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Tribuna viento sur
Libertad provisional para los cinco violadores
25/06/2018 | Begoña Zabala

Los rumores corrieron el viernes al mediodía y nadie, en las calles de lo viejo de Iruñea, quería creer en su confirmación. Nadie podía creer que después de la sentencia, en la que las violaciones se consideran abusos sexuales sin consentimiento, en lugar de agresiones sexuales, todavía quedase un punto más de injusticia en este caso de la violación múltiple.

Queda constatado en la sentencia: una chica joven de 18 años, madrileña, es llevada a un portal en el centro de Iruñea, el día 7 de julio de madrugada, por cinco chicos sevillanos, en pleno ambiente festivo y de jolgorio. Y allí es violada repetidamente por todos ellos: hasta once penetraciones anales, bucales y vaginales. Todo esto pasa en 18 minutos. En este rato, les da tiempo a los agresores a grabar lo que están haciendo, pues también tienen la intención de extenderlo por las redes. Le roban el móvil a la agredida para que no pueda contactar con nadie. Y escapan a la carrera, a seguir divirtiéndose, mientras la agredida, semi-desnuda, queda en situación de shock en el portal. Minutos más tarde es socorrida por una pareja, que avisa a la Policía y es atendida en un centro médico de forma inmediata.

La sentencia que se conoció el día 26 de abril pasado, transcurridos cinco meses desde la vista oral, absuelve a los acusados de los delitos de agresión sexual, de secuestro o retención contra la voluntad de la chica, de robo de móvil, y de grabación y difusión de imágenes que violan la intimidad de la misma. Son condenados a 9 años de cárcel por el único delito de abusos sexuales realizados con prevalimiento de los autores. Se declara que no hay consentimiento por parte de la chica agredida –aunque hay un voto particular que entiende que fueron relaciones queridas por ella-, pero tampoco hay violencia o intimidación.

La rapidez y la eficacia de la actuación de los servicios de asistencia fue absolutamente ejemplar. Enseguida son detenidos los hoy condenados, requisados sus móviles y las filmaciones y son encarcelados de forma incondicional. No se concede la libertad provisional debido a la alarma social que se ha creado y a la posibilidad de que eludan la actuación de la justicia pues algunos de ellos están inmersos en otros procedimientos penales del mismo tipo de agresiones sexuales.

A la vez la contestación del movimiento feminista, no sólo de aquí, sino de todo el Estado, se expresa de forma contundente y radical y la frase del “Yo si te creo. Nosotras te creemos”, marca un nuevo hito en la solidaridad y la reivindicación feminista.

Animados por la suavidad de la sentencia y observando las arbitrariedades de los tribunales, y en este caso en concreto la división de opiniones entre sus miembros, que favorece a sus clientes, los abogados no tardan en solicitar la libertad provisional de sus clientes condenados. Observan también que las manifestaciones realizadas por las diversas instancias del poder judicial, en forma de defensa corporativa de sus miembros, arremeten de forma inusual contra las partes que ejercen la acusación –en este caso Ayuntamiento de Iruñea y Gobierno de Navarra- por disentir de la sentencia. También se sienten apoyados por las declaraciones vertidas contra las feministas, a las que tachan de ejercer una actividad radical enfervorizada y violenta, por atreverse a criticar una sentencia, que es un ejemplo de incongruencia machista, y a movilizarse masivamente en contra de ella.

En este ambiente propicio para los despropósitos y viendo que están cerca los Sanfermines y ya se están preparando las campañas preventivas frente a las agresiones sexuales en las fiestas, se produce, después de cuatro intensos días de espera, el auto de concesión de libertad provisional. Otra vez los jueces en discordia: uno de ellos alerta del peligro que existe de huida y de la ineficacia que ofrecen las escasas medidas cautelares adoptadas.

La reacción ya se está viendo: una vez más el movimiento feminista, respaldado y secundado por miles y miles de personas, moviliza de forma inmediata y radical para mostrar su repulsa a las decisiones judiciales y su solidaridad con la mujer agredida.

Ya se han hecho las valoraciones del juicio, de la repercusión, y a veces manipulación, mediática, de la sentencia y del auto. La conclusión es que no existe un procedimiento judicial ni una justicia para las mujeres que son agredidas. No es cuestión de un articulito mal redactado, ni de un juez relativamente loco o incapaz. Tampoco es cuestión de que ahora todas nos pongamos a ejercer acciones populares y acusaciones particulares. Es un tema más central de este sistema policial judicial que nos gobierna. El Estado español no dispone de un poder judicial que garantice de forma eficaz la protección de los derechos que no son respetados ni el amparo a las mujeres que sufren estas violaciones.

Ahora quiero comentar dos casos muy cercanos que dan pistas relevantes para analizar lo que ocurre.

En los Sanfermines de 2015 (otras vez Sanfermines y las agresiones), a la hora de hacer el balance de las fiestas y las agresiones, recogí en un artículo uno de los casos ocurridos. De forma literal transcribo:

“… frases de un escrito enviado a la prensa por Patricia Flint, turista estadounidense, víctima de una agresión sexual en estas pasadas fiestas de Sanfermines, en Iruñea, el día 13 de julio, a las 8,30 de la mañana en la Calle Estafeta:

“… necesito deciros que una agresión sexual es una situación muy violenta. Son momentos de pánico en los que no sabes qué está sucediendo ni por qué está sucediendo. Todo se vuelve oscuro. El miedo te paraliza. Un sabor agrio se apodera de ti. Los segundos son horas. Cuando las vives y cuando las recuerdas, porque una agresión sexual es muy dura de vivir, muy dura de contar y muy dura de recordar (…) Después de declarar la agresión sexual en comisaría, separada de mi pareja,… tuve que enfrentarme a unas calles atestadas de hombres que me decían cosas, y que ya sabía qué podía esperar, pues previo a la agresión también tuve que soportar que me levantaran la falda y escuchar obscenidades. Regresé a la pensión donde permanecí 48 horas sola. No salí ni siquiera para comer. Me daba terror pisar la calle.

Lo anterior es parte de la carta que ha enviado a la prensa la chica agredida en la calle Estafeta en las fiestas de Sanfermines. Si hemos tenido noticia de esta agresión, en parte, se ha debido a que su compañero, que había corrido en el encierro ese día, al ir a buscarla, la encontró justo en el momento en que estaba siendo agredida sexualmente por un hombre, en estado de ebriedad importante. Al ver a su novia en esta situación, le propinó un puñetazo tal al agresor que, éste perdió el equilibrio y cayó al suelo golpeándose fuertemente en la cabeza. De ahí lo llevaron a Urgencias y actualmente está ingresado en la UCI. La policía detuvo al novio de la agredida y ésta fue a comisaría a denunciar la agresión. Luego esperó a que pusiesen en libertad a su compañero y finalmente, tras pagar una fianza de 12.000 euros, el agresor ha sido autorizado a salir del Estado.”

En este caso que lo seguimos por los medios de comunicación, el final es igual de desolador que el de la violación múltiple para la protección de las víctimas de las agresiones.

Aquí el denunciado y el detenido en primer lugar es la pareja de la víctima, que intervino rápidamente para detener la agresión, cosa que consiguió a base de propinarle un golpe. Si no llega a intervenir y dado el estado en el que se encontraba la mujer de paralización y angustia total, es más que probable que la agresión sexual se hubiese extendido en el tiempo y en la gravedad hasta límites bastante más amplios y con consecuencias bastante más graves.

El agresor, como consecuencia del golpe y probablemente debido a su nulo nivel de equilibrio por el estado de ebriedad, cayó al suelo golpeándose en la cabeza, lo que le produjo una lesión importante. Es por esto por lo que se tiene noticia del caso, pues la primera versión es la detención de un extranjero por propinar un golpe a un pamplonés. La mujer agredida ni siquiera es atendida en urgencias o en algún centro de ayuda a víctimas.

La sentencia condena a ambos varones. El agresor sexual dice no acordarse de nada, pues estaba borracho: abuso sexual nueve meses y una pequeña indemnización monetaria a la mujer. Se le aplica atenuante de embriaguez. La pareja que ha defendido a la víctima es condenado por agresión física al agresor. Y de paso, debe pagar todos los gastos del hospital, pues el agresor estuvo ingresado en la UCI, y a una indemnización por secuelas.

Este es el tratamiento habitual en los juzgados en los casos de agresión sexual: mayoritariamente calificados de abusos; los agresores no se acuerdan nunca de nada que los pueda inculpar pues están normalmente bajo los efectos de bebidas alcohólicas u otras sustancias u otros arrebatos, que se consideran atenuantes cuando no eximentes; la mujer agredida paralizada por la agresión, si bien no ha consentido, tampoco se ha opuesto o ha sido violentada o intimidada. Y que a nadie se le ocurra ayudarla o socorrerla, pues enseguida se aplica esto de la respuesta desmedida de la agresión física ante la escasa o nula peligrosidad del agresor sexual.

El otro caso no es sanferminero. Simplemente es de la Audiencia Nacional –donde ejercieron malamente el actual Ministro de Interior y la actual Ministra de Justicia, pues solo malamente se puede actuar en ese ámbito de jurisdicción especial- y es, evidentemente, el caso de la pelea de Altsasu. Ahora mismo, en la misma situación procedimental de sentencia no firme que los violadores, con condenas de 2, 9, 10, 12 y 13 años, siete de ellos, de ocho, están en la cárcel por denegación de la libertad provisional, aunque están pendientes de resolución de recurso. Más grave todavía si cabe: estaban en libertad provisional –a excepción de tres- con acusaciones de terrorismo y les solicitaban penas de cárcel absolutamente desproporcionadas y salvajes (la mayoría de hasta 50 años y alguna de 62) y tras la sentencia que deniega la calificación de terrorismo, -aunque en lo relativo al relato y a las penas es auténticamente terrorista ella-, y rebaja los años de cárcel de forma relevante, son todos encarcelados con celeridad. Otra vuelta de tuerca a la injusticia judicial: los tres que han permanecido en prisión, lo han hecho bajo el régimen de presos con calificación de terrorismo, por lo que las condiciones carcelarias han tenido un plus de agresión, gravedad, inclemencia y maltrato, por una calificación que ahora el tribunal ha hecho decaer. Y como siempre se añade un plus de violencia institucional en el mundo simbólico injustificable y que califica, para mal, al reciente Ministro del Interior: A los días de tomar posesión del cargo –sin haber tenido tiempo de responder a las acusaciones de mirar para otro lado ante tantos casos de tortura que han pasado por delante de su cuerpo togado denunciadas y recriminadas por el tribunal Europeo- recibe a las asociaciones de víctimas del terrorismo (de lo que ellos denominan terrorismo) para animarles a seguir en su lucha y ofrecerse para todo tipo de apoyos y parabienes por su parte y la del Ministerio. Ahí esta la asociación COVITE, quien ha ejercido la acusación particular en el caso Altsasu y cuyas tesis, más cercanas a las del fascismo judicial que a la justicia, son las que ha asumido la Audiencia Nacional en su totalidad.

Así que, casi sin palabras, todavía nos queda voz para articular nuestro grito: ¡Yo si te creo!,¡Gora Borroka Feminista! ¡Esta justicia es una mierda!

Begoña Zabala forma parte del Consejo Asesor de viento sur





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