La caída de la economía nicaragüense entre 2018 y 2020 fue asimétrica, con mayor incidencia en los sectores más vulnerables y con afectación desproporcionada en los hogares de bajo ingresos, trabajadores informales, desempleados, mujeres y jóvenes. La pérdida en el ingreso por habitante en Nicaragua derivada de la recesión iniciada en abril 2018 se recuperará, aproximadamente, hasta en el año 2030, cuando el producto interno bruto (PIB) per cápita (ingreso por habitante), regrese a sus niveles de 2017. Respecto al PIB nacional, se prevé que pueda alcanzar los niveles previos a 2018 entre el 2025 y 2026. Será un decenio perdido en términos macroeconómicos y, si lo vemos en términos per cápita por peso demográfico, básicamente puede tomar una década volver a los niveles de PIB que teníamos previo a la crisis de 2018.

La inversión fija bruta -es decir el gasto de las empresas en la adquisición de maquinarias, equipo y la actividad de la construcción- se ha deteriorado desde el 2018 a la fecha. Este indicador es un termómetro para medir la economía pues representan los gastos de las empresas y es un determinante del crecimiento futuro del PIB nacional, del PIB per cápita y del empleo. El rezago en la inversión en maquinaria, equipo y en la construcción se debe a que se mantiene una incertidumbre elevada respecto de la recuperación general de la economía, afectada por las cinco crisis (económica, social, política, sanitaria e internacional). La falta de mejora en el gasto de capital entre el 2018 a 2020 refleja el complicado panorama para la recuperación de la economía en el 2021.

Los niveles reducidos en gasto de capital entre el 2018 y 2020, suponen una barrera elevada para el crecimiento económico en el corto y mediano plazo, por lo que se estima que incluso los sectores más dinámicos como la construcción tendrán un crecimiento frágil y desigual con repercusiones negativas en el empleo y en el mejoramiento de los salarios. Sin inversión no hay empleo, y sin empleo no hay ingresos para los trabajadores ni ganancias para los empresarios. La larga recesión y la crisis del coronavirus dejarán cicatrices en el mercado laboral, acompañadas de pérdidas permanentes de ingresos. Se calcula que el desempleo ha alcanzado su máximo en el año 2020. Desde el 2018, las condiciones generales para los trabajadores se han deteriorado a tal punto que la masa salarial –el total de sueldos pagados– es menor con respecto al nivel anterior a la rebelión de abril de 2018.

El círculo vicioso de la pobreza y del desempleo

El cierre y/o quiebra de negocios ha contagiado al resto de la economía. Junto a la menor producción de bienes y servicios, sumado a la reducción del empleo formal, han bajado los ingresos públicos y se ha reducido la demanda a nivel nacional. Eso conlleva a que se pierdan parte de las inversiones normalmente destinadas a abrir y/o mantener locales comerciales, talleres, terrenos, oficinas y empresas, mientras que sigue incrementándose la pobreza en miles de familias nicaragüenses. En una sociedad de consumo como la nuestra, cuando los ciudadanos dejan de comprar, se fomenta el círculo vicioso de la pobreza y del desempleo. Si las personas no tienen trabajo entonces no tienen dinero para consumir bienes o pagar servicios. Por ende, las empresas que los producen venden menos, despiden personal y pueden terminar quebrando. Esto es lo que hemos vivido entre el 2018 y 2020, con pocas posibilidades de una recuperación en el 2021.

El deterioro del mercado laboral formal ha castigado a la gente con menores ingresos. Parte de los dueños de pequeñas y medianas empresas que perdieron sus negocios no han encontrado otras opciones productivas para sobrevivir. Desde el 2018, una de las características ha sido la precarización del empleo, además del aumento desproporcionado en la tasa de desempleo abierto. El gobierno no ha lanzado ningún programa de apoyo a los sectores más afectados en el empleo. Se prevé que pasarán ocho a diez años para que el desempleo baje a los niveles de 2017 y para que todos los trabajadores formales que perdieron sus empleos vuelvan en su totalidad a encontrar un trabajo remunerado y permanente. Comprender el comportamiento de estos trabajadores desanimados, y de las nuevas generaciones vulneradas y desempleadas, es clave para comprender el posible daño a largo plazo de la recesión actual.

Sobre la informalidad laboral

El trabajo informal como amortiguador de la pérdida de empleo puede resultar menos contundente en el marco de la depresión económica que vivimos por el efecto combinado de las cinco crisis (económica, social, política, sanitaria e internacional). En el 2021, la economía no se va a recuperar al ritmo que requiere el país para mitigar la pobreza y tampoco va a disminuir la desigualdad social. La crisis barrió con más de la mitad de los empleos dentro del grupo económico de los trabajadores que todavía ganaban un salario promedio nacional. A esto sumémosle que la pérdida de plazas se ha concentrado sobre todo en el sector de los servicios para el consumo privado (hoteles, restaurantes, turismo y otro tipo de servicios).

Por ejemplo, en términos netos y en base a los datos del sector turístico, hay una caída del 73,7 % en 2020 en comparación al 2017. Una vez que la población económicamente inactiva se reincorpore al mercado de trabajo, es más probable que lo haga desde la informalidad que en un puesto formal. Es necesario tomar en cuenta que la mayor afectación en el empleo se dio en las actividades de menores ingresos: trabajos eventuales, trabajos por cuenta propia, trabajos precarios. Todo eso afectó con creces a mujeres y a la población joven en general. Sin embargo, la industria turística aún tiene futuro, pese a ser el sector más afectado por la crisis ocasionada por la recesión y por la pandemia de Covid-19. Pero a este sector le tomará varios años retomar el ritmo de crecimiento que tenía antes de la crisis de abril de 2018. Reitero, el turismo sí tiene futuro y se debe seguir pugnando porque sea una actividad esencial.

Tarifas, consumo y servicios básicos

En Nicaragua, la tasa de subutilización de la fuerza laboral continúa creciendo: los salarios permanecen prácticamente congelados desde 2018, la tasa de inflación acumulada durante el período de enero 2018 a junio 2020 es igual a 11.6% y no se vislumbra una recuperación económica vigorosa en el 2021. Todo indica que la política salarial del régimen va a favorecer el congelamiento del salario y si se produce un incremento será limitado. En el 2021, es casi seguro que el salario promedio nacional no alcanzará el costo de la canasta básica y se deteriorará debido al alza de precio en la canasta básica, en la energía eléctrica, en el gas butano y también en el agua potable, los combustibles, etcétera.

Por cierto, en el 2021, la energía eléctrica tendrá un incremento del precio del kilovatio/hora debido al proceso de recorte de los subsidios que el régimen va a aplicar a partir de enero. Por otro lado, el incremento del sobreprecio de los combustibles lo van a aplicar para compensar la caída de las ventas, con el objetivo de mantener las ganancias de la empresa distribuidora, propiedad de Ortega-Murillo.

En el 2021, la tendencia es que las personas dejen de comprar ropa, zapatos, electrodomésticos, pero la comida no la dejarán de comprar. Aún cuando no pudieran comprar toda la comida necesaria, comprarán menos o sustituirán alimentos caros por otros más baratos. En una economía de subsistencia, nuestra población es capaz de comer gallo pinto y salteados de verduras con tortilla diariamente, por lo que corremos el peligro de entrar en un nuevo periodo de insuficiencia alimentaria más avanzada que la actual. Respecto a los servicios básicos, lo mismo puede suceder. La gente paga como puede el agua y la luz.

La coyuntura económica derivada de las cinco crisis ha propiciado que los índices de pobreza se disparen, poniendo a muchos en la tesitura de tener que decidir qué facturas dejarán de pagar para poder vivir con lo mínimo. Llegará un momento en que no podrán pagar, entonces se pueden producir protestas en diferentes lugares del país. La oposición debe tener en cuenta esa realidad que se avecina y montar campañas de apoyo a las demandas de los de abajo.

Salarios e ingreso anual

Durante estos últimos tres años (2018-2020) el salario mínimo ha permanecido congelado. Por esa razón, es posible que los asalariados presenten reivindicaciones en el transcurso del 2021. Hay que estar claro que, para que exista la posibilidad de un crecimiento económico positivo, es preciso incrementar la participación de los salarios en el ingreso nacional.

Pero lo que sucede hasta la fecha es lo contrario. Las cámaras empresariales en alianza con el régimen han bajado los salarios, contando para ello con el apoyo del sindicalismo progubernamental, el océano de la economía informal, la prohibición de las huelgas, el outsourcing, etcétera. Todos esos factores comprimen los salarios y, en consecuencia, la participación de los asalariados en el ingreso anual. Así próspera la desigualdad social y la pobreza.

Desde la óptica del régimen, los huracanes permiten aliviar las restricciones en préstamos o donaciones internacionales impuestas a la dictadura. Antes de eso, Ortega no tenía muchas esperanzas de conseguir donaciones y préstamos. Por tanto, desde su perspectiva, se presenta una nueva coyuntura: pasar de una proyección de contracción económica en el 2021 (de acuerdo con el presupuesto presentado en octubre) a la posibilidad de tener un crecimiento limitado, a nivel macroeconómico, lo que puede servirle para engatusar al empresariado en general. Sin embargo, a nivel microeconómico, la pobreza, la desigualdad y el descontento social de la población seguirán en alza.

Inversión extranjera directa

En el 2013, Nicaragua atrajo US$ 1,388.0 millones de dólares en términos de ingresos brutos de la Inversión Extranjera Directa (IED). El producto interno bruto (PIB) del 2013, de acuerdo con el Banco Central de Nicaragua (BCN), fue de US$ 11,255.6 millones de dólares. Es decir, el porcentaje de IED con respecto al PIB fue de 12.33%.

En el 2013, las cifras netas de la IED, las cuales se refieren al total de ingresos de IED menos todas las salidas de capital y pago al extranjero, alcanzaron US$ 845 millones de dólares.

Entre 2006 y 2013, la IED (en términos de ingresos brutos) pasó de US$ 286.8 millones de dólares a US$ 1,388.0 millones de dólares. Este comportamiento de las IED permitió el ensanchamiento de la capacidad productiva, la generación de empleos y la expansión de las exportaciones. El crecimiento económico de Nicaragua sigue dependiendo de los dólares que logra atraer en concepto de comercio, remesas, turismo, cooperación, préstamos e inversión extranjera. La suma de esos rubros es lo que permitió un crecimiento promedio del PIB de 4.22 por ciento por año entre el 2007 y 2017.

En el 2010, el total de la IED captado en la región latinoamericana alcanzó un monto de US$ 112,634 millones de dólares y la región centroamericana recibió US$ 5,848 millones de dólares. En ese año, Nicaragua recibió la cantidad de US$ 508 millones de dólares, lo que representaba el 8.86% en relación con el total centroamericano y el 0.45% del total latinoamericano. Nueve años después, en 2019, de acuerdo con datos de la CEPAL ingresaron US$ 160,721 millones de dólares de IED en América Latina y el Caribe. Por su lado, la región centroamericana recibió US$ 11,508 millones de dólares. Ese año, Nicaragua recibió la cantidad de US$ 503 millones de dólares, lo que representó el 4.40% del total de Centroamérica y el 0.31% del total latinoamericano.

Desde 1990 a la fecha, Nicaragua ha sido el país centroamericano que menos ha recibido IED por ser poco atractivo debido a múltiples factores:

  • El estancamiento del desarrollo de los factores productivos;
  • La lógica de la política extractivista que prevalece en la estrategia gubernamental;
  • Mano de obra poco calificada;
  • Atraso en la formación profesional;
  • Nula inversión en educación;
  • Empresariado poco audaz, incapaz de hacer inversiones productivas y colgado a la teta del Estado para recibir exoneraciones y prebendas;
  • Corrupción generalizada acompañada con impunidad.

Sin embargo, la IED ha sido una de las palancas de la economía entre el 2007 y el 2017. Desde el 2018, se ha contraído con dureza a causa de la crisis sociopolítica, la recesión y la pandemia, pero es importante recalcar que su declive no empezó en 2018, sino que se encontraba en una etapa de debilidad desde 2015.

La CEPAL en su informe La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2020, indicó una disminución de IED en Nicaragua de -39.9% con respecto a 2018; es más, la caída de la IED entre 2017 y 2019 alcanzó un total de -48.59%.

En el escenario para finales del 2020 y para 2021 no existe posibilidad de una recuperación de la IED, y todo indica que vamos a cerrar el 2020 con menos IED en relación con el cierre de 2019. De acuerdo con los datos oficiales, hasta el tercer trimestre de 2020 se han acumulado apenas US$ 367.0 millones de dólares, es decir, una tasa menor en comparación al mismo período de 2019 en el que se alcanzó un total de US$503 millones de dólares.

¿Es posible esperar una mejoría?

En el caso de que en 2021 se presente una mejoría -lo que es muy poco probable- será una mejoría limitada debido a tres factores:

  1. En los últimos 15 años Nicaragua ha sido el país centroamericano que ha recibido menos IED.
  2. La permanencia de las cinco crisis en el escenario nacional.
  3.  En el 2020, la IED ha sufrido, a nivel mundial, una contracción de las inversiones por efecto de la pandemia del coronavirus. Situación que tiene tendencia a prolongarse en el 2021.

Por esas variables no podemos esperar ninguna mejora en el 2021. Más bien la tendencia es al descenso o estancamiento de las IED. En el caso del turismo se agudizará más por el hecho de que las principales líneas aéreas no están operando en el país. En Nicaragua, la contracción de IED general entre 2017 y 2020 ha sido del 69.9%  y en sector turismo ha sido del 71.65%. Para rematar, en este 2021, se espera una contracción económica mundial por efecto de la persistencia de la pandemia. Por ejemplo, el turismo está en crisis por la limitación de los vuelos internacionales por efecto de la pandemia. En países como España y Francia el ingreso por turismo ha caído en más del 70%.

Las características de la IED en Nicaragua es que están orientadas en su mayoría a servicios y minería, es decir que captan más inversiones que la industria manufacturera. Por lo tanto, los capitales productivos arribaran de modo selectivo, guiados por una lógica económica extractivista e incentivados por los bajos costos salariales. Por otro lado, la IED en las zonas francas funcionan bajo una lógica económica de enclave.

Para cerrar el tema de las inversiones extranjeras, podríamos concluir que el régimen Ortega-Murillo ha sido un gobierno ineficiente, incapaz de formular una estrategia para mejorar la competitividad y la productividad nacional. Todos los grandes proyectos de desarrollo anunciados han fracasado (refinería, Tumarín, fábrica de fertilizantes, empresa de aluminio, satélite, canal interoceánico, etcétera). Por otro lado, el régimen no tiene una estrategia de desarrollo para el 2030. Sin embargo, la ley 1046 que permite la privatización del agua tiene el objetivo de incrementar la IED y enriquecer a los poderes fácticos económicos. Todo esto demuestra que las políticas económicas del régimen Ortega-Murillo no han sido diferentes a las implementadas por los gobiernos neoliberales anteriores (1990-2006); entre otras cosas, porque las personas encargadas de diseñarlas y ponerlas en práctica comulgan con las mismas ideas económicas neoliberales. El tema de la privatización del agua y su repercusión será abordado en otro artículo en los próximos días.

Nicaragua, por ser un país marginal desde el punto de vista económico, peligra también por la incapacidad de formular una estrategia de desarrollo multidimensional por parte de la oposición política. Por eso, existe la posibilidad de que la dictadura quiera aprovechar esa marginalidad geopolítica y geoeconómica y servirse del dinero de los préstamos para consolidarse, prolongar su estadía en el poder e intentar establecer una dinastía.

Nicaragua, Centroamérica y la alianza público-privada

Trece años después del pacto de Ortega con el gran capital, Nicaragua sigue siendo el país más atrasado de la región centroamericana. En el 2017, de acuerdo con The World Fact Book de la CIA, la economía nicaragüense representa escasamente el 5.42% de la economía de Centroamérica y, según el FMI, el 4.55% en el 2019. De acuerdo con la CEPAL, en el 2008 el PIB de Centroamérica, incluyendo Panamá, fue de US$ 134,489.1 millones de dólares y el de Nicaragua fue de US$ 6,365.3 millones de dólares. Es decir, que Nicaragua teniendo más recursos naturales, más agua potable, más tierra cultivable, etcétera; representó solamente el 4.73% del PIB centroamericano.

Desde el 2007, el gran capital ha demostrado que no sabe vivir sin la teta del Estado. Nunca los empresarios y banqueros habían tenido más ingresos provenientes del presupuesto general de la República; que equivale a decir, del bolsillo general de las y los nicaragüenses. En el período que va de 2007 al 2020, el capital ha recibido por diferentes tipos de beneficios una cantidad superior a los US$ 13 mil millones de dólares, equivalente al PIB del país en un año. El Consejo Monetario Centroamericano revela en una publicación oficial, que en el 2016 la tasa de ganancia promedio de los bancos en Nicaragua era del 30% anual. Esto representa un monto superior entre cuatro y cinco veces la ganancia promedio de los bancos de Panamá y Costa Rica, naciones mucho más desarrolladas que nuestro país.

La razón de fondo que explica la posición de los poderes fácticos económicos es que tienen miedo frente a la competencia regional e internacional, por el atraso existente en la mentalidad de los empresarios. Ni las grandes empresas ni los bancos podrían obtener las ganancias extraordinarias sin colgarse a la teta del Estado. Las grandes empresas y los bancos saben perfectamente que la lógica de la política económica vigente les obliga a estar constantemente en la cuerda floja, producto de una economía débil, castrada y bajo el dominio de las finanzas internacionales.

En la lógica de los empresarios locales, para sobrevivir, las grandes empresas no sólo necesitan concentrarse más, dominar el mercado interno y acabar con la competencia de los empresarios pequeños y medianos. También requieren de todos los resortes del Estado para subsistir y por eso necesitan aliarse al poder de turno. Antes fueron los Somoza, ahora son los Ortega-Murillo.

Por eso, existen sectores del gran capital que impulsan y financian a politólogos y economistas para que propaguen las virtudes de la “futura reconciliación” con el régimen dictatorial; pues en la realidad, ellos no quieren que esta alianza desaparezca, sino que se establezca un nuevo acuerdo para asegurar sus ganancias, dominar el mercado y salvaguardar, mejorar y recuperar, con la ayuda del Estado, sus tasas de ganancia.

Contracción de la producción económica

La CEPAL anticipa que este año 2020 la actividad económica nicaragüense tendrá una contracción de -4.0% a consecuencia de la profundización de la recesión. Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua calcula que la caída será entre el -1.5% y -2.5%. Para la CEPAL, en este 2021 no hay perspectivas de una fuerte recuperación económica ya que prevé, en la mejor perspectiva, un crecimiento entre el +0.5% y +1.0%.

Al caer la producción, cae el ingreso real de los agentes económicos, o sea, disminuyen los ingresos de las familias (salarios y prestaciones laborales), de los productores (utilidades) y del gobierno (impuestos). También cae el gasto real de los agentes económicos en el mercado interno, es decir, cae tanto el consumo de los hogares como la inversión en construcción, maquinaria y formación de inventarios en las empresas. Otra característica de la recesión ha sido la insuficiente inversión del sector privado en bienes de capital físico, tecnológico y humano susceptible de aumentar de forma consistente la productividad y la disposición de ventajas competitivas más duraderas para garantizar patrones de crecimiento sostenibles.

Sistema financiero nacional

El patrimonio del Sistema Financiero Nacional (SFN) experimentó –entre enero y julio del año 2017– un crecimiento interanual del 18.6%, lo que resulta llamativo porque si se compara con la tasa de crecimiento del PIB nacional (+4.9 %), la ganancia de las instituciones bancarias creció nada menos que 3.8 veces más que el PIB.

Las altas rentas o beneficios de los bancos tienen por consecuencia una reducción de las ganancias en la mayoría de los nicaragüenses. El rentismo financiero es un factor que repercute en la disminución de la rentabilidad del capital productivo general. El sector financiero se apropia de gran parte del excedente económico de los otros sectores económicos en forma de intereses, dividendos, seguros y los llamados seguros empresariales. Es decir, son ganancias extraordinarias por encima de la productividad media.

La fuente principal de los ingresos financieros son los recursos generados por la cartera de crédito que registraron  -en 2017- un crecimiento del 21,1%. El margen de intermediación o comisiones bancarias se ubicó en el 10.6% gracias a las tasas de intereses en las tarjetas de créditos. En estas fuentes reside al menos el 60% del éxito operativo de los bancos. Las tarjetas de crédito son una vigorosa fuente de ingresos para los bancos, porque los intereses que cobran son superiores al 60%.

La banca y el microcrédito

La Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras (SIBOIF) indica que para el 31 de agosto de 2020 el total de los depósitos de ahorro y a plazos valorados en córdobas, tanto en moneda local como en moneda extranjera en las varias entidades bancarias del país, han caído en -19.6% desde 2018.  Estos depósitos muestran una reducción de US$ 987 millones de dólares. Es decir que se redujo de US$ 3,604 millones (31 de marzo de 2018) a US$ 2,617 millones de dólares (31 de agosto 2020). Entre marzo 2018 y agosto 2020, el saldo total de los depósitos en moneda extranjera cayó en US$ 1,170 millones de dólares, al pasar de US$ 4,048 millones a US$ 2,877 millones de dólares. Hay que recordar también la fuga de casi US$1,300 millones de dólares que se observó entre abril de 2018 y marzo de 2019.

Por su parte, el saldo total de los depósitos en moneda local, incluyendo los de cuenta corriente, disminuyó en C$ 7,105 millones de córdobas (equivalentes a US$ 203,46 millones de dólares), al pasar de C$ 45,099 millones córdobas (equivalentes a US$ 1,291 millones de dólares) a C$ 37,993 millones de córdobas (equivalentes a US$1,088 millones de dólares). Al caer el principal pasivo de los bancos (los depósitos del público), también cayó el principal activo de los bancos (los préstamos otorgados al público). El saldo de los préstamos en moneda extranjera, tanto en dólares como en córdobas con mantenimiento de valor, se redujo en un monto de  1,850 millones de dólares, al pasar de  5,191 millones 3,341 millones de dólares entre 2018 y 2020.

Sin crédito para el consumo, el comercio no puede crecer. Sin crédito para la construcción no habrá casas ni crecerá el sector de la construcción. Al reducirse la cantidad de dinero en circulación, eso implica contraer el gasto público, lo que tiene por consecuencia el mantener en recesión al sector privado (especialmente el comercio y el sector de los servicios) pero también al sector informal, víctima colateral de la reducción del tamaño de la economía. En Nicaragua, existe un bajo nivel de bancarización, dado que el saldo total de los depósitos del público representó el 31% del PIB en 2017. Producto de la recesión, la bancarización también disminuyó a 29% del PIB en el año 2019. Hasta abril del 2018 funcionaban 612 sucursales y ventanillas bancarias en todo el país. En septiembre de 2020 esa cifra se redujo a 472; es decir que se han cerrado un total 140 sucursales y/o ventanillas. La reducción de los créditos de las microfinancieras evidencia para la economía una menor circulación de dinero y una contracción del mercado interno. Al finalizar el 2020 se espera un saldo de cartera de US$ 273.6 millones de dólares, lo que significa una contracción de US$ 42.8 millones de dólares respecto a 2019.

Del 2017 al 2020, el microcrédito se ha reducido en US$ 244.97 millones de dólares, lo que representa un golpe para los sectores que no tienen acceso a la banca nacional. Es decir, la contracción de la cartera ha implicado que 237.318 pequeños prestamistas se queden sin acceso al microcrédito. Por ende, para finales de 2020, se espera una caída del 52.76% en la cartera de crédito y una reducción del 56.8% de la clientela de las microfinancieras, lo que significa un efecto negativo para micros, pequeñas y medianas empresas que dependen del microcrédito. Estos datos son la prueba de lo difícil que será la recuperación económica de Nicaragua.

Para cerrar esta última parte, podríamos destacar que los factores más relevantes que empujan a la baja de los depósitos de ahorro y a plazos en Nicaragua son la caída de los ingresos, provocados por el conflicto político, el desempleo, la crisis social, la recesión económica y la desigualdad en la distribución de los ingresos. Además, muchos ciudadanos han decidido sacar sus ahorros por miedo a perderlos. En general, el sistema financiero ha sufrido: fuga de capitales, contracción del crédito afectando el consumo, exceso de liquidez, deterioro de las carteras de riesgos y mora, disminución de la tasa de ganancia y reducción del nivel de bancarización con efectos negativos en la economía y la producción nacional.

Conclusión

Es preciso no olvidar que la persistencia del deterioro de la economía se debe a la falta de una visión política multidimensional y multisectorial. A su incapacidad de elaborar una estrategia económica nacional adaptada, debemos sumar todas las atrocidades cometidas por el régimen y las mentiras que difunde para crispar la convivencia entre los nicaragüenses. Porque el mediocre objetivo del régimen es conservar el poder, mantener el miedo en la población, sostener su alianza con el gran capital y con la clase política tradicional, y alimentar el clientelismo burocrático (que es una parte de su clientela electoral).

Tampoco debemos olvidar que muchos empresarios no podrían existir o serían marginados sin el apoyo material y financiero del poder político. El régimen sabe que la mayoría de las grandes empresas y bancos tienen miedo; sabe que los empresarios necesitan un apoyo permanente (exoneraciones, exenciones y otros beneficios) y que necesitan tener el apoyo político-económico del régimen. Sobre todo, en una coyuntura de recesión y de crisis sociopolítica como la que vivimos actualmente. Ortega no va a parar de utilizar todas las herramientas del poder hasta que consiga, nuevamente, la docilidad del empresariado.

La falta de competitividad de las élites empresariales los vuelve dependiente de un gobierno dispuesto a ayudarlos en todo momento, sin siquiera mirar el monto del dinero público que se gaste en ellos. Porque los poderes económicos de Nicaragua están conscientes de que viven y lucran de una economía subordinada al capital financiero nacional e internacional que actúa contra ellos mismos. Por eso, la persistencia de la crisis económica internacional no sólo puede provocar más desempleo, precariedad y pobreza extrema, sino que también acabará destruyendo a más empresas y arruinando por completo la economía de Nicaragua.

Pero no basta con culpar de lo que ocurre a los miembros del gran capital, que, al fin y al cabo, hacen lo mismo que el régimen dictatorial, es decir, defienden sus propios intereses. También debemos apuntar a la oposición política y social real, nuestra población autoconvocada, que lamentablemente hoy ha bajado la guardia. Nuestra población está despreciando la lucha política y ningún grupo u organización es capaz de elaborar una estrategia multi-dimensional (de desarrollo político, social y económico) que tome en cuenta las necesidades urgentes de la mayoría de nuestra población. Actualmente, sectores de la oposición elaboran estrategias, reproducen y toman decisiones basadas en las lógicas de la cultura política tradicional, corporativista, sumisa y anti-democrática. Todavía existen crédulos que sueñan con derrotar a la dictadura Ortega-Murillo bajo la dirección política de los representantes del gran capital. Lo más preocupante no es solamente la perversidad del régimen y de las cúpulas empresariales, sino la inocencia y ceguera política de los nuevos liderazgos dentro de la oposición real.

enero de 2021

Colapso y tragedia humana: la economía de Nicaragua (2018-2020)

 

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