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A propósito de
Una transacción asimétrica
04/03/2009 | Jaime Pastor

Las publicaciones sobre la “transición del franquismo a la democracia” no han dejado de proliferar a lo largo de los ya màs de treinta años transcurridos, si bien sigue siendo una minoría de ellas la que refleja un punto de vista crítico frente a la cantidad de justificaciones ideológicas de lo que fue convirtiéndose en mito. En general, ha predominado la tendencia al determinismo retrospectivo –“lo que ocurrió fue lo único posible”-, cuando no la conversión, en aras de la legitimación del presente, del Rey, Suárez o incluso Torcuato Fernàndez Miranda en “padres de la democracia”. El libro que vamos a comentar no encaja dentro de esa línea interpretativa mayoritaria y contribuye, ademàs, a desmentir la existencia de una vocación democrática por parte del sector reformista –incluido el Rey- de la dictadura.

El estudio desarrollado por Ferrán Gallego en esta obra, publicada por la editorial Crítica, refleja sin duda un enorme esfuerzo investigador sobre el período que va, como bien dice su subtítulo (La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977)), desde la muerte de Carrero Blanco hasta las elecciones de junio de 1977. Aun reconociendo que puede estar justificada esa elección, habría sido deseable que hubiera comenzado antes (¿con las movilizaciones contra el proceso de Burgos de 1970?) y se hubiera prolongado, al menos, hasta el Pacto de la Moncloa de octubre de 1977 y la Constitución de diciembre de 1978, ya que lo primero habría ayudado mejor a recordar el contexto de removilización social ascendente y lo segundo habría permitido entender unos acuerdos que son en cierto modo la consumación del tan famoso y manoseado “consenso”, consecuencia final –y no causa- de uno de los escenarios posibles de un final de la Dictadura que “tuvo poco de prefijado y de predecible” (1). Conviene precisar también que el autor se centra principalmente en analizar y desmitificar el desarrollo del proceso de diferenciación que se va produciendo en el seno de la dictadura, junto con el de determinada prensa que llegaría a ser la de referencia dominante (La Vanguardia en Catalunya y, luego, El País en el ámbito estatal), relacionando ambos con la evolución de la oposición mayoritaria antifranquista (incluyendo revistas emblemáticas entonces como Triunfo o Cuadernos para el diàlogo). Quedan en segundo plano el proceso de reconstrucción del movimiento obrero iniciado “desde abajo” en 1962 como verdadero “motor” socializador del antifranquismo y de la progresiva ocupación del espacio público (aunque se destacan los principales hitos de una conflictividad en aumento), el papel de las organizaciones políticas que fueron surgiendo a la izquierda del PCE (2) o las características que va adquiriendo un movimiento de oposición muy diferente y plural en Euskadi. Se trata de una opción discutible pero legítima, ya que aun con esas lagunas el volumen de la obra supera las 800 páginas, producto de un exhaustivo recurso a material de archivo, memorias, fuentes documentales oficiales y de la oposición y bibliografía muy diversas. Cubre así su propósito concreto con holgura, convirtiéndose en una aportación imprescindible en ese campo concreto, a completar con nuevas investigaciones, como la que el propio autor anuncia con una nueva publicación que, continuando la que comentamos, llegue hasta 1982.

“Crisis orgánica” de la dictadura y continuidad de la monarquía española

Màs allà de estas observaciones iniciales, no es difícil compartir la tesis principal que sustenta este trabajo: “las cosas no tuvieron que transcurrir necesariamente como lo hicieron”, ya que fue “un proceso no deseado, que nunca se habría llevado a cabo de no mediar la movilización democrática, por el gobierno reformista de Suàrez, que tuvo que adquirir de forma cada vez màs ostentosa ese carácter de voluntad de cambio para poder permanecer en el puesto” (pàgina 15). Porque, en efecto, “el régimen no se agotó sino que entró en crisis orgánica” (p. 707) y, por tanto, “la verdadera línea de demarcación fue en 1975-77 la que separaba a quienes aceptaban la legitimidad de origen y de ejercicio del régimen franquista de aquéllos que lo consideraban un estado de excepción permanente” (p. 700). El problema estuvo en que esa frontera se fue borrando a medida que “el bloque social que había gobernado el país durante los años del franquismo fue buscando y fue capaz de hallar los factores de recambio que debilitaron a la oposición” (p. 695), mientras que “los propios dirigentes (de la oposición) se encargaron de poner límites a cualquier movilización que pusiera en riesgo los dos objetivos previstos: la unidad de la oposición y el reconocimiento de la necesidad de ‘pactar la ruptura’” (p. 712).
Gallego describe muy bien el desarrollo de todo este proceso: el bloqueo, gracias a la movilización popular, del intento inicial de Arias (el “espíritu del 12 de febrero”) de “transición dentro del franquismo”; la formación del primer gobierno de la monarquía –en donde queda desmentida la leyenda de “demócrata” desde la muerte de Franco atribuida al “joven Rey” (p. 241)-, la influencia que tienen tanto la revolución portuguesa de 1974 (3) como la estrecha relación con EEUU –tema que, como el autor mismo recuerda, ha sido ampliamente abordado por Joan Garcès- en los sucesivos pasos que se van dando, siempre en confrontación con movimientos de protesta y huelguísticos crecientes (primeros meses de 1976 en Madrid y Catalunya, con Sabadell en la vanguardia, y, sobre todo, Vitoria en marzo) que se prolongan y extienden a lo largo de todo ese año. Es precisamente en esos meses de 1976 cuando se va configurando, como Gallego coincide en señalar con otros historiadores, un “modelo alternativo de transición”, “en el que la demanda fundamental se planteaba como una ruptura democrática con la continuidad del régimen” (pp. 360-361). La “lectura” de esas movilizaciones por representantes de la dictadura –como Sánchez Terán, Fraga y López Rodó- no dejaba lugar a dudas sobre su temor a una dinámica ascendente incontrolable. En cambio, durante ese verano la dirección del PCE optaría ya por “negociar con las instituciones permanentes del Estado” y la oposición mayoritaria, hasta entonces dividida, llegaría a unirse poco después para propugnar una “ruptura pactada”. Se aceptaba así “una forma de relaciones con el gobierno que ayudó a legitimarlo de una forma dura, al presentar a la oposición como un factor secundario y al ir construyendo la imagen tan sostenida en la mentalidad de los españoles: que el gobierno era el que continuaba marcando el tiempo de la democratización” (pp. 434-435; las cursivas son del original).
Aun así, en medio de ese clima de tensión social entre reforma y ruptura –y de continuidad de la represión (4)- la jornada del 12 de noviembre de 1976 obtuvo un eco movilizador nada despreciable, como recuerda Gallego; pero es cierto que no llegó a la altura necesaria para impedir la decisión de Suárez y el Rey de seguir adelante en su Ley para la Reforma Política. El referéndum de diciembre de 1976 se convoca ya con una oposición neutralizada (con un PSOE, tras la consolidación del equipo elegido en el Congreso de Suresnes, dispuesto ya a un “compromiso constitucional”...con los “reformistas”, y El País y La Vanguardia a favor de Suárez) y en medio de una campaña en la que el mérito del antiguo Secretario General del Movimiento es conseguir magnificar la amenaza del “bunker” ante amplios segmentos de la población. No obstante, poco después, con la respuesta a la matanza de Atocha se volvería a demostrar no sólo “la fuerza del PCE” sino también la continuidad de un movimiento de lucha contra la dictadura al que la misma dirección del PCE trata de poner un freno brusco que choca con fuertes resistencias en Catalunya y Euskadi pero también Madrid. En esas condiciones la negociación del proceso de legalización del PCE, una vez se ha comprobado que no se puede prescindir de él y que a la vez éste se halla dispuesto a moderarse, se convierte en la única tarea pendiente para poder legitimar las elecciones de junio de 1977; eso sí, con un decreto-ley electoral que contribuyera a sobredimensionar la representación del recién estrenado “partido presidencial”, la UCD, y de un PSOE que había tenido “40 años de vacaciones”. Una vez adoptada esa decisión, a cambio de las consabidas renuncias y concesiones de la dirección del PCE –sí a la monarquía, a la bandera rojigualda y a la unidad de España-, llegaría una campaña electoral en la que, pese a la escandalosa asimetría de recursos entre derecha e izquierda (por no hablar de la “extrema izquierda”, que seguía ilegalizada), sus resultados no fueron los mejores para una monarquía que ya había expresado sus temores a una mayoría de izquierdas no sólo en el Congreso sino incluso en el Senado, pese a que parte de la composición de éste último quedaba en sus manos. Pero pronto se recondujo el proceso mediante ese mitificado “consenso” que acabaría siéndolo no sólo sobre el pasado sino también sobre el presente y, como estamos comprobando todavía, sobre el futuro: los Pactos de la Moncloa y la nueva Constitución irían cerrando el ciclo ascendente del movimiento obrero y blindarían el nuevo régimen monárquico, la “unidad de España” y el sistema socio-económico vigente.
Gallego recuerda en distintas ocasiones de ese recorrido que “las concesiones de la izquierda no fueron nada secundarias” (p. 488) y, a la vez, que “el camino de la reforma era irreversible para la monarquía, lo que debería haber dado mayores márgenes de maniobra a la izquierda (p. 503). Una de esas “concesiones” –que, como escribiría luego Rafael Sánchez Ferlosio, acabarían siendo más bien “claudicaciones”- sería convertir el “consenso” en “ideología, destinada a impedir que se consolidara un área crítica que pusiera en cuestión aquello que en los inicios del cambio político, por una correlación desfavorable de fuerzas, quizá debía haberse aceptado” (p. 704), ya que ello implicaba, entre otras cosas, “callar no sólo sobre la guerra civil y su sentido sino sobre la experiencia democrática a la que ésta había puesto fin, la Segunda República” (p. 705). Pero las concesiones no fueron sólo respecto a la legitimación de “una transición política, sin limpieza de origen” (703) como tal sino también sobre todo lo que ello implicaba: renuncia a una ruptura con la dictadura, al inicio de un proceso constituyente a partir del protagonismo creciente de un bloque social, político y cultural alternativo al dominante y al desarrollo de una cultura política antifranquista.

Reforma, ruptura y relación de fuerzas

El autor sostiene en sus Conclusiones que “la correlación de fuerzas impidió la ruptura pero no determinó que los pactos políticos tuvieron que darse en los términos en que se hicieron” (p. 716). Es quizás en la primera parte de esta apreciación (“la correlación de fuerzas”) donde està el nudo de la discusión en relación con los análisis sobre la evolución de la opinión pública, de los movimientos sociales y los organismos unitarios de oposición y la posibilidad o no de una Huelga General que hubiera contribuido a crear las condiciones de una ruptura efectiva con la dictadura. Porque en una coyuntura de “crisis orgánica”, como subraya Gallego, y de ascenso de un movimiento obrero cuyo carácter “socio-político” –convergente con otros movimientos como el vecinal, muy relevante en esos años, y el estudiantil, y abierto entonces al reconocimiento de la realidad plurinacional del Estado- se reflejó principalmente en Comisiones Obreras, la “correlación de fuerzas” no se puede entender como algo estático sino que va modificándose en tanto que proceso dinámico y conflictivo entre esas fuerzas en presencia –no sólo sus elites respectivas-, y en el que los “acontecimientos precipitantes” en un sentido u otro y el factor “tiempo” son fundamentales.
En medio de esas circunstancias cambiantes el papel de las fuerzas políticas y sindicales es decisivo para que la marcha de los conflictos y las bifurcaciones que se abren conduzcan hacia un lado o hacia otro. Hay suficientes ejemplos en la propia obra que comentamos que demuestran que la mayoría de las fuerzas que formaban parte de la Junta y la Plataforma Democrática –que luego se unirían, no por casualidad, como se ha recordado màs arriba, tras la experiencia del movimiento asambleario de los trabajadores de Vitoria en marzo de 1976 y el miedo a verse desbordadas por la extensión de su ejemplo- fueron cada vez màs reticentes a apoyarse en la movilización social hasta el punto de renunciar, con el PCE a la cabeza, a los intentos de avanzar hacia una Huelga General, como ocurrió a comienzos de 1976 en Madrid y Barcelona. Sólo en Euskadi se dieron avances sustanciales en esa dirección, debido precisamente a que aquellas fuerzas eran minoritarias allí. Incluso en el caso catalán, como Gallego observa, la misma Assemblea de Catalunya se vería desplazada por un Consell de Forces Polítiques que iría situando la negociación con los reformistas de la dictadura como alternativa frente a la continuidad y radicalización de la movilización popular...hasta llegar a la funesta “operación Tarradellas” tras los temores suscitados por los resultados electorales de junio de 1977 en Catalunya. Todo esto fue, por tanto, un factor que actuó en contra de una mejora de la relación de fuerzas y de los progresos de organizaciones como CCOO –y del tejido social que se había ido construyendo “por abajo”- frente a su creciente subordinación a la estrategia del partido hegemónico en su seno.
Los datos que proporciona Gallego sobre la opinión pública (pp. 160-162, 409) durante estos años también son reveladores de la rapidez con que se producía un progreso de las actitudes favorables si no a una ruptura, sí al menos a un rechazo ampliamente mayoritario de lo que significaba la dictadura (5). Incluso el famoso miedo al “ruido de sables” que irrumpe ante la legalización del PCE queda desmentido por las memorias de algunos de los reformistas del franquismo que cita Gallego (pp. 591-593). Fue precisamente la sobreestimación de la fuerza como alternativa política del “bunker” y de la extrema derecha –representada, como acertadamente sostiene el autor, no sólo por Fuerza Nueva sino también por Alianza Popular- otro de los graves “errores” de Carrillo, convertido en fiel subalterno del reformismo franquista hasta el punto de seguir insistiendo, después incluso de las elecciones de junio de 1977, en la necesidad de un “gobierno de concentración nacional” frente a AP. Con esa táctica el entonces Secretario General del PCE no haría màs que dejar a la dirección del PSOE un mayor espacio que aprovecharía muy bien para empezar a aparecer como futura “alternancia” a medida que la UCD entrara en crisis –una vez cumplida su misión- y segura ya de su sobrerrepresentación institucional y del apoyo de la socialdemocracia internacional para hacerse imprescindible en la “gobernabilidad” del nuevo régimen.
No cabe, por tanto, defender con rotundidad que la relación de fuerzas impedía la ruptura porque aquélla era cambiante y dependía de cómo se transformaran los conflictos y las luchas que fueron surgiendo en un sentido u otro. Lo que sí fue evidente es que el bloque dominante, una vez extraídas lecciones de experiencias tan cercanas como la de la revolución portuguesa, mostró una voluntad y una creciente capacidad de iniciativa para anticiparse a una posible explosión popular de rechazo a la dictadura; pero sus principales logros no habrían sido posibles sin la colaboración de una oposición mayoritaria que optó por adaptarse al marco estrecho de la reforma política –y de la negociación dentro de ella- en detrimento del estímulo de una movilización popular que fuera màs allá de esos límites. Porque, como muy bien concluye José Vidal Beneyto, entonces uno de los portavoces de la Junta Democrática, “la incoherencia de la oposición democrática consistió en no querer hacer lo que podía hacer –coordinar la lucha política y social contra los herederos- y querer hacer lo que no podía hacer –convenir con ellos, pero sin ella, el tránsito democrático” (6).
Es cierto también que hubo grandes desigualdades entre la dinàmica de movilización que se desarrolló en Euskadi, Catalunya y Madrid, por un lado, y el resto del Estado, por otro. Pero no olvidemos que en aquel entonces –a diferencia de ahora- no había “agravios comparativos” ni sentimientos de rechazo respecto a lo que viniera de aquellos lugares sino, al contrario, una rápida difusión paralela de las luchas y conflictos dentro de la nueva “sociedad civil” emergente a escala estatal.

En el marco, por tanto, de esa carrera contra el tiempo entre el “ya no” (la dictadura ya no era funcional al bloque dominante y la monarquía, si quería sobrevivir, no podía basarse sólo en su legitimación por Franco) y el “todavía no” (los movimientos socio-políticos antifranquistas no eran todavía suficientemente fuertes para poder derrocar a la dictadura, pero la elite antifranquista no ayudó, todo lo contrario, a su maduración), podríamos concluir que la transacción asimétrica que logró imponer el reformismo de Suàrez llegó antes de que la ruptura democrática apareciera como una posibilidad inmediata.

Publicado en El Viejo Topo nº 152. Enero 2009

Notas

(1) El final de la Dictadura: la conquista de la democracia en España (noviembre 1975-junio 1977), de N. Sartorius y Alberto Sabio, Alianza Editorial, Madrid, 2007, p. 16. Sobre la conversión de “las consecuencias del modo determinado en que concluyó el proceso de cambio político” en causas y, luego, en mitos: “El cambio político desde abajo (1962-1976). Una perspectiva teórica y metodológica”, de Xavier Doménech, en mientras tanto, 90, 2004; se puede encontrar una interpretación crítica màs amplia de esa “teoría de la transición” en la inroducción a la obra del mismo autor: Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell (1966-1976), Publicacions de l’Abadía de Montserrat, Barcelona, 2002.
(2)Esto no significa que no haya un reconocimiento en varias ocasiones del peso de algunas de estas organizaciones y de su labor a favor del avance hacia una Huelga General Política y de la ruptura, especialmente en CCOO y en Euskadi. Pero no hay una valoración de sus análisis y propuestas alternativas frente a las del PCE e incluso, cuando hay referencias a su prensa, como es el caso del número 69 de Combate (órgano de la Liga Comunista Revolucionaria), se ridiculiza su posición atribuyéndole su deseo, en febrero de 1977, de “pasar ya al socialismo”: probablemente Gallego haya extraído esa interpretación del suplemento de ese número (cuyo titular dice “Por la unidad obrera, por el socialismo”) pero se trataba de una explicación de “¿qué es la LCR?”; aun así, si se lee completo ese documento, se puede comprobar que para el futuro inmediato en que nos encontrábamos no se propugna “el paso al socialismo” sino una HG contra la Monarquía franquista con un programa de acción de contenido eminentemente democrático radical. Otro error grave del autor es afirmar que esas organizaciones tomaron la “decisión de votar a los socialistas en 1977” (p. 713); esto es completamente falso, ya que tanto el PTE como la ORT, el MC y la LCR, ilegales todavía entonces, se presentaron a esas elecciones mediante agrupaciones electorales (en el caso de la LCR, junto con OIC, AC y POUM en el FUT) con siglas que tuvieron que improvisar y para las cuales pidieron el voto. Para un balance retrospectivo –y también parcialmente autocrítico- sobre la transición y las posiciones mantenidas entonces por la LCR me remito a mis artículos “. Al otro lado de la transición. Entre la historia y la leyenda” (Viento Sur, 24, pp. 69-75, 1995) y “Mito y realidad de la transición política española. Una mirada desde la izquierda radical”, en La transició democrática als Països Catalans. Història i memòria, de Pelai Pagés (dir.), PUV, 2005, pp. 229-238,.
(3)Considero que el autor dedica poco espacio a la relevancia de la revolución portuguesa para la elite franquista, la gran burguesía española, EEUU y la socialdemocracia europea, aunque se remite a trabajos como el de Sànchez Cervelló, que aborda con mayor profundidad ese tema: la perplejidad y el temor iniciales ante lo ocurrido y al “efecto contagio” llevarían incluso a Arias, como se ha comprobado recientemente, a ponerse a disposición del bloque golpista que se fue formando en el país vecino, hasta el punto no sólo de ser “santuario” de la extrema derecha sino de preparar una posible intervención militar. A medida que se fue “normalizando” el proceso portugués, la necesidad de anticiparse a una caída “en caliente” de la dictadura franquista y la esperanza en poder contar con la socialdemocracia europea para esa tarea irían favoreciendo los progresivos intentos de construir un “proto-partido” de derechas y la confianza en los réditos que podían ir sacando de su “tolerancia” con el PSOE y la UGT.
(4)En el libro (pp. 252-253) se cita una circular (septiembre de 1976) del Director General de Seguridad bastante significativa de los “nuevos tiempos”: en ella se aconseja tolerancia con el PSOE, intolerancia –con matices- con el PCE, intolerancia drástica, rabiosa, para los partidos a la izquierda del PC y estado de guerra frente a grupos terroristas. Esa clasificación no impidió, como se sabe, la represión màs indiscriminada siempre que se consideró necesaria antes y después de las elecciones de junio de 1977; no olvidemos que, como recuerda Gallego, incluso el 1 de mayo de ese año se prohibieron las manifestaciones convocadas por unos sindicatos que ya eran “tolerados”.
(5)Como José Vidal Beneyto sostiene en Memoria democrática (Madrid, FOCA, 2007, p. 124), “el 22 por ciento se pronunciaba a favor de un ‘cambio rápido y radical’. Es decir, una consistente minoría. Y los cambios, con perdón por la banalidad, los inician, conducen y acaban imponiéndolos siempre las minorías”.
(6)Op. cit., p. 123.









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