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Ofensiva contra la educación pública
Educar en deudocracia
28/04/2013 | Cecilia Salazar-Alonso

El pago de una deuda ilegítima que el pueblo del estado español no ha contraído ha abocado a una dinámica austericida que amenaza a todos los servicios públicos. En el caso de la educación, la crisis de la deuda está siendo la perfecta excusa, en la más simple aplicación de la “doctrina del shock” para realizar una contrarevolución que acabe con la educación pública o ya simplemente con la educación y que abra las puertas de par en par a hacer de la educación un negocio enormemente lucrativo.

Esta aniquilación de la educación pública en todos los niveles se configura a través de distintas estrategias:

1. Abandono de lo público

Las administraciones públicas de las últimas legislaturas, en colaboración con sus voceros en los medios de comunicación, llevan realizando campañas de desprestigio de la educación pública. En pleno debate sobre el Plan Bolonia, se habló de una universidad caduca, con profesores apolillados, de espaldas a la realidad social, de castas, de nepotismo, etc. Ahora, en previsión de la implantación de la LOMCE, toca a la educación no universitaria. Se habla de violencia en las aulas, de acoso escolar, se promulgó una ley de autoridad del profesorado en la Comunidad de Madrid que regulaba el respeto a los profesores porque, y este es el mensaje subliminal, no lo tenían. A raíz de las primeras protestas hablaron de los privilegios de los funcionarios, se les tachó de vagos e ignorantes e incluso el propio partido del actual gobierno llama a una “caza de brujas” que les pone bajo sospecha de pervertir las mentes de niños y jóvenes...

Este ataque a la educación pública no se limita a las campañas de imagen. La masificación de las aulas, la retirada de apoyos educativos a alumnos con dificultades, no cubrir las bajas por enfermedad hasta pasados 15 días, el aumento de horas lectivas, etc., se presentan como efecto de las medidas austericidas a las que nos aboca el pago de la deuda pero cumplen, además, otra función: sembrar el caos en la enseñanza pública, retirar elementos imprescindibles para hacer frente a la enorme diversidad que reúnen sus aulas, presentando la escuela privada, concertada o no, como la única opción a los padres que quieran que sus hijos salgan adelante.

Pero hay otro exilio “forzoso” hacia lo privado que se sustenta en la diferencia entre la demanda de las familias y la oferta pública. En Educación infantil y en el grado superior de FP es donde se produce un mayor incremento de los centros privados gracias a la desproporción entre demanda y oferta. No hay oferta de centros públicos. Las políticas de cesión de suelo a centros privados, la instauración de la zona única de escolarización, el horario continuado en la etapa de primaria y el incremento de los conciertos educativos, se combinan con la “fusión” (claro eufemismo de “cierre”) de centros públicos, dando lugar a situaciones verdaderamente insostenibles (especialmente dramáticas en ámbitos rurales) que impulsan este trasvase hacia lo privado.

2. Privatización interna de lo público

Pero la dinámica de la privatización aspira a no dejar resquicio alguno a lo que hoy entendemos por público, pretende penetrar en todos los ámbitos incluso en aquellos considerados “no rentables”.

En ese sentido la previsiblemente futura ley de educación que afecta a la enseñanza no universitaria, la LOMCE, es paradigmática: En ella se elimina la función decisoria de los consejos escolares que queda a cargo de un director nombrado por la administración. La ampliación de las competencias del mismo en lo que se refiere a selección de currícula, profesorado y alumnado introduce la lógica de la empresa en el seno mismo de los centros públicos. Si a esto le sumamos una campaña de expulsión de los profesores interinos en secundaria o la extinción de ayudantes en las universidades, entendemos que se ha iniciado una dinámica que dejará progresivamente fuera del sistema educativo a todos aquellos a los que les queda algún derecho laboral que serán, en el mejor de los casos, sustituidos por trabajadores en precario con apenas formación. Las aulas se regirán, finalmente, por la lógica de la empresa: compitiendo con el resto de escuelas a través del establecimiento de rankings que determinen su dotación o evaluando al profesorado a través de su capacidad de sus intervenciones en publicaciones previamente determinadas y evaluadas por un “comité de expertos” que surgen del más oscuro anonimato.

3. A los pies del mercado

Pero hay que ir más allá, ofrecer las entrañas del sistema educativo a la ambición sin límite de los mercados. La educación en su etapa obligatoria se convierte, a través de los mecanismos que impone la LOMCE, en una suerte de departamento de selección de personal. Esta ley prevé la instauración de evaluaciones externas que, efectuadas por empresas privadas, serán finalmente las que determinen los contenidos impartidos en clase (en base al diseño de las pruebas) y el nivel de formación de los alumnos. La decisión, en suma, de qué, quién , cuántos y hasta cuándo estudian vendrá determinada por agentes exteriores, que se convierten en auténticos árbitros en un sistema educativo cuya única misión es determinar qué y cuánta formación necesitan los futuros trabajadores para satisfacer las necesidades del mercado.

Estas evaluaciones externas, además, promueven un proceso de eugenesia escolar, expulsando a estudiantes del sistema educativo y destinándolos a ser mano de obra barata en el mercado. Este proceso, que se inicia ya en la etapa de educación infantil, culmina con una práctica de darwinismo social a través del incremento de tasas en universidades y centros de FP de grado superior, abiertamente abusivas que, unido a la reducción significativa de becas, abocan a los estudiantes a una doble vía: abandonar los estudios o endeudarse.

Pero no sólo se trata de instaurar toda una carrera de obstáculos para, finalmente, alcanzar la formación que demande el mercado laboral, sino también que sean los fondos públicos los que subvencionen a las empresas privadas.

En el caso de la FP de grado superior, ninguna instancia objetiva controla las prácticas (un 70% de la formación del alumnado) que se realizan en las empresas. Esto, sumado a la flexibilización de los programas educativos, acabará convirtiendo a los estudiantes en trabajadores precarios cuyo coste es asumido en un 70% por la administración pública.

La presencia de grandes empresas en los Consejos de gobierno de las universidades públicas subraya el carácter mercantilista de las universidades sometidas al Plan Bolonia, mediante el que las grandes empresas podrán no sólo determinar el contenido de las investigaciones sino sufragarlas con fondos públicos.

4. Ideología contra pensamiento crítico

Pero la escuela es también el lugar adecuado para conseguir hegemonía ideológica, de ahí que, frente a asignaturas que posibiliten la creación de un pensamiento crítico que permita intervenir en la sociedad como ciudadanos, entren en nuestras aulas, a través de la LOMCE, materias como la religión y la educación financiera. En el primer caso se trata de tributar por el indudable apoyo de la Conferencia Episcopal a las políticas neocon del partido en el gobierno y volver a los valores tradicionales de sumisión, resignación y aceptación acrítica de la situación. La educación financiera, por otro lado, parte del presupuesto de la insostenibilidad de un estado de bienestar y la necesidad de educar a los jóvenes para que tomen las decisiones a las que hacer frente en su vida futura: seguros médicos, planes de pensiones, etc. Sustituír, como hace la LOMCE, la religión por la filosofía y la educación financiera por la economía da la medida de por dónde van las cosas.

El régimen deudocrático, que nos somete a la permanente tensión de pagar una deuda ilegítima e impagable, choca frontalmente con los derechos sociales. Por eso hay que acabar con ellos. Se acaba la educación pública, pero también de la sanidad pública, la justicia entendida como derecho de todo ciudadano. Los frentes abiertos ante este golpe de estado global de los ricos contra los pobres son innumerables: la lucha por una vivienda digna, por el control público del agua, por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, contra la aniquilación del medioambiente son prioridades que tenemos que afrontar todos y todas juntas. La confluencia de las luchas que defienden algo tan elemental como el derecho a vivir dignamente es el único horizonte que nos queda para conseguirlo.

27/04/2013





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