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Amenaza de reapertura de la central nuclear de Garoña
Doctrina del electroshock
30/05/2014 | Martín Mantxo . Ekologistak Martxan (naiz.info)

La politóloga Naomi Klein acuñaba aquel término tan elocuente «doctrina del shock» para referirse a la utilización por el poder del estado de conmoción generalizada en una sociedad tras una catástrofe (muchas veces provocada por él mismo) para implantar políticas de su conveniencia pasando por otrora sacrosantos derechos o por conquistas sociales obtenidas tras años de lucha y sacrificios. Muchos son los casos, algunos de una magnitud increíble como los de Irak, Afganistán, a los que ahora se les une Libia, pronto Siria, etc... en los que tras una guerra por control de los recursos se imponen medidas para que entren a saco transnacionales y medidas de control social.

Otros se aprovechan de desastres naturales, como fue el caso de Nueva Orleans en EEUU o Indonesia tras el tsunami. Otros, de catástrofes de índole económica como fue el caso de Argentina en 2001 tras la debacle económica. Nuestro caso se asemeja un poco a este último. Claro está que estamos lejos del desastre de Siria o Irak, pero seis años de «crisis» dan para mucho. En nuestras calles vemos cómo la incesante lucha obliga a priorizar causas y objetivos. Se prioriza el bienestar de las personas, el que la gente tenga trabajo, una casa, comida, salud... y eso conlleva mucho tiempo y esfuerzo, desde la defensa directa de casos concretos a la defensa de derechos que se pierden. Y está claro que en ese desgaste, en la intensidad de la lucha, el poder intenta metérnosla doblada. Derechos incuestionables ahora lo son y cuando nos descuidamos han cambiado la legislación, sin darnos opción a contestarlo.

El ejemplo más claro es quizás el del nuevo Proyecto de Ley para el aborto, o el de control ciudadano. Caso sangrante fue el cambio de la Constitución en 2011 (¿pero se puede modificar la Constitución?) para satisfacer al gran capital y tenernos todavía más agarrados, dando «prioridad absoluta» al pago de la deuda sobre los demás gastos de las administraciones públicas.

Otra de modificaciones legales ha sido la del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) con el único fin de prorrogar la actividad de la central de Garoña, pero no únicamente, pues el presidente del CNE ya planteó que la modificación legal daba opción a abrir otras nuevas. Después de muchos dimes y diretes, ahora, para mantener Garoña abierta entre el Gobierno y la propietaria de la central nuclear (Nuclenor: consorcio entre Endesa e Iberdrola) que parecían partes en conflicto, ahora, tras la presentación de la solicitud para continuar otros 15 años, este se ve más factible.

No cabe duda que es una noticia trágica y que tendrá una respuesta desde algunas instituciones y desde los afectados más próximos, desde las calles, pero sin llegar al nivel anterior pese a tener tan próximos desastres como el de Fukushima (ahí siguen, tres años después sin saber cómo poner freno a las fugas radioactivas....).

La situación es grave por el estado de Garoña, que tras distintas prórrogas concedidas ya ha sobrepasado los 43 años de actividad (¡49 el reactor!) y que pese a muchos parches y reparaciones es tecnología muy antigua y sobre todo ha excedido la vida contemplada para las centrales nucleares que es de 40 años. Por lo tanto, otros quince se nos antojan excesivos.

Tampoco concuerda con las decisiones tomadas en otros países tras Fukushima, como Alemania, de abandonar esta energía tan peligrosa, cara y de tanto impacto social y ambiental. Pero esta situación conlleva también dos aspectos importantes: el que el Gobierno correrá (una vez más) con los gastos necesarios para poner Garoña en marcha y que ascienden a ¡150 millones de euros!

Como decimos, «de nuevo», porque esta energía que nos vende como barata tiene muchos gastos que se transfieren al Gobierno (los pagamos con nuestros impuestos). Entre ellos el control de residuos (con una vida de más de 6.600 años) y que plantea la construcción de cementerios, etc... (con todas las dificultades que supone) o como ahora se veía en Garoña con su cierre, a los gastos de desmantelamiento, de la transformación de sus residuos y elementos contaminados, o hasta la alternativa económica que el Gobierno debía buscar para la zona.

Ahora, ante una posible continuidad, habrá que sumar los gastos asociados a un posible accidente, como se añaden los de seguridad y asistencia médica a todos esos afectados por la continua radiactividad. Todavía más por los riesgos que se adquiere al prolongar su vida.

El otro aspecto va unido a este: esa inversión supone más deuda pero sobre todo significa el apostar por un modelo que ahonda en la dependencia, en el calentamiento global, en los impactos ambientales (muchos de esta energía: 1/5 del uranio usado en el estado proviene de Níger, 1/4 de Namibia, etc...) mientras sigue desechando el invertir en alternativas y en una transición a un modelo menos consumista, local y basado en las renovables.

Ese es otro aspecto, el de nuestra dependencia, que ocupa otro plano o se niega porque la prioridad es, como decimos, mantener el sistema actual y no plantear alternativas. En ese orden, continuamos siendo totalmente dependientes, como decimos a nivel energético: la total dependencia de uranio es extrapolable al petróleo y gas, los otros recursos en los que se cimienta el modelo. Pero también en otros ámbitos (materias primas para la industria, alimentación, etc).

Dada nuestra participación en esta Europa hegemónica quizás podamos permitirnos el continuar de esta forma, pero está claro que cuando lo pasamos mal tampoco tenemos tantos ojos para aquellos que están peor ni para aquellos que sufren nuestros efectos. Esto es patente en nuestro tratamiento con aquellos cuyas economías dependen todavía más de la nuestra y otras, de los inmigrantes, etc, pero también de aquellos lugares que sufren el expolio y las malas prácticas que conlleva nuestro modelo (deuda ecológica, social, económica, etc).

Tampoco nos olvidemos en aras a qué se toman estas decisiones: a que la electricidad que consumimos (y despilfarran) siga teniendo un precio asequible. Pero es que la brecha de pobreza continúa con ese fenómeno que han dado en llamar «pobreza energética», mientras que las grandes eléctricas como las que nos incumbe (Iberdrola, Endesa, etc) siguen aumentando sus beneficios millonarios, y sus consejeros y presidentes también. Así que menos claudicación para favorecer solo a unos pocos.

Cómo no, estos no son los únicos casos, mientras asistimos a la introducción y publicación de cientos de casos de corrupción, mala gestión, mala inversión, etc. Los últimos casos de inflación y sobre-gasto en líneas del AVE no hacen más que añadir más porquería en un modelo de transporte que no es más que Alta Especulación y que solo ha generado deudas millonarias en detrimento de servicios básicos para una sociedad en progresivo declive. Las revelaciones de las deudas adquiridas por el TAV (en el caso de los gobiernos vasco y navarro mayor por lo que han adelantado de nuestros fondos) son bochornosas.

Mientras, aprovechando la coyuntura, también nos quieren meter otros proyectos que siguen beneficiando a los mismos y perjudicando al pueblo llano. Cómo no, esto se hace aduciendo a esa falta de control de recursos, a la sostenibilidad energética, pero que no hacen sino ahondar en el problema y en los impactos y no plantea soluciones para salir de él. Ayer fue la planta de coque de Petronor en Muskiz; hoy, en el puerto de Bilbo, una carga de petróleo de arenas bituminosas responsable por un ecocidio en Canadá y Estados Unidos; y pronto, de no pararlo, será el fracking que amenaza a casi todo nuestro territorio.

Seguimos ahí, plantándole cara, pero esperemos que la situación que atravesamos no nos haga ceder terreno a estos especuladores, negociantes y políticos vendidos.

2014/05/29

<i>http://www.naiz.info/eu/iritzia/articulos/doctrina-del-electroshock</i>;



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