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Coalición PSOE-IU en Andalucía
Gobierno, gobierno, gobierno…
07/05/2012 | Miguel Romero

El pasado 24 de abril, una muy amplia mayoría de los militantes de IU en Andalucía aprobaron en referéndum la participación en un gobierno de coalición con mayoría y presidencia del PSOE. El secretario general Diego Valderas lo valoró así: “IU ha escrito una página democrática con letras mayúsculas. Ha dado un primer paso para un nuevo tiempo político y de democracia participativa”.
Unos días antes, el 18 de abril, IU y PSOE dieron a conocer un extenso documento, “Acuerdo por Andalucía”, considerado la base política del futuro gobierno. Según Valderas, el texto contendría “un acuerdo potente y estratégico”, para realizar “una política de izquierda de verdad" y justificaría la participación en el gobierno: "Con mando en plaza podemos garantizar mejor que se aplican de verdad las políticas de izquierda, el acuerdo programático alcanzado con los socialistas".
En fin, el futuro gobierno de coalición es presentado tanto por el PSOE como por IU como "un único Gobierno con una única organización", desmarcándose expresamente de experiencias anteriores, por ejemplo en gobiernos del PSOE con el Partido Andalucista, llamadas peyorativamente “bicéfalas”, en las que el partido minoritario ejerció una cierta autonomía respecto al mayoritario. Por el contrario, la idea ahora es un gobierno “fuerte y estable”, “global”, con “transversalidad” y “codecisión”. Siempre según Valderas, ésta sería la respuesta al “mandato de las urnas” en las elecciones autonómicas del 25 de marzo.

Esta decisión de IU, el proceso seguido para adoptarla y los argumentos que se utilizan para defenderla, plantean problemas políticos que van más allá de Andalucía y que, a mi parecer, ponen sobre la mesa cuestiones fundamentales de orientación sobre la política de la izquierda “alternativa” (a falta de mejor palabra para el espacio a la izquierda del PSOE). Éste será el tema del artículo, que dividiré en cuatro puntos: -el referéndum; -el acuerdo “programático”; -las perspectivas del gobierno de coalición; -la evaluación de esta política de IU respecto a los objetivos y tareas de de la construcción de una alternativa socio-política con el programa y la fuerza necesaria para romper con la dictadura del mercado.

1. El referéndum

"Los referendos no se convocan para perderlos", leo en el blog del secretario general del PCE, José Luis Centellas, que ha desempeñado un papel fundamental y bien visible en las negociaciones del acuerdo. La frase es un tópico del cinismo político, tan aficionado a presumir del “poderío” de los “convocantes”, contradictoria con cualquier idea genuina de la democracia participativa. Los referendos se deberían convocar para que un colectivo exprese sus opiniones todo lo fielmente posible mediante votos, con plena autonomía respecto a las opiniones de quien los convoque.

No ha sido el caso. Desde semanas antes al día de la votación, la dirección de IU fue escenificando “presiones externas” a favor de la coalición con el PSOE. La más notable tuvo lugar el día 8 de abril, en una insólita rueda de prensa conjunta de Valderas con los secretarios generales de CC OO y UGT de Andalucía. Digo “insólita” porque como es bien sabido estas direcciones no toleran lo que llaman “interferencias políticas”, es decir, cualquier opinión de organizaciones políticas, que no sea de puro acatamiento sobre la política sindical, que consideran de su exclusiva competencia. Pero a lo que se ve, no se cortan para decir a organizaciones políticas lo que tienen que hacer, incluso en temas sometidos a referéndum de sus militantes. En esta peculiar “campaña electoral”, el secretario general de la UGT, advirtió a IU de que si se quedaba fuera del gobierno sólo tendría “el derecho al pataleo”, lo cual ilustra sus ideas sobre la lucha y la movilización social, y ayuda a entender la práctica habitual de su sindicato.

Griñán echó también una mano declarando que no aceptaría un simple voto de investidura por parte de IU, algo totalmente increíble (¡a buenas horas iba a dejar el PSOE andaluz la posibilidad de continuar en el gobierno!), pero que proyectaba el fantasma de un escenario “a la extremeña” si IU no entraba en el gobierno de coalición.

Ya cerca del día de la votación, la dirección de IU no se limitó a dar a conocer su posición mayoritaria, lo cual es obviamente legítimo, sino que organizó un acto para los medios, en el que Valderas y todos los secretarios provinciales exhibieron su apoyo a la coalición. Así el referéndum adquiría el carácter no tanto de elegir una política, como de autorizar o desautorizar a la dirección.
En fin, las opciones presentadas a voto, favorecían a la posición predestinada a ganar. Así quedaron excluidas dos opciones que contaban con apoyos entre los militantes: el voto de investidura y la abstención. Probablemente, si se hubieran incluido estas opciones también habría ganado el apoyo a la coalición, pero permitiendo a todos los militantes de IU expresar sus opiniones y la realización de un debate sin exclusiones en las asambleas de base, lo cual es una condición fundamental para la participación democrática: si sólo se da a elegir entre estar o no en el gobierno, cuando se considera que hay un acuerdo programático de legislatura, el desenlace está cantado.

Aún así, Sánchez Gordillo ha hecho una acusación gravísima: “El resultado oficial es mentira. El resultado alternativo evidencia un rechazo al gobierno de coalición con unos 3.800 votos en contra”, añadiendo posteriormente que sumando los dos referendos que se celebraron, el oficial y el “alternativo”, “el no al pacto fue la opción más numerosa, con 4.400 votos”. No conozco otros datos que avalen esta afirmación, que equivaldría a considerar fraudulento el referéndum oficial y su resultado: recordemos que los votos favorables al gobierno de coalición fueron 3.725.

2. El “programa”

¿Es el “Acuerdo por Andalucía” un programa de gobierno? No lo es, si por programa de gobierno se entiende un diagnóstico de la situación, una identificación y ordenación de los problemas específicos sociales, económicos y políticos que el gobierno va a afrontar y un conjunto coherente de respuestas concretas a corto y medio plazo.

No puede haber un diagnóstico de la situación porque la fuerza mayoritaria del Acuerdo lleva treinta años gobernando en Andalucía y tiene una clara y grave responsabilidad en la situación actual. Por eso no es extraño que el Acuerdo llegue a utilizar fórmulas que quieren dar una imagen positiva de los anteriores gobiernos del PSOE (por ejemplo, “Se trata de construir un nuevo modelo productivo, tarea en la que no partimos de cero…”, una expresión cuyo único sentido razonable sería que se parte de “menos de cero”; no hay estrictamente nada en la política del gobierno Griñán, antes y después del estallido de la crisis, que tenga que ver con “un nuevo modelo productivo”. Alberto Garzón lo ha caracterizado muy bien: “El PSOE también ha renunciado a modificar el modelo productivo y se ha limitado a gestionar los réditos económicos de un modelo de crecimiento insostenible en el medio plazo pero que proporcionaba importantes beneficios en el corto plazo”).

Por la misma razón, no pueden identificarse problemas fundamentales de carácter democrático. Citando de nuevo a Garzón: “Un hecho comprobado es que el PSOE ha tenido el poder en Andalucía por decenas de años y ha institucionalizado relaciones de clientelismo, enchufismo y corrupción que no pueden ser toleradas por la izquierda”. Frente a un problema de esta gravedad, el Acuerdo se limita a proclamar buenos propósitos que no se sabe en qué pueden llegar a concretarse: “Ampliaremos los cauces de participación ciudadana en la elaboración de los Presupuestos de la CC AA. Implantaremos en las administraciones andaluzas Planes de evaluación participativa de las políticas públicas”. Nada de esto constituye una respuesta, por poner un ejemplo notorio, al fraude de los ERE -cuyo proceso judicial continuará pesando sobre las cabezas del PSOE andaluz en los próximos meses, por más que se forme, a estas alturas, una comisión parlamentaria de investigación- y someterá a prueba la “codecisión” del nuevo gobierno

En realidad, el contenido del Acuerdo se resume básicamente en declaraciones de intención y la sustitución de medidas concretas por comisiones y grupos de trabajo (“Crearemos un Grupo de Trabajo para analizar la legislación autonómica e internacional en materia de renta básica de ciudadanía al objeto de fijar el alcance y las condiciones de una Ley que regule el desarrollo progresivo de dicho derecho estatutario”; “En Andalucía es necesario reforzar las estructuras institucionales que garanticen la ejecución de políticas activas destinadas a erradicar definitivamente el patriarcado y todas las formas y manifestaciones de sexismo”; “Se procederá a la creación de una Comisión Parlamentaria para el seguimiento de la crisis y la creación de empleo”, una medida administrativa que no puede tener ningún impacto significativo en un desempleo catastrófico (35,04% el más alto de la España peninsular) y que además figura entre las “Respuestas inmediatas para las demandas mas urgentes” (!).

Cuando en el Acuerdo, por excepción, se plantean compromisos concretos, o son leyes que habrá que ver cuándo y cómo afectan a la vida de la gente o simplemente ratifican decisiones del gobierno anterior, que pueden ser tan exóticos en la crítica situación actual como éste: “Fomentaremos la figura de Campus de Excelencia Internacional como estrategia de agregación de capacidades establecidas en Andalucía para aumentar el reconocimiento y presencia internacional; garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía en materia de Campus de Excelencia Internacional”.

El párrafo que mejor define la falta de contenido concreto del Acuerdo es el que afirma: “La reordenación del presupuesto del 2012 contemplará la dotación presupuestaria suficiente para priorizar e impulsar este paquete de medidas” (se refiere a las consideradas “urgentes”, aunque carecen del contenido práctico y los efectos inmediatos que se atribuyen normalmente a este concepto). Pero se sabe ya que habrá un recorte de, al menos, 2.700 millones de euros respecto al proyecto presentado por el gobierno Griñán antes de las elecciones, y por otra parte, el Acuerdo acata formalmente lo que llama “un marco presupuestario de corresponsabilidad con el conjunto del país”, es decir el tope de déficit del 1,5% establecido por el gobierno central. En estas condiciones, ¿qué puede significar “dotación presupuestaria suficiente”? No es extraño que Centellas reconozca las “limitaciones” que tendrá la Junta de Andalucía “para crear empleo”. No serán las únicas limitaciones.

En cambio, el Acuerdo incluye formulaciones enfáticas que simplemente no se pueden tomar en serio. Por ejemplo: “Un modelo productivo y económico comprometido con la cohesión social y la igualdad de género que desarrolle una planificación pública y democrática de la economía (sic!) para convertir la creación de empleo de calidad en la prioridad principal del gobierno”. El papel lo soporta todo.


3. La “gobernanza”

¿Qué puede esperarse del gobierno andaluz PSOE-IU? Como hemos visto, el Acuerdo da muy pocas indicaciones sobre cuáles son las razones de la coalición y cuál será su práctica. Para intentar hacerse una idea de la “gobernanza” PSOE-IU hay que moverse en el terreno de las hipótesis, aunque hemos conocido algunas pistas en el debate de investidura.
Con un recorte presupuestario muy importante respecto a un proyecto de presupuesto que ya se presentaba como “austero” en gastos y con la partida de ingresos “inflada” según la valoración del PP y de IU; un paro desbocado; servicios públicos precarizados, especialmente en la enseñanza y la sanidad, que serán víctimas principales de los recortes estatales y autonómicos… las posibilidades de tomar medidas que mejoren significativamente, y pronto, la vida de la gente serán mínimas y difíciles de sostener en el tiempo (no olvidemos que si se mantuviera el objetivo del 3% de déficit presupuestario para 2013, los nuevos recortes serían mas brutales aún que los que estamos padeciendo). Más aún, habrá decisiones, como los despidos de contratados e interinos en la administración (un sector ampliamente mayoritario en la sanidad y la educación pública andaluzas), que generarán conflictos, cualquiera que sea la justificación que se les dé. En fin, los argumentos de la “herencia recibida” no van a funcionar en Andalucía porque en este caso, el “testador” coincide con el “heredero”, así que la justificación sobre lo que “se querría pero no se puede hacer”, sólo podrá señalar como responsable al gobierno Rajoy.

Por aquí van los indicios que hemos conocido en el debate de investidura: el “imperativo legal” como justificación de lo que no se puede hacer; “medidas de choque” contra el paro (200 millones de euros de inversión pública) de impacto reducido y poco duradero, que además se distribuirá inevitablemente de una forma muy desigual en la enorme población sin empleo; llamamientos a la “rebeldía” y a la “resistencia” frente al gobierno central, que suenan muy bien, pero se concretan muy mal. Hay que destacar en este aspecto que Valderas, después de declarar que: “Hay que declararnos en rebeldía ante la reforma laboral. No podemos aplicarla llegado el momento a los empleados laborales”, concrete esa “rebeldía” en que en los despidos de empleados públicos laborales, la norma que se aplique sea la anterior reforma laboral, o sea 33 días de indemnización, en vez de 20. Llamar “rebeldía” a éste muy limitado alivio en uno de los estragos de la reforma laboral es verdaderamente impresentable.

Es cierto que las competencias estatutarias pueden permitir cierto grado de autonomía frente a algunas de las medidas más sangrantes del gobierno central: por ejemplo, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes “sin papeles”. Hay que esperar, y exigir, que el gobierno andaluz utilice esos márgenes, y será positivo que lo haga, pero no afectará a lo fundamental de la “reforma” de la sanidad pública. Puede decirse lo mismo del compromiso anunciado de que no habrá privatizaciones en los servicios públicos; está muy bien, pero éstos se seguirán deteriorando porque eso no evitará los duros recortes que vienen, eso sí, “por imperativo legal”. Medidas como éstas quedan muy lejos de lo que llama Valderas “una política de izquierda de verdad".

En estas condiciones, ¿en qué puede basarse la gobernanza de la coalición? Hay sin duda factores nada despreciables en su favor.
En primer lugar, que así no gobierna Arenas. Una mayoría electoral, aunque relativamente reducida, expresó su rechazo a un amenazante gobierno del PP. Encontrarán cada viernes en el rosario de “reformas” de Rajoy razones suplementarias para este rechazo. Haga lo que haga el gobierno Griñan-Valderas, pensarán que sería peor con Arenas.
En segundo lugar, que pese a las movilizaciones de las pasadas semanas, las expectativas sociales de conseguir no ya mejoras, sino simplemente frenar la política del gobierno Rajoy por medio de la lucha son muy reducidas. Por ello puede entenderse que un amplia parte del “pueblo de izquierdas” dé, en principio, un margen de confianza a lo que podría obtenerse por medios institucionales. Probablemente, lo que contará en este aspecto es aquello que mejore las condiciones de vida de la gente. Está por ver, y es muy dudoso, el impacto social de la batalla de recursos contra la política del gobierno central ante el Tribunal Constitucional. Harán mucho ruido mediático y parlamentario, pero no irán más allá de la “política espectáculo”, salvo que los conflictos sean asumidos por movilizaciones sociales significativas. Entonces sí podría hablarse con fundamento de “resistencia” y de “rebelión”, pero no es creíble que los “socialistas”, acompañados por IU gracias al compromiso de “codecisión”, vayan un milímetro más allá del procedimiento institucional. Procedimiento por cierto completamente inútil, conociendo la composición y los ritmos de trabajo del Tribunal Constitucional.
En tercer lugar, y esto es lo que me parece más importante, el gobierno Griñán-Valderas cuenta con que no tendrá oposición significativa por la izquierda. Si ésta existiera, no habría habido acuerdo. Si llega a existir, el acuerdo se romperá. Pero todo indica que será muy difícil crearla frente a un gobierno decidido a ser “homogéneo”, apoyado por CC OO y UGT, y por instituciones locales y organizaciones sociales afines, y que utilizará ante cualquier crítica por la izquierda el argumento tradicional de que “le hace el juego a la derecha.”

Se entiende bien que el PSOE considere favorable este marco. Griñán proclamó la noche misma de las elecciones que su objetivo era un “gobierno estable”. Esta estabilidad exigía, en primer lugar, desactivar a la única oposición de izquierda política con influencia social, que además estaba creciendo electoralmente a su costa; tanto hacia el pasado como hacia el futuro inmediato, la coalición establece una complicidad que beneficia a la organización mayoritaria, que además en este caso necesitaba imperativamente blanquear sus responsabilidades en etapas anteriores, y pasar página. Notemos que el PSOE no ha tenido que rectificar nada para llegar al acuerdo con IU, mientras que IU ha tenido que abandonar el discurso crítico hacia el anterior gobierno Griñán, crítica que fue un elemento central de su campaña electoral.
Por otra parte, el éxito en Andalucía fuerza el peso del PSOE andaluz, y de Griñán, en la organización estatal (según Griñán, el PSOE andaluz es “todo el referente institucional” de los socialistas de España por lo que tienen un plus de “responsabilidad”), bajo un liderazgo tan débil como el de Rubalcaba, que por cierto, no ha dudado lógicamente en apoyar los pactos con IU en Andalucía y en Asturias, indicando, como de pasada, que son también la solución “más razonable” para el “conjunto de España”, una frase que no hay que olvidar ante escenarios futuros.
También, el acuerdo con IU puede serle útil a Griñán para intentar recuperar el control de su propia organización, que lleva ya muchos años en guerras de banderías y en escándalos de diverso pelaje.

Pero, ¿cuáles pueden haber sido las razones y los intereses que han llevado a la dirección de IU a comprometerse en el gobierno de coalición, qué beneficios espera obtener de ella?

4. ¿La alternativa?

En la campaña electoral de las elecciones generales del 20-N de 2011, Izquierda Unida tuvo un perfil claramente a la izquierda del tradicional, basado en una crítica radical al social-liberalismo y en afirmar su identificación con los movimientos sociales, particularmente, el 15M. El buen resultado obtenido pareció confirmar este giro: IU se presentó como la única alternativa de izquierda frente a la crisis capitalista, dispuesta a disputarle la hegemonía al PSOE. Así se fortaleció la homogeneidad de la organización y los sectores y militantes que mantenían posiciones críticas quedaron integrados o marginados. El giro no produjo ningún conflicto político visible en el aparato, lo cual era razón suficiente para dudar de su entidad, pero esas dudas sólo se expresaron fuera de la organización y no tuvieron eco en ella. Ahora ha bastado que un éxito electoral permitiera participar en un gobierno para que se haya pasado en un suspiro de la disputa de la hegemonía a la colaboración gubernamental. En un texto colectivo publicado inmediatamente después de las elecciones andaluzas y firmado por militantes de IU de larga trayectoria (Monereo, Montes, Toledano, Nieto y López Arnal; “Una oportunidad para construir una izquierda para la alternativa”; está en Rebelión) se afirma: “(…) las palabras en IU se desgastan rápidamente. Términos como reconstrucción o refundación poco o nada dicen”. Tampoco “hegemonía” parece decir nada. Lo que sí tiene significado son las declaraciones que se han difundido durante la negociación del acuerdo: “Es mejor dirigir y no plantear políticas de cambio”; “Cambiar el sistema se hace desde el gobierno”, “Con mando en plaza podemos garantizar mejor que se apliquen de verdad políticas de izquierda”…

Seamos serios. Aquí y ahora, en este gobierno y en este país: ¿”dirigir”?, ¿”cambiar el sistema”?, ¿”garantizar”?, ¿con qué “mando”?, ¿en qué “plaza”? Nada de esto resistirá a la prueba de la práctica, más pronto que tarde. En realidad, ya. El 4 de marzo, 500 jornaleros y jornaleras en paro ocuparon la finca de Somontes, en el término municipal de Palma del Río (Córdoba). El 26 de abril, mientras se estaba terminando de cocinar la coalición, el gobierno Griñán en funciones decidió desalojarla por medio de la Guardia Civil, que actuó “brutalmente”, según un comunicado del Sindicato Andaluz de Trabajadores(as) (SAT), que declaró también: “El SAT lamenta que la Junta de Andalucía haya optado por la vía de la represión en vez de explorar un camino de dialogo que hubiera llevado a resolver el problema del desempleo en una de las comarcas más castigadas por este drama”. IU no hizo ni el menor gesto de solidaridad hacia los jornaleros. Hay silencios que valen por un programa.

No encuentro otra interpretación a la entrada de IU en el gobierno andaluz que considerarla la plasmación de un principio ideológico, a saber: siempre que la aritmética parlamentaria lo permita, hay que intentar entrar en un “gobierno de progreso”, es decir, de dirección socialista. Ésta no es una política de “programa, programa, programa”, sino de “gobierno, gobierno, gobierno”. El poder que se busca es el que proporciona la gestión de recursos institucionales del sistema, no el que se basa en la potencia de la organización y la movilización social.

No responde a este conflicto la conocida fórmula del “partido de lucha y de gobierno”, una criatura mitológica que nunca ha tenido existencia real, ni aquí, ni en parte alguna, cuando “gobierno” significa gestionar el sistema. El gobierno andaluz no va a hacer, ni va a representar una “alternativa de izquierdas” frente a la crisis capitalista. Va a hacer una gestión de la crisis, aplicando algunos cuidados paliativos, con muy escasos recursos propios, pendiente de que les llegue una ración de hispanobonos o alguno de los proyectos de inversión en infraestructuras (para privatizarlas a continuación) que se dispone a financiar el Banco Europeo de Inversiones o los milagros de “crecimiento” que se atribuyen a Hollande. Esta gestión es incompatible con el desarrollo de la resistencia social; por el contrario necesita desactivarla en todo lo que se refiera a la crítica a decisiones del gobierno.

En el texto colectivo que he citado anteriormente se dice: “(…) sin una ciudadanía activa y crítica, IU no tendría sentido porque no seria posible la transformación social, seria percibida como una fuerza como las demás. No se puede hacer una campaña denunciando (con razón) que el PSOE ha hecho políticas de derechas y que tiene un grave problema de corrupción y disponerse a gobernar con él en nombre del realismo. Romper las relaciones entre la política y la ética colectiva no solo no van a resolver los graves problemas de la Comunidad sino que ahondaran la separación entre los ciudadanos y las instituciones y harán inviable un giro la izquierda”.

Así es. La dirección de IU de Andalucía ha decidido ser “una fuerza como las demás”. Que esta orientación se consolide o no depende, en primer lugar, de sus militantes. Una alternativa de izquierda en Andalucía se construirá no a las órdenes, sino en conflicto con el gobierno Griñán-Valderas

Miguel Romero es editor de VIENTO SUR




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