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Tribuna VIENTO SUR
Pensiones: un nuevo golpe de mano
18/06/2013 | Manuel Garí

En escasas horas el debate político sobre el sistema público de pensiones se ha reanimado, han caído las caretas de los sabios y el sofisticado velo de los cálculos actuariales ha resultado ser un kleenex usado. Esa ha sido la única y gran virtud que ha tenido el Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones públicas encargado por el gobierno del PP en consonancia con lo previsto en la Ley 27/2011 (era pre Rajoy, final de época Zapatero).

El Informe está plagado de frases ambivalentes, afirmaciones sin demostrar, vacíos clamorosos y un intento de camuflar el discurso tras tecnicismos actuariales. Pero, además, como señala Antonio Mora Plaza, el documento está plagado de errores económicos y matemáticos. Más grave aún son los fiascos conceptuales. Buen ejemplo de esto último es la argumentación que realizó Miguel Ángel García, responsable del gabinete económico confederal de CC OO, en El País para justificar “técnicamente” su voto favorable al Informe afirmando que “a legislación constante, el aumento en la esperanza de vida significará una disminución de la pensión inicial porque el pensionista la cobrará durante más tiempo”. En esa frase se concentra o la ignorancia, o un enorme lapsus ideológico o simplemente un intento de enmascarar la realidad que, en ambos casos, le descalifican como experto (sindical o académico) puesto que está hablando del sistema de pensiones públicas de reparto como si se tratara de un sistema de pensiones privadas de capitalización.

Esas confusiones son inaceptables y torticeras. En párrafos anteriores el mismo García califica el sistema español como de reparto, lo que implica y supone la solidaridad intergeneracional mediante la transferencia de renta entre generaciones. Pero paradójicamente la frase arriba citada solo puede referirse a un sistema privado de capitalización en el que la prestación futura dependerá en gran medida de la esperanza de vida del pensionista.

Quizás pueda entenderse que el resto de votantes del texto deban fidelidad a quienes les pagan como ideólogos del capital, pero es incomprensible en el caso de un asalariado sindical. Pero aún es más incomprensible que este no haya sido destituido inmediatamente por la Comisión Ejecutiva de su responsabilidad interna y pública en CC OO. El daño a la imagen sindical ya está hecho y, lo que es más grave, el golpe sobre la percepción social de las pensiones. La reparación debe ser clara y pública.

Una cosa es el ridículo técnico que ha hecho un comité de supuestos expertos mercenarios al que bancos, compañías de seguros, fondos internacionales privados de pensiones y CEOE habían dictado la conclusión del informe antes iniciarse siquiera el “estudio” y otra, muy diferente, es que el ímpetu destructor de los sistemas públicos de previsión esté derrotado. La lucha sigue. La suya desde luego y también debería redoblarse la nuestra para defender lo nuestro.

No es mi intención entrar en los muy necesarios análisis sobre los modelos de revalorización de las pensiones (IPC versus FRA, Factor de Revalorización Anual) o sobre trucos como el FEI, mal denominado Factor de Equidad Intergeneracional, o sobre un “daño colateral” sobrevenido: la naturaleza procíclica de las propuestas del Informe que, efectivamente, de llevarse adelante detraerían importantes recursos de las manos de las clases trabajadoras, lo que no es precisamente buen augurio para la actividad económica. Tampoco baso la argumentación en el derecho adquirido tras años de cotización o en el reconocimiento del derecho de prestación en los artículos 50 y 52 de la Constitución española que, como todos los derechos del capítulo III del Título I de la misma, su realización práctica no depende de lo escrito sino de la acción y desarrollo normativo gubernamental.

La cuestión de las pensiones está en el centro del conflicto social, forma parte de las claves actuales de la disputa entre clases. Está absolutamente atravesado por intereses contrapuestos. Y, por tanto, está en el centro de los debates ideológicos y políticos sobre el modelo de sociedad. Para rehuir el debate, el PP se ha escondido tras las togas de algunos académicos. El gobierno podrá acogerse una vez más al “no hay alternativa” y, en esta ocasión, dirán desde Moncloa, hasta los sabios lo corroboran. Pero no es así.

Un planteamiento tramposo se convierte en trampa para elefantes

A nadie se le escapan los importantes cambios habidos en el Estado español en cuanto a extensión de derechos, en la composición social y en la pirámide generacional. Pero la cuestión de la sostenibilidad de la previsión en materia de jubilación –como en la del resto del gasto social- no puede hacerse delimitando un sistema encapsulado al que se imponen varias restricciones prejuiciosas. Por ejemplo, la forma de calcular cada capítulo de gasto se efectúa mediante un método-trampa: establecida una cantidad de recursos presupuestarios y financieros “€” dada e inamovible, calcúlese los recursos futuros disponibles per cápita dividiendo “€” por el número de personas “p” que prevemos que serán beneficiarias el año “a”.

Con ello y ante nuestros ojos se establecen varios a priori que se presentan como “la realidad” y proyecciones “científicas” sin justificar y que impiden que se consideren las diferentes alternativas. Por eso conviene jugar al juego “vamos a contar mentiras” o al menos intentemos poner nerviosos a los mentirosos.

Se considera el sistema público de pensiones como un sistema cerrado de fronteras blindadas, como si de un sistema privado de capitalización se tratara, olvidando que además de los ingresos procedentes del propio sistema de prevención, cabe establecer que los gastos se financien vía impuestos generales incrementándolos en función de las necesidades. ¿Acaso es un dogma que no se pueda hacer así como en otros países? ¿Acaso se olvida que en definitiva el dinero disponible para atender una necesidad es el resultado de una sencilla resta entre ingresos y gastos? ¿Acaso se puede discutir del sistema de pensiones sin debatir sobre las prioridades presupuestarias tanto del lado de los ingresos como del gasto? En un sistema de reparto primero se establece cuanto se va a necesitar para cubrir las necesidades sociales y luego se determinan los medios. Nuestros “expertos” justo están haciendo lo contrario.

La sostenibilidad de un sistema público no depende ni única ni fundamentalmente de la evolución demográfica de la población autóctona vinculada a la esperanza de vida, cuyo resultado es producto de la bajada de la mortalidad infantil tanto como del aumento de los años que alcanzan los ancianos, variable esta desigual pues tiene valores diferentes según las clases sociales ya que el asunto de la vejez, como la salud y tantos otros, va por barrios y por oficios. La sostenibilidad ni siquiera depende en primer lugar del ratio pensionistas/personas laboralmente activas, sino de un conjunto de elementos como el aumento de la productividad (espectacular en el Estado español en los últimos años) que implica que con menos se consigue más (valga la prueba del descenso del número de agricultores y el aumento de los alimentos producidos). Pero también depende de los flujos migratorios laborales que son una característica estructural de la economía globalizada, y de ello es buena muestra el caso español.

Finalmente cabe señalar que la capacidad predictiva real de las actuales herramientas actuariales y econométricas deja mucho que desear en aspectos básicos que determinan la evolución del contexto en el que se tendrán que pagar las pensiones futuras a décadas vista: evolución de la productividad, del PIB, de empleo, de la tasa de actividad, de la incorporación de las mujeres al trabajo, etc. En conclusión si hacemos cálculos, hagámoslos bien teniendo en cuenta que las reglas no las marca la técnica contable, ni siquiera unas supuestas restricciones económicas, sino que finalmente son producto de decisiones políticas.

Hagan juego, señores

Detrás del Informe hay intereses. Se utiliza la cuestión de la sostenibilidad del sistema en una estrategia muy pensada de privatización. La estrategia del miedo y la mentira. La estrategia que ceba la solución individualista frente a la cooperación solidaria. En definitiva nos encontramos ante una ofensiva de quienes con Margaret Thatcher, la autora de la muletilla “no hay alternativa” –tan mentada y querida por Rajoy- consideran que no existe la sociedad sino los individuos, y defienden como aquella que “dar libertad completa a los capitales y mercados financieros es inyectar vida al capitalismo. Y fuerza a los patronos”. Eso buscan el PP y los autores del Informe.

En los últimos treinta años, el capital ha abandonado las inversiones industriales y comerciales tradicionales pues las rentabilidades decrecían y ha buscado el pelotazo a corto plazo. Pero hemos visto como pinchaban las burbujas que prometían nuevos dorados en las “nuevas” áreas de negocios (punto.com, inmobiliaria, etc.). Por ello el mundo financiero comenzó a buscar incesantemente nuevos nichos de negocio y se ha apropiado de bienes y servicios que tienen una demanda inelástica pues cubren necesidades sociales fundamentales. En su punto de mira están los bienes naturales esenciales -la mayor parte de naturaleza pública- y los servicios básicos como la educación, la sanidad o las pensiones. En estos últimos casos, el objetivo es convertir los derechos sociales en nichos de negocio privado. Hablamos de bienes y servicios de los que la tribu no puede prescindir pues tienen que educar a sus criaturas, cuidar de las personas enfermas y velar por sus mayores. Hoy en las metrópolis como ayer en las cavernas. La jugada forma parte del profundo proceso de reorganización del modelo de acumulación del capital en tiempos de financiarización.

Quienes desde ciertas páginas “bursátiles” llegan a calificar el sistema de solidaridad intergeneracional como una modalidad de “estafa piramidal” no quieren, por el contrario, ni oír hablar de la quiebra (y fiasco) de los fondos privados de pensiones agudizada tras la crisis iniciada en 2007. Los fondos privados de pensiones, en definitiva, han jugado a la economía de casino, esa sí auténtica estafa global. Los antecedentes cercanos están ahí: el riesgo de colapso de esos fondos ha estado presente en los AFJP en Argentina y en los AFP de Pinochet en Chile, lo que derivó posteriormente en un proceso de “renacionalización” del sistema. El mismísimo Banco Mundial alertó en 2004 sobre la viabilidad de los fondos de pensiones privados en América Latina dadas las “excesivas comisiones” que cobraban así como por la formación de oligopolios. ¿Qué esperaban? Pero la quiebra y estafa están más cerca en el tiempo: en 2010 desde Estados Unidos a nuestro país el riesgo de hundimiento de los fondos se hizo real. No podía ser de otra forma ya que los fondos han estado expuestos a los vaivenes de la crisis de los productos financieros de alto riesgo, los activos tóxicos.

Esta y no otra es la razón de la presión que el mundo financiero, de los bancos y las aseguradoras, está haciendo contra el sistema público de pensiones en el Estado español –al compás de una ofensiva apoyada bajo mano por la Troika-. Y si rascamos más podemos encontrar trazas de la estrategia privatizadora de las pensiones en el Acuerdo General para el Comercio de los Servicios que si bien no alcanzó la obligatoriedad como Tratado Internacional, como quería el gobierno de los Estados Unidos y los dirigentes de la UE, pesa permanentemente como una losa sobre los sistemas públicos.

Mientras exista confianza en el sistema público no habrá espacio para el negocio privado y como este no se puede implantar de la noche a la mañana procédase a desprestigiar y debilitar el sistema público para abrir una ventana de oportunidad al privado; sistema que jamás en ningún país ha logrado garantizar las prestaciones ni ha cubierto al conjunto de la población (hoy en EE UU solo tienen fondo el 25% de trabajadores). Detrás de nuestros expertos están, en expresión de Juan Hernández Vigueras, “los lobbies financieros, los tentáculos del poder” –expresión que da nombre a una de sus obras-. Y ahí aparecen nombres conocidos BBVA, pero también desconocidos del gran público, como la aseguradora Aviva o la asociación de aseguradoras Unespa.

Al servicio de esta gente han estado y están los Piñera y los Barea pero también los FEDEA y los Miguel Ángel Fernández Ordóñez que frente a los técnicos de la Seguridad Social han afirmado que el sistema público entraría en déficit si no en colapso en 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2030, etc. Los primeros se equivocaron, los segundos acertaron, pero no importa, la matraca neoliberal sigue contra toda evidencia. Persistentes en la mentira, olvidadizos de la realidad, silenciadores de la verdad. En este país el gasto público de 2012 en pensiones ascendió a 104.000 millones de euros, aproximadamente un 60% de los beneficiarios corresponden a jubilaciones. Ese monto total supone el 10% del PIB, lejos, muy lejos, del porcentaje medio de la UE y con importes medios de pensión por debajo de los estándares europeos.

Por eso también ocultan que en 2008 los fondos privados perdieron a nivel mundial el 18,3% de su valor con una caída del 37% en Reino Unido, 27% en Canadá, 20% en EE UU y 9% en España. Ocultan asimismo que el monto de las comisiones de gestión de los fondos en nuestro país fue de 1.000 millones de euros en 2012 y que las desgravaciones que se aplicaron los profesionales y altos cargos con pensiones privadas mermaron 3.000 millones de euros de las arcas públicas. No hay palabras.

Y final, rompamos las reglas del juego

La Ley 27/2011, a la vista de los resultados, salvó pocos muebles y por pocos días, y supuso realmente un nuevo retroceso para las clases trabajadoras en un proceso acelerado, torrencial e incesante de “reformas” del modelo de relaciones industriales, derechos sociales y laborales, servicios públicos y un largo etcétera. Actualmente con el gobierno del PP, cada secuencia, como en las películas de cine gore, prepara la otra y esta la siguiente y aquella potencia hasta la nausea los efectos terroríficos de las anteriores.

Toda la ofensiva contra el sistema público intenta destruir la conciencia de solidaridad y auspiciar la “salida” individual. Hay, pues, un debate más de fondo, de modelo social, que solo dejo apuntado. ¿La economía, los presupuestos y las instituciones financieras al servicio de las personas o de las ganancias del capital? ¿Aumento de la edad de jubilación o disminución del tiempo de trabajo? ¿Competencia entre pobres o reparto del trabajo? ¿Combatir el déficit o acabar con el desempleo? ¿Bajar salarios –que ya están en la banda baja de la UE- o acabar con ganancias y sueldos de una élite que “gana” más aquí que en la media de la UE?

18/06/2013

Manuel Garí forma parte de la redacción de VIENTO SUR





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