Catalunya
Políticos de cinco partidos políticos portugueses piden la libertad de los presos políticos catalanes
Colectivo

[El manifiesto que reproducimos a continuación está firmado tanto por Alfredo Barroso, fundador del PS, como por Pacheco Pereira, antiguo dirigente del PSD. Están los socialistas Ascenso Simões, Isabel Moreira o Paulo Trigo Pereira, pero también el socialdemócrata Ulises Pereira o el diputado del PAN, André Silva. Los del Bloco de Esquerda son muy numerosos –Isabel Pires, João Semedo, Francisco Louçã, Luís Fazenda, José Manuel Pureza, Marisa Matias o Mariana Mortágua– pero también firma Rui Sá el diputado municipal de la CDU en Oporto. El manifiesto en portugués y todas las firmas se pueden consultar en:

https://www.publico.pt/2018/04/01/politica/noticia/be-ps-psd-cdu-e-pan-unidos-num-manifesto-pela-catalunha-1808622 ]

¡Libertad para los presos políticos catalanes!

El presidente de la Generalidad de Cataluña, exiliado en Bélgica hace cinco meses, fue arrestado el pasado domingo en Alemania cuando volvía de Finlandia, donde fue invitado por el parlamento, en una operación controvertida que implicó a los servicios secretos españoles y alemanes.

Carles Puigdemont fue reelegido hace tres meses en el Parlamento de Cataluña, en unas elecciones en las que se vio reforzada, contra todas las expectativas del gobierno de Madrid, una mayoría favorable a la independencia de Cataluña, al derecho de la región a decidir su futuro y a la restauración del presidente de la Generalitat.

Además de Puigdemont, nueve líderes independentistas catalanes han sido encarcelados de forma preventiva y sin fianza, ocho de los cuales fueron reelegidos en diciembre, entre ellos la ex-presidenta del Parlament de Cataluña y el vicepresidente de la Generalitat. Cuatro de estos presos hace cinco meses que están en prisión.

Buena muestra de la desorientación punitiva del Tribunal Supremo español es la negativa a liberar uno de estos presos, Joaquim Forn, miembro del gobierno catalán suspendido, cuya defensa pidió que pudiera esperar el juicio en libertad para tratar la tuberculosis que contrajo en prisión. El juez Pablo Llarena, autor de todas las órdenes de arresto, la rechazó con el pretexto de que podía ser tratada en la cárcel.

El mismo juez, que ahora tiene procesos abiertos contra un total de veintidós dirigentes y activistas políticos catalanes, a los que hay que sumar a más de mil alcaldes y directores escolares que esperan decisiones judiciales sobre la colaboración en la organización del referéndum del 1 de octubre, impidió recientemente a otro de los presos, el dirigente de una asociación Jordi Sánchez, el poder defender su candidatura a la presidencia de la Generalitat en el Parlament de Catalunya, sin que ninguna sentencia le hubiera retirado los derechos políticos –al contrario de lo que hizo la justicia española en 1989 con un preso de ETA al que permitió salir de la cárcel para defender su candidatura a la presidencia del gobierno vasco.

El viernes [23 de marzo], el mismo día que el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó “con urgencia” a España que “asegurara todos los derechos políticos de Jordi Sánchez”, el nuevo candidato independentista a la presidencia, Jordi Turull, fue encarcelado en Madrid el día antes de presentarse a una segunda votación parlamentaria.

Además de Puigdemont, cuatro miembros de su gobierno y dos dirigentes independentistas se han exiliado en Bélgica y Suiza; contra todos ellos, el gobierno español ha emitido una orden de detención europea. La última, el pasado viernes, fue la dirigente republicana Marta Rovira, que salió del país acompañada de su hija para no verse impedida de “darle todo lo que le pueda dar”, dejando Catalunya con una “profunda tristeza” por alejarse “de tantas personas que quiero, con las que he compartido tantas luchas durante tantos años con un único objetivo: cambiar la sociedad, hacerla más justa”.

Sólo las dictaduras, las “democraduras” o las “dictablandas” tienen presos políticos. Sólo ellas mantienen encerrados a dirigentes políticos y cargos elegidos como representantes del pueblo de manera legítima y que nunca han utilizado la violencia política para defender sus ideales, acusándolos de delitos de rebelión y sedición e interpretando como violencia el ejercicio del derecho fundamental de manifestación o de expresión.

Los gobernantes españoles pueden repetir hasta la saciedad el mantra que España es una democracia consolidada, pero sus acciones en la cuestión de Catalunya apuntan en sentido contrario. Muchos gobernantes europeos pueden girar la cara y fingir que no se dan cuenta que, independientemente de lo que piensen sobre el derecho de la autodeterminación del pueblo catalán, son la democracia y los derechos humanos lo que está en juego en Catalunya y en el conjunto de España.

Por el contrario, nosotros y nosotras no callamos nuestra indignación ante una represión encarnizada disfrazada de legalidad y unimos nuestra voz a la de todos quienes, en Europa y en el mundo, piden la liberación inmediata de Carles Puigdemont y de todos los presos políticos catalanes. Que terminen de una vez por todas las prácticas políticas y judiciales incompatibles con el respeto de los derechos cíviles y políticos de los ciudadanos y ciudadanas catalanes y que, como reclama todo el mundo, se produzca la negociación política de un problema político.

27 de marzo de 2018





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