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Euskal Herria
Pensiones y distribución de la renta
21/03/2018 | Mikel de la Fuente

Versión original: Publicada en Berria. Errenta banaketa

El deterioro de las pensiones públicas ya no lo niegan ni el gobierno ni las instituciones europeas. Así, la Comisión Europea prevé que la tasa de reemplazo de las pensiones públicas (cociente entre la pensión y el salario medios) caería más de 30 puntos entre el 2013 y el 2060. A más corto plazo y, por lo tanto, con mayor certeza, la caída prevista para 2030 es de 18,4 puntos. Esa reducción se distribuye de forma desigual y afecta más a la gente precarizada, especialmente las mujeres, cuya brecha de pensiones supera a la brecha salarial y que tienen más dificultades para el acceso a las pensiones, a lo que contribuyen reglas como la que requiere haber cotizado durante 15 años para la pensión de jubilación y que, además, dos de ellos correspondan a los 15 años anteriores a la jubilación, lo que impide acceder a la pensión a quienes se hayan retirado de la actividad productiva por cuidado de hijos u otros familiares y no hayan querido o podido recuperar –incluso cuando lo hayan intentado- esa actividad.

Como resultado de los recortes de las reformas de 2011 y 2013, por primera vez en los últimos decenios, en los dos últimos años se ha reducido la cuantía de las nuevas pensiones en relación con las del año anterior y se ha desacelerado el aumento del coste de las pensiones debida al aumento del número de pensionistas y la mayor cuantía de las pensiones nuevas en relación con las que causan baja. A pesar de ello se ha disparado el déficit de las pensiones, lo que ha provocado el agotamiento del Fondo de Reserva y la concesión de préstamos del Estado a la Seguridad Social. Los déficits han sido el resultado de varios factores: a) la reducción del número de cotizantes por la evolución del desempleo y la economía sumergida; b) la menor cuantía de las cotizaciones por la caída salarial y el aumento del tiempo parcial y c) la exoneración de cotizaciones sociales a las empresas con el argumento de la política de empleo, sin que el Estado haya asumido ese coste. La reposición del criterio de revalorización basado en la inflación y la supresión del factor de sostenibilidad, que a partir del 2019 pretende hacer pagar a las pensionistas de jubilación el aumento de la esperanza de vida, y la supresión de la elevación de la edad de jubilación, exigen anular las últimas reformas de las pensiones. El anuncio de Rajoy de aumentar las pensiones mínimas y las de viudedad, además de ser radicalmente insuficientes, se sujeta de forma chantajista a la aprobación de los Presupuestos del Estado.

Para que esas medidas tengan el necesario respaldo financiero es preciso aumentar los salarios, lo que requiere a su vez derogar las reformas laborales que han contribuido a su reducción, especialmente de los más bajos. Asimismo es necesario aumentar el salario mínimo, en línea con la reivindicación de ELA y LAB de 1200 euros mensuales. Las medidas legales deben ir acompañadas de una negociación colectiva que permita recuperar los salarios e impidan la brecha salarial de género enmascarada en clasificaciones profesionales y otras medidas discriminatorias. A más largo plazo, con el acceso a la jubilación de la generación del baby boom, para hacer frente al aumento del número de pensionistas y la mejora de las pensiones será necesario un aumento de los recursos, a cuyo efecto será preciso abrir un debate público democrático sobre sus modalidades, con la participación de organizaciones sindicales, asociaciones de pensionistas y el movimiento feminista. Ello no solo es necesario sino también posible, pero exigirá una modificación de la distribución de la renta a favor de la mayoría de la población trabajadora.

El recurso a las pensiones privadas es una falsa vía: las individuales no son posibles para la gran mayoría y las de empleo suscitan un interrogante: ¿porqué las empresas pueden pagar a las EPSV y los Planes de Pensiones pero no pueden hacer frente a un aumento de las cotizaciones sociales? Sería muy ilustrativo encontrar respuestas a esta pregunta. Además, hacer depender las pensiones de la volatilidad de los mercados financieros es incompatible con la función de seguridad en los ingresos que debe proporcionar un sistema de pensiones. Como medida transitoria hacia un sistema vasco de pensiones es preciso instaurar en 1080 euros la cuantía mínima de las pensiones exigida en las movilizaciones de los pensionistas, que inevitablemente deberá correr a cargo de los presupuestos de la CAPV y de Nafarroa por la diferencia entre las pensiones abonadas por el sistema de seguridad social y la citada cuantía. Para llevar ello a la práctica será necesaria una reforma fiscal de sentido radicalmente contrario a la reciente reducción del impuesto de sociedades.





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