Mohamed Maait [que tiene una carrera de más de 30 años en el aparato estatal] declaró que el presupuesto planificado vería un aumento del 46% en el gasto público en salud durante el año fiscal 2020-2021. Esto daría lugar a un aumento del porcentaje del gasto público en salud del 1,19% al 1,37% del PIB. Contrariamente a lo que afirma el Ministro, este porcentaje está muy por debajo del 3% previsto en la Constitución y constituye el tercer gasto anual más bajo en el ámbito de la salud en los últimos siete años.
En junio, el gobierno anunció que se habían reservado 376 hospitales para el tratamiento de pacientes con Covid-19. A pesar de esto, se informó con mucha frecuencia que los hospitales estaban desbordados. Sin embargo, al mismo tiempo, es decir a mediados de junio, que vio el primer pico de la pandemia, el gobierno insistió oficialmente en que los hospitales públicos habían llegado solo al 84% de su capacidad máxima. Y esto, a pesar de las numerosas quejas de la población que se quejaba de dificultades de ingreso al hospital y denegación de ingreso.
Además del problema de las camas de hospital, ha habido constantes quejas de tests insuficientes y defectuosos. Según el Comité por el Derecho a la Salud, una ONG independiente, solo el 0,13% de la población se ha sometido a la prueba de COVID-19, que es un porcentaje muy bajo a nivel mundial. Esto puede explicar la tasa de incidencia relativamente baja mencionada anteriormente. Además, Egipto ha utilizado principalmente pruebas de orientación diagnóstica rápida en lugar de pruebas de PCR y, según la OMS, las primeras no son tan fiables como las segundas. Egipto ha utilizado esta prueba en los aeropuertos para examinar a las y los pasajeros que llegan, así como en los hospitales para el personal sanitario. La BBC informó en agosto que esto estaba teniendo consecuencias adversas y que el virus podría haberse propagado inadvertidamente dada la incidencia de resultados falsos negativos. [Las y los sanitarios, incluido el sindicato de médicos, exigieron acceso a las pruebas de PCR y no lo consiguieron. En el reportaje de la BBC del 15 de agosto, las y los médicos que testifican lo hacen de forma anónima por temor a la represión. Las imágenes de este informe muestran protestas de personal sanitario enojado que exige pruebas de PCR.]
Peor aún, desde el inicio de la pandemia, las y los trabajadores de la salud se quejaron ampliamente de que no estaban adecuadamente protegidos y de que el gobierno no respondía y era negligente en la provisión de pruebas y equipos de tests adecuados, de equipamientos de protección personal (EPP) adecuados y suficientes, y la puesta en marcha de planes de dotación de personal creíbles y equitativos. Al ver que un gran número de sus colegas eran víctimas del virus y un gran número de médicos y médicas moría, las y los médicos de un hospital gubernamental en El Cairo presentaron una dimisión colectiva en mayo.
El 23 de junio, el primer ministro Mustafa Madbouly culpó a las y los médicos, diciendo que el aumento en el número de muertes por COVID-19 se debió a que los médicos no se presentaron a trabajar. Esto provocó una reacción airada del Sindicato de Médicos, que dijo que los médicos no eran negligentes ni irrespetuosos con sus pacientes. Aunque la oficina del primer ministro emitió una vaga aclaración sobre esta provocadora acusación, estaba claro que el gobierno no toleraría las críticas sobre cómo estaba manejando la crisis. Un médico que le había pedido a Mustafa Madbouly que ofreciera una disculpa inequívoca fue rápidamente arrestado. Poco después, varios otros médicos también fueron arrestados por plantear cuestiones sobre la respuesta del gobierno a la pandemia.
En efecto, desde el inicio de esta crisis, el gobierno dejó claro que no toleraría ninguna crítica. En marzo, anunció que impondría una multa de 20.000 libras egipcias (unos 1.300 dólares) a cualquiera que difundiera "rumores falsos" sobre la pandemia. En junio de 2020, Amnistía Internacional publicó un informe en el que se documentaban los casos de al menos seis médicos y dos farmacéuticos que fueron detenidos por criticar la gestión de la pandemia por parte del gobierno. En julio, Associated Press (AP) informó que grupos de derechos humanos documentaron los casos de diez médicos arrestados por el mismo motivo.
Como otros gobiernos de todo el mundo, el gobierno egipcio ha utilizado la pandemia de COVID-19 para justificar y distraer la atención de la represión de la libertad de prensa. Como resultado, no solo los médicos fueron arrestados; todas las voces disidentes están amordazadas.
Las autoridades comenzaron con periodistas extranjeros, enviando una clara señal de su tolerancia para informar sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno. En marzo, el jefe de la oficina del New York Times en El Cairo , Declan Walsh, fue censurado por "actuar de mala fe para dañar los intereses egipcios". Ese mismo mes, la corresponsal de The Guardian, Ruth Michaelson, fue expulsada del país por cuestionar el recuento oficial de casos. Luego, el gobierno se volvió contra las y los periodistas egipcios. En mayo, Lina Attalla, editora en jefe de Mada Masr, fue arrestada. Al mes siguiente, le tocó el turno a Nora Younis, editora en jefe de al-Manassa. Mohamed Monir, un periodista que había aparecido en Al Jazeera , también fue detenido, en su caso "por difundir información falsa". Fue liberado diez días después de descubrir que era portador de COVID-19. Murió poco después.
Las cárceles se han convertido en una preocupación particular en todo el mundo porque son inherentemente susceptibles a la transmisión de enfermedades. En Egipto, existe el factor adicional de una población carcelaria grande y creciente desde que el general Abdel Fattah al- Sisi asumió el poder en julio de 2013. ¿Cuáles son sus principales observaciones al respecto?
Tras la pandemia, las condiciones sanitarias en las cárceles de todo el mundo se han convertido en un motivo de profunda preocupación. Al ser lugares cerrados y superpoblados, las cárceles son entornos particularmente expuestos en los que el virus puede propagarse fácilmente. Sin embargo, esta preocupación por las condiciones sanitarias de las cárceles es más aguda en el caso de Egipto, donde las cárceles están notoriamente superpobladas y las quejas sobre las malas condiciones sanitarias eran comunes incluso antes de esta pandemia.
Para comprender la gravedad de la situación de la higiene en las cárceles egipcias, debemos tener dos cosas en mente. El primero es el enorme aumento de la población carcelaria. El segundo es la transformación muy peligrosa de la política penal que el régimen ha aplicado durante los últimos cinco o seis años.
El aumento de la población carcelaria egipcia se debe al aumento del número de presos políticos y, más concretamente, al mayor recurso de las autoridades egipcias a una reciente enmienda legal que permite el uso de la prisión preventiva como sanción. El trasfondo de este cambio de ley es la determinación del régimen actual de evitar que se repitan protestas masivas como las de 2011-2012.
El resultado ha sido un enorme aumento de la población carcelaria y un peligroso hacinamiento en las cárceles. Aunque el Estado ha construido muchas prisiones nuevas para aliviar la presión sobre los lugares de encarcelamiento existentes, todavía están peligrosamente superpoblados. Un informe publicado por la Iniciativa Egipcia por los Derechos de las Personas [Egyptian Initiative for Personal rights] afirma:
“La mayoría de las cárceles no tienen camas… Los presos duermen en el suelo con mantas que les traen del exterior. El espacio de la habitación o celda se divide entre los presos, calculándolo al centímetro. La parte por persona puede ser el espacio de una mano y dos dedos o el espacio de una mano y un puño… [Una de las cárceles] tiene celdas muy pequeñas lo suficientemente grandes para una persona, pero 13 personas están allí amontonadas [En otra prisión], las habitaciones de no más de 3 por 15 metros pueden acomodar de 33 a 34 personas".
Según un informe de Human Rights Watch de 2016, las prisiones egipcias funcionaban ya al 150% de su capacidad. Y según el Consejo Egipcio para los derechos Humanos [ Egyptian Council for Human Rights], las condiciones de sobrepoblación de las cárceles constituyen en sí mismas un riesgo para la salud.
La segunda razón que explica el peligroso aumento de la población carcelaria egipcia es el desarrollo de una nueva política criminal que no se rige ni por el constitucionalismo ni por la legalidad, y mucho menos por los principios de justicia o derechos humanos, sino por una venganza contra las y los militantes, contra la juventud, contra cualquier forma de movilización política y por la determinación de evitar que se repita el momento revolucionario de 2011. Y las herramientas que utiliza el gobierno para lograr este objetivo son las herramientas ilegales como las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la detención preventiva, que permiten el encarcelamiento indefinido de personas.
También hay un retorno a una vieja “filosofía del castigo” en la que las cárceles eran vistas como lugares de exilio, destierro e incluso muerte. Ahora se está metiendo a personas en las cárceles sin haber sido condenadas. Están encarcelados para ser olvidados, para pudrirse y morir. Por tanto, las cárceles egipcias se han convertido una vez más en lugares de peligro inmediato2/.
Es cierto que la COVID-19 es una pandemia global que amenaza a la población de todo el planeta. Sin embargo, las políticas vengativas y miopes del actual régimen egipcio hacen que la pandemia sea mucho más peligrosa y mortal. Al negarse a escuchar el llamamiento de los grupos de derechos humanos para liberar a las y los presos políticos detenidos ilegalmente, las autoridades egipcias no solo están poniendo en peligro la vida de miles de personas detenidas inocentes, sino que también están agravando la crisis de salud pública que enfrenta Egipto con la COVID-19. (Artículo publicado en el sitio web de Jadaliyya el 25 de noviembre de 2020; traducción A l'Encontre )
25/11/2020
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur
Notas:
1/ A partir del 1 de diciembre de 2020 conforme a los informes de la Johns Hopkins University, Egipto tenía 115'011 casos y 6650 muertes.
2/ Amnistía Internacional, en un informe dado a conocer el 2/12/2020 desarrolla estas informaciones. AI habla de un “estremecedor aumento de las ejecuciones” señalando que “solo en octubre y noviembre las autoridades egipcias ejecutaron a al menos 57 hombres y mujeres, casi el doble de las 32 ejecuciones registradas en todo 2019”. AI denuncia también las “condiciones crueles e inhumanas” en las cárceles egipcias. (Ver https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/egipto-estremecedor-aumento-de-las-ejecuciones-revela-profunda-crisis-de-derechos-humanos/). Por su parte Human Rights Watch (HRW) señalaba el 22 de octubre que en diez días de octubre habían tenido lugar 49 ejecuciones (ver https://www.hrw.org/publications?keyword=&country[]=9635). El 3 de diciembre, un colectivo de más de 500 personalidades francesas acaban de demandar a E. Macron que en su próxima visita oficial a Egipto reclame en particular la liberación de las personas defensoras de los derechos humanos detenidas en Noviembre (https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/03/la-france-ne-peut-rester-silencieuse-face-a-l-escalade-repressive-du-gouvernement-egyptien_6062062_3232.html) .
Las relaciones de Europa con el régimen de Sissi son analizadas en un artículo publicado en la revista digital Infolibre, “Unión Europea-Egipto, una alianza que pisotea los valores fundamentales”, que acaba con el comentario de Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre su visita a El Cairo el 3 de septiembre de 2020: “Una importante visita a El Cairo que comenzó con un intercambio profundo con el presidente al-Sisi. Egipto juega un papel clave en la región y nosotros nos esforzamos por reforzar las relaciones y seguir cooperando en cuestiones de interés mutuo. La UE y Egipto son aliados sólidos” https://www.infolibre.es/noticias/mundo/2020/11/19/union_europea_egipto_una_alianza_que_pisotea_los_valores_fundamentales_113407_1022.html . Ndt.
