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nejm.org | Restricciones al derecho al aborto
Los médicos y el cuerpo político (de la mujer)
16/01/2014 | R. Alta Charo

“La única enmienda que a día de hoy no se ha aprobado... Es que un legislador esté en la sala. Algunos lugares, algunas decisiones, no le pertenecen a usted. No las puede tomar. Simplemente no puede”. (Intervención de la Diputada Sondy Pope (D-Cross Plains) el 13 de junio de 2013, oponiéndose al proyecto de ley 206 del Senado de Wisconsin que exige realizar ecografías, aunque sean médicamente innecesarias, antes de abortar).

Alicia Beltrán se ha hecho famosa por su reciente experiencia kafkiana con su embarazo. Había dejado de tomar analgésicos y se desintoxicó, dejando los medicamentos anti-adicción. También ofreció toda la información necesaria a su médico. Pero en lugar de recibir atención prenatal, el Estado le ordenó que continuara con la medicación anti-adicción. Como se opuso, fue detenida e, incluso a pesar de dar negativo en todas las pruebas de dependencia o abuso de drogas, fue internada en un centro durante meses antes de que, finalmente, fuera puesta en libertad después de una denuncia federal presentada en su nombre.

Si esto no fuera más que una de las muchas historias de mujeres embarazadas con cargos penales, encarceladas y bajo sospecha de comprometer completamente sus embarazos y los resultados del parto que ha documentado la National Advocates for Pregnant Women, se trataría de un claro ejemplo más de un fenómeno lamentablemente frecuente. Sin embargo, se trata del último ejemplo de un preocupante hábito de manipulación legislativa y judicial y de uso indebido de la información médica, en lo que se refiere a las mujeres y el embarazo, en la búsqueda de objetivos partidistas. No es que la politización de la ciencia no sea un problema en otros contexto, como ocurre con los debates sobre el cambio climático; tampoco este es el único ejemplo de interferencia legislativa en la relación paciente-doctor. Recientemente, en 2012, cinco sociedades médicas profesionales redactaron una protesta contra las usurpaciones legislativas relacionadas con temas diversos como la decisión de poner fin a la vida, la seguridad de las armas de fuego y temas ambientales/1.

Ahora bien, las mujeres embarazadas y sus médicos están siendo objeto de una atención particularmente intensa por parte de los legisladores (y, algunas veces, también de los jueces) que, a pesar de su falta de experiencia, toman decisiones sobre cuestiones médicas. Casi todos los Estados han aprobado leyes reguladoras del aborto (TRAP: Targeted Regulation of Abortion Providers) que bajo el pretexto de proteger a las mujeres y a las clínicas que practican el aborto han implantado restricciones gravosas (que van desde la exigencia de requisitos sobre las instalaciones quirúrgicas, privilegios de admisión y diseños de los pasillos que son innecesarios para la práctica de un aborto seguro) que no se imponen a otros profesionales médicos. El objetivo reconocido de estas normas es cerrar clínicas, incluso aunque los médicos tengan que abandonar a las pacientes sin previo aviso o sin posibilidad de ofrecerles alternativas. La situación se ha vuelto tan extrema que el American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) se sintió obligado a emitir un comunicado calificando estas medidas de injustificadas y hablando de intrusiones legislativas injustificadas en la práctica médica/2.

Se trata de un fenómeno nuevo. En 2007, el Tribunal Supremo de los EEUU dio por buena una ley federal que prohíbe los procedimientos de dilatación y curetaje (“La dilación o dilatación y curetaje (D y C) o dilatación y legrado se refiere a la dilatación (ampliación / apertura) del cuello uterino y la remoción de una parte del revestimiento del útero y / o el contenido del útero mediante raspado y curetaje (legrado). En algunos países se lo conoce como legrado. Se trata de un procedimiento terapéutico ginecológico, así como ocasionalmente es utilizado como un método de aborto durante el primer trimestre”.ndt -Fuente: wikipedia-), que en ocasiones se precisan para ciertas interrupciones del embarazo después plazo. El Tribunal Supremo se baso en afirmación legislativa, según la cual se trata de “un procedimiento espantoso... que, médicamente, no es necesario... para preservar la salud de la mujer”. Testimonios de expertos médicos contradijeron esta “constatación” legislativa, pero fueron ignorados, y este “hecho” se volvió central en la conclusión del Tribunal que prohibía los procedimientos D&C (obligando a los médicos a practicar operaciones que conllevan un riesgo mayor) sobre la base de que se trataba una práctica médica aceptable y no suponía una carga excesiva para las mujeres.

También se exige a los médicos trabajar por debajo de su mejor criterio médico y por debajo de las mejores condiciones técnicas sanitarias para practicar abortos tempranos. Recientemente, algunos Estados han aprobado leyes que exigen que los abortos inducidos por medicamentos se puedan realizar usándolos en el momento y en dosis que figuran en los prospectos, a pesar de que ya se demostró que dosis más bajas son más eficaces y seguras, y a pesar de que una prescripción diferente a la que marca la etiqueta es una práctica legal común que permite hacer evolucionar el nivel estándar.

Los Tribunales y Parlamentos también han hecho mal uso de la información médica para justificar intervenciones físicas, como la transabdominal y la ecografía transvaginal, incluso cuando no están médicamente indicadas, con el objetivo de generar percepciones que pueden disuadir a las mujeres de optar por el aborto. Las guías prácticas del American Institute of Ultrasound Medicine dejan claro que estos procedimientos deben realizarse “solo cuando hay una razón médica válida”/3. Y ninguna formulación de la ética médica considera apropiado forzar a los médicos a infligir stress y daño emocional a los pacientes como castigo por acogerse a prácticas legalmente protegidas.

Tampoco es coherente con la ética médica o con cualquier estándar de cuidados obligar a los médicos a dar consejos sesgados o información inexacta bajo la excusa de “información consentida”; sin embargo, treinta y tres estados han promulgado leyes orientadas a ello, supuestamente para ayudar a las mujeres a evitar el “síndrome post-aborto”, un síndrome no reconocida en el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales y constantemente desmentido, por lo menos desde los tiempos del presidente Reagan, por el cirujano general C. Everett Koop. No obstante, recientemente un tribunal federal confirmó una disposición que obliga a los médicos a advertir -erróneamente- que los abortos conducen al suicidio, citando “hallazgos” y un estudio que estaba tan viciado que, más tarde, el editor de la revista que lo publicó se vio obligado a escribir que su “análisis (sobre este asunto) no apoya las afirmaciones (del artículo publicado)”/4. De manera similar, otros guiones sobre “información consentida”, escritos por los parlamentos exigen a los médicos declarar falsamente que el aborto puede causar cáncer de mama.

Mientras tanto, un creciente número de estados afirman que existen evidencias irrefutables de que los fetos pueden sentir dolor desde las dieciocho semanas después de la concepción, aún cuando las estructuras nerviosas necesarias para experimentar el dolor aún no se han desarrollado e incuso cuando la ACOG señala que datos rigurosos recientes muestran que no es posible experimentar el dolor hasta el tercer trimestre/5. Estas evidencias no han logrado que los políticos cesen de ordenar que las clínicas tengan a su disposición anestesia fetal (lo que ha llevado a muchas clínicas sin capacidad para ello a cerrar) o que los abortos queden fuera de la ley a partir del segundo trimestre. De hecho, la Cámara de Representantes de EE.UU. ha aprobado la “Pain-Capable Unborn Child Protection Act”, HR 1797, y más de cuarenta senadores están copatrocinando el proyecto de ley de acompañamiento S. 1670.

Por lo tanto, la detención y el encarcelamiento de Alicia Beltrán, congruente con una larga historia de tergiversación legislativa y judicial sobre los riesgos del consumo de drogas durante el embarazo, no debería constituir ninguna sorpresa. Tal manipulación comenzó en la década de los ochenta y principios de los noventa, cuando las mujeres estaban siendo perseguidas y encarceladas por “abuso de menores” (o alguna de sus variante) en caso de haber consumido cocaína durante el embarazo. Sin sugerir que el consumo de cocaína sea seguro o que todos sus efectos sean conocidos, el informe de 2010 del National Institute on Drug Abuse, “Cocaína: Abuso y Adicción”, afirma que hablar de que los “bebés del crack” nacerían con deficiencias graves para toda su vida fue una “exageración”. Pero la cuestión es que esas afirmaciones se convirtieron en base para las leyes como la usada contra Beltrán en Wisconsin, donde lo que comenzó con la cocaína se extendió a un espectro más amplio para que el poder estatal pudiera encarcelar a una mujer embarazada que “habitualmente no tiene autocontrol” (sin definir) con respecto a cualquier número de sustancias, legales e ilegales.

Así le fue arrebata la libertad a Beltran, incluso después del examen médico que mostró que ella estaba limpia de drogas y sin síntomas de recaída, y que su feto se estaba desarrollando normalmente. El nivel de atención médica estándar requiere un seguimiento continuo en la atención prenatal. Lo que no significaba que Beltrán debía volver a tomar medicamentos anti-adicción como insistía el Estado. Y, por último, este nivel de atención médica no exigía su encarcelamiento en un entorno que carecía de atención prenatal (e, irónicamente, también carecía de la capacidad para administrar los medicamentos que exigía el Estado).

Durante dos décadas, los legisladores han ido invadiendo el ámbito de la medicina. Haciendo caso omiso de la ética médica o de las normas basadas en la evidencia de la observación, han estado declarando “hechos” médicos, especificando o prohibiendo procedimientos médicos, y dictando a los médicos lo que tienen que decir a sus pacientes. El proceso Roe vs. Wade no fue solo un caso sobre el derecho de la mujer al aborto. Fue también un caso sobre el derecho de los médicos a ejercer como tales y a un mejor tratamiento sanitario, no cooptado por estrategias partidistas. No solo son los cuerpos de las mujeres los que están siendo rehenes de estas políticas; también los corazones, las mentes y el orgullo profesional de sus médicos.

1/01/2014

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1313499?query=TOC

Traducción:VIENTO SUR

Notas

1/ Weinberger SE, Lawrence HC III, Henley DE,Alden ER, Hoyt DB. Legislative interference with the patient-physician relationship. N Engl J Med2012;367:1557-1559

2/ American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Open letter to Texas legislators: get out of our exam rooms (press release). Washington, DC: ACOG, July 9, 2013

3/ American Institute of Ultrasound in Medicine. Practice guidelines (http://www.aium.org/resources/guidelines.aspx).

4/Kessler RC, Schatzberg AF. Commentary on abortion studies of Steinberg and Finer (Social Science & Medicine 2011;72:72-82) and Coleman (Journal of Psychiatric Research 2009;43:770-6 & Journal of Psychiatric Research 2011;45:1133-4). J Psychiatr Res 2012;46:410-411

5/ Lee SJ, Ralston HJP, Drey EA, Partridge JC,Rosen MA. Fetal pain: a systematic multidisciplinary review of the evidence. JAMA2005;294:947-954





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