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Tribuna viento sur
Del 1-O al gobierno Torra: balance y perspectivas
17/06/2018 | Marti Caussa

Artículo original en catalán

El gobierno Torra tomó posesión el 2 de junio, cinco meses después de la victoria electoral del independentismo del 21 de diciembre, y con ello terminaba la aplicación del artículo 155 en Cataluña. El día antes Pedro Sánchez se había convertido en el nuevo presidente español tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy y el 7 de junio tomaba posesión su gobierno. Una vez establecido el nuevo panorama institucional parece conveniente hacer un balance de los acontecimientos que han tenido lugar después del referéndum del 1 de octubre e intentar trazar algunas perspectivas.

Los partidos independentistas no han restituido al presidente Puigdemont ni a ninguno de sus consejeros. El gobierno Torra tampoco ha iniciado ningún proceso para implementar la República proclamada el 27 de octubre y no ha hecho ninguna mención a las leyes de transitoriedad aprobadas el pasado septiembre. Hay un consenso bastante amplio en considerar que se trata de un gobierno limitado al marco autonómico. El artículo 155 se ha retirado formalmente, tal como estaba establecido, pero a estas alturas la intervención económica de la Generalitat sigue siendo mayor que la de las otras comunidades autónomas que dependen del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Y, lo que es más importante, sigue habiendo exiliados y presos políticos en centros penitenciarios alejados de Cataluña. Probablemente se constituirá el Consejo de la República en el extranjero y Puigdemont será el presidente, pero este organismo difícilmente tendrá un papel más allá de lo simbólico y de impulsar la internacionalización del conflicto catalán. Este resultado era previsible desde hace meses, pero sectores importantes del independentismo se negaban a aceptarlo porque equivalía a admitir que la proclamación simbólica de la República el 27 de octubre, seguida de la aplicación del artículo 155 y del abandono de las instituciones, había sido una derrota importante y que, como consecuencia, la relación de fuerzas con el Estado había cambiado cualitativamente desde el referéndum.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez es sin duda preferible al de Mariano Rajoy, hundido en la corrupción; en particular, porque se trata de un gobierno débil (84 escaños) que deberá buscar acuerdos con las fuerzas que le han apoyado. Pero tendrá poco margen de maniobra y, sobre todo, poca voluntad política para afrontar los problemas de fondo en el terreno económico, el social o en la solución del conflicto con Cataluña. Si alguien tiene alguna duda sobre este último punto puede revisar los cinco acuerdos entre Rajoy y Sánchez después de la elección de Torra como presidente.

Las organizaciones civiles del independentismo y el soberanismo (ANC, Òmnium, CDR, ...) siguen movilizadas para exigir la libertad de los presos, el regreso de los exiliados y el fin de la persecución judicial contra los activistas del 1 de octubre. Un número creciente de sus integrantes constata el fracaso de la vieja estrategia, pero no hay claridad sobre las causas de este fracaso y, lo que es más importante, no hay una estrategia alternativa. La reivindicación del presidente y del gobierno legítimos han perdido sentido cuando Puigdemont, sus consejeros y las formaciones políticas a las que pertenecen han dado el aval a Torra y a su gobierno. La exigencia de que el gobierno implementara la República a corto plazo activando las leyes de transitoriedad, no sólo no ha encontrado eco dentro de los partidos independentistas mayoritarios, sino que ninguno de sus defensores ha conseguido razonar su viabilidad.

Es urgente que el movimiento soberanista se dote de una nueva estrategia, pero difícilmente lo hará si no aborda seriamente el balance de la anterior. Las reflexiones que siguen quieren contribuir a animar este debate.

¿Qué falló?

La estrategia proclamada por el gobierno y por las direcciones del movimiento independentista se puede resumir así: hacer el referéndum sí o sí, ganarlo, ofrecer diálogo al gobierno español para implementar su resultado y, si no era aceptado, proclamar la República catalana confiando en el apoyo internacional.

● Un primer problema es que nunca se clarificó qué significaba ganar el referéndum. El profesor Jordi Muñoz había advertido de este problema el mes de agosto de 2017 y había propuesto una salida:

"¿Qué pasaría si, por poner un escenario un poco más realista, participara en el 1-O un 40% del electorado y el sí obtuviera un 80% del voto? Los independentistas, tal vez, estarían convencidos de haber ganado y de tener toda la legitimidad democrática. Pero, muy probablemente, en un escenario así poca gente fuera del independentismo reconocería la victoria y sería, de facto, políticamente impracticable. Nos encontraríamos de nuevo empantanados en una situación de difícil digestión política, como la del otoño de 2015 [tras las elecciones ’plebiscitarias’].

En cambio, con un umbral de participación del 50%, si la independencia gana será mucho más difícil cuestionar la legitimidad democrática del resultado, y por tanto la materialización del resultado puede ser más fácil. ¿Y si el referéndum no alcanza el quórum de participación? En este caso, la independencia habrá perdido pero el independentismo habrá obtenido una gran victoria política: el pueblo catalán deberá ejercido su derecho a la autodeterminación. Y esto, probablemente, supondrá una sacudida tan fuerte para la estructura constitucional y de poder del Estado español que nada volverá a ser como antes ".

El resultado del 1-O, a pesar de la represión del Estado, fue magnífico: 43% de participación y 89% de votos a favor del sí. Pero la independencia seguía siendo políticamente impracticable. Y, si no se había dicho antes, era mejor decirlo después. Se podían hacer muchas cosas con la gran victoria del 1-O, pero no proclamar la independencia.

● Una pregunta necesaria es: ¿por qué no se llegó al 50%? El reto estaba claro desde la consulta del 9-N de 2014 en la que participaron 2,3 millones de personas. En diciembre del mismo año Josep Lluís Card-Rovira lo planteaba así: "Deberíamos aspirar a sumar y convencer al 20% del cuerpo electoral que es perfectamente convencible, que nunca en la vida se ha definido como independentista, ni se ha imaginado que un día lo podría ser, pero que no es hostil y entiende que estamos en una encrucijada y que hay que decidir hacia dónde vamos ". También identificaba dos sectores clave: "Pienso en los sectores sociales procedentes de las diferentes oleadas migratorias, los cuales deben creerse que son parte del país, que no serán ciudadanos de segunda categoría y que, en una Cataluña libre, podrán tener más calidad de vida y más igualdad de oportunidades que ahora. Y que, para ser catalán, no deben renunciar a ser lo que ya eran antes de llegar aquí ellos o los suyos... y en la gente progresista que duda sobre el futuro modelo de sociedad catalana, totalmente para hacer y que está en nuestras manos sólo ". El gobierno de Cataluña, tanto con la presidencia de Mas como con la de Puigdemont, ha hecho muy poco para convencer a estos sectores. Una política económica neoliberal y el incumplimiento de la promesa de iniciar la fase participativa del proceso constituyente han sido unos obstáculos muy importantes para atraer estos sectores sociales; las leyes recurridas por el gobierno del PP y suspendidas por el Tribunal Constitucional eran medidas positivas pero totalmente insuficientes. La orientación de la dirección de la ANC de centrarse en la independencia sin abrir la discusión sobre su contenido ha sido también inadecuada.

● ¿Hubiera sido suficiente superar el 50% de participación para que el Estado aceptara la independencia de Cataluña? Seguramente no, porque no era nada probable que el Estado hubiera renunciado a la represión, como quedó claro después del discurso del rey del 3 de octubre, ni que los Estados europeos hubieran apoyado a Cataluña.

Lo que está claro es que el govern pensó erróneamente que el resultado del 1-O podía ser suficiente para forzar la negociación del Estado o el reconocimiento de algunos estados europeos. La frase más lapidaria contra su táctica la pronunció la exconsellera Clara Ponsatí : "Estábamos jugando al póquer e íbamos de farol".

Puigdemont también se ha mostrado autocrítico por haber confiado en las promesas del Estado y cree que se equivocó al no implementar la República el 10 de octubre, pero no ha aclarado nunca como pensaba que se la podría defender.

● ¿Qué se podía hacer realmente al día siguiente del 1 de octubre, teniendo en cuenta lo que sabemos sobre la reacción del Estado? Benet Salellas , ex diputado de la CUP, plantea una discusión interesante:

"De la forma en que llegamos al 1-O y después de la celebración del referéndum había dos caminos más o menos plausibles en consonancia con la posición enrocada del Estado español 1) abrir la vía insurgente mediante la movilización popular que pudiera ir construyendo un contrapoder popular ante la inminente anulación de las instituciones catalanas o 2) hacer una declaración simbólica de independencia y esperar que tuviera algún efecto remoto en términos de negociación. Ya sabemos cuál es la vía por la cual optó el gobierno Puigdemont, que fue criticada sólo ’sotto voce’ por la CUP-CC ante la incapacidad de construir en ese momento una vía alternativa. Algunas voces han sugerido que deberíamos haber actuado en una dinámica similar a los bolcheviques de 1917 pero pienso, en este sentido, que a pesar de nuestros propios deseos, que a veces nos generan algunos espejismos, el resultado electoral del 21-D con mayoría independentista pero con sólo un 4,46% apoyando la CU P-CC (frente a un 21,38% de ERC y un 21,66% de JxCat) evidencia que el grueso del independentismo no se mostraba cómodo en el marco de confrontación que nosotros planteábamos y que habría ido vinculado a la opción insurgente. La opción de la declaración simbólica ya sabemos qué efecto ha tenido ...

En todo caso, es claro que en estas condiciones no era posible mantener el embate. Pero insisto, no por las condiciones generadas el propio 1-O y las semanas posteriores, que eran óptimas, sino por las condiciones con las que el gobierno de Junts pel Sí nos lleva al día D ".

Para contextualizar bien la discusión deberíamos eliminar las comparaciones con los bolcheviques y 1917. En aquel momento se trataba de una insurrección armada para hacer una revolución social. El 1 de octubre había un movimiento pacífico de masas dispuesto a realizar un referéndum (una actividad democrática) con el objetivo de impulsar un cambio exclusivamente político: la proclamación de la República catalana. En este contexto, a pesar de todos los errores anteriores, ¡era posible todavía hacer una política diferente después del 1-O? En su momento, el 13 de octubre, defendí que sí , pero ahora creo que se debe concretar y matizar más:

- los errores anteriores al 1-O, tanto de Junts pel Sí como de las direcciones del movimiento independentista mayoritario (ANC y Òmnium), influyeron muy negativamente, tal como dice Salellas.

- se tenía que haber dicho claramente, desde el 2 de octubre, que los resultados del referéndum no permitían proclamar la República catalana.

- pero se debían proponer objetivos para intentar aglutinar y mantener movilizado el nuevo sujeto político que se había ido construyendo desde el 20 de septiembre, que ya no estaba formado sólo por independentistas. Y aquí la convocatoria del Foro Social Constituyente y la apertura de la fase participativa del proceso constituyente popular para definir los rasgos fundamentales de la República podía haber jugado un papel clave.

- ante cualquier intento represivo del Estado, ya fuera el artículo 155 u otro, se debía convocar una movilización de país que combinara la defensa de las instituciones con los métodos del 1-O, con una huelga general como el 3-O y con el bloqueo de infraestructuras como el 8-N.

- todo el proceso tenía que seguir con formas de acción pacíficas y no violentas. Manteniendo la disposición a negociar con el Estado. Y buscando activamente la solidaridad de los pueblos del Estado español y de Europa en nombre de la democracia, del derecho a decidir y de avanzar en la ruptura constituyente con el régimen monárquico.

- es imposible tener garantías de que una vía alternativa como ésta hubiera triunfado y había que contemplar la posibilidad de que también hubiera sido derrotada. Pero una derrota con combate hubiera tenido consecuencias menos negativas que la derrota sin combate del 27 de octubre.

El problema fundamental ha sido que la dirección del independentismo hegemónico nunca ha tenido como estrategia dar el protagonismo a la movilización popular, porque esto hubiera exigido combinar la reivindicación nacional, con la democracia y la satisfacción de las necesidades sociales. Al contrario, siempre ha propuesto que la movilización popular se limitara a reclamara una independencia sin concretar su contenido; así resultaba más fácil usarla como elemento de presión para una negociación política con el Estado que dejara intacta la desigualdad social. Son dos opciones estratégicas que se han expresado en muchos procesos de independencia; por ejemplo en la unificación italiana, donde la vía Gattopardo, representada por Cavour y el rey Víctor Manuel, se contraponía a la vía popular representada por Garibaldi.

La situación actual es el resultado del fracaso de la estrategia mayoritaria del independentismo catalán . A partir del 3-O se fue perdiendo relación de fuerzas porque se truncó la movilización popular por falta de objetivos y todo quedó en manos de Puigdemont y su gobierno. La proclamación de la República del 10 de octubre y la suspensión de sus efectos fue un jarro de agua fría. Los rumores de convocatoria de elecciones autonómicas otro. Y la proclamación simbólica de la República el 27 de octubre para a continuación abandonar el gobierno y las instituciones ante la entrada en vigor del artículo 155 fue una derrota importante. El gobierno y el Parlamento no se rindieron, sus miembros han afrontado con valentía el exilio o la cárcel y continúan luchando por los derechos de Cataluña. Pero la relación de fuerzas entre el movimiento independentista y el Estado cambió radicalmente.

La victoria electoral de las fuerzas independentistas el 21-D, a pesar de su importancia, no restablecía la relación de fuerzas del 1 de octubre porque el nivel de movilización popular no se había recuperado y era precisamente éste el que permitía hacer cosas que el Estado no quería que hiciéramos, lo que determinaba la relación de fuerzas. El fracaso en investir a Puigdemont e implementar la República, en invertir a Sánchez y a Turull o en restituir a los consejeros del anterior gobierno, deben enmarcarse en el continuo deterioro de la relación de fuerzas a partir de la huelga general de país del 3 de octubre y que tuvo su momento decisivo el 27 de octubre. No analizar mejor cómo había cambiado la relación de fuerzas ha llevado durante los últimos meses a simplificar el debate y reducirlo a la alternativa de "poner la directa" o aceptar el régimen autonómico y las reglas impuestas por el Estado.

● ¿Dónde hay que situar el punto final del anterior ciclo político? Sobre esta cuestión hay opiniones diferentes. En general este momento se sitúa más cerca de la actualidad cuando más tiempo se ha defendido la posibilidad de investir a Puigdemont o de implementar la República. Benet Salellas, por ejemplo, lo sitúa el 30 de enero, cuando Roger Torrent suspendió la prevista investidura de Puigdemont. Vicent Partal parece situarlo el 29 de mayo cuando Torra aceptó cambiar los 4 consejeros encarcelados: "La decisión del presidente Torra entristece, aunque sea el final lógico de un proceso de cesiones que comenzó el 27 de octubre, inmediatamente después de la proclamación de la independencia".

Pero en la gran mayoría de balances hay un amplio acuerdo en que el gobierno de Torra será de carácter autonómico y que hemos entrado en un nuevo ciclo político. Por lo tanto ahora el debate importante es el de perspectivas.

¿Y ahora qué?

Ahora hay que recuperar la movilización popular y empezar a cambiar la relación de fuerzas con el Estado. La primera señal importante de que esto está ocurriendo será que los presos y los exiliados vuelvan a casa en libertad.

Paralelamente hay que ir definiendo una nueva estrategia, que recupere todos los elementos positivos que nos llevaron hasta el 1 de octubre, que deje de lado los que supusieron un obstáculo y que proponga otros de alternativos. No será un proceso fácil ni rápido, pero lo importante es empezar. Los puntos que siguen quieren ser una contribución.

1) El centro de la nueva estrategia debe seguir siendo el derecho a decidir, porque esta es la reivindicación que une al 80% de la población. La forma de ejercerlo debe seguir siendo un referéndum, ya sea pactado con el Estado o realizado de nuevo por decisión soberana del Parlament; y sólo debería considerarse que este referéndum expresa la opinión de la mayoría si la participación supera el 50% y los votos a favor de la independencia resultan claramente mayoritarios (la concreción de estos porcentajes deben ser objeto de discusión y, en su caso, de pacto).

2) El movimiento soberanista debe caracterizarse por ser inclusivo, tanto en relación al sentimiento de identidad de la gente, como en la opinión sobre la relación que una República catalana soberana debe tener con el resto de pueblos del Estado español. También ha se ser un movimiento radicalmente democrático, no sólo por la forma de decidir sobre la independencia, sino defendiendo que la Constitución de la República catalana sea fruto de un proceso constituyente popular.

3) Hay que impulsar formas de construir república desde abajo, organizando debates sobre el tipo de sociedad y de instituciones que queremos. Las organizaciones de masas (CDR, ANC, Omnium,...) pueden jugar un papel importante en este sentido. Las elecciones municipales del próximo año pueden ser una buena ocasión para impulsar confluencias de izquierda y favorables a la República catalana.

4) La futura República catalana debe defender los intereses de la gran mayoría de la población y los gobiernos que la impulsen deben dar pruebas concretas de ello en sus políticas. Por eso hay que desplazar del gobierno las políticas neoliberales, poco democráticas o tolerantes con la corrupción.

5) Hay que estar vigilantes frente a los riesgos de instrumentalización del movimiento soberanista y de los movimientos sociales en general. Por eso hay que afianzar su autonomía, tanto respecto al gobierno como a los partidos políticos, y asegurar la democracia en su interior. La lucha por el derecho a decidir no debería ser una tarea sólo del movimiento soberanista, sino del conjunto de los movimientos sociales, porque no es más que un aspecto de la lucha por la democracia entendida como el ejercicio del poder por parte del pueblo.

6) Para conseguir la República catalana no debe excluirse la negociación con el Estado, pero se debe tener siempre presente que su oposición al derecho a decidir no ha dependido hasta el momento del partido que gobernaba, sino que se consustancial al régimen monárquico de 1978. Por eso sería un error estratégico tanto renunciar a medidas unilaterales por parte de Cataluña, como olvidar que estas tendrán que enfrentarse con toda probabilidad a la represión del Estado.

7) Se debe recordar, reivindicar y transmitir la experiencia que hemos acumulado tanto a la hora de organizar la desobediencia al Estado como a la hora de defenderla: la ocupación y defensa de colegios del 1 de octubre, la organización en asambleas abiertas en las plazas, los piquetes masivos de la huelga general de país del 3 de octubre, los cortes generalizados de vías de comunicación del 8 de noviembre, la opción por la movilización pacífica y no violenta y la autoorganización popular en los CDR.

8) Hay que presentar la República catalana como parte de una solución republicana para todos los pueblos del Estado, porque todos ellos están objetivamente interesados en una ruptura con el régimen monárquico y porque las luchas conjuntas son las que pueden debilitar la capacidad represiva del Estado y ampliar las posibilidades de victoria.

9) Para favorecer esta salida republicana conjunta es necesario acumular nuevas experiencias de luchas compartidas, recuperando una rica historia de experiencias en este sentido, especialmente durante la lucha contra la dictadura franquista, pero también recientemente, por ejemplo en ocasión del 8 de marzo y de las movilizaciones de los pensionistas. Estas luchas compartidas son una necesidad para arrancar reivindicaciones al Estado en salarios, condiciones de trabajo, pensiones, sanidad, educación, vivienda, derechos de las mujeres, de las personas migradas y refugiadas, etc. Al mismo tiempo son los momentos en que se toma conciencia de la comunidad de intereses y de la necesidad de la solidaridad.

10) La internacionalización del conflicto catalán es una necesidad. El trabajo del presidente Puigdemont y los demás exiliados ha sido importante y lo seguirá siendo. Pero es necesario trabajar la solidaridad de los pueblos, porque son ellos los que pueden cambiar la actitud de sus gobiernos y de la Unión Europea. Y esta tarea quien mejor la puede hacer es el movimiento soberanista y los otros movimientos sociales, tejiendo lazos y siendo solidarios con las luchas populares de Europa y del mundo, es decir, practicando lo mismo que se pide.

En definitiva hay que levantar la bandera de la República catalana soberana, democrática, favorable a los intereses de la gran mayoría de su población, solidaria con los pueblos de España, de Europa y del mundo. La lucha por la República catalana debe identificarse con la lucha por la democracia, por el poder del pueblo para decidir sobre todos los aspectos de la vida social.

06/16/2018

Marti Causa, de la redacción de viento sur

Traducción: viento sur





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