Una encuesta de Público de hace unos meses mostraba una mayoría de la población favorable a una reforma de la Constitución. No deberíamos engañarnos, sin embargo, sobre el origen y el signo de esta mayoría; en un porcentaje muy elevado, esta disposición está alentada por la campaña de la derecha mediática contra el “despilfarro de las autonomías”. Es significativo el carácter minoritario de los que en aquella encuesta deseaban, por ejemplo., suprimir el papel de los militares como “garantes de la unidad nacional/de la patria” o el aún más minoritario de quienes se planteaban fortalecer mecanismos constitucionales como la planificación de la actividad económica o postulados como el que proclama que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. La reforma constitucional hoy se piensa, seriamente, sólo desde la derecha, atrapada la izquierda parlamentaria en ese ánimo defensivo y conservador de lo existente y sin fuerzas suficientes en la extraparlamentaria para ir más allá de la reivindicación nostálgica de la ruptura que no fue con el franquismo.
Un proyecto de reforma constitucional -o, como sería deseable, un nuevo proceso constituyente- solo tiene sentido cuando forma parte de un proyecto político, esto es, de un programa de transformación social (ojo, que también los hay de derechas y son los más frecuentes en los últimos tiempos) y democrático radical –que incluya, por tanto, el derecho de autodeterminación- que precisaría de modificaciones sustanciales en el ordenamiento político y, por tanto, jurídico-constitucional.
En estos momentos ha entrado ya en la agenda política el llamado problema de la ineficiencia y las duplicidades en la prestación de servicios públicos. Se trata de un hecho verificable pero en absoluto privativo del “modelo español”. Son muchos los Estados de la UE que presentan problemas de duplicidades similares o aún mayores que los del Estado español con independencia de su carácter simple ó compuesto. Las ineficiencias de los aparatos de Estado tienen que ver, sobre todo, con sus déficit de funcionalidad con los procesos de acumulación de capital y reproducción de la fuerza social de trabajo. Por eso la polémica sobre las ineficiencias del Estado es en realidad tan vieja como el propio Estado capitalista.
En el caso español la propuesta que resurge hoy de reforma constitucional se vincula con exigencias de racionalización del Estado autonómico, lo que es tanto como decir que se asocia al proyecto, largo tiempo acariciado por la derecha política, de revisar los “excesos” del Título VIII de la Constitución. Ello no obstante, este proyecto ha ganado nuevos adeptos en las filas de la izquierda institucional y cobra nuevos bríos con los argumentos de reducir la fuente de alimentación de la deuda pública, a pesar de que es notorio que la misma representa solo el 13% de la deuda total.
Se habla , así, de eliminar las duplicidades e ineficiencias del Estado autonómico y los “think tanks” de derechas, esgrimiendo la salvaguarda del principio de unidad de mercado (por cierto inexistente en la Constitución española de 1978 pero luego sacionado en una más que discutible interpretación por el Tribunal Constitucional)) postulan directamente operaciones de recuperación de competencias y agrupaciones de Comunidades Autónomas (CC AA) y Comunidades Locales (CC LL) para alcanzar economías de escala que hagan viable la prestación de determinados servicios.
Es verdad que en todos los sistemas de organización territorial no centralista (como, pese a una Constitución escrita defensora de la “indisoluble unidad de la nación española” y a las presiones recentralizadoras, es el caso del “autonómico”) se presentan problemas de “gobernabilidad”, acentuados en los países de la UE por la succión hacia arriba que representan la normativa y la acción comunitaria. El federalismo alemán, por ejemplo, ha sufrido frecuentes y continuas reformas hasta el punto de haberse llegado a denominar un “federalismo en reforma”.
El sistema de distribución territorial del poder del Estado está fuertemente impregnado, según el constitucionalismo dominante, por el principio de cooperación característico de sistemas federales como el alemán o el austriaco, hasta el punto de haber sido calificado de federalismo cooperativo. Siguiendo ese “modelo”, para instrumentar el mismo desde el comienzo de la andadura autonómica se han puesto en marcha diferentes dispositivos de los que los más frecuentes han sido los convenios de colaboración entre el Estado y las CC AA. A través de ellos se han desarrollado actuaciones muy diversas relacionadas con el ejercicio de competencias concurrentes entre ambas administraciones, pero también competencias de coordinación reservadas a la Administración General del Estado (AGE), así como la implementación y el desarrollo de planes y programas operativos financiados con fondos comunitarios
No obstante, todo lo anterior constituye solo un sucedáneo de una auténtica estructura federal del Estado que el PSOE nunca ha sido capaz de plantear directamente a la sociedad española, temeroso de la reacción de los sectores más vinculados a la dictadura, permitiendo así que calaran y se convirtieran en sentido común hegemónico todos los prejuicios españolistas que han sido patrimonio secular de la derecha más reaccionaria. Llamamientos como el de Jordi Gracia a que el PSOE abandere una refundación federalista de la izquierda pueden entenderse desde los efectos amargos de la reciente derrota del PSC en Catalunya, pero carecen de base relevante en el resto del Estado y hasta en el interior del propio PSOE .
Lo público y el reparto de competencias, en cuestión
Las duplicidades constatadas y aún los solapamientos tienen que ver en un porcentaje muy elevado de los casos con intromisiones directas de la AGE en las competencias de las CC AA, vulnerando de facto el orden competencial en la materia de que se trate y sin que el Tribunal Constitucional haya intervenido de manera efectiva. En el origen de estas intromisiones cabe situar la reticente actitud de una parte importante de la alta burocracia que domina de facto la función pública, contemplando, más que con desconfianza, con abierta hostilidad el proceso de descentralización política y poniendo todas los obstáculos posibles para que el mismo se hiciera efectivo.
El menor de dichos obstáculos no fue, desde luego, la forma en la que se hicieron los traspasos de funciones y servicios correspondientes a las competencias asumidas en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía y, muy en particular, el método utilizado para calcular el coste efectivo de los servicios a traspasar. En aplicación de dicho método, en cuyos pormenores no podemos detenernos, una buena parte de los servicios ha sido traspasada a las CC AA en una situación claramente deficitaria, incluso si se tiene en cuenta que su nivel de prestación en el momento del traspaso era muy bajo. Esto ha conducido a las administraciones autonómicas, necesitadas de legitimación social a toda costa, a financiar esos déficit de la forma que fuera, en ocasiones poco ortodoxas y recurriendo a la contratación externa y hasta el endeudamiento (lo que en teoría es ilegal) para financiar gastos corrientes.
Una crítica muy extendida a las CC AA es el peso excesivo de sus gastos corrientes sobre el total de sus presupuestos. Al respecto hay que recordar que estas AA PP son las responsables de la prestación de la práctica totalidad de los servicios sociales financiados en su totalidad con cargo a este tipo de gastos, interesadamente calificados de improductivos por la derecha puesto que, incluso en términos puramente económicos ,su condición de gastos sociales tiene por efecto aumentar la renta disponible de los hogares aumentando la demanda agregada en niveles de renta con una alta propensión al consumo, que ha sido, como es sabido, el motor fundamental del crecimiento y el factor explicativo del prolongado estancamiento actual.
Desde diversos sectores de la función pública estatal se acusa a las CC AA de privilegiar a sus empleados con retribuciones más elevadas que las del Estado. Las retribuciones básicas de los mismos ,por esa su condición, son las mismas en cualquier administración, siendo en las retribuciones complementarias donde pueden encontrarse diferencias. Corresponde a cada administración pública establecer sus prioridades y a su respectivos electorados convalidar o rechazar esas prioridades políticas. Los salarios de los empleados públicos han sido objeto de fuertes y continuos ajustes para cumplir las condiciones de convergencia primero y, luego, el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento del Eurogrupo ha llevado a un fuerte deterioro de la función pública que es aprovechado -no solo por el PP- para legitimar los continuos procesos de externalización y privatización. No olvidemos que en el proyecto privatizador de la CEOE, de Manifiestos como el promovido por la Fundación Everis y de la derecha política el deterioro de la función pública es la condición para operar el tan ansiado adelgazamiento de los servicios públicos.
No seremos tan ingenuos como para suponer que estos mayores gastos corrientes y de personal expresan la voluntad de los gobiernos autonómicos de oponerse a la oleada privatizadora de la que algunos son adalides. Porque lo cierto es que la construcción del Estado autonómico ha coincidido en el tiempo con la ofensiva desamortizadora desplegada a nivel global por el capital y la derecha y que tal coincidencia se ha traducido en una cierta contradicción entre ambas tendencias. El desarrollo del por otra parte raquítico Estado del Bienestar desde la década de los 80 del pasado siglo se ha hecho al paso de la construcción de las administraciones autonómicas de modo que por lo que concierne a algunos servicios sociales, sus beneficiarios no pueden tener memoria de tales antes de la puesta en marcha de la administración autonómica. Esa y no otra es la razón por la que la derecha, la patronal y la gran banca arremeten contra las “ineficiencias” de las autonomías de las que, por cierto ,algunos sectores sacan abundantes ganancias como es el caso de las corporaciones sanitarias ,beneficiarias claras de las políticas externalizadoras de los gobiernos regionales del PP desde luego, en Madrid y la Comunidad Valenciana, pero también en las del PSOE (Baleares y Andalucía).
Es indudable la emergencia de bloques regionales de poder de naturaleza oligárquica y en buena medida integrantes del bloque histórico inmobiliario rentista que ha dominado el país desde la década de los sesenta del pasado siglo. Estos bloques, claramente visibles en las CC AA gobernadas por el PP como País Valenciá y Murcia, pero presentes también con otra conformación social en las gobernadas por el PSOE, se articulan sobre la pervivencia de estructuras de poder provenientes del franquismo y renovadas en su etapa desarrollista. Esto explica, junto a otros factores, la incorporación de toda la derecha al PP, así como la influencia de la derecha más directamente franquista en el rumbo de la política efectivamente realizada.
La estructura del Estado Autonómico le ha venido de perlas a esa derecha de matriz franquista, bien implantada en el territorio y en la sociedad civil, a la que ha impregnado con sus valores, su cultura y sus prejuicios sin que las políticas democráticas hicieran nada por impedirlo. La moderada desconcentración competencial que planificaron los profesores de Derecho Administrativo del Opus Dei en los gobiernos de Franco (López Rodó, Meilán Gil, etc.) se ha consumado asfixiando así las aspiraciones de autodeterminación de gallegos, vascos y catalanes, renovando las bases territoriales del poder oligárquico característico de la monarquía borbónica y cerrando el paso al proceso histórico de reapropiación del protagonismo colectivo por los distintos pueblos ibéricos, tímidamente apuntado en la época de la IIª República.
¿Qué propuestas desde la izquierda?
El debate sobre el Estado de las Autonomías es, por supuesto, mucho más que un debate “constitucional” o entre constitucionalistas y la derecha lo ha sabido ver así hace tiempo. Es un debate sobre el Estado, sobre sus funciones y su sostenimiento. Lo que de verdad importa es qué cosas hace el Estado, cómo las hace, para quién las hace y quién o quiénes pagan los costes del actuar del Estado. La mejor arquitectura constitucional no vale nada si no está orientada a la respuesta a este tipo de problemas que la derecha, insistimos, ha orientado correctamente en función de los intereses históricos del bloque social a los que sirve y que pretende unificar.
Desde el punto de vista de la izquierda, es decir desde el que tiene que ver con la construcción de un bloque social y plurinacional antagónico al bloque social dominante en la segunda mitad de siglo XX y lo que llevamos del XXI, esta arquitectura constitucional tendría que partir de un previo reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos que lo soliciten y de una propuesta de un pacto entre iguales que permitiera cumplir básicamente, además de garantizar el reflejo institucional, simbólico y competencial de nuestra realidad plurinacional y regional, las siguientes funciones:
1) Contrarrestar las asimetrías de poder favorables a las clases posesoras de los medios de producción y distribución, de las finanzas y los servicios, al gran capital inmobiliario y financiero, a las corporaciones dueñas de los sectores principales de la energía, la construcción, el agua, los transportes, etc., en beneficio de las capas
asalariadas y subalternas.
2) Democratizar las relaciones sociales en los diferentes ámbitos, en particular en los de la producción, la distribución y el consumo, con efectos sobre el entorno natural, el uso de lo recursos naturales y los bienes comunes.
El Estado autonómico no ha cumplido ninguna de estas funciones:
No ha mejorado la distribución de riqueza, ya que los índices de desigualdad son superiores a la media de la UE-15
No ha mejorado el acceso a derechos como vivienda, medio ambiente o trabajo
No ha impedido el deterioro del medio ambiente, con muy bajos niveles de calidad de vida en las ciudades y la degradación de los recursos naturales con ecosistemas frágiles amenazados
El ejercicio de derechos y libertades ciudadanas se ha visto seriamente recortado no sólo con legislación de excepción (como la Ley de Partidos) sino también con el endurecimiento del Código Penal y el acoso a población trabajadora de origen “no comunitario”; además, se han añadido los efectos de restricción material de los mismos debidos al incremento del paro y la precariedad
El funcionamiento del propio Estado no sólo no se ha democratizado sino que han proliferado los factores de oligarquización e instrumentalización de las Administraciones Públicas al servicio de intereses privados, ligados con grupos sociales poderosos en el mundo económico
La legitimidad principal de un proceso que avance hacia un federalismo plurinacional y solidario reside en la posibilidad de que el mismo se convierta en fuente de vigor para la democratización de la política en general. En este país ese proceso se ha visto bloqueado desde el principio por los aparatos de los “partidos de gobierno”,los dos partidos “nacionales” PSOE y PP, a los que se han sumado ,según las coyunturas, Convergència i Unió, Coalición Canaria y, aun con sus zigzags, el Partido Nacionalista Vasco. En realidad, la construcción de las administraciones autonómicas ha funcionado como vector fundamental de robustecimiento de los propios aparatos partidarios en los ámbitos territoriales, ayudando a cimentar una implantación y una hegemonía de la que en absoluto disponían (salvo el PNV) en los albores de la democracia. Con la esperanza de ocupar cargos políticos en la nacientes y pronto frondosas burocracias autonómicas, muchas personas jóvenes han engrosado las filas de estos partidos de gobierno que se convierten así en agencias de colocación para los más ambiciosos y menos escrupulosos de las nuevas generaciones.
Esta instrumentalización de la actividad política ha favorecido, además, la aparición de casos frecuentes de colusión entre intereses privados y el desempeño de la actividad pública, así como la práctica de la “puerta giratoria”, el paso de los negocios a los gobiernos y viceversa, en una dinámica que ha intensificado la propensión de los gobernantes a colocarse en el punto de vista de los negocios, sobre todo en el de los grandes negocios, contemplado en lo sucesivo como la mejor expresión del “interés general”.
Esta ha sido la base de los bloques regionales arriba descritos, de los que pueden citarse ejemplos en los citados partidos de gobierno: el nacionalismo hidráulico en Murcia y la Comunidad Valenciana en el caso del PP, los delirios de construcción de infraestructuras inútiles arrastrando a Cajas de Ahorro en Castilla la Mancha, la práctica generalizada de las comisiones ilegales en el anterior gobierno de CiU en Catalunya y en el del Asturias, etc.
La conversión de los partidos en agencias de colocación ha acelerado además su conversión en aparatos del Estado. En adelante, sus afiliados se consideran a sí mismos personal del Estado separado de la sociedad civil, a la que dicen o pretenden representar y sobre la que cada vez más ejercerán un papel de vigilancia para detectar la emergencia de cualquier episodio de movimiento autónomo para cooptarlo o para neutralizarlo
Es ésta la percepción que sobre el Estado autonómico ha ido calando
en la opinión pública, preparándola para la siembra de la propaganda de la derecha mediática que los ha presentado como inherentes a toda descentralización política y opuestos al “rigor” y la ”eficacia” de la burocracia franquista(!). Así, el bloque social conservador levantado sobre las expectativas de aprovechamiento de los recursos de las administraciones territoriales, cuando se pincha la burbuja del mundo feliz del negocio inmobiliario que ha alimentado en buena medida el metastático crecimiento de las administraciones territoriales, se vuelve contra el propio Estado autonómico al que de pronto descubre causante del despilfarro y la ineficiencia que no advirtió en la época de las vacas gordas y el negocio fácil: cuando todas los “Correa” se llenaban los bolsillos con las adjudicaciones amañadas de las administraciones autonómicas.
Las clases subalternas,por su parte, lo contemplan como un juguetito de los políticos destinado a engordar el pesebre de la clase política
Parece, pues, que la derecha puede llegar al poder con un proyecto de reforma efectiva de la Constitución, consciente de que han madurado las condiciones y dispone de una base social suficiente para poner en cuestión el acuerdo que tuvo que suscribir en 1978 con el fin de “integrar” a la izquierda; ésa es ahora su “segunda transición”: lograr una “reforma de la reforma”.
Es en este contexto en el que hay que enmarcar el “debate” suscitado por los medios de la derecha mediática sobre los costes del Estado autonómico. Pero también en el marco de la tendencia del capitalismo, en la época de su más profunda crisis, a encontrar áreas de negocio en espacios sociales de demanda segura como son los que previamente ha abonado el Estado del Bienestar con su creación de derechos sociales y prestación de servicios. El negocio de la atención a la dependencia es solo el último ejemplo de esta tendencia del capitalismo y la derecha a convertir derechos en mercancías.
La existencia de esos sectores económicos beneficiarios de las políticas privatizadoras de los dos partidos de gobierno ha robustecido las coaliciones político-sociales y los bloques regionales de poder que de alguna manera cierran el paso a la participación de otros grupos en el reparto de los cuantiosos presupuestos de las administraciones autonómicas. Detrás de las protestas contra los obstáculos a la libre circulación de los factores productivos y a la unidad de mercado se encuentran las posiciones ligadas a los más poderosos grupos empresariales que denuncian las componendas regionales de estos bloques de poder. Unos y otros, grandes, medianos y pequeños grupos empresariales claman por quedarse con el negocio que representan las prestaciones sociales que hoy son prestadas por la administraciones territoriales (no sólo CC AA sino también ayuntamientos, diputaciones y cabildos) convertidas, tras la adecuada reforma institucional, en mercancías provistas por el “mercado”.
¿Hacia una recentralización del Estado?
Los redactores de estos comentarios no votamos la Constitución del 78 ni tampoco sus procedimientos de reforma. Pero es lo cierto que es el marco en donde se desenvuelve la vida política en el Estado español y, por tanto, en donde la izquierda anticapitalista está obligada a moverse, siempre, eso sí, con la aspiración a trascenderlo o superarlo mediante un nuevo proceso constituyente. El debate sobre la posible reforma constitucional afecta sobremanera la vida de la gente trabajadora y es por eso una tarea insoslayable para la izquierda anticapitalista intervenir en él con sus propias propuestas transitorias en el marco y la perspectiva de un proyecto histórico de superación del capitalismo.
La “vuelta” a un Estado nacional centralizado es un proyecto de la derecha y de una parte del PSOE buscando para ello apoyarse en una base social atemorizada por los efectos de la globalización neoliberal y contando además con el aval de sentencias como la del Tribunal Constitucional sobre el “nou Estatut” catalán. Es un proyecto reaccionario que sueña con un Estado fuerte, los unos para cobijar el desarrollo de un capitalismo español competitivo (ahí se ve el alcance lberal de la derecha española) y los otros ,además, porque confían en que un Estado fuerte permita hacer crecer entre su electorado la falsa ilusión de que pueden volver los “viejos y buenos tiempos” de las políticas redistributivas y ,con ellas, el auge de la socialdemocracia.
Enfrente está una variadísima constelación de posiciones que van desde el independentismo atemperado de la derecha catalana (y, aunque con matices, vasca), que aspira a un tratamiento de Estado libre asociado porque desea mantener las favorables condiciones del mercado español, hasta las posiciones de quienes querrían aprovechar los procesos de secesión del Estado español para agrietar la dominación del capitalismo global.
Creemos haber mostrado de forma suficiente la forma en la que el Estado autonómico ha hecho posible la formación de bloques regionales de poder y con ellos la oligarquización de la política española y la conversión de los partidos políticos en aparatos de reclutamiento de personal dirigente del Estado al servicio de los negocios.
La pugna es, por tanto, interna al bloque social dominante y sus distintas fracciones y elites pero no por ello indiferente a los intereses de la gente trabajadora y los pueblos del Estado español. Es tarea de la izquierda anticapitalista denunciar los intereses que hay detrás de estos proyectos y proponer respuestas comunes y alternativas tanto en el plano social como en el de la defensa firme de los derechos de los pueblos.
30/1/2011
