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Grecia
El tiempo no juega a nuestro favor
02/04/2015 | Stathis Kouvelakis

Desde que el vendaval mediático -que presentó el acuerdo del 20 de febrero entre el gobierno griego y el Eurogrupo prácticamente como una victoria del primero- comenzó a amainar, el principal argumento de sus defensores es que “hemos ganado un poco de tiempo”. Había que hacer algunas concesiones, dicen, pero estas se dieron en el marco de un “compromiso propelente”, por utilizar la expresión del viceprimer ministro y destacada figura de los “realistas” de Syriza, Yiannis Dragasakis. El argumento que se esgrime es que en los cuatro meses de vigencia del acuerdo no habría medidas de austeridad adicionales, quedaría resuelto temporalmente el problema de liquidez que llevó el sistema bancario al borde del abismo y el gobierno tendría cierto margen de maniobra en sus preparativos de cara a la nueva ronda de negociaciones en junio sin tener que abandonar sus objetivos estratégicos.

No se trataría por tanto de una derrota, sino de una retirada táctica que favorecería a la parte griega. Sin embargo, sin entrar siquiera en un análisis detallado/1 de los compromisos adquiridos por el gobierno griego al firmar el acuerdo, está claro que no ha tenido que pasar mucho tiempo para que la realidad haya refutado los principales aspectos del citado argumento.

Dentro de la “jaula de hierro”

En primer lugar, está claro que el gobierno tenía las manos atadas. Aunque se ha resistido efectivamente a las medidas de austeridad propugnadas por los socios europeos, ha sido incapaz de aplicar el programa por el que había sido elegido. En efecto, lo esencial de esas medidas comporta un coste económico y requiere la aprobación previa de la troika (dejémonos de una vez de todos esos eufemismos con las “instituciones” y el “grupo de Bruselas”). Esto se refiere, en particular, a la liquidación de los atrasos fiscales de los contribuyentes de bajo nivel de ingresos, al restablecimiento del umbral de exención de 12 000 euros y a la abolición del absurdamente injusto ENFIA (Impuesto Uniforme Sobre el Patrimonio Inmobiliario).

Además, el aumento del salario mínimo a 751 euros se llevará a cabo en el horizonte de dos años, con plazos no aclarados. Finalmente, las propuestas de restablecimiento de los convenios colectivos y la legislación laboral se toparon con una importante oposición por parte de la troika y en la lista de reformas presentada el mes pasado por el ministro de Hacienda griego, Yanis Varoufakis, el gobierno se comprometió a dar continuidad a las privatizaciones en curso y pendientes.

Debido a ello, el primer mes del gobierno de izquierda ha sido un periodo sin precedentes de inacción legislativa, un vivo reflejo de la “jaula de hierro”, largamente preparada, que la Unión Europea (UE) había impuesto a los indisciplinados griegos. Una inacción que equivalía al desmentido de hecho de los primeros anuncios del nuevo gobierno, que había generado un clima positivo en la sociedad griega, como también a escala internacional entre las fuerzas políticas y sociales aliadas. En esencia, esto significa que las medidas de redistribución, que supondrían un verdadero alivio para la clase trabajadora y otros sectores populares y permitirían a Syriza estabilizar sus alianzas sociales, quedan aplazadas indefinidamente.

También conviene subrayar una cosa que a menudo se omite: el primer periodo del gobierno de Syriza ha sacado a relucir, entre otras cosas, las contradicciones del Programa de Salónica, sobre cuya base fue elegido y que se supone debía aplicar de un modo innegociable. Sin embargo, resulta que la UE considera “unilateral” –y por tanto condenable – cualquier ruptura con la política del memorándum, y no solo el impago de la deuda o la salida del euro. La confirmación más palmaria de esto vino con la carta del economista Declan Costello, enviada en nombre de la Comisión Europea y que señalaba que promulgar la “ley de emergencia humanitaria” sin la “debida consulta política” previa implicaría “proceder unilateralmente y de manera caótica en contra de los compromisos adquiridos, inclusive ante el Eurogrupo, tal como se afirma en el comunicado del 20 de febrero”.

En efecto, en dicho acuerdo, la parte griega dijo explícitamente que se abstendría de “cancelar medidas y cambiar las reformas políticas y estructurales que pudieran socavar, a juicio de las instituciones, los objetivos presupuestarios, la recuperación económica o la estabilidad financiera”. Así que desde el principio no había ninguna posibilidad de que la aplicación de un programa de este tipo se llevara a cabo de modo “innegociable”. Además quedó claro que, además de ser un casus belli para la UE, el programa no era “fiscalmente neutro” (es decir, carente de efecto presupuestario), tal como se había anunciado. De lo contrario, su aplicación no correría el riesgo de ser vetada por la troika, a la que le preocupa sobre todo es la defensa de los superávit presupuestarios. Y todo esto sin mencionar siquiera la ilusión de que el dinero procedente del EFSF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera) pudiera utilizarse para fines diferentes, una idea descartada explícitamente en el acuerdo del 20 de febrero.

“Ambigüedad creativa”

El bloqueo derivado de la inacción legislativa se vio reforzado además por los desacuerdos internos en torno a las cláusulas del acuerdo, que se evidenciaron tanto en la reunión del grupo parlamentario de Syriza del 27 de febrero como en la reunión de finales de ese mes del Comité Central de este partido (donde la enmienda sobre la cuestión obtuvo el apoyo del 41 % de los presentes). La consecuencia más inmediata y más significativa de esta disensión fue que a pesar de las presiones procedentes de la UE, el acuerdo del Eurogrupo no se sometió a la aprobación del parlamento. En vez de ello empezó a formularse un discurso de “ambigüedad creativa” en torno al contenido del acuerdo.

Lo que esto significaba, concretamente, era una forma de “desobediencia selectiva”, que equivale a una implementación “unilateral” de hecho de algunas de las medidas contempladas en el programa de Syriza. Las más significativas son las leyes que abordan la crisis humanitaria, la liquidación de los atrasos fiscales, la protección de las primeras viviendas frente a los desahucios, el restablecimiento de la ERT (la Compañía pública de Radiotelevisión Griega) y la creación de una comisión de auditoría que investigue qué ocurrió durante el periodo del memorándum. De todas estas medidas, hasta la fecha solo se han introducido las dos primeras, por lo que ya es visible la discrepancia entre los propósitos iniciales y el resultado, así como el papel desempeñado por la troika en el proceso legislativo.

La ley relativa a la crisis humanitaria comporta un gasto de 200 millones de euros como máximo, aproximadamente una sexta parte de lo previsto en el programa de Salónica. El límite de ingresos para poder acogerse a las medidas propuestas (restablecimiento de la conexión eléctrica, vales de comida, subsidios a la vivienda) se ha fijado en 4800 euros por año para una familia de cuatro personas y en 6000 euros para una familia con tres niños, con lo que solamente abarca los casos de extrema pobreza. El objetivo anunciado de abarcar 150 000 hogares parece más bien optimista, y en todo caso solo supone la mitad de lo que se previó en el programa de Salónica. Pues bien, la Comisión Europea se ha opuesto incluso a esta versión reducida.

La ley que permite liquidar los atrasos fiscales en 100 plazos constituye sin duda una forma básica de alivio para las millones de víctimas de clase baja y media de la agresión fiscal de los últimos años –del mismo modo que con la eliminación de la orden de detención por deudas públicas–, pero incluso esta medida ha sido rebajada en comparación con las disposiciones propuestas inicialmente. No existe ninguna disposición relativa a la reducción de la deuda, pues la troika la rechazó, de modo que quienes no puedan pagar dos plazos mensuales consecutivos durante los primeros ocho meses (y tres meses posteriormente) perderán esta prestación. Es más, quienes estén en condiciones de realizar pagos inmediatos se ven claramente favorecidos al quedar exentos de multas y recargos. En resumen, la búsqueda de fuentes de ingresos públicos inmediatos, combinada con la presión de la UE para prevenir cualquier tipo de rebaja de la deuda, parece haber prevalecido sobre el objetivo de combatir los impuestos excesivos a los que se ha visto sometida la gente del común en los últimos años.

Sin embargo, hasta estas medidas simbólicas y bastante ambiguas, que pasan por alto el objetivo fundamental de Syriza de redistribur la riqueza, bastaron para poner en marcha una nueva ronda de recriminaciones de los líderes europeos. De hecho, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, nunca cejó en sus ataques iniciados el 5 de febrero, cuando decidió cortar el principal mecanismo de financiación de los bancos griegos. Un mes más tarde, con sus tres “no” a las peticiones del gobierno griego (a saber, la de permitir a los bancos griegos la emisión de bonos del tesoro a corto plazo para financiar los pagos de la deuda pública, la aceptación de los bonos griegos como garantías del BCE y el aumento a 3000 millones del tope de la ayuda de liquidez de emergencia), el presidents del BCE dejó claras sus intenciones. La tortura de la “gota malaya”, en lo que respecta a la liquidez, paraliza poco a poco la economía a medida que la liquidez aportada por el sector público se agota i los ingresos del Estado disminuyen.

Es más, en marzo, el gobierno ha de liquidar bonos de deuda de 1400 millones de euros al Fondo monetario internacional, de los que 800 millons son intereses. Con el fin de cubrir sus necesidades, puesto que ha dado prioridad a pagar a los acreedores, el gobierno se ve obligado a echar mano de las reservas de liquidez de los fondos de pensiones y entidades del sector público. La situación financiera de Grecia es realmente desastrosa. En una entrevista muy controvertida con la revista alemana Der Spiegel, Alexis Tsipras abandonó por un momento el lenguaje diplomático y declaró que “el BCE sigue tirando de la soga que tenemos alrededor del cuello”.

La cumbre europea del pasado jueves y la reunión separada de Tsipras con Mario Draghi, Angela Merkel, François Hollande, Jean-Claude Juncker, Jeroen Dijsselbloem y Donald Tusk no comportaron ningún cambio sustancial. Cualquier rescate sigue estando condicionado estrictamente a una “lista de reformas” que debe presentar Grecia en los próximos días, y todos los asistentes urgieron a Tsipras a que cumpla sin demora sus “promesas incumplidas”. En su conferencia de prensa posterior a la reunión, la cancillera alemana fue incluso más lejos. “El gobierno griego tiene la oportunidad de seleccionar determinadas reformas que están pendientes desde el 10 de diciembre y sustituirlas por otras si… tienen el mismo efecto”, declaró la señora Merkel. Como destacó el corresponsal en Bruselas del Financial Times, Peter Spiegel, esta es “una demanda potencialmente incendiaria, ya que el documento al que se refería Merkal –una carta escrita por el entonces primer ministro de centroderecha de Gracia, Antonis Samaras, y su ministro de Hacienda, Gikas Hardouvelis– fue objeto de especial escarnio por parte del partido de extrema izquierda de Tsipras, Syriza, durante la campaña electoral”.

Es sumamente improbable que la primera reunión bilateral de hoy en Berlín entre Merkel y Tsipras haga cambiar la actitud de Alemania. Esto es probablemente lo que ha llevado al líder de Syriza a declarar, por primera vez, que “hay un plan B” si el país se enfrenta a la falta de liquidez.

Una estrategia alternativa

El plan –o mejor dicho, el abanico de estrategias– que se plantean actualmente los europeos puede resumirse del modo siguiente: o bien provocar a corto plazo del colapso del gobierno de Syriza, o bien, y esta parece ser la opción que prevalece, obligarle a una nueva retirada estratégica en abril, preparando el terreno para la capitulación definitiva. Este enfoque parece reflejarse en las decisiones de Eurogrupo de comienzos de marzo cuando, en una atmósfera especialmente tensa y mediante procedimientos de urgencia, el gobierno griego se vio forzado a aceptar dos importantes exigencias del Eurogrupo. En primer lugar, una confirmación muy estricta del “compromiso de no tomar medidas unilaterales ni echar para atrás medidas previamente acordadas”. En segundo lugar, el retorno a Atenas de los equipos “técnicos” de la troika.

Más allá del simbolismo, esta última medida tiene un significado muy práctico: sobre la base de los datos recogidos –que se espera confirmen las tendencias negativas de los ingresos públicos, los objetivos presupuestarios y la economía en general–, dichos equipos elaborarán propuestas para un nuevo paquete de medidas de austeridad. Este paquete será presentado finalmente por los prestamistas como la condición de un nuevo “rescate” que se “negociará”, en realidad se impondrá al gobierno griego en verano, cuando Grecia tenga que afrontar el pago de más de 10 000 millones de euros en concepto de liquidación de la deuda. Ahora ya está absolutamente claro que permanecer atenazados en esta trampa mortal no puede sino conducir a la derrota total del gobierno de Syriza y al colapso de las fuerzas políticas y sociales que constituyen su base, con consecuencias directas y devastadoras a escala europea e internacional. A este respecto, el declive relativo del apoyo a Podemos en las recientes elecciones ya debería causar cierta preocupación, aunque también intervienen factores internos del país.

Sin embargo, para escapar de la actual parálisis es preciso cumplir ciertas condiciones. La primera es romper con el clima de complacencia, es decir, desechar la idea de que con el sesgo adecuado de los medios es posible presentar cualquier reunión con los funcionarios europeos como un éxito y pellizcar a voluntad los acuerdos suscritos. Quien mejor ha reflejado la sinceridad y evaluación sobria que reclama la situación ha sido el ministro del Interior, Nikos Voutsis, quien ha subrayado ante el parlamento que “el país está en guerra, una guerra social y de clase con los prestamistas” y que a esta guerra “no iremos como joviales excursionistas deseosos de mantener las políticas del memorándum”. Este es el tipo de lenguaje que quieren escuchar los seguidores internacionales de Syriza, y no el lenguaje de fácil optimismo que genera ilusiones y causa confusión, lo que mañana puede resultar muy caro.

Para ganar esta batalla –y conviene subrayar que a pesar de los reveses y las pérdidas, el resultado sigue siendo indeciso– hace falta prepararse adecuadamente. Por desgracia, el paso atrás de febrero resultó ser necesario en la medida en que había que demostrar, en términos reales, que ni siquiera con las mejores intenciones la insistencia en la estrategia de permanecer en el euro a toda costa no puede llevar más que a la derrota. Por supuesto, hay todo un abanico de medidas unilaterales que son armas necesarias en esta batalla y que lógicamente han de preceder a la opción de salir del euro. Entre ellas hay dos medidas que forman parte desde hace tiempo del programa de Syriza: control de capitales, lo que requiere asimismo un control público estricto del sistema bancario, e impago de la deuda.

Debería estar claro, sin embargo, que estas medidas pondrían en marcha una dinámica que rompería restricciones fundamentales de la unión monetaria y conduciría inevitablemente al abandono de la misma. En cualquier caso, el chantaje continuo del BCE con su suministro de liquidez plantea cada día la cuestión de recuperar la soberanía sobre la política monetaria. Desde este punto de vista, la propuesta más razonable es negociar la salida del euro, combinada con la anulación de la mayor parte de la deuda, lo que ahorraría a ambas partes los efectos negativos de una salida forzada y de la continua preocupación en torno a la insostenible deuda griega. Es cierto que, dado el mandato que ha recibido Syriza sobre la cuestión del euro, esta propuesta tendría que ser validada en consulta popular. El gobierno griego ya está disutiendo sobre la posibilidad de un referéndum en el caso de que se atasquen las negociaciones, como demuestran tanto las declaraciones de Varoufakis al Corriere della Serra, como más recientemente las declaraciones similares de un portavoz del gobierno.

En cualquier caso, esta línea podría constituir la base de una propuesta creíble, libre de todo doble lenguaje y dirigida tanto a la UE como a la sociedad griega. En última instancia, este es el criterio decisivo para determinar “a quién la favorece el paso del tiempo”. Pese a que hay algunos signos de declive de la opinión favorable, el gobierno sigue gozando de un amplio apoyo popular, pues la mayoría de las personas entienden lo obvio, a saber, que se ha lanzado contra ellas una guerra terriblemente asimétrica. Y en esta guerra, quienes están con Europa pasarán muchos apuros para ganarse a la mayoría del pueblo griego. También es cierto, sin embargo, que la atmósfera de las primeras semanas de gobierno, que animó a la gente he hizo que saliera a la calle, ha cambiado radicalmente. No obstante, nada impide que aquel espíritu reviva de nuevo. Para que esto ocurra es preciso que suenen de nuevo las trompetas de la batalla, y hay que librar la lucha con la debida seriedad y decisión, y no con estridencias para la galería y contorsiones retóricas.

23/03/2015

https://www.jacobinmag.com/2015/03/greece-syriza-eurogroup-negotiations-austerity/

Nota:

1/ Véase el artículo del mismo autor Por una estrategia alternativa, en: http://www.vientosur.info/spip.php?article9853



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