Este artículo presenta un resumen de los mecanismos básicos de los fondos covid de la UE. Está orientado principalmente hacia los colectivos y personas activistas, con el objetivo de que puedan encontrar en él datos y comparaciones que nos ayuden a sortear la falsificación propagandística sobre la importancia de estos fondos y el impacto de lo que la UE califica como “El mayor paquete de estímulo jamás financiado”, pero yendo un paso más allá de la mera caracterización política general de los mismos, exponiendo con algún detalle las medidas de la UE, sus mecanismos, normas, y calendario, para sacar conclusiones sobre sus efectos en el escenario macroeconómico, ecológico y político.

Desde el activismo y la militancia necesitamos conocer estos detalles y analizarlos, lo cual, además de ayudarnos a evitar cometer errores o ligerezas que puedan deslegitimar nuestro discurso, nos puede permitir orientar mejor nuestra contrapropaganda y las movilizaciones que se darán en torno a unas políticas y a un relato que, por su relevancia y por el marco de crisis profundas en que se sitúan, se van a instalar en el centro de la vida política, de nuestras preocupaciones, de nuestras luchas y de nuestra batalla por las ideas.

Partimos, no obstante, de serias dificultades que existen para realizar un análisis detallado, preciso y definitivo sobre los fondos de la UE. Tanto por la falta de transparencia y participación con la que la UE y el gobierno del Estado español están llevando el proceso, como porque todavía no están definidos algunos montos y procedimientos, y quedan por concretar los aspectos más significativos. Por ejemplo, todavía no existen esos fondos de la UE de los que hablamos y ya se están repartiendo o sometiendo a subasta. Ni siquiera se ha terminado de aprobar el sistema para conseguirlos, por lo que la Comisión Europea no puede todavía salir a los mercados de capitales a captarlos. Tampoco se han presentado formalmente los planes de cada país. Ni se sabe con precisión cuándo empezarían a llegar los fondos a los países... Pero con lo que ya sabemos no solo podemos hacer un análisis político, sino también comenzar a denunciar las actuaciones más dañinas que se apuntan y plantear la necesidad de dirigir las actuaciones hacia las necesidades sociales y la perspectiva ecológica.

Estamos al inicio del proceso y conocemos sus montos aproximados, su diseño, sus implicaciones, algunos plazos y pautas de desembolso. Pero, como muchos aspectos importantes para ponerlo en marcha no están aprobados ni concretados, es oportuno que dediquemos más atención a un proceso que, hoy por hoy, es bastante desconocido, incluso para la mayoría del activismo y de la militancia política, o que es visto a través de la propaganda del gobierno y la de la UE o de las ambigüedades y complicidades de Unidas Podemos. En la medida en que se vayan dando los pasos que faltan, se concreten las subvenciones, los créditos y los proyectos, y cuando se vayan cumpliendo o incumpliendo los plazos previstos, podremos analizar y actuar con más fuerza, certeza y capacidad de convencimiento y de focalizar las movilizaciones. Ahora nos toca, como ya están haciendo algunos movimientos sociales como Ecologistas en Acción, empezar a posicionarnos y difundir nuestra visión crítica.

Estos fondos de la UE van a estar presentes en el debate político y social de, al menos, los próximos siete años, y muy intensamente durante 2021, que va a ser el año clave. Las actuaciones, los conflictos y los debates que ya están apareciendo en torno a estos fondos y su destino, van a favorecer no solo el debate sobre los mismos, sino también sobre el propio modelo capitalista y sobre las salidas al mismo. Van a hablar, están hablando ya, de transformación ecológica, de modelo energético, de investigación, de resiliencia, de reindustrialización, de agricultura, de comercio, de digitalización… y de crecimiento sostenible. Nos están poniendo el micrófono y tenemos que aprovecharlo.

En esos debates que se están planteando y en los que vendrán, se impone, a mi juicio, desmentir los contenidos centrales de esta iniciativa y no solo los detalles más chocantes. Debemos empezar por explicar que los fondos previstos, aunque impresionen en sus cifras, no son suficientes, no digamos para parar la crisis, sino siquiera para paliarla y menos para transformar la realidad de manera notoria. Tendremos que explicar que incluso la parte de los fondos que está destinada a subvenciones a los gobiernos, no es una concesión gratuita y sin contrapartidas, ya que esas subvenciones tendrán que ser pagadas, y con intereses, por las mayorías trabajadoras y las generaciones más jóvenes a través del incremento de las contribuciones de los países a la UE y de los nuevos impuestos de la UE, que en una parte importante serán indirectos y, por lo tanto, pagados por las mayorías. A lo que hay que añadir el que habrá que pagar los nuevos créditos que incluyen los fondos covid y sus intereses, y sobre todo los ajustes estructurales obligatorios para recibir estos fondos, que profundizarán los recortes y las privatizaciones.

También tenemos que tener en cuenta la amenaza global que supone la inmensa deuda pública y privada en el Estado español, que está en torno a tres billones de euros. Deuda que lleva a que el Estado venga pagando más de 31.000 millones de euros cada año solo por los intereses (a bajos tipos) de la deuda pública, lo que solo en los tres años en que se esperan las subvenciones covid de la UE, son unos pagos que los superan en más de veinte mil millones. Una deuda pública que sigue creciendo y que, además, todo indica que es mayor de lo que se declara oficialmente. Con estos elementos, y otros que comentaremos, podemos analizar el mecanismo que se dice nos salvará y la situación que sigue y seguirá siendo de profunda crisis económica, junto con las crisis climática y energética que enmarcan el siglo.

En esta lógica, se nos impone hacer un esfuerzo por entender lo que tenemos hoy delante, y también mantener ese esfuerzo analizando lo que se vaya haciendo con estos fondos y su relación con la múltiple crisis que estamos viviendo. En este sentido y con toda seguridad, algunos aspectos de este documento quedarán concretados en relativamente poco tiempo y otros también superados. Pero una prioridad hoy es que los movimientos sociales pongamos en el centro de nuestras preocupaciones y nuestro activismo estas políticas de la UE y del gobierno, que está decidiendo sin transparencia, sin consultas (más allá de con los grandes grupos de capital y la banca) y sin debate y, por supuesto, sin democracia, el Plan de “reformas” (recortes) e inversiones que presentará a la UE entre marzo y abril y que afectará de manera muy importante nuestra realidad inmediata y mediata.

Unas consideraciones esquemáticas para situarnos en un mar de propaganda y confusión:

  • Hay confusión e imprecisión en cuanto a los montos de los recursos que estarían disponibles:
    • El proceso no está siendo transparente por parte del gobierno, se están exagerando el impacto de los fondos de manera propagandística y se están despertando expectativas muy lejos de la realidad.
    • Las cifras no están definidas de manera precisa, porque se vienen recalculando en función de los datos del PIB y también revalorizando, porque se dieron a precios de 2018 (tienen que ser recalculados al alza; podría ser en un 2% anual, como el MFP). Por esto hay que añadir a todas las cifras un en principio.
    • Las cifras que se dan son siempre cantidades máximas, que podrían no desembolsarse en su totalidad, si los países no cumplen los condicionantes o si se pasan los plazos previstos para presentar proyectos.
    • Los Fondos lanzados desde la UE tienen diferentes partidas, destinos, mecanismos y normas, que no están definidos todavía al detalle, lo que hace complicada su percepción global. También colabora a la confusión el que la UE ha sumado, de manera propagandística y demagógica, otros fondos ya existentes o previstos, lo que les ha llevado hasta a hablar de un paquete de 1.824.300 millones de euros, al sumar a los fondos covid el llamado MFP (Marco Financiero Plurianual) 2021-2027, por 1.074.300 millones de euros de destinos no relacionados con la covid (gastos administrativos, fronteras, seguridad, defensa, PAC, etc.). Además, todo lo que viene de la UE está rodeado de unas referencias y un lenguaje enrevesado de difícil traducción para la mayoría.
  • Se vienen publicando y reproduciendo datos erróneos, interesados e imprecisos, confusión sobre cuándo llegarán los fondos, sus mecanismos y condicionantes, etc., en los medios y en los comunicados oficiales.
  • Los fondos principales, y a los que nos vamos referir en este artículo, son los del “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, que son subvenciones y préstamos a los Estados miembros por, en principio, 672.500 millones, más una partida de 47.500 millones en subvenciones de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE). Estas partidas son las principales de la que se han llamado “Next Generation EU” (Nueva Generación UE), por un total de 750.000 millones, en principio.
  • De todos estos Fondos, al Estado español se le han asignado, en principio, 140.000 millones de euros (a precios de 2018) en forma de subvenciones y préstamos.
    • Los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tienen que ser solicitados por el gobierno central, a través de un “Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia”, cuyo plazo de presentación se ha abierto este 19 de febrero de 2021. Este Plan no se está elaborando de manera transparente y menos aún democrática. Se sabe que se han dado conversaciones y negociaciones previas, sin actas, y se han movido también fichas y documentos previos y algunos Ministerios han hecho consultas con el empresariado y han establecido líneas para los proyectos que se pretende financiar. Si se conoce, no obstante, el documento del proyecto remitido a la UE en octubre de 2020, titulado “España Puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. De las negociaciones que dirige la ministra Nadia Calviño conocemos solo lo que ésta ha ido queriendo transmitir[mfn]La dirección que está imprimiendo el gobierno central a estos fondos no solo se va transparentando en las declaraciones y en los primeros documentos de éste y de los ministerios, sino que tenemos la prueba cercana del Plan lanzado el año pasado en el que se publicitaban 200.000 millones de euros en liquidez e inversión para paliar el daño estructural producido en el tejido productivo por el coronavirus… Ese plan que se ha convertido en más de 80.000 millones en avales ICO a los créditos que otorga la banca con sus propios criterios, rescates por más de 40.000 millones a las grandes empresas y, en paralelo, el gasto en los ERTES y exenciones a la Seguridad Social que pueden llegar a otros 40.000 millones de euros.[/mfn].
  • El gobierno ha declarado que se centrarán en los fondos de subvenciones (unos 72.700 millones, en principio, que se ha dicho que serán finalmente 79.529 millones) y que dejará los préstamos (unos 68.000 millones, en principio) para más adelante (han hablado de 2023). Incluso se ha llegado a decir que podría no solicitar esos préstamos. Las subvenciones, de acuerdo al Reglamento de la UE, se comprometerán en un 70% (unos 46.603 millones) en los dos primeros años (2021 y 2022) y el 30% (unos 22.925 millones), a finales de 2023. Llamamos la atención en que comprometerlos no quiere decir que la totalidad de esos fondos se desembolsen por la UE, ni que estén disponibles para usarse por el gobierno, ni que se gasten en esos años.
  • Por otro lado, nadie puede asegurar que este programa de la UE salga adelante en su totalidad, ni que se cumpla los plazos, ni que los condicionantes puedan ser cumplidos por todos los países. Además, está previsto que se suspendan desembolsos si se incumplen las condiciones de la UE. También hay que recordar que el acuerdo del Consejo Europeo de julio de 2020 no ha cambiado formalmente la lógica de actuación de los intereses que gobiernan la UE y del BCE, ni su rumbo. Se ha dejado en suspenso temporalmente el protocolo de déficit excesivo, pero manteniendo la vigilancia del déficit en el articulado del Reglamento de los fondos de la UE y se ha dejado abierto la vuelta a lo más duro de las reglas austeritarias y a los programas de reducción del déficit y la deuda de la UE, en 2023. Y en el Estado español, el gobierno no solo no ha planteado la derogación, ni ha anunciado su intención de derogar el artículo 135 de la Constitución y la correspondiente Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que al seguir vigente obliga a conceder “prioridad absoluta” al pago de los intereses y el capital de las deudas públicas, sino que en los Presupuestos Generales de 2021 hace continuas referencias, casi apología, de esa legislación y de la vuelta al protocolo de déficit.
  • Todos los fondos están condicionados al cumplimiento del Reglamento y también de las recomendaciones anuales de la UE (lo que conocemos como Semestre Europeo) y para su desembolso es necesario que la Comisión Europea y el Consejo Europeo aprueben los planes de país. Los dos desembolsos anuales previstos, en base a las solicitudes de los países, también tendrán que ser autorizados por la Comisión Europea en base al grado de cumplimiento de las metas fijadas. Incluso los Planes Nacionales que se aprueben en 2021, se revisarán y adaptarán en 2022.
  • El gobierno ha anunciado que adelantará los fondos covid por 27.436 millones que están en los Presupuestos de 2021. Se trata de un planteamiento ilusorio, porque el desembolso de esas partidas presupuestadas depende de la llegada de los fondos de la UE y no se sabe cuándo empezarán a llegar esos fondos (se ha hablado de que como muy pronto en junio o julio de 2021, pero algunos análisis los llevan a septiembre) y parece claro que no lo harán en las cantidades presupuestadas para el año 2021. Por ejemplo, FUNCAS ha estimado que solo se podrán movilizar 14.000 millones de fondos de la UE, de los 27.000 millones previstos, en 2021. El gobierno ha hablado de financiar con deuda pública parte de esos fondos, pero es una posibilidad que no está claro que se pueda dar, en la medida en que los Presupuestos 2021 están ya muy tensionados por el lado de los ingresos, lo que los hace, en gran medida, irreales, pues sufrirán un mayor descenso de recaudación tributaria que el previsto y un mayor incremento de los gastos públicos (los ERTE, ayudas directas a las grandes empresas, gastos de emergencia, ayudas directas, exoneraciones de tributos, etc.) enmarcados en un muy probable menor crecimiento del PIB que el estimado para hacer las cuentas (el gobierno consideró un 9,8% de crecimiento del PIB para los Presupuestos de 2021, que puede quedarse, según la UE y otros organismos, en menos de 6%, si no llegan los fondos covid anunciados) Junto con todo lo anterior, el desborde del déficit previsto, la imposibilidad de cumplir con los niveles de deuda pública que aparece en el marco presupuestario, etc., e incluso la posibilidad de que se dé una cadena de impagos de los créditos con aval del ICO concedidos por la banca que terminarían de desbaratar unas cuentas ya irreales y situar la deuda pública en primer plano de los desajustes económicos.
  • Como marco general, estos fondos y la flexibilización del déficit público y las crecientes compras de deuda pública y privada que viene haciendo el BCE, han sido la salida desesperada de la UE para intentar contener un derrumbe aun más brusco y brutal de las economías y de las deudas públicas y privadas, y que podía haber puesto en peligro la propia existencia de la UE y que finalmente puede hacerlo. Estas medidas también tienen un componente claro de propaganda, para intentar salvar la cara ante sus poblaciones y mantener el calor de la esperanza. Otro trasfondo que ha pesado en la decisión final de lanzar este programa es la necesidad que tiene una UE en decadencia de intentar resituarse frente a otros bloques capitalistas hegemónicos (USA y China). En este sentido, los fondos, se pretenden dirigir, además de hacia el crecimiento económico y la competitividad y a financiar a los grandes capitales, las energéticas, constructoras, aerolíneas…, hacia lo que en el discurso se califica transición ecológica. Y así, en el paquete aparecen también apuestas tan arriesgadas, en sí mismas, como el vehículo de baterías, el hidrógeno renovable, el 5G, la recuperación del turismo, etc. Apuestas que no solo eluden las necesidades sociales y el empleo sostenible, sino la crisis climáticas, la crisis energéticas y la del extractivismo. Se están disfrazando y pintando de verde unos planes de rescate a los grandes capitales y de estímulo a sus ganancias; no solo dejando de lado los retos del siglo, sino remando en sentido contrario a esos retos.
  • Por otro lado, el monto de los fondos es insuficiente para abordar la situación cotidiana y no digamos para impulsar las grandes transformaciones que se están publicitando. Empecemos por recordar que el presidente del gobierno español planteó en la UE que el fondo que se habilitara fuera de 1,5 billones de euros y que fuera de deuda perpetua, y que el que se ha habilitado es de 750.000 millones, la mitad. En concreto, para el Estado español se ha planteado unos 140.00 millones. Si se tiene en cuenta que, en principio, al Estado español podrían llegar, en forma de subvenciones de la UE, unos 72.700 millones en tres años, estaríamos hablando solo de unos 500 € por habitante y año, lo que nos puede dar una primera idea de que no se trata de unos fondos que permitan hacer transformaciones del calado que se les adjudican. Si lo comparamos con la caída del PIB en 2020, que fue de unos 130.000 millones (en datos provisionales), esos fondos supondrían, en tres años, solo el 55% de esa caída del PIB en un año. Si lo comparamos con el incremento de la deuda pública en 2020, que fue de unos 122.000 millones (datos provisionales) en un solo año, queda también patente su insuficiencia. Pero si, sobre todo, lo comparamos con la deuda pública total que en el Estado español alcanzó al finalizar el año 2020 los 1.311.298 millones[mfn]El monto de deuda pública al que nos venimos refiriendo, incluye la de todo el Estado (gobierno, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) La cifra que damos es provisional y probablemente cuando estén los datos definitivos se incrementará. [/mfn] (lo que significa unos 27.900 euros por habitante) podemos ver también la pequeña dimensión de los fondos de la UE frente a unos agujeros financieros descomunales. Si se destinaran en su totalidad las subvenciones que se esperan de la UE a amortizar la deuda pública, solo alcanzarían para pagar el 5,5 % de una deuda que, además, sigue creciendo y puede hacerlo mucho en 2021 y los años siguientes. Incluso, si comparamos esos fondos con el pago anual por los intereses de la deuda pública, que vienen siendo unos 31.500 millones al año (en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, aparece una partida para intereses de la deuda pública de 31.675 millones) vemos que ni siquiera los fondos de subvenciones que se esperan para 2021, 2022 y 2023, unos 27.000 millones al año, alcanzarían para cubrir el pago de esos intereses. Y esto en un marco de deuda pública no solo gigantesca, que el Estado español no tiene capacidad de pagar. Deuda que, además, va a incrementarse en los próximos años por los nuevos créditos que el Estado se verá obligado a contratar (incluidos los que están previstos en los fondos de la UE). Deuda y créditos sobre los que planea la amenaza de la subida de los tipos de interés y del aumento de la prima de riesgo, como cada vez parece más probable. Una deuda pública que pende también como una amenaza insoportable para el presente y para el futuro, y ante la que la UE y los grandes poderes económicos no tienen ningún plan. Una deuda que se sigue incrementando en porcentajes significativos sobre el PIB en la mayoría de los países de la UE, que no se amortiza, sino que se refinancia cuando llegan los pagos del principal y que el Banco Central Europeo está comprando a los prestamistas, para evitar su colapso, convirtiéndose en uno de los principales acreedores de los Estados miembros de la UE y también de grandes empresas. Una deuda pública que insisten en mantener y asumen mantener, en la lógica de proteger unos capitales y unas rentabilidades contabilizadas, aunque sepan que cada vez son más ficticios porque son inmaterializables. Y no solo la del Estado español, sino la de una gran parte de los países de la UE y de otras grandes economías, como el Reino Unido, Japón y EE UU.

Una deuda pública sobre la que pesa también la sospecha de que es mayor de lo que muestran las cifras oficiales[mfn]Se han señalado en los últimos años cambios de protocolos contables para disminuir artificialmente los montos de la deuda pública. Por ejemplo, se ha sacado de la misma la deuda de organismos de carácter público y que tienen al Estado como garante (ADIF, RENFE, AENA…) y hay analistas que afirman que hay una deuda oculta, contabilizando todo tipo de pasivos en circulación ligados a las Administraciones Públicas, que supera los 600.000 millones de euros, por lo que la deuda pública total podría estar por encima de los 1,9 millones de euros.[/mfn]. Sin olvidar la deuda de las empresas y familias (más difícil de contabilizar con exactitud) que hace que la deuda total pública y privada en el Estado español, sume unos 3 billones de euros. Una cifra que da más vértigo aún.

  • Aun así, para las grandes corporaciones y la banca, la llegada de fondos de la UE se ve como una ocasión para obtener liquidez y recursos para paliar su grave situación y, si es posible, para sacar algún rédito a corto plazo, especialmente participando en los grandes proyectos, los PERTE, en los que el Estado, como viene pasando, asumiría el mayor riesgo y ellas los beneficios, si los hay. El gobierno ha defendido lo que ha llamado la alianza público-privada, afirmando que los grandes capitales aportarían cuatro veces más fondos que los de la UE (se ha hablado hasta de 500.000 millones) lo que es fácil poner en un discurso, pero muy difícil que se haga realidad, dada la situación económica y financiera, las incertidumbres sobre el modelo a adoptar, la complicada y dilatada crisis en la que estamos y estaremos, y la persistente caída de la tasa de ganancia sin perspectivas de recuperación. En cualquier caso, es con estos grandes capitales con los que el gobierno ha abierto una línea fluida y discreta de conversaciones e intercambio de voluntades e ideas, lo que se ha justificado también como la única forma de cumplir con los plazos de inversión exigidos por la UE, destinando los mayores recursos a grandes proyectos que pondrían en marcha las grandes empresas del Ibex, a la vez que le está permitiendo al PSOE reforzar sus lazos con el gran capital que, en más de una ocasión, ha llegado a pedir calma a los partidos de la derecha, para que no perjudiquen sus intereses. Los continuos y fluidos contactos de Moncloa con los grandes despachos de abogacía, a los que se postula como colaboradores en la presentación de proyectos, las grandes consultoras y lo que han llamado con descaro foros sectoriales de alto nivel, en los que los Ministerios se relacionan directa y discretamente con las empresas del Ibex y las patronales, y también, porque siempre se necesitan comparsas, con sindicatos y universidades, además de estar contando con la asesoría de expertos del sector privado, son un indicador claro del destino que se quiere dar a estos fondos y también de la subordinación de Unidas Podemos al PSOE y sus políticas.
  • Para el gobierno, la llegada de fondos y la flexibilización temporal del déficit, se ve también como la fórmula salvadora para paliar algunos efectos del brusco y brutal derrumbe económico y social que se está produciendo, aunque sepan mejor que nadie que los fondos previstos no permitirán solventar la situación, ni mucho menos impulsar grandes transformaciones. Pero este marco les permite presumir de que han conseguido un gran éxito en la UE y del carácter supuestamente social y hasta ecológico de sus actuaciones (recordemos los aplausos a Pedro Sánchez, recibido en pie y como un héroe en el Consejo de Ministros tras el acuerdo del Consejo Europeo, las continuas referencias a que nadie se quedará atrás, el España Puede…) Incluso antes de que lleguen estos fondos se están convirtiendo en el discurso central del gobierno y quien sabe si también en un vector clave para impulsar actuaciones electoralistas en los años previos a las próximas elecciones, que tocan en noviembre de 2023, pero que podrían adelantarse. Incluso, al situar la propaganda gubernamental a estos fondos como la única salida, el salvavidas de la economía y la puerta hacia el futuro, el allanar su llegada, cumpliendo las condiciones y los recortes que imponga la UE, se convertiría en la coartada para justificar socialmente esos recortes y hasta para lubricar un acuerdo con la derecha y terminar de desplazar a Unidas Podemos del gobierno, si se oponen, aunque también ese desplazamiento se puede producir con anterioridad.

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Procesos formales y calendario para el desembolso de los fondos:

Es importante también situarnos en el calendario del proceso previsto para la llegada de los fondos.
10 de febrero de 2021

Aprobación del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR o RRF) por el Parlamento de la UE. Se aprobó por 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones. La mayoría de los y las diputadas de izquierda aglutinados en The Left, se abstuvieron (21 de 39, incluido el representante de EH Bildu) mientras que votó en contra uno y a favor del Reglamento 15, entre ellos todos y as de Podemos e IU.

Con anterioridad, en el Estado español, las Cortes habían aprobado, el 28 de diciembre de 2020, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, uno de los pasos para respaldar el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.

11 de febrero de 2021

Refrendo del Reglamento por la Comisión Europea y adopción por el Consejo.

18 de febrero de 2021.

Publicación del Reglamento en el Diario Oficial de la UE.

A partir del 19 de febrero de 2021

Se inicia el plazo para que los Estados miembros empiecen a presentar formalmente sus Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia y para que la Comisión Europea los evalúe en un plazo de dos meses a partir de su presentación, los negocie o corrija aspectos de estos Planes.

Estos Planes, que es más correcto denominarlos de reformas e inversiones, tienen que someterse tanto a lo establecido por la UE en cuanto al destino de los fondos, como a las consideraciones que hizo la UE en el Semestre Europeo sobre cada uno de los países y a las que siga haciendo anualmente. En el caso del Estado español, las principales consideraciones han sido sobre las pensiones, el mercado de trabajo y el déficit. La mayoría de los países ya llevan un tiempo negociando el contenido de esos Planes con la Comisión Europea. En nuestro caso las negociaciones las lleva Calviño y el gobierno ya publicó con gran boato, en octubre de 2020, el documento España Puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el Proyecto de Plan Nacional que se envió a la UE en ese mismo mes. En ese documento aparecen, junto a mucha, mucha propaganda, unas líneas generales, unos condicionantes y unos porcentajes de asignación de los fondos a determinados destinos, que el gobierno central elaboró sin participación social, lo que a estas alturas es ya una obviedad, pero hay que repetirlo.

El gobierno central es quien presentará el nuevo y definitivo Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión Europea, para lo que se abrió plazo este 19 de febrero. Más allá del nombre pomposo que se le dio, en ese Plan lo que se exige definir es el “programa de reformas e inversiones para el período 2021-2023”, tal como plantea el Reglamento de la UE. Ese Plan tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Hasta donde sabemos no hay prevista una fecha exacta, pero se viene hablando de mediados de marzo de 2021.

El Reglamento aprobado por la UE no obliga a los gobiernos a consensuar sus Planes con otros espacios territoriales, políticos o sociales. Solo habla de consultar a las autoridades regionales y locales y hacerlas partícipes (Considerando 34 del Reglamento) Y el gobierno central no ha ido más allá. En el Decreto-Ley 36/2020 citado, se dice solo que “serán oídas las comunidades autónomas y las entidades locales y, asimismo, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de ámbito estatal”. En este aspecto, sobre todo desde las Comunidades Autónomas, se puede abrir un espacio importante de confrontación.

En cuanto al examen por parte de la Comisión Europea, con el dictamen del ECOFIN, de los Planes Nacionales, se establece, en el acuerdo del Consejo Europeo de julio de 2020, que “deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación” su coherencia con las recomendaciones específicas por país (el famoso Semestre Europeo) el refuerzo de su potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro. Mientras que “la contribución efectiva a la transición ecológica y digital también será condición indispensable para conseguir una evaluación positiva”. Se puede advertir que es diferente pedir “contribución efectiva”, que exigir “coherencia con las recomendaciones”, lo mismo que es diferente pedir la puntuación más alta que solo ser evaluado positivamente, por lo que ese párrafo del Acuerdo del Consejo es significativo de que lo que se pretende con los fondos es, fundamentalmente, el crecimiento económico.

La valoración del Plan de país más que un examen es una evaluación continua. Un proceso formal e informal en el que desde la UE se han regulado primero los aspectos más generales y se van haciendo después “recomendaciones” de cambios en las propuestas y líneas que se van presentando. Recomendaciones que, con gusto o con disgusto, tendrán que ser aceptadas por los gobiernos de los países miembros, especialmente de aquellos con menos peso.

A partir de marzo-abril de 2021

Una vez la Comisión Europea dé el visto bueno a los Planes de los países (no sabemos si lo irá haciendo país a país o para todos a la vez) pasarán al Consejo Europeo para su aprobación “por mayoría cualificada”, en un plazo que procurará sea de cuatro semanas. Este será un momento delicado, pues, aunque se alcanzó un acuerdo entre los gobiernos de los países, en la reunión del Consejo Europeo de julio de 2020, fue a cambio de establecer que la aprobación de los Planes de país se tuviera que hacer por mayoría cualificada (se trata de una serie de mecanismos complejos y detallados que establecen que tienen que votar a favor 15 de los 27 Estados de la UE, pero sumando al menos el 65% de la población total de la UE, y algunas consideraciones más) y también de otorgar un cierto poder de veto a los países (el “freno de emergencia”) sobre el uso de los fondos previstos y las políticas económicas de los receptores, que fue una concesión al gobierno Holandés. Este freno de emergencia puede llevar a que un país paralice durante tres días el desembolso de los fondos a otro, mientras el país o países cuestionados rinden cuentas y/o cambian las medidas para dar garantías sobre los aspectos denunciados.

Nadie puede asegurar que no se produzcan vetos cruzados entre países o incluso posiciones de chantaje, o que esos choques no terminen por extenderse a otros aspectos de los fondos o de las políticas de la UE.

Desde el 19 de mayo de 2021

Desde esta fecha, se podría, en teoría, empezar a recibir un adelanto de los fondos, pero parece más probable que sea a partir de septiembre. Si se aprueba el Plan de país, el gobierno podrá solicitar un anticipo de hasta el 13% de los fondos (en el caso del Estado español supondría algo más de 10.000 millones de euros) Estos primeros desembolsos se plantea que se efectúen “en la medida de lo posible, en un plazo de dos meses desde la adopción por parte de la Comisión del compromiso”.

Los proyectos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tienen un cierto carácter retroactivo, pues pueden ir destinados a reformas e inversiones que van desde el 1 de febrero de 2020 hasta agosto de 2026, entendemos que siempre que esos gastos cumplan con el Reglamento y se incluyan en los Planes de país.

Pero para que se produzcan los desembolsos de estas subvenciones y préstamos, todos los países miembros de la UE tienen que aprobar previamente la “Decisión de Recursos Propios de la UE”. A la fecha de este documento, esa aprobación la han hecho siete países de veintisiete (Croacia, Chipre, Malta, Eslovenia, Portugal, Francia y Bulgaria). Aquí también se puede dar una situación en que el parlamento de un país, o los parlamentos de un grupo de ellos, retrase o ponga pegas a la aprobación de esa Decisión, tanto por razones de fondo, como por política interna o para mejorar alguna posición. Se ha hablado de que entre esos países en los que no está garantizada la aprobación automática pueden estar Holanda, Polonia, Hungría…

Una vez aprobada esa Decisión por la totalidad de los países de la UE, la Comisión Europea podría empezar a solicitar fondos en los mercados de capitales (emitirá deuda de la UE o, como se les ha llamado, coronabonos) para destinarlos a las subvenciones y a los préstamos a los países. Se está hablando de que la Comisión Europea podría comenzar a pedir créditos en un primer paquete de 200.000 millones, como muy pronto, en junio-julio de este año 2021.

Además de esta puesta en marcha, por primera vez, de emisiones de deuda de la UE, hasta ahora está sin solventar cómo devolverá esa deuda y pagará sus intereses la UE, pues ésta carece de ingresos propios suficientes para hacerlo y, por tanto, para respaldar los créditos que pida. Actualmente, la Comisión Europea solo cuenta con los ingresos provenientes de las contribuciones de los países miembros, los derechos de aduana y el recientemente creado impuesto a los residuos de los envases de plásticos.

Hay otros impuestos en proyecto, pero además de establecerlos legalmente, lo que tardará, habrá también que esperar un período largo de tiempo para que comiencen a poder recaudarse. El “Impuesto a los residuos plásticos no reciclados” ha comenzado su vigencia el 1 de enero de este año 2021. El “Mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono” y el “Impuesto digital” están previstos para el primer semestre de 2021. La “Revisión del régimen de comercio de los derechos de emisión” (que puede hacerse extensible al transporte aéreo y marítimo) tiene que pasar por la aprobación de la propuesta de la Comisión Europea. Y se plantea que en el marco del próximo MFP (Marco Financiero Plurianual de la UE) la Comisión Europea “trabajará para instaurar otros recursos propios, entre los que podría hallarse un impuesto sobre las transacciones financieras”. Es curioso que desde algunos espacios se esté dando por hecho este impuesto, cuando lo único que se han iniciado son análisis y cuando cuenta con la oposición de los poderes en los que se sustenta la UE.

Mientras tanto, todo parece indicar que la única vía abierta a corto plazo para pagar los intereses y el principal de estos créditos en los primeros años, tendrá que salir del incremento de las aportaciones de los países miembros, como señala el propio documento del Consejo de julio de 2020, abriendo el camino al incremento temporal de las cuotas. Aportaciones que incrementarán de una manera proporcionalmente superior a la actual a los países receptores de la ayuda, en la medida en que el acuerdo del Consejo de julio de 2020, concedió una rebaja de sus aportaciones a la UE, a los países frugales o virtuosos: Alemania, Austria, Países Bajos, Suecia y Dinamarca (se ha calculado en unos 52.000 millones). Incrementos unidos también a los que se han establecido por el Brexit y otras situaciones, que pueden representar para el Estado español, por ejemplo, en torno a 2.000 millones de euros más al año.

Por lo que decir que todo el monto de las subvenciones será a fondo perdido es otra de las falsificaciones sobre los fondos. Tanto porque los países miembros tendrán que incrementar sus aportaciones a la UE, como porque las propuestas en marcha para crear nuevos impuestos que cobraría la Comisión Europea, en la medida en que muchos sean indirectos o que se puedan repercutir, recaerán sobre la población trabajadora de la UE, como el incremento de las aportaciones a la UE.

Hasta donde conocemos no hemos visto cálculos de lo que el Estado español tendría que devolver de las subvenciones por medio de los incrementos de su contribución a la UE. Como tampoco lo que tendríamos que pagar la población, a través de los nuevos impuestos.

Además, hay un riesgo importante en relación a los créditos que pida la UE, que puede convertirse en fatal, pues el hecho de que no existan en la actualidad mecanismos suficientes para su devolución a los mercados de capitales, más la inmensa deuda pública y privada de los países miembros y hasta las perspectivas cada vez más amenazantes de inflación y subida de los tipos, pueden llevar a que los mercados de capitales incrementen los intereses y empeoren las condiciones de estos nuevos créditos, e incluso se podría dar que los bonos de la UE fueran vistos como poco fiables, frente a los de algunos otros países, tanto de la UE como de fuera (que, además, ya ofrecen tipos de interés mucho mayores y en crecimiento). Esta posibilidad, que no se puede descartar, pondría en serios problemas el programa de la UE, a la vez que convertiría en más insostenible aun la inmensa deuda pública, y también llevaría a dificultar y encarecer la captación de los créditos que siguen necesitando los países miembros, más allá de los fondos de la UE, con la subida de los tipos de interés y con una mayor “prima de riesgo” para las economías más débiles.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que, en el Reglamento aprobado, se establece que este endeudamiento nuevo de la UE “cesará a más tardar al término de 2026”. Es decir, se está planteando este plan con un horizonte temporal relativamente corto frente a la dimensión de las crisis.

 En el segundo semestre de 2021

Si se cumplen todas las condiciones, y si comienzan a llegar los fondos al gobierno central, éste los repartirá de acuerdo a los criterios fijados por el Reglamento y de acuerdo a su Plan Nacional.

El papel que tendrán en la orientación y reparto de los fondos las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos todavía no se ha concretado, pero que apunta, según los documentos del gobierno, solo a la consulta y canalización de fondos.

Se plantea que serán los diferentes Ministerios los que “lanzarán las convocatorias para la presentación de proyectos en los diferentes formatos dependiendo de los sectores y temas”, pero todavía hay un gran margen de ambigüedad al respecto.

También, el gobierno ha publicitado que además de las empresas, la “sociedad civil” (sic) y las ONG podrán presentar proyectos a esas convocatorias, pero tampoco hay nada cerrado y, menos aún, publicado y con plazos abiertos, y vista la insuficiencia de los fondos, mucho nos tememos que se trata más de una línea propagandista que real que está despertando expectativas ilusas, aunque algunos/as se han puesto ya a la cola para ver si reciben algo. No hay tampoco al respecto un calendario establecido, que conozcamos.

El gobierno central ha hecho, sí, consultas con grandes empresas en los Foros de alto nivel y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha lanzado unos formularios para que se den “Manifestaciones de Interés” (MDI) para los grandes “Proyectos Tractores”, mixtos Estado-empresas, los PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) a los que se supone que irá el grueso de los fondos. Estos proyectos, que, como decimos, no están aprobados todavía, tendrían, según parece, entre otros condicionantes el de alcanzar un presupuesto mínimo para cada uno de 40 millones de euros (sobre los PERTES pueden darse también disputas sobre si son de ámbito estatal, y por lo tanto competencia del gobierno, o territorial, por lo que podrían ser reclamados por las Comunidades Autónomas o incluso por algún Ayuntamiento).

Algo semejante han hecho los Ministerios para la Transición Ecológica y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Por otro lado, varias agrupaciones empresariales y grandes empresas han presentado borradores de proyectos por decenas y decenas de miles de millones (por ejemplo, las eléctricas, como Iberdrola, que ha presentado proyectos para recibir 8.000 millones de euros, 5.000 millones Endesa, Naturgy no ha aclarado cuántos millones pide, las empresas de construcción, las alimentarias, etc.) Pero el gobierno no ha publicado, a la fecha, cuántas peticiones ha recibido, para qué proyectos y por cuántos recursos. Lo que se ha ido sabiendo es porque lo han publicado algunas empresas y agrupaciones de empresas.

También varias Comunidades Autónomas han lanzado sus proyectos e ideas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha pedido casi 22.400 millones de euros con los que espera financiar 214 proyectos.

Todas estas iniciativas juntas, o Manifestaciones de interés, que no han sido dadas a conocer en su totalidad y detalle, superan los montos máximos de los Programas de la UE, por lo que estimamos que estas peticiones están más en la lógica de marcar territorio (o del juego político) y que el reparto final tendrá que ser mucho más ajustado. Concretamente, en marzo está previsto que el Ministerio de Hacienda abra un registro para las empresas interesadas en la financiación de la UE.

El gobierno ha planteado que serán “entes” licitadores los Ministerios, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, sin que conozcamos las fórmulas concretas que se adoptarán, ni el papel que tendrán éstos en la propia definición de algunos aspectos de los proyectos. Concretamente se ha dicho que las Comunidades Autónomas gestionarán alrededor del 54% de los fondos en 2021 (unos 18.739 millones de euros sobre lo previsto) y en torno a un 4,3 % los Ayuntamientos (unos 1.483 millones de euros) pero no está claro si a estas entidades se les dará margen para definir y adjudicar los proyectos a financiar, o si se refiere a la mera consulta, canalización y supervisión de las subvenciones.

Mientras, los Ministerios y las administraciones siguen trabajando en la confección de los PERTES, con las grandes corporaciones. Se dice que en junio se sabrá qué proyectos se ajustan a la convocatoria.

Por parte del gobierno, aparecen ya como definidas y cerradas, algunas líneas de actuación, como, por ejemplo, Movilidad Eléctrica, que se cerró el 29 de enero, y que plantea, entre otras cosas, alcanzar una penetración de 5 millones de vehículos eléctricos (de baterías) a 2030, los corredores de recarga rápida, etc. También está cerrada, a la fecha de este documento, la del Hidrógeno Renovable, la del Reto Demográfico y la de Competitividad y Sostenibilidad Industrial. Otras líneas de actuación siguen en consulta con los grupos de capital involucrados y no se han dado a conocer. Muchos de estos avances de proyectos se pueden considerar solo una lluvia de ideas, pero otros apuntan a ser los ejes de la inversión de los fondos de la UE, como los dirigidos a la industria automovilística y digital.

Dos veces al año

Los gobiernos presentarán solicitudes de nuevos desembolsos a la Comisión Europea. No hay fechas precisas, que conozcamos, para estos desembolsos, que se pedirán dos veces al año, suponemos que cada seis meses. Estas solicitudes, serán revisadas por la Comisión Europea y tendrán que cumplir el Plan de país, los objetivos del Semestre europeo, el Reglamento y todas las demás consideraciones. Si la Comisión Europea observa incumplimientos de los compromisos, puede suspender, en parte o en todo, los desembolsos.

También se pueden suspender parte de los desembolsos (hasta el 25% de los fondos comprometidos) si un país incumple los objetivos de reducción de déficit y deuda pública, de acuerdo al Reglamento aprobado, aunque solo si se vuelven a poner en vigor las reglas fiscales de la UE, que ahora están suspendidas por la pandemia, hasta, al menos, el año 2022, si bien se está planteando su ampliación al año 2023.

En el año 2022 y posteriores

Se revisarán y adaptarán los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia de cada país, “para tener en cuenta la asignación definitiva de los fondos correspondientes a 2023”.

Los plazos para tener aprobados los proyectos son, por ahora, inflexibles. Los compromisos que no se concreten en los plazos previstos se perderán, como ya hemos comentado.

Para la ejecución de los planes, el plazo establecido es el 31 de agosto de 2026. Si hay planes o proyectos posteriores, se ha establecido que tendrán que ir por cuenta de los recursos de los propios países.

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Principales contenidos y condicionantes de los fondos de la UE

Además de tener presente estos aspectos de las fórmulas y calendarios de los fondos de la UE y el marco general de crisis en el que se sitúan, es importante analizar qué orientación se quieren dar a esos recursos desde la UE y desde el gobierno.

De nuevo, tampoco en este terreno se puede hacer un análisis detallado, que solo podrá venir cuando se dé a conocer y, en su caso, se apruebe por la Comisión y el Consejo Europeo el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia; y, sobre todo, cuando posteriormente veamos qué proyectos se aprueban.

Sí se dan líneas y contenidos sobre a qué destinar los fondos, en los documentos oficiales de la UE, especialmente en el Acuerdo del Consejo Europeo de julio de 2020 y en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, aprobado por el Parlamento de la UE, la Comisión Europea y el Consejo entre el 10 y el 11 de febrero de 2021.

También contamos con las líneas esbozadas en el documento titulado “España Puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, presentado a la UE y dado a conocer por el gobierno central en octubre del año pasado, así como en los documentos de intenciones que han salido en enero y febrero de distintos ministerios, en algunas declaraciones gubernamentales y de las grandes empresas y patronales, y en los condicionantes para el Estado español contenidos en el documento del llamado Semestre europeo[mfn]Los contenidos para cada país en los documentos que se conocen como el Semestre Europeo, han pasado de ser de recomendaciones a ser ahora obligatorios, en la medida de que deberán incluirse en las políticas gubernamentales, para la aprobación de los Planes que presenten los países y, por lo tanto, para recibir los fondos.[/mfn].

En todos estos documentos aparecen grandes pronunciamientos de carácter económico, social, ecológico y de género, que hacen que suenen bien a los oídos predispuestos. Por ejemplo, en el documento del gobierno del Estado español, “España Puede”, se dice que este Plan puesto en marcha por la UE “Permitirá no solo la superación de la crisis y la recuperación del empleo, sino que facilitará la modernización de nuestra economía, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social”. Pero si vamos a los condicionantes reales y a los proyectos que se pretenden poner en marcha vemos, por el contrario, que el impacto real de este Plan será pequeño y que se va a perder una oportunidad de iniciar transformaciones de calado en el sentido social y ecológico, mientras que sus contenidos impulsan el avance a velocidad de crucero hacia el colapso, como nos dice Adrián Almazán en viento sur (VS, nº 173). Aunque desde mi visión, tal como he expuesto en este artículo, es que el colapso se manifestará primero, en orden de llegada y en impacto a corto plazo, en el terreno económico y social, mientras se sigue incrementando la apuesta ecocida.

Concretamente, en el documento constituyente de estas medidas, el Acuerdo del Consejo Europeo de julio de 2020, se establecen que los planes a financiar son de “reformas e inversiones” y cuando desde la UE se habla de reformas ya sabemos que están hablando de recortes sociales. Cuando conozcamos el Plan de país y sea aprobado por la UE, podremos ver qué reformas contiene y podremos valorar el coste de esas ayudas, aunque es probable que algunas no aparezcan, porque hayan quedado en los habituales pactos de caballeros, secretos, por supuesto.

Al establecer los condicionantes generales, el Acuerdo del Consejo Europeo es claro, cuando define, como ya hemos comentado, en su Apartado 19, que, para la aprobación de los Planes de país, deberán obtener la puntuación más alta en tres apartados, que son si esos Planes cumplen con los criterios del Semestre Europeo para cada país, si refuerzan del potencial de crecimiento económico, la creación de empleo y la resiliencia económica y social. Mientras que establece que la contribución a la transición ecológica (y a la digital) también será condición para la evaluación positiva, pero, haciendo referencia no al cumplimiento de estándares establecidos, sino a una “contribución efectiva”, lo que deja un amplio margen para que los Planes de país aprobados, se limiten a eso, a una contribución a la transición ecológica, que, además, se está dibujando y orientando hacia proyectos que van en el sentido contrario. Así dice textualmente ese apartado al que nos referimos por segunda vez:

La Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en un plazo de dos meses a partir de su presentación. Los criterios relativos a la coherencia con las recomendaciones específicas por país, así como al refuerzo del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación. La contribución efectiva a la transición ecológica y digital también será condición indispensable para conseguir una evaluación positiva.

 Es decir, que las prioridades que han fijado quienes realmente toman las decisiones en la UE (El Consejo Europeo) son el cumplimiento de los ajustes y el crecimiento económico.

Ha tenido una difusión más generalizada, lo que se dice en el Reglamento de que “…las medidas respaldadas por el Mecanismo e incluidas en los planes de recuperación y resiliencia de cada Estado miembro deben contribuir a la transición ecológica, incluida la biodiversidad, o a afrontar los retos que se derivan de ella, y deben representar un importe que suponga al menos el 37 % de la asignación total del plan de recuperación y resiliencia” y que el gasto dedicado en esos planes al “objetivo digital” o a la “transición digital”, como también se la llama en el Reglamento, debe ser “al menos el 20%”. Me parece evidente que bajo la consideración que atraviesa todo el proyecto de la UE de que lo digital es ecológico, se permitirán los vasos comunicantes entre los proyectos y gastos en la transición ecológica hacia la inversión en digitalización, pero no al revés.

Si se va a la tabla de Campos de Intervención de la Metodología de seguimiento que se incluye en el Reglamento, se puede encontrar el detalle de las puntuaciones, en porcentajes, que se le adjudica a cada campo de intervención. Por ejemplo, en la “Metodología de seguimiento para la acción por el clima” aparecen varios apartados que puntúan positivamente como proyectos que ayudan a los objetivos climáticos, cuando incluyan la digitalización, el comercio electrónico, las redes, la innovación digital, las TIC…, lo mismo que se les otorgan puntuaciones entre el 40% y el 100% en los objetivos climáticos y medioambientales a proyectos de cooperación entre empresas, construcción de nuevos edificios “energéticamente eficientes”, producción de energía a través de la biomasa y por energía marina, “redes inteligentes”, refrigeración urbana, algunos tipos de reciclado, “uso sostenible de los espacios Natura 2000”, infraestructuras TIC, digitalización del transporte, ferrocarriles y su “modernización” (sin indicar su tipo y su sistema motor) infraestructuras para los “combustibles alternativos”, puertos marítimos, “contribución a las competencias y empleos verdes”, etc. Mientras, cuando estas tablas de coeficientes se refieren a la “transición digital”, otorgan la máxima puntuación (100%) a las “redes de banda ancha de muy alta capacidad” y a la digitalización de los sectores, organismo y empresas (grandes y pymes) solo aparece uno de los rubros que hace una referencia ecológica, cuando se habla de inversión en tecnologías que mejoren la eficiencia energética.

Es decir, que una parte considerable de ese 37% de gasto en proyectos de transición ecológica, podrán ser a su vez proyectos de digitalización, mientras que del 20% de gasto en proyectos de transición digital, apenas podrá haber alguno que se pueda considerar de transición ecológica, mientras que la inmensa mayoría de los fondos aparecen destinados a nuevos crecimientos, construcciones e infraestructuras.

Pero yendo más allá, y repasando lo que ha quedado escrito y lo que vamos sabiendo, se ve sin ninguna duda que los gastos en transición ecológica son gastos en industrialización y tecnologías dentro de lo que alguna gente llama Green New Deal y que preferimos nombrar con el oxímoron Capitalismo Verde.

Cuando se profundiza un poco más en la letra pequeña de la que llaman transición ecológica y se ven las propuestas del gobierno del Estado español, aun en una fase de propaganda, nos encontramos con líneas de esa transición que van en el mismo sentido de ese crecimiento económico y en el sentido contrario a la imprescindible transición ecológica, como el vehículo de baterías, el hidrógeno, la recuperación del turismo, las nuevas infraestructuras para el transporte de mercancías, el 5G, etc. Es decir, un modelo de crecimiento económico capitalista y ecocida pintado de verde, donde ni siquiera caben, por ejemplo, medidas tan tímidas como la electrificación del tráfico ferroviario, que ya se consiguió casi completamente en algunos de los países de la UE, mientras que en el Estado español todavía tenemos un 37% de las vías de ferrocarril sin cobertura eléctrica.

Junto a esto, hay que tener muy presente uno de los principios directores del gobierno del Estado español para las inversiones de los fondos que se esperan de la UE: la “colaboración público-privada”. Esta colaboración se justifica y se adorna con la afirmación de que los 140.000 millones de los fondos de la UE “podrían multiplicar su efecto movilizando un total de hasta 500.000 millones de euros para inversión del sector privado”, lo que esconde no solo un cálculo sin demostración ni asiento en la realidad (por ejemplo, Iberdrola ha presentado un borrador por el que plantea una inversión de 21.000 millones, incluyendo en ella la petición de 8.000 millones de los fondos de la UE; si se aplica lo dicho por el gobierno, a esos ocho mil millones correspondería una inversión propia de Iberdrola de 32.000 millones, y no solo de 13.000 millones, como plantean), sino también una forma de vestir el rescate que quiere poner en marcha el gobierno hacia las empresas del Ibex y los grandes capitales, con un supuesto efecto multiplicador de los fondos públicos. Lo que no se compadece ni con el monto de los fondos públicos, ni con la capacidad real de inversión de las grandes empresas, afectadas tanto por la crisis inmediata, como también por el trasfondo de la caída de la rentabilidad de los capitales, o caída tendencial de la tasa de ganancia, que va e irá mucho más allá de la pandemia y que topará también con las crisis climáticas, de la energía, de los extractivismos, etc.

Como ya he expuesto, todos estos experimentos y transferencias de recursos hacia quienes más tienen, se prevé que los paguemos las grandes mayorías y, sobre todo, los y las jóvenes. Incluso, si algunos de esos grandiosos proyectos se ponen en marcha, teniendo en cuenta que algunos son de alto riesgo en sus resultados, porque no tienen detrás una tecnología y una experiencia probadas, como los vehículos de baterías y el hidrógeno para motores, podemos encontrarnos con que se produzcan grandes pérdidas y que éstas sean asumidas por los recursos públicos.

Veamos lo que se sabe de los ejes que está planteando el gobierno central, como destino de estos fondos, aun sabiendo que hasta que no informen de los proyectos concretos que se quieren financiar, estos ejes hay que tomarlos como meras manifestaciones:

En el citado documento “España Puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, el gobierno central se habla de cinco líneas directrices, cuatro ejes transversales, diez políticas palanca y treinta proyectos o líneas de acción.

Las cinco líneas son:

  1. Modelo de gobernanza.
  2. Planificación temporal.
  3. Priorización de las diez políticas palanca.
  4. Colaboración público-privada
  5. Reformas estructurales

Los cuatro ejes transversales son:

  1. Una España Verde
  2. Una España Digital
  3. Una España sin brechas de género
  4. Una España cohesionada e inclusiva

Es en las “diez políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo” cuando las generalidades anteriores alcanzan algún nivel de concreción. Estas políticas, dice el gobierno, se seleccionan por su “alta capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo para la modernización de nuestra economía y sociedad”. Las diez políticas palanca enunciadas, con la asignación del porcentaje de fondos planteada por el gobierno y con los treinta proyectos o líneas de acción, son:

  1. La agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación (16%)
    • Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entorno urbanos y metropolitanos.
    • Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
    • Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero
  2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes (12,2%)
    • Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.
    • Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.
    • Movilidad sostenible, segura y conectada.
  3. Transición energética justa e inclusiva (8,9%)
    • Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía.
    • Infraestructuras eléctricas, promoción de las redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.
    • Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.
    • Estrategia de Transición Justa para garantizar el mantenimiento del empleo y la creación de actividad en los territorios afectados por la transición energética
  4. Administración para el siglo XXI (5%)
    • Modernización de las administraciones públicas (con cinco líneas de actuación)
  5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora (17,1%)
    • Política Industrial España 2030.
    • Impulso a la pyme.
    • Plan de modernización y competitividad del sector turístico.
    • Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G.
  6. Pacto por la ciencia y la innovación; refuerzo de la capacidad del Sistema Nacional de Salud (16,5%)
    • Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
    • Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
    • Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud.
  7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades (17,6%)
    • Plan nacional de capacidades digitales (digital skills)
    • Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.
    • Modernización y digitalización del sistema educativo, con un fuerte impulso de la educación de 0 a 3 años.
  8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo (5,7%)
    • Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión.
    • Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo (fundamentadas en tres pilares).
  9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte (1,1%)
    • Revalorización de la industria cultural.
    • Spain Audiovisual Hub (incluye sector de videojuegos)
    • Fomento del sector del deporte.
  10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento sostenible e inclusivo (aparece sin porcentaje)
    • Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
    • Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.
    • Mejora de la eficacia del gasto público.
    • Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

Todo un programa electoral, sin asiento en la realidad, que pretende levantar ilusiones en base a unos fondos absolutamente insuficientes y a unas líneas que los llevarán a las cuentas de los grandes capitales y en el camino de nuevas privatizaciones. Vamos, después de este despliegue de grandes frases, podríamos decir aquello de “y dos huevos duros”.

A modo de conclusiones

Tendremos que profundizar más en estos aspectos según vayamos teniendo la información que ahora se nos niega. Ir al detalle, comentar lo que se va sabiendo cada día, etc., pero este ya largo artículo tiene que concluir y, además, en unos meses podemos tener pruebas, que pueden ser dramáticas, de la inconsistencia y la dirección contraria a las necesidades sociales y ecológicas de estos planes de la UE y del gobierno central. En pocas semanas, cuando conozcamos el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia del Estado español y esté aprobado por la UE (tal cual o con modificaciones) tendremos la ocasión de sacar punta con detalle a las diferentes políticas y líneas. Pero, aun así, nos atrevemos a exponer un resumen de conclusiones y algunas propuestas abiertas:

  • Los montos de los fondos de la UE, sus condicionantes, su obtención, su financiación, su distribución a los países y desde estos a los proyectos financiados, están sin concretar todavía y pueden darse cambios, importantes retrasos y hasta sorpresas.
  • Los fondos previstos no alcanzan ni para cubrir una parte de la caída de la economía en 2020 y menos aún para ser una palanca de recuperación del crecimiento económico y tampoco para la competitividad, aunque exigirán para su desembolso serios recortes de gastos sociales.
  • La UE no ha cambiado. Ni siquiera se puede decir que haya abandonado las principales premisas del capitalismo neoliberal.
  • Lo más probable es que estos planes terminen en un cuádruple fracaso: de su retórica grandilocuente, por la no recuperación económica, por el paso a primer plano de una deuda pública insostenible, porque no van a permitir resituar a la UE como polo capitalista competitivo en el contexto económico internacional.
  • Las peores concreciones de la crisis económica cíclica en la que la economía capitalista mundial estaba entrando, ya antes de la pandemia, están por llegar. Lo peor está por llegar.
  • El modelo de crecimiento y competitividad que impulsa este plan de la UE y el gobierno, está muy lejos de lo que necesitamos para minimizar y adaptarnos al cambio climático y a la crisis de los combustibles fósiles y del extractivismo.
  • El barniz medioambiental de estas políticas de la UE y del gobierno central son solo un discurso y una mera coartada para hacer más tragable un proyecto de transvases de fondos y rescate a las grandes empresas, incluso en base a esos proyectos supuestamente “verdes”. Es un plan de las élites y para las élites.
  • No es descartable que una subida cercana de los tipos de interés y un progresivo crecimiento de la inflación, pongan en peligro el sistema de emisión de deuda y de deuda pública en el que se basan estos planes. Lo mismo que no es descartable la subida de las primas de riesgo de la deuda, especialmente la de los países del Sur de la UE, y la consiguiente crisis de pago de los servicios de deuda externa.
  • No es descartable que a lo largo de estos años se pueda producir un colapso político y financiero que lleve al traste parte o todo este plan de la UE o de los planes de algunos países, entre ellos el del Estado español, en el que se dan algunos de los peores escenarios.
  • Desde el punto de vista del análisis económico, tendremos que dedicar también esfuerzos a desmentir los mitos de un keynesianismo de parvulario que practica una parte de la izquierda, que considera que el problema es el enfoque neoliberal y no el modelo capitalista. Enfoque keynesiano tras el que se parapetan posiciones de izquierda, que sintiéndose radicales, se limitan a buscar soluciones dentro de un sistema capitalista que ha perdido capacidad de crecimiento y acumulación, que se revuelve en el cortoplacismo más pedestre y al que no le es posible afrontar la crisis de rentabilidad de sus capitales (caída de la tasa de ganancia) ni la crisis del modelo de producción y vida que nos plantean el cambio climático y la crisis de los combustibles fósiles.
  • Los movimientos sociales y políticos tenemos la obligación de analizar estos planes y de pronunciarnos sobre ellos, sin caer en las ilusiones sin fundamento en la que están cayendo los espacios políticos mayoritarios en la izquierda.
  • Los movimientos sociales debemos pelear también la tentación de algunos espacios cercanos que aspiran a ponerse a la cola de las migajas de estos fondos, pensando que les van a permitir obtener financiación para pequeñas acciones, sin captar la dimensión del reto y de las crisis que tenemos encima.
  • Los movimientos sociales y políticos debemos aprovechar el debate, las situaciones que se van a plantear y el fracaso de estos planes, para ir planteando opciones concretas y también generales a los proyectos de la UE y del gobierno. Estas opciones solo serán sólidas y realistas, si parten de unos análisis que vuelvan a llamar a las cosas por su nombre y que permitan ir proponiendo a la vez propuestas políticas y movilizaciones alternativas en el sentido social, feminista y medioambiental, asentadas principalmente en las clases trabajadoras y especialmente en las personas jóvenes que son quienes se enfrentan a unas situaciones con peores perspectivas a corto y medio plazo. Movilizarnos e ir construyendo un proyecto alternativo que solo lo será si está enfrentado en lo práctico, lo ideológico y lo organizativo al modelo capitalista y a estas crisis sin salida dentro de él. No es una tarea fácil tanto por la correlación de fuerzas y por el contexto político, como por las hipotecas que aceptan los espacios de la izquierda que se ha autoproclamado alternativa y que se encuentra atrapada en lo institucional y en avanzado proceso de degeneración y burocratización, pero no nos queda otro camino y nunca las cosas han sido fáciles.

 

Referencias

Acuerdo del Consejo Europeo de julio de 2020: https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf

Documento del Semestre Europeo sobre el Estado español. Recomendación del Consejo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0509&from=EN

Documento del gobierno español “España Puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, de octubre de 2020: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf

Documento de Preguntas y Respuestas sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del gobierno español, de octubre de 2020: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PreguntasRespuestasPR.pdf

Decreto-ley 36/2020, de 31 de diciembre, por el que se aprueban las medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf

Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aprobado por el Parlamento de la UE el 10 de febrero de 2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:057:FULL&from=ES

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ANEXOS

Se plantea el siguiente reparto de los fondos entre los Ministerios:

La partida queda dividida entre los ministerios de la siguiente manera. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se llevará 6.805,22 millones de euros, la cantidad más elevada. Desde este se abordará un despliegue masivo del parque de generación renovable y se promoverán las infraestructuras eléctricas, las redes inteligentes y los sistemas de almacenamiento. Se participará en proyectos horizontales de digitalización, comunicaciones y rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destinará 4.982,35 millones de euros a la transición hacia una economía verde mediante la rehabilitación de viviendas, planes de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.

La tercera partida más elevada se adjudicará al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con 3.653,69 millones para impulsar la digitalización del tejido productivo, la conectividad digital y las competencias en este ámbito y para poner en marcha un plan para abordar la digitalización de las administraciones públicas.

A continuación, siguen los departamentos de Sanidad, con 2.943,99 millones de euros; Educación y Formación Profesional, con 1.852,55 millones; Industria, Comercio y Turismo, con 1.708 millones; Trabajo y Economía Social, con 1.167,48 millones; Ciencia e Innovación, con 1.101,73 millones; Derechos Sociales y Agenda 2030, con 916,85 millones; Agricultura, Pesca y Alimentación, con 406,5 millones; Política Territorial y Función Pública, con 239,87 millones; Cultura y Deporte, con 206,29 millones; Universidades, con 203,9 millones de euros; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con 183,67 millones; Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, con 127,62 millones; Igualdad, con 48,59 millones; Justicia, con 27,74 millones; Defensa, con 25 millones; e Interior, con 6,25 millones. Se contemplan 27 millones de euros para la Seguridad Social.

Criterios a valorar para declarar un proyecto PERTE:

  • Que represente una importante contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la industria y la economía española.
  • Que permita combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos, con el fin de remediar importantes deficiencias del mercado o sistémicas y retos sociales a los que no se podría hacer frente de otra manera.
  • Que tenga un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido en términos de I+D+i, por ejemplo, posibilitando el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos de producción.
  • Que sea importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un alcance particularmente grandes, o que suponga un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado.
  • Que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos.
  • Que, en su caso, contribuya de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.
  • El PERTE podrá consistir en un proyecto único claramente definido en cuanto a sus objetivos y sus modalidades de ejecución, o bien en un proyecto integrado, es decir, un grupo de proyectos insertados en una estructura, plan de trabajo o programa comunes que compartan el mismo objetivo y se basen en un enfoque sistémico coherente.
  • La ejecución de los PERTE se llevará a cabo a través de cuantos mecanismos estén previstos en el ordenamiento jurídico, salvo las especialidades contenidas en los artículos siguientes, que en todo caso respetarán los principios de igualdad y no discriminación, concurrencia, publicidad, transparencia y proporcionalidad.
  • Los PERTE no deben distorsionar la competencia efectiva en los mercados. Los operadores que participen en un PERTE estarán plenamente sometidos a la normativa sobre competencia.

Portada del eje transversal Una España Verde, en el documento del gobierno “España Puede”, donde solo se les ha ocurrido pintar un mapa de verde para ilustrarlo…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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