aA+
aA-
Grabar en formato PDF
blogs.publico.es  
Catalunya
Una carta de derechos sociales para hacer frente a la involución democrática
16/02/2018 | Marc Casanovas

[Artículo original en catalán: Una carta de drets socials per fer front a la involució democràtica]

Estamos en un momento político y social absolutamente excepcional, con unas elecciones impuestas por un Estado Español demofóbico, que, con la aplicación del 155, destituyó el gobierno legítimo de la Generalitat y efectuó un golpe de estado de facto en las instituciones catalanas para dejarlas bajo su tutela. Parte del antiguo gobierno en el exilio o encarcelado, activistas sociales, bomberos, docentes, concejales, alcaldes, ciudadanía en general ... encarcelados o imputados, acusados ​​de rebelión o sedición ...

Más allá de lo que pase las próximas semanas, aunque se logre formar gobierno y esto represente la posible retirada momentánea del 155, la realidad es que la intervención del Estado sobre la administración catalana ha venido para quedarse como amenaza permanente. Es el nuevo juguete represivo que ha descubierto el gobierno del Estado en connivivencia con el poder judicial, para mantener a raya cualquier forma de reivindicación política o social.

La utilización y la potencialidad del 155 no se circunscribe a Catalunya, el gobierno del Estado ya ha amenazado con su posible aplicación a otras comunidades que no cumplan con los objetivos de déficit. En el actual contexto de políticas de austeridad, de desmantelamiento y privatizaciones de servicios públicos y de precarización creciente del mundo del trabajo, el 155 se ha configurado como una nueva herramienta de excepción en el arsenal represivo del Estado contra la protesta social y a sus políticas. Y también puede convertirse en una herramienta de chantaje o una coartada permanente de aquellas administraciones que aprovechan esta situación para hacer pasar su propia agenda social como producto de esta intervención.

Desde el mundo sindical hay pues que seguir impulsando y participando en asambleas de trabajadoras y plataformas sociopolíticas amplias que se afanan en la retirada del 155, contra la represión y por el autogobierno de nuestras instituciones. Así como por la aplicación íntegra e inmediata de la ley de renta mínima garantizada y de leyes tumbadas por el Tribunal Constitucional como la de pobreza energética y habitacional. Pero habrá que hacer valer igualmente todas nuestras reivindicaciones laborales ante las administraciones intervenidas y las mesas sectoriales de negociación. No aceptaremos el incumplimiento y la paralización de los acuerdos y seguimos reclamando toda nuestra tabla reivindicativa, como el retorno de la segunda hora lectiva a la enseñanza o las sustituciones desde el primer día en todos los casos, o hacer efectivas las resoluciones del Parlamento como la retirada de los conciertos a las escuelas de élite, las mociones que instan a pagar el 100% de la paga de 2013 durante el año 2018, el regreso del cobro del 100% del salario en caso de baja y la recuperación, en definitiva, de las condiciones laborales de antes de los recortes.

En cualquier caso, el 155 junto con la reforma del 135 y la ley mordaza significa una vuelta de tuerca más en el contexto de excepción y represión que ya estamos sufriendo el conjunto de los movimientos sociales y los sindicalistas en los últimos tiempos, como los 27 y més, por los que piden penas de hasta 11 años de prisión por el único motivo de haber participado en una rueda de prensa solidaria con una acción contra los recortes el 17 de mayo de 2013, como es el caso (entre muchos otros compañeros y compañeras) de nuestro compañero de la IAC Jordi Gassiot.

En medio de esta ola represiva, la escuela catalana sigue siendo uno de los objetivos predilectos de los ataques de la derecha mediática, política y judicial española. Las denuncias por adoctrinamiento (contra docentes de San Andreu de la Barca o de la Seu d’Urgel), se han ido sucediendo, mediática y judicialmente. O la denuncia a nuestro portavoz de USTEC-STEs (IAC), Ramon Font, por parte de un sindicato de extrema derecha; y tantos otros ejemplos que han creado un clima de impunidad entre los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad y de inseguridad entre los funcionarios en general y muy especialmente entre los docentes en particular; que ven en peligro su libertad de cátedra y se ven abocados a un clima de miedo y de autocensura ante unos poderes políticos, judiciales e institucionales que deberían velar por nuestros derechos más elementales.

Desde el primer momento desde la IAC no nos hemos cansado de señalar que lo que estructura la naturaleza de este conflicto político y social en Catalunya no es, ni debe ser, una pugna entre independentistas y no independentistas, sino que estamos ante un conflicto entre democracia e involución autoritaria del Estado; desde el primer momento, ante la ilegal e ilegítima ocupación de varios departamentos de la Generalitat y las detenciones que estaban realizando fuerzas policiales y militarizadas del Estado, sumado a la persecución a cargos electos y trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado, a la ocupación de medios de comunicación e imprentas, a la prohibición de actos y la requisa de materiales para el referéndum del 1 de Octubre, la IAC se puso al lado del pueblo movilizado que quería ejercer un derecho tan básico como es su derecho a la autodeterminación.

Ante de este proceso de involución democrática, la IAC tejió una red de solidaridad permanente con la izquierda sindical de todo el Estado. Impulsó actos de solidaridad internacional con el pueblo catalán aquí y en el resto del Estado con las Marchas de la dignidad o With Catalonia. El 10-S organizamos un acto con la izquierda sindical de todo el Estado en Barcelona a favor del derecho de autodeterminación y en defensa del referéndum del 1 de Octubre.

Después de los hechos del 20S trabajamos con otros sindicatos para impulsar en Catalunya una plataforma de movimientos sociales por las libertades y contra la represión que permitió el éxito de la huelga general del 3 de Octubre tras la represión policial del 1-O.

Tanto la huelga del 3 -O como la del 8-N fueron una lección ejemplar de dignidad, de autoorganización y movilización popular que desbordó las fuerzas institucionales, también las previsiones del propio gobierno catalán, y que rompió los esquemas de un sindicalismo de concertación que aún no es consciente del cambio de paradigma que ha significado la crisis económica y la involución democrática que estamos sufriendo aquí y en todo el Estado.

En el tiempo transcurrido entre el 20S y la proclamación de la República del 27-O, quedó patente que sólo desde la autoorganización popular, que a través de los CDRs articuló todo el territorio, y el impulso de un sindicalismo alternativo y combativo, se puede dar una respuesta a la altura de la grave agresión que están viviendo las clases trabajadoras de este país y sus instituciones.

Es necesario, pues, que desde el sindicalismo alternativo continuemos impulsando y participando de iniciativas para hacer efectivo el derecho de autodeterminación, por la libertad de los presos políticos, en defensa del autogobierno de nuestras instituciones, contra la represión y el 155: en la defensa ante los ataques a la escuela catalana y el modelo de inmersión lingüística, en asambleas de trabajadoras contra la represión, en plataformas de solidaridad internacional, etc.,

No podemos perder de vista, sin embargo, que sectores muy importantes de la clase trabajadora, no se movilizaron ni se sintieron interpelados por todo este proceso de lucha. En este sentido, para las fuerzas sindicales de clase, es fundamental saber interpretar esta realidad y diferenciar muy claramente la defensa del autogobierno de las instituciones catalanas y la lucha contra la represión y contra el recorte de libertades, por un lado, de las políticas antisociales que el gobierno de la Generalitat ha llevado a cabo en los últimos años contra los sectores populares de Catalunya, por el otro.

Carta de derechos sociales catalana: por la democracia, por la movilización popular y por la justicia social

Es en este contexto, y en esta perspectiva, donde la creación de instrumentos que faciliten la unión de la clase trabajadora, como la iniciativa de las “Marchas de la dignidad” de impulsar una carta de derechos sociales, adquiere todo su sentido e importancia.

En Catalunya la población catalana en riesgo de pobreza alcanza el 19,2%. El paro afecta a 418.000 personas y más de dos tercios no cobran prestaciones. Las familias donde ningún miembro trabaja son 176.200 (último dato 2017). Tenemos 10 desahucios diarios sólo en Barcelona, ​​mientras se disparan los alquileres. Los gobiernos afirman que se crea empleo, pero la gran mayoría son contratos-basura con sueldos indignos. Los inmigrantes son tratados de manera inhumana, y sin facilitar su regularización, mientras muchos de ellos son confinados a Guantánamos locales del Estado llamados CIEs.

En los últimos tiempos el gobierno de la Generalitat ha perpetuado el recorte del 14% en el gasto público en Sanidad y sigue favoreciendo los negocios privados y la mercantilización del sistema sanitario. Es de la máxima urgencia recuperar las plantillas, poner fin a la precariedad, reforzar la atención primaria, reducir listas de espera y recuperar los servicios privatizados, además de las camas, plantas y servicios cerrados desde el 2011.

En Enseñanza, la inversión sigue a la cola del Estado y de Europa. Apenas llega al 3% del PIB, cuando por ley debería ser del 6%. Sufrimos unas políticas regresivas que favorecen la escuela concertada y la equiparan con la pública, a la vez que introducen modelos de gestión empresarial en la red pública.

Las mujeres son las primeras que sufren los recortes o las privatizaciones, son invisibilizadas y asesinadas, son doblemente explotadas y oprimidas ante la indiferencia del Administración.

Las agresiones al territorio por parte del gobierno de la Generalitat han sido la norma, en la que el proyecto de Hard Rock en Tarragona define un auténtico modelo neoliberal de país, donde todas las administraciones locales rendirán tributo al poder financiero y la especulación inmobiliaria, donde gentrificación y suburbanización van de la mano y legislaciones laborales, fiscales, ecológicas ... deben adaptarse como la arcilla a las necesidades del capital internacional, en un juego de muñecas rusas donde las zonas de "excepción" van definiendo territorialmente la lógica a la que, a la postre, se deberá adaptar todo el campo del poder político y social.

Ante todo ello, las movilizaciones de las Marchas del 25 y 28 de febrero de 2017, las grandes manifestaciones del 8 de Marzo y la próxima huelga feminista convocada, las ILPs como la Renta Garantizada de Ciudadanía, las movilizaciones de la Educación y las luchas en curso, entre las que destacan las recientes movilizaciones contra la precariedad, cárnicas en lucha, las Mareas Pensionistas y los estibadores, Titanlux, plataformas digitales como Deliberoo, sin olvidar las Kellys y los manteros, las luchas por la vivienda y por el derecho a la ciudad, las campañas como STOPujades y las de remunicipalización del agua, abren el camino a un nuevo ciclo de luchas y muestran que la articulación de un sindicalismo social que vaya más allá del centro de trabajo será esencial para dar respuesta a las nuevas formas de (des) composición del mundo del trabajo, temporalidad, precariedad, falsos autónomos, externalizaciones ...

En este sentido la iniciativa de las “Marchas de la dignidad de impulsar una Carta de derechos sociales catalana que llegue todo el territorio, puede ser una magnífica herramienta para vertebrar los movimientos y las luchas; una carta que sea capaz de levantar una agenda social común en Catalunya: qué modelo productivo queremos, qué modelo de relaciones laborales, qué sanidad o educación, qué derechos de las mujeres, los inmigrantes, del derecho a la vivienda, ..., que vaya construyendo, en definitiva, una correlación de fuerzas más favorable a los intereses y el sentir de las clases populares. La crisis del régimen del 78 hace aparecer la oportunidad y la necesidad de un proceso constituyente catalán desde abajo, soberano al tiempo que asociado a los procesos que puedan levantar los otros pueblos del Estado; que ponga en valor las aportaciones de los diferentes movimientos: desde la lucha por las pensiones, la educación y la sanidad públicas, al "compromiso de las escaleras", la ILP de vivienda y de la renta básica, la lucha ecologista, por un nuevo modelo energético y contra los transgénicos, el maltrato animal o procesos como el multireferèndum. En resumen, dar potencia constituyente a las luchas de la clase trabajadora y los movimientos sociales.

Empecemos pues a trazar, entre todos y todas juntas, la elaboración de esta herramienta de lucha: una carta de derechos sociales para Catalunya.

15/02/2018

Marc Casanovas es portavoz nacional de la IAC (Intersindical Alternativa de Cataluña)





Facebook Twitter RSS

vientosur.info | Diseño y desarrollo en Spip por Freepress S. Coop. Mad.
 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual Los contenidos de texto, audio e imagen de esta web están bajo una licencia de Creative Commons