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Tribuna VIENTO SUR
El “proceso constituyente” de la derecha
07/12/2013 | Miguel Romero

1. El debate sobre qué hacer con la Constitución de 1978: defenderla, reformarla, derogarla por medio de un proceso constituyente… -como veremos, algunas fuerzas políticas tratan de jugar en dos campos a la vez- está en el centro del conflicto político alimentado por la crisis de régimen. Actúa como un síntoma de esa crisis y por ello se ha agudizado desde que el “derecho a decidir” se convirtió en una reivindicación actual y masiva en Catalunya, abriendo una brecha irreparable en los consensos de la Transición. Pero hay que destacar que la identificación de la crisis de régimen y el proyecto de un proceso constituyente nació en el 15M, y es dentro de la cultura rupturista que tiene sus raíces en ese movimiento, donde pueden conseguir un desarrollo social imprescindible y una respuesta al complejísimo desafío de articular “procesos constituyentes” en el Estado español.

El gobierno del PP se ha hecho el abanderado de la Constitución, como base ideológica del patriotismo español y como artefacto institucional supremo frente a cualquier propuesta o proyecto que pudiera afectar a la “unidad de España”. Pero la política de la derecha no se resume en izar banderas. En dos años de gobierno Rajoy, al que normalmente le quedan otros dos, la llamada “política de reformas” equivale a un verdadero “proceso constituyente” que está transformando de una manera coherente bases de la economía y la sociedad española. Este proceso no ha modificado, ni quiere modificar la Constitución de 1978; por el contrario se apoya en ella y en las instituciones encargadas de interpretarla, como el Tribunal Constitucional y, llegado el caso, imponerla, como las Fuerzas Armadas y el aparato de “seguridad” del Estado. El fundamento de la política del gobierno es la interpretación “natural” de la Constitución como garante del orden capitalista, la Constitución material que quedó enmascarada por los consensos de la Transición[1].

Cuando las relaciones de fuerzas lo han permitido, y bajo el amparo o las órdenes de la Troika, esta interpretación se ha ido concretando en normas de diverso rango que han conducido destacadamente a: -un oligopolio bancario en el que tres grupos, Santander, BBVA y La Caixa, tendrán el control del conjunto del sistema financiero; -una reforma de las pensiones que atenta contra el sistema público de reparto para beneficiar a los fondos de pensiones privados; -una reforma laboral, en vísperas de otra vuelta de tuerca, que consagra el poder patronal en las empresas, potencia la precarización y produce un debilitamiento creciente de la capacidad de reivindicación sindical; -un sometimiento de los sistemas de salud, cuidados y enseñanza a intereses y gestores privados (algunos tan peculiares como la empresa Flisa, filial de la “benéfica” Fundación ONCE, que acaba de hacerse con la gestión de la Lavandería Central Hospitalaria de Madrid, imponiendo recortes salariales cercanos al 50%); -una reforma fiscal cuyas características están prefiguradas en la purga en curso de la Agencia Tributaria, justificada por el ministro de Hacienda con el peregrino argumento de que “estaba llena de socialistas”… En fin, no hay sector de la economía y la sociedad española que no esté afectado, o vaya a estarlo, por esta cadena de “reformas”, cuya lógica general se resume en que la función fundamental del Estado es amparar los intereses del capital, a costa de desamparar a la gran mayoría de la población.

Una reciente muestra en este sentido es el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana –cuyo precedente es Ley Corcuera, pero ¿qué “reforma” de Rajoy no tiene un precedente en alguna norma de los gobiernos de González o Zapatero?- diseñada a la medida para hacer frente a todas las formas de protesta social que se han desarrollado desde el 15M, con el argumento inapelable y el arma más eficaz del sistema: el poder del dinero, es decir, el poder de los poseedores de dinero frente a los desposeídos, para los cuales una multa, especialmente cuando alcanza niveles impagables para quienes protagonizan las protestas, es y quiere ser mensajera del miedo.

Hasta el momento, no se ha conseguido obstaculizar significativamente ninguna de las normas que integran este proceso. Y hay que ser conscientes de que, conforme va avanzando, se crea una trama de intereses concretos compartidos entre sus beneficiarios directos: los más potentes sectores, empresas y corporaciones capitalistas españolas. Esta trama, que cuenta con el sistema y personal institucional modelado para su defensa, y la inspiración y apoyo de Bruselas, hará extremadamente difícil derogar cada una de las normas. En realidad, se plantea como una tarea necesaria derogar este “proceso constituyente” en su conjunto, o si se quiere, “deconstituirlo”.

2. Los portavoces del PSOE anuncian frecuentemente que, cuando recuperen el gobierno, lo cual dan por hecho que se producirá en las próximas elecciones generales, derogarán tal o cual de las normas impuestas por la mayoría absoluta en la que se apoya el gobierno del PP. Dejando aparte las especulaciones sobre lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones generales, lo que está claro es que el PSOE no tiene ninguna credibilidad para asumir los riesgos de un conflicto con los poderes establecidos. Una cosa es la retirada de las tropas de Irak, primera y espectacular decisión de un recién nombrado presidente Zapatero, que fue un gesto único, sin consecuencias significativas posteriores en la política exterior y cuyos conflictos con los partidarios civiles y militares españoles de la “Operación Nuevo Amanecer” estaban ya amortizados. Otra muy diferente es, por ejemplo, derogar la reforma laboral, enfrentándose a la patronal y a la trama de intereses que la sostiene y “enviando una señal negativa a los mercados”, según el mensaje que redoblarán los tambores de la Troika, con sus efectos inmediatos en la prima de riesgo, el interés de la deuda pública, etc.

Todas estas “amenazas” de futuras derogaciones por un hipotético gobierno socialista sólo sirven como tema de inofensivo entretenimiento parlamentario. La credibilidad se gana en la oposición concreta a las “reformas” del PP, en la que el PSOE brilla por su ausencia.

3. Además, el PSOE anuncia que pondrá en marcha una reforma constitucional que “dará la oportunidad de iniciar un tiempo nuevo de cambios y de pactos”, según escribe su todavía secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba (El País. 5/12/2013, p. 17). Se excluye expresamente un “proceso constituyente” y se justifica la reforma “en defensa de la Constitución”, que se considera amenazada porque, interpretando el texto de Rubalcaba, no incluiría actualmente “unos valores compartidos por la gran mayoría”, lo cual es una forma light de reconocer la crisis de legitimidad que sufre la Constitución de 1978.

El proyecto de “reforma/defensa” constitucional del PSOE consta de tres secciones: ampliar el capítulo de derechos fundamentales, incluyendo la sanidad, servicios sociales, igualdad de derechos entre hombres y mujeres…; cambios en el sistema electoral y la regulación de los partidos políticos; finalmente, lo que se viene llamando “reforma federal”. Teóricamente este proyecto es una alternativa a la política de la derecha. En realidad, el PSOE es consciente de que una reforma de la Constitución sólo es viable con el apoyo del PP; esto explica la forma extremadamente acobardada con la que Rubalcaba defiende su “federalismo”: “incorporar rasgos que, con sus respectivas especificidades, países federales como Alemania o Austria recogen en sus constituciones”.

No es totalmente descartable que el PP pueda llegar a aceptar un acuerdo sobre una reforma constitucional de bajísima intensidad, siempre que no malogre la Constitución material que el gobierno Rajoy está logrando reforzar. Pero este tipo de reforma sería no una alternativa, sino un complemento del “proceso constituyente” de la derecha, que la mayoría de la población recibiría con indiferencia o con oposición y que en absoluto resolvería la crisis de legitimidad de la Constitución de 1978.

Finalmente, llama la atención que la reforma del PSOE no incluya la derogación del artículo 135 tal como fue pactado con el PP. Esta derogación sería mucho mas eficaz para la reconstrucción de los servicios públicos que considerarlos “derechos fundamentales” en el texto constitucional, una proclamación que no iría más allá de la retórica.

Posiblemente, la dirección del PSOE comparte la valoración de Zapatero según la cual: “La reforma del artículo 135 fue muy útil. La Constitución prestó un servicio muy útil para la estabilidad presupuestaria (…) Veo como una garantía tener unas cuentas públicas que te permitan en situaciones de dificultad mantener las políticas sociales” (El País, 24/11/2013, pág. 7 del cuadernillo “Domingo”); por si acaso alguien puede ser confundido por semejante cinismo, hay que recordar que el contenido fundamental del artículo 135: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.

Pero cualquiera que sea esa valoración, está claro que el PSOE considera que el artículo 135 forma parte ya de los consensos intocables. Hasta el punto de que su “estrella emergente”, Susana Díaz, ha tratado de acallar las críticas a la evidente capitulación ante el fundamentalismo neoliberal que el artículo significa, aludiendo a la posibilidad de utilizar su apartado 4 (“Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”). Es más que dudoso que un gobierno dirigido por el PSOE tuviera voluntad política de aplicar esta excepción, incluso en casos de “emergencia extraordinaria”, salvo que contara con el nihil obstat de la Troika, inspiradora y garante del dogma de la “estabilidad presupuestaria”. Pero, en todo caso, el artículo 135 se ha introducido en la Constitución, por iniciativa de un gobierno “socialista”, con carácter de norma de obligado cumplimiento en las situaciones ordinarias, dando base legal a la “prioridad absoluta” del gasto en el servicio de la deuda pública respecto a cualquier gasto social. Por eso, el objetivo tiene que ser revocarlo, no buscarle inciertos atajos en condiciones extremadamente excepcionales. Y esta revocación sólo puede concebirse dentro de un genuino “proceso constituyente” que ponga fin a la Constitución de 1978.

Izquierda Unida –que se ha embarrado, a cambio de un sillín y a costa de la credibilidad de su discurso “alternativo”, en el consenso que ha permitido a Gallardón, y a Rajoy, alcanzar todos sus objetivos en la composición del Consejo General del Poder Judicial[2]- ha difundido una propuesta presentada a la Mesa del Congreso de Diputados por los grupos parlamentarios Izquierda Plural y Mixto que deroga el actual artículo 135 y lo sustituye por una norma de contenido alternativo (“El pago de los créditos presupuestarios para satisfacer la financiación necesaria que garantice la cobertura universal de los servicios públicos fundamentales gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.”) Puede tener una utilidad de propaganda, y si se sometiera a votación le crearía una situación incómoda al PSOE, pero no tiene la menor influencia práctica. A la crisis de régimen y el “proceso constituyente” de la derecha, sólo puede responderse dotando de fuerza social y credibilidad política al proceso constituyente derogatorio de la Constitución vigente.

4. En esa tarea de extraordinaria dificultad y en la que se ha avanzado muy poco –salvo la excepción del Procés catalán, que está aún empezando a superar obstáculos, pero es ya un buen estímulo para otras iniciativas unitarias “desde abajo”- una convergencia, plataforma, o como se le quiera llamar, para la intervención política de la izquierda alternativa es imprescindible. Debe servir para misiones ambiciosas y arduas: desde la comunicación y el engarce entre las diferentes personas, corrientes y organizaciones que se comprometan en el proyecto hasta la transformación de lo que ahora es un tema de debate de una minoría activa en un objetivo de política actual para una mayoría. Hay que saber aprovechar las ocasiones que se presenten, que no serán muchas, para darle un impulso fuerte. Asumiendo los riesgos que sean necesarios. En realidad, no hay mayor riesgo que la ausencia de una alternativa como ésta, que sepa conquistar credibilidad sobre la base de ser leal con las luchas y movimientos sociales.

Miguel Romero es editor de VIENTO SUR


[1] La revista Papeles nº 122 publicó un amplio y recomendable dossier sobre “Nuevos problemas, nuevas constituciones”. El artículo de Jaime Pastor “La deriva oligárquica del constitucionalismo occidental y su viejo topo” está reproducido en la web de VIENTO SUR http://www.vientosur.info/spip.php?article8309.


[2] Raúl Camargo desarrolla este tema en “Pacto en el CGPJ: Un aval para la impunidad del PP”, http://www.vientosur.info/spip.php?article8515


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