La abdicación del rey es solo un síntoma más de la tremenda conmoción del régimen. Ahora se trata de hacer una operación de recuperación de legitimidad mediante la exposición permanente de la joven pareja real y confrontarla con la movilización republicana que ha estallado con los resultados del 25M y la propia abdicación. Es todo el personal del régimen el que se agrupará en torno a Felipe de Borbón y la defensa de la Constitución; pero hoy, al contrario que en 1978, será en ese orden, la defensa de la monarquía no podrá se disfrazada tras la Constitución. ¡Que el ciudadano Felipe Borbón se presente a elecciones si quiere ser Jefe del Estado!. En el 78 esta amalgama coló por el miedo al ejército franquista. Desconozco el nivel de saneamiento operado desde entonces pero es claro que ese factor histórico no debiera estar operativo a riesgo de confirmar estos 36 últimos años como una completa farsa al pueblo español.
Toda la “constelación PRISA”, aún renqueante como está, se ha puesto en movimiento para impulsar la operación salvación del régimen y la monarquía. Constatado el enorme descrédito de los partidos dinásticos y su personal, los diseñadores de la operación han apostado por el Borbón cuya edad coincide con la media de la población española. Pretenden así sumar dos elementos de legitimación.
El primero, presentar la sucesión dinástica como una esfuerzo de adaptación a la exigencias de una mayoría de la población de la edad de Felipe VI; se trata de banalizar al máximo los cambios exigidos por los sectores más dinámicos de la sociedad española, presentándolos como una adecuación de la corona a las nuevas generaciones y dando por buena su naturaleza y función principal así como hurtando la jefatura del Estado a la decisión del pueblo soberano
El segundo, tranquilizar a la derecha asegurando la continuidad de la monarquía como el partido de todas las clases dominantes. Nada puede tranquilizar más a estos sectores que verles a los dos en su condición de jefes militares: la condición de jefe supremo que atribuye al rey el art 62,h) de la Constitución constituye uno de las herencias más pesadas e infamantes de la dictadura, sobre todo porque en su condición de tal y en defensa de la integridad territorial de España que le atribuye otra perla franquista sin precedentes en ningún país de nuestro entorno, el art 8º , bien podría dirigir operaciones contra procesos de autodeterminación como los que se dan en Catalunya y Euskal Herria.
No es este un tema menor en el complejo puzzle de la crisis del régimen del 78. Más arriba he supuesto que las actuales FFAA tienen que haber experimentado cierto saneamiento respecto de su papel represor desempeñado durante la dictadura y la primera transición. Diría que su composición debe haberse “modernizado”, perdiendo una parte (saber cuánta sería de gran interés) de su pasado policial/colonial. Pero solo una parte; es verdad que una buena parte de la oficialidad ha viajado, habla idiomas -inglés preferentemente- y habrá perdido buena parte de la caspa franquista. Pero su educación está basada en dos elementos basales y nada tranquilizadores para las aspiraciones del campo de la ruptura democrática
El primero deriva de su papel constitucional ya mencionado. La versión de esa defensa de la integridad territorial de España que hacen algunos militares contertulios de los debates de la COPE, alguno de ellos profesor en la Escuela del Alto Estado Mayor y en la Academia militar de Zaragoza, ponen los pelos de punta. Para ellos, la simple manifestación de opiniones favorables al derecho a decidir el destino de catalanes ó vascos debiera ser perseguida con el máximo rigor y cualquier intento de consulta calificado como delito de alta traición
El segundo, de tanta o más importancia práctica, es la autopercepción dominante entre la oficialidad como parte de “la defensa de Occidente” que, tras la desaparición de la URSS, es identificado con ese concepto vago pero extremadamente útil a todas las policías y Estados mayores que es el terrorismo. Es notable la importancia que se da en los think tanks al abastecimiento energético como un asunto de primera importancia para la seguridad nacional y, en consecuencia, la hostilidad hacia quienes pueden poner en cuestión los fundamentos del orden energético vigente que autoriza guerras, golpes de Estado y otras lindezas por el estilo/1 .
Los defensores del régimen
Este largo excurso sobre el papel de las FFAA sirve para ilustrar los recursos que dispone el campo de los defensores del régimen. Los aparatos coercitivos del Estado, en su día no depurados, constituyen sin duda, con el poder de las finanzas y la Iglesia Católica, un firme bastión del régimen que sin duda le seguiría con gusto en su actual deriva desdemocratizadora. Aportan seguridad, la principal demanda de los sectores oligárquicos dominantes.
Pero la defensa del régimen necesita también una porción de legitimidad de procedencia social antes aportada por el PSOE y los sindicatos mayoritarios. Para renovarse, el régimen precisa de un apoyo social lo más amplio posible entre la gente de abajo y, para ello, un actor político que desarrolle las funciones de hegemonía en virtud de las cuales los de abajo acepten de buen grado su sumisión al orden de cosas vigente. En la coyuntura actual, esta aceptación es, sobre todo, la pérdida de los derechos que se creían consolidados: el derecho al trabajo (precedido de un “deber de trabajar”, incompresible en una constitución del siglo XX), el derecho a la educación, a la salud, al régimen público de la seguridad social, de acceso a la cultura, al medio ambiente, a una vivienda digna y adecuada, etc.
En relación con los mismos hay una abundante doctrina jurídica en torno a su irreversibilidad frente a los postulados neoliberales consagrados en los Tratados europeos y, ahora, en la Constitución española y según los cuales el disfrute de estos derechos sociales vendría condicionado por las condiciones de posibilidad económico- financieras, es decir, a la disponibilidad de los Estados para proveerlos después de satisfacer las obligaciones declaradas como prioritarias, las de “honrar la deuda soberana”. Como se va viendo y en realidad como las políticas del capital financiero venían anunciando desde antes de “estallar” la crisis, las necesidades que queden sin cubrir por la satisfacción de estos derechos y sus servicios públicos correspondientes podrán ser cubiertas por el sector privado para aquellos con capacidad de demanda y para los que la consigan mediante su sujeción al régimen de endeudamiento que le atará durante buena parte de su vida a la dependencia de una entidad financiera
Un nuevo tiempo requiere la construcción de una nueva hegemonía por los grupos dominantes. La necesaria en este momento histórico en España debe ser capaz de convencer a los grupos subalternos de que esa sustitución de derechos por regímenes de endeudamiento con entidades financieras es el nuevo pacto social que deberá suscribir con su voto para merecer que la casta oligárquica se decida invertir en actividades de las que puedan generar empleos, disponibilidad de renta de los hogares y consumo, a la espera de que la continuidad de esta cadena virtuosa permita generar cn el tiempo recursos públicos para financiar otra vez algunos servicios públicos, siempre condicionados, eso sí, a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del sector público; lo que ya sabemos que quiere decir “después de cumplir con las obligaciones con los acreedores”, que siempre podrán encarecer su confianza si advierten señales de políticas que pudieran alterar el orden de las obligaciones adquiridas (digamos atender a la gente caída en el umbral de la pobreza sin atender o retrasando el pago de los intereses de la deuda).
La encrucijada que se abre ante el PSOE está directamente relacionada con la creación de este dispositivo hegemónico. Desde el 78 su labor ha sido convencer a los de abajo que su mejor destino estaba ligado a la suerte del capitalismo español, cuya ventura o prosperidad determinaría la posibilidad del trabajo, el bienestar y el disfrute de algunos derechos sociales para la gente trabajadora. Eso ha aportado algún sentido a una democracia muy limitada desde su origen pero que parecía poder ofrecer de manera relativamente estable alguna seguridad para la vida de las clases subalternas, incluidas las contingencias que pudieran presentarse. Sentido a la participación en la elección del personal de la clase política y sentido para la participación de los sindicatos de trabajadores en la gestión de esa estabilidad vital, a cambio de un permanente compromiso de organizar la paz social.
En 1978 el capitalismo vivía una crisis muy seria pero aún no se había manifestado ni la deriva financiera ni el mundo del trabajo se sentía subjetivamente derrotado. El devenir posterior ha consumado uno y otro fenómeno y en el momento actual el reformismo de la izquierda anda en búsqueda de algún sentido porque lo que está en condiciones de ofrecer el capital ya se ha visto y no da para muchas intervenciones de partidos de izquierda y sindicatos “de clase”.
La defensa del régimen del 78 es tanto como agarrarse a un cadáver y los dirigentes del PSOE lo saben. Cuando en un acto de soberbia Felipe González alardea de pertenecer a la casta que creó el sistema nacional de salud para, con su “autoridad moral”, llamar a la defensa del régimen, engaña de forma miserable a los millones que confiaron en él, pues sabe que ese servicio público está en el punto de mira de los poderes reinantes y que ni él ni ningún otro dirigente de la socialdemocracia europea está en condiciones de garantizar su continuidad… si no rompen con su pasado de adaptación a la lógica del capitalismo realmente existente, elevada a discurso dominante con el inefable Tony Blair y la Tercera Vía. El repliegue en la defensa del régimen significa hoy clausurar su ámbito de relación con la sociedad civil, cerrarse a las demandas y las iniciativas que vienen de ella, volver a situar al Estado como ese cuerpo extraño que vive pegado a la piel de la sociedad civil absorbiendo sus energías en una “síntesis social” que recuerda demasiado a los regímenes de servidumbre del pasado.
En 1978 un pueblo que salía de una dictadura atroz fue chantajeado con el pretexto de su falta de experiencia democrática para hacerle tragar los componentes más reaccionarios y antidemocráticos camuflados dentro de la Constitución. En esta su hora crítica, sabiéndose en un declive de confianza popular, aceleran el procedimiento previsto en el art 57º,5 de la Constitución, antes de que el decurso del actual ciclo electoral pudiera producir vuelcos en la composición parlamentaria que dificultaran la consumación de este tránsito.
La oligarquía dominante y la clase política que la sirve, como tantas otras veces en la historia de España, hacen trampa, juegan con ventaja procurando cerrar todos los caminos para que el pueblo no pueda encontrar el camino de su protagonismo histórico. No parece sin embargo que esta vez les vaya a resultar tan sencillo. Aun con todo el despliegue propagandístico llevado a cabo por los medios de comunicación afectos al régimen/2, es más que evidente la voluntad de la mayoría de la población de poder ejercer su condición soberana a pesar de la tramposa formulación de la pregunta (“en algún momento”) con la que se pretende aliviar la presión popular en la calle a favor del derecho a decidir.
Los sofismas de Cebrián intentando contraponer las “sustancia democracia” a la “forma república” no pueden ocultar la profunda significación de ruptura con el régimen oligárquico que tiene la aspiración republicana.
República hoy no es sustituir a un Rey por una Presidencia ni sustituir la bandera borbónica por la hermosa tricolor, por legítima que sean las emociones que despiertan en el pueblo. República es derecho, ciudadanía, derecho a tener derechos, en primer lugar los que están siendo expropiados por la acción despiadada del Gobierno. República es igualdad, distribución equitativa de la riqueza y de las cargas. República es soberanía popular, desprivatización y defensa de los asuntos y de los patrimonios públicos, empezando por el que constituye la condición misma de la vida, el patrimonio ecológico, hoy amenazado por los dueños de grandes corporaciones, amigos y consejeros de Juan Carlos Borbón.
No, Sr. Cebrián , los constituyentes del 78 -entre los que estaba un ministro de Franco hasta el último momento empeñado en lavar la cara del régimen fascista- no se preguntaron por la República, comprometidos como estaban quienes debían representar a las clases subalternas por el pacto previo a su legalización y sometidos a la implacable vigilancia del ejército franquista a las órdenes del heredero del dictador.
Al Sr. Cebrián y a todos los corifeos del ala izquierda del régimen les gustaría que la aspiración republicana se hiciera en nombre de la “denuncia de la democracia burguesa”, sin duda sería ese un fácil enemigo para sus sofistas argumentos a favor del régimen oligárquico. Pero no hay tal, la aspiración republicana de hoy coincide con la exigencia democrática, esa que es negada de forma cada vez más clara por el capitalismo en crisis. Una democracia cuya posibilidad misma nos fue hurtada en 1978 y negada en la práctica con un régimen de alternancia entre los partidos dinásticos y una permanente expropiación del derecho a decidir sobre los asuntos públicos más importantes/3.
Si una buena parte del pueblo y la mayoría de la juventud ha vuelto su mirada a la República es porque ha comprendido, en su dolorosa experiencia, que solo prolongación de la misma puede esperar de la continuidad de la monarquía cuya función esencial en estos 39 años ha sido unir y defender los intereses de los grupos poderosos de este país. Que la República vuelve a ser, como en 1931, la condensación de las esperanzas de la gente de abajo, la llave para abrir un destino colectivo de libertad, democracia y justicia social.
El procedimiento puesto en marcha para la coronación de Felipe de Borbón está suficientemente amañado como para hacer imposible la expresión del sentir popular. No importa, la brecha está abierta y por mucho que manipulen y repriman, la mayor parte de la juventud está en la vanguardia del pueblo en la lucha por la democracia, en la lucha por la República.
José Errejón es militante de Izquierda Anticapitalista
Notas:
1/ Una muestra de lo cual la constituye el tradicional interés del CNI por las actividades de AEDENAT, ahora Ecologistas en Acción.
2/ Y como muestra la encuesta de Metroscopia publicada en El País el pasado día 8.
3/ La apresurada reforma del artículo 135 de la Constitución y el tramposo procedimiento para la sucesión son solo algunas muestras.
