“La lección más destacada de la experiencia de los Verdes alemanes parece haber sido que el elemento decisivo en la construcción y desarrollo de un partido nunca se encuentra dentro del partido mismo, sino en las tensiones y tendencias más amplias de la ‘coyuntura" dentro de la cual se desenvuelve como entidad social, ideológica y política –en las ‘ocasiones" y en las ‘imposibilidades" con las que ha de confrontarse para sobrevivir como proyecto político organizativo” (Frieder Otto Wolf, “¿Se pueden aprender lecciones de la experiencia de la izquierda verde alternativa? (y II)”, VIENTO SUR, 91, abril 2007, p. 8)
Las elecciones del próximo 20D se van a desarrollar con una creciente incertidumbre sobre sus resultados y, además, bajo el influjo del clima creado tras los brutales atentados mortales de París y la nueva “guerra global contra el terror” promovida por Hollande, con sus consiguientes secuelas militaristas, islamófobas y liberticidas. Afortunadamente, el eco alcanzado aquí por la iniciativa “No en nuestro nombre” ( www.noasusguerras.es ) demuestra que, aunque las circunstancias no sean las mismas, la memoria del “No a la Guerra” de los años 2003 y 2004 sigue viva y garantiza una capacidad de respuesta popular que esperemos vaya a más en los próximos tiempos.
Aun con este retorno a la escena de la divisoria libertad-seguridad, parece que por fin, después de un largo período de alternancia en el gobierno de partidos que han sido fieles cumplidores del triple “consenso” (sobre el pasado, el presente y el futuro) que sentó las bases del régimen del 78, luego inserto en la Constitución económica de la eurozona, las próximas elecciones generales anuncian la entrada en una nueva fase en la que las mayorías absolutas y el bipartidismo parecen tocar a su fin.
El dato que parece más evidente es sin duda el relacionado con el acceso al parlamento de la nueva fuerza emergente Podemos y de la ya vieja conocida en Catalunya, Ciudadanos, dispuesta a beneficiarse del desgaste sufrido por el PP con un populismo de derechas cuyos límites y contradicciones también empiezan a salir a la luz. Con todo, lo más relevante va a ser que ese nuevo escenario a cuatro partidos -que seguirá siendo “imperfecto”, puesto que determinadas fuerzas políticas “periféricas” pueden jugar un papel de bisagra o de disenso importante- va a seguir ofreciendo un margen muy estrecho de posibilidades de “cambio” si no se cuestionan radicalmente las reglas del juego, especialmente en el plano socio-económico y en el del modelo de organización nacional-territorial del Estado.
Basta referirse a dos temas destacados en las propuestas de Podemos para corroborar este pronóstico: tanto la aspiración al blindaje constitucional de los derechos sociales y de determinados bienes públicos por encima del pago de la deuda como el compromiso de autorizar un referéndum en Catalunya sobre su relación con el Estado español chocarían abiertamente con los dictados del Eurogrupo y con la oposición de PP, Ciudadanos y PSOE, a pesar de los esfuerzos de éste último por desmarcarse de la vieja y la nueva derecha en ambas materias.
Lo primero ha quedado evidenciado tras la desgraciada experiencia de Grecia, pese al No a las exigencias de la troika que se expresó democráticamente en el referéndum. Ya lo dijo Jean Claude Juncker en un arrebato de sinceridad: “No puede haber opción democrática contra los Tratados europeos”. Ahora, en Portugal, a pesar del obstruccionismo de Cavaco Silva, se abre el interrogante de si será posible una política antiausteritaria sin desbordar los límites impuestos desde el Eurogrupo. También será responsabilidad nuestra no dejar solo al pueblo portugués en el caso de que se vea obligado a una nueva prueba de fuerzas con “las instituciones” europeas y globales, ya que de su desenlace depende también nuestro propio futuro.
Aun teniendo en cuenta que el peso de la economía española y la gravedad de “nuestra” situación no son las mismas que las de Grecia y Portugal, no se puede cerrar los ojos ante la evidencia de que una defensa consecuente de la universalización de los derechos sociales y servicios públicos frente a la deudocracia implica asumir la hipótesis de un choque con las reglas de la eurozona más pronto o más tarde. La única forma de salir de ese choque con posibilidades de éxito es mostrar la disposición a no retroceder en la voluntad de blindar esos derechos y servicios caminando hacia una ruptura constituyente.
Es cierto que, dada la correlación de fuerzas a escala de la UE, sería deseable emprender ese proceso junto con, al menos, otros pueblos del Sur superando las discordancias espacio-temporales actuales. Empero, mientras eso no se produzca, será necesario adoptar iniciativas unilaterales a escala de Estado que estimulen nuevos pasos adelante en otros lugares ayudando así a una sincronización de las resistencias antiausteritarias y mostrando que “sí, se puede” desafiar al despotismo oligárquico dominante.
Por tanto, habrá que seguir insistiendo en que, aun reconociendo los obstáculos que surgirían en ese proceso, no cabe resignarse ante la nueva versión del ya viejo discurso del TINA/1, o frente a la opción por un falso “mal menor”, como estamos viendo ya en Grecia. Desobedecer y apostar por un “plan B” antiausteritario a escala europea, como ya se está proponiendo desde distintos colectivos y corrientes, puede ser la respuesta que abra otro camino posible.
Lo segundo, la cuestión nacional-territorial, ha sido repetidamente comprobado en los últimos tiempos pero viene de lejos si recordamos cómo acabó triunfando un nacionalismo español reactivo y beligerante, a partir sobre todo de 1898, frente al progresivo ascenso de los nacionalismos “periféricos” y en particular, del catalán. La versión franquista llevó al extremo esa actitud y, luego, la salida consensuada (salvo en el caso vasco) del Estado autonómico no resolvió el problema sino que simplemente lo fue aplazando hasta que volvió a pasar al primer plano durante el último decenio, una vez constatado el fracaso de la vía federalizante frente al fundamentalismo constitucional. Hoy, éste último se reafirma de nuevo aprovechando el proceso de recentralización política a escala europea y estatal que se está aplicando con el pretexto de la “disciplina presupuestaria”. Es en este pilar fundamental del régimen en donde se revela su quiebra más visible y creciente. Por eso, al margen de cómo se resuelva la actual crisis de gobierno en Catalunya, solo el reconocimiento del derecho a decidir su futuro, incluida la independencia, y a un proceso constituyente propio, no subordinado al estatal, es la solución que puede acabar con este conflicto por la vía democrática/2.
En esas condiciones, y aun en el escenario improbable de que Podemos fuera la fuerza mayoritaria en el nuevo parlamento, no tendría sentido dejarse arrastrar por el mantra de la “vieja política” (la “responsabilidad de Estado” o “la altura de Estado”) para entrar en el juego de un nuevo “pacto social y político” que no parta de la resolución sin ambigüedades, entre otros muchos, de los dos problemas mencionados y, por tanto, que no vaya más allá de la promesa de una reforma constitucional. Por eso lo más preocupante es que, antes de conocer los resultados del 20D, la dirección de Podemos ya se esté limitando a una propuesta de reforma constitucional que, además, va acompañada de una reivindicación de la Constitución de 1978. Habremos pasado así en pocas semanas de la voluntad de “abrir el candado de 1978” y de romper con el régimen a la rehabilitación de un mitificado “consenso” que llevaría, más pronto que tarde, a ir diluyendo la polarización pueblo-oligarquía -que, no lo olvidemos, fue idea-fuerza fundamental de Podemos- dentro de una democracia apenas “agónica” para, en el mejor de los casos, acabar contribuyendo a un mero “recambio” de elites.
Frente a ese “proto-transformismo” que esperemos no se consuma existe otra vía posible: la de adelantar sin ambigüedades que una fuerza como Podemos no entrará en un hipotético “cambio constitucional” que se limite a la aparente “regeneración” de una “clase política” que seguiría siendo obediente al Eurogrupo y firme defensora de la “unidad de España”.
¿Significa esto que habría que asumir la derrota ante esa operación “regeneracionista” o, lo que sería peor, renunciar definitivamente a un proyecto rupturista? No, desde luego. La frágil legitimidad de lo que sería una repetición como farsa de la primera “Transición” -ya que ese nuevo “consenso” no podría contar esta vez con las bases materiales y “nacionales” de un “capitalismo popular” y un Estado autonómico capaz de neutralizar a los nacionalismos “periféricos”- ofrecerá distintos frentes de conflicto cuyo estallido no será automático pero que habrá que potenciar. Nuestra aspiración debería orientarse a la apertura de una nueva fase de inestabilidad política y social en la que el disenso de los y las de abajo pueda volver al primer plano, contribuyendo así a mantener abierta la oportunidad de “cambio” frente a la frustración de expectativas que supondría un “gatopardismo” a la española.
Será reafirmando la necesidad de una política antagonista como podremos ir reconstruyendo una cultura de la movilización y del empoderamiento popular recuperando el camino iniciado con el 15M y apoyándonos en los nuevos ensayos, aun con limitaciones, que se están emprendiendo desde ese municipalismo alternativo que, junto con los movimientos sociales, empieza a forjar una nueva institucionalidad. Habrá, por tanto, que poner la labor de nuestros y nuestras representantes al servicio de esas tareas con el fin de ir conformando un bloque contrahegemónico de las clases subalternas, dispuesto a desbordar los límites de un “regeneracionismo” que difícilmente ofrecerá un relato ilusionante de futuro tanto a escala española como europea.
Así es como quizás podamos recuperar el hilo conductor con lo mejor del “espíritu del 15M” que, aunque ya invisibilizado por los medios y relegado al olvido en muchas de las prácticas de la autodenominada “nueva política”, sigue presente en cantidad de actividades, luchas y redes sociales y, sobre todo, en la memoria colectiva de muchos y muchas de sus activistas y simpatizantes. En resumen, deberíamos fijarnos como objetivo acortar la vida de cualquier proyecto meramente “restauracionista” y seguir apostando por un horizonte de ruptura constituyente que necesariamente ha de ser plural tanto en sus sujetos protagonistas como en sus contenidos. Para eso también hará falta recomenzar procesos de refundación y confluencia sin urgencias electoralistas, con generosidad por todas las partes y buscando nuestros propios “modelos” de partidos necesariamente pluralistas y basados en la democracia deliberativa y participativa.
28/11/2015
Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y editor de VIENTO SUR
Nota aclaratoria: Este artículo es una versión revisada y ampliada del aparecido en la sección “Espacio Público” del diario Público el 27/11/15 sobre el tema “20D: Oportunidad de cambio”
1/ A propósito de esto, Catherine Samary ofrece una buena reflexión en “Tras el fracaso de Syriza, rechacemos los TINA”, VIENTO SUR, 21/11/2015 (disponible en www.vientosur.info/spip.php?article10712 )
2/ Se insiste repetidamente en que no basta el 47,74 % de los partidos independentistas para convocar un referéndum en Catalunya sobre la independencia pero viene bien recordar, como hace Martí Caussa, en “La desobediencia, sus alternativas y sus desafíos” (http://vientosur.info/spip.php?article10691 ), que los gobiernos de Canadá y Reino Unido aceptaron la convocatoria de referéndum vinculante sobre la independencia en Quebec y Escocia respectivamente, pese a que el partido nacionalista quebequés había logrado un 41,37 % de votos y el escocés, un 44,04 % en las elecciones previas a su celebración.
