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Tras los hechos de Catalunya
¿Qué más tiene que pasar para que la izquierda reclame otra justicia?
19/01/2018 | Pere Alzina

[Versió original en catalán: http://blogs.publico.es/torndeparaula/1254/que-mes-ha-de-passar-per-a-que-lesquerra-demani-una-altra-justicia/]

La realidad acostumbra a ser terca, por mucho que se quiera deformar, y a menudo resulta molesta. Por eso hay quién procura ignorarla y sustituirla por relatos inventados, descripciones de lo que está pasando adaptadas a sus deseos o necesidades.

Los profesionales de la desinformación siempre han existido, el periodismo mercenario o sencillamente dócil, siempre dispuesto a disparar contra rebeldes e insumisos, ya no sorprende a casi nadie, pero últimamente acontecimientos que parecen históricos se han sucedido a gran velocidad y quizás por este motivo abundan los relatos interesados y muy absurdos, directamente difundidos por altas instituciones, sin intermediarios.

Los más curiosos de los últimos tiempos han sido los del gobierno español, los de la Fiscalía y los de la magistratura más selecta. Jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo y del Constitucional se pronuncian sobre la realidad catalana con esfuerzos de imaginación más que notables, sin disimular que comparten “sentido de Estado” con el gobierno del PP hasta tal punto que parece que trabajen en estrechada coordinación. Cada vez hay más gente que desconfía de la famosa separación de poderes en el reino de España.

La mayor parte del legislativo, el ejecutivo en pleno y lo más distinguido del judicial, con el apoyo de la corona, velan por la uniformidad de España, y consideran indiscutible que quien quiere que Cataluña se exprese como nación soberana, comete delito o tiene el propósito de delinquir, utilizando la violencia. Lo afirman sin vergüenza. Si los hechos lo desmienten les da igual. “El Estado se defiende de los ataques de quién lo quiere destruir”, dijo Mariano Rajoy.

Al ministro Méndez de Vigo le parece contrario al “sentido común” que partidos soberanistas quieran investir a Carles Puigdemont como President si se encuentra fuera del territorio del Estado español, y anuncia que si el Parlament de Cataluña, elegido el pasado 21D, en comicios convocados por Mariano Rajoy, aprueba el regreso al Palau de la Generalitat de quien encabeza la mayoría independentista, el gobierno español presentará recurso ante los tribunales inmediatamente. Normal. No tienen dudas sobre la decisión que tomarán los magistrados.

Rajoy se otorgó la facultad de destituir al gobierno de la Generalitat de Cataluña, de disolver el Parlament y de intervenir la Administración catalana en cualquier nivel. Lo hizo y convocó él mismo a la ciudadanía catalana para elegir una nueva cámara, se supone que legislativa, sin que esté previsto en ninguna parte que pudiera tomar ninguna de estas decisiones. Está claro que no hizo todo esto para que en Cataluña gobiernen los mismos, pero los ciudadanos que fueron a las urnas, con un nivel de participación más alto que nunca, revalidaron la mayoría independentista. Por eso anuncia que presentará recurso contra la presentación a la investidura de Puigdemont desde Bruselas. Y al mismo tiempo le reclama que “dé la cara” ante los tribunales españoles, porque sabe que la justicia como dios manda, que no es la de Bélgica, se comportará como un solo hombre, y ordenará su encarcelamiento, además de invalidar la decisión de que pueda tomar el Parlament.

La prisión es también lo que les espera a los cuatro consejeros que se encuentran en Bruselas si deciden pisar territorio del Estado español.

Resulta más chocante aún que el sentido común invocado por Méndez de Vigo lo comparta de manera tan estricta el Partido Socialista, en particular su primer secretario, Miquel Iceta, que no deja de manifestar su indignación con la pretensión de que Puigdemont sea investido a distancia. Esto “no tiene precedentes en ninguna parte del mundo”, dice escandalizado.

Iceta se ve que conoce muy mucho lo que pasa en todo el mundo y debe saber de muchos casos de candidatos a la presidencia de países, que cuentan con el apoyo de la mayoría de su cámara legislativa y no pueden volver a su país.

Lo normal para Méndez de Vigo y para Iceta es que el criterio de la Fiscalía del Estado y de los jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Constitucional se imponga por encima del que puedan decidir una pandilla de diputados, acabados de escoger, algunos de ellos encarcelados y otros “huidos de la justicia”. Dios nos guarde de decir que son presos políticos o exiliados. No se encuentran en prisión por su pensamiento o actividad política, está claro, sino porque gastaron de mala manera, “malversar”, dinero de todos, aunque lo hicieran para cumplir con lo que habían dicho que harían y con lo que pide la mayor parte de la población: convocar un referéndum. Se encuentran privados de libertad porque “cuentan con apoyo popular”, dice el Supremo, y asumen y aceptan que se produzcan “episodios de violencia” para conseguir la independencia, como se ha demostrado en todas las expresiones multitudinarias del soberanismo catalán desde el año 2010, particularmente la del 1 de octubre del 2017, cuando miles de personas defendían su derecho a votar en los colegios electorales, con las manos levantadas, ante la sacrificada acción de los agentes del orden.

Lo que tiene que hacer Puigdemont es volver a Cataluña antes de ser investido, y ser encarcelado como Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart, para disfrutar de los mismos derechos políticos. Y ni pensar que los tres primeros puedan salir para ir al Parlament y mucho menos que se los deje en libertad provisional.

Rajoy ya dijo, antes de las elecciones que él convocó, que estaba abierto al diálogo, con quien obtuviera la mayoría necesaria en el Parlament de Cataluña, pero tendría que ser con quien “esté en condiciones de hablar con él” y lógicamente no puede hablar con quienes pongan en cuestión su capacidad de hacer y deshacer en Cataluña y en sus instituciones. De los políticos independentistas ya dijo: “Políticamente, para mí, están inhabilitados”. ¿No quedó bastante claro? “Ahora la gente ya sabe lo que es el 155”, ha dicho y repetido.

Por eso se explica la indignación de Miquel Iceta, para quien resulta evidente que los millones de personas que dieron la mayoría a los independentistas ignoran “el principio de realidad”, según el cual sus aspiraciones “no tendrían consecuencias mayores si no hubieran infringido leyes, dejado de escuchar a los jueces, desobedecido y alterado las normas del Parlament, pisado a la oposición y dividido a la ciudadanía”.

Evidente. Lo que hay que respetar, según Iceta, no es la decisión de la ciudadanía en las urnas, que elige a sus representantes para que aprueben leyes y den o denieguen apoyo al gobierno. Lo importante es lo que digan los jueces, aplicando leyes inmutables. Y quien divide a la sociedad catalana no es el Estado español que niega la soberanía del pueblo catalán, sino los representantes de las formaciones que han obtenido de nuevo la mayoría en el Parlament de Cataluña. Esto, que quede claro, es el “principio” de “realidad”, según Iceta.

Un “principio” interpretado de tal manera que ha llevado al PSC a renunciar progresivamente al legado socialista para conseguir unos votos que finalmente han ido a parar a la nueva derecha liberal.

Y una “realidad” construida por Rajoy y Rivera, que Iceta ya pidió que se aceptara antes de las elecciones y que ahora insiste en dibujar, para “recoser” los parches de país que él ha imaginado.

Y a propósito de la costura, de la que no se deja de hablar desde que Susana Díaz la descubrió cuando consiguió la destitución de Pedro Sánchez, no podemos pasar por alto el costurero de la otra izquierda, la de algunos herederos de la prosoviética y la de los autoproclamados defensores de la nueva política, que hasta no hace mucho decían que no eran ni de izquierdas ni de derechas. La que se ha hartado de manifestar un rechazo igual por la DUI y el 155. Como si fuera equiparable una declaración en favor del ejercicio del derecho de autodeterminación con la aplicación de un artículo en cuyo nombre se ha desarticulado al gobierno de Cataluña, se han intervenido sus cuentas y se han negado libertades elementales, como la de exponer carteles con la palabra “democracia”, la exhibición de lazos de color amarillo o la utilización de expresiones como “presos políticos” o “consejeros exiliados” en los medios de comunicación públicos.

Es la ”izquierda” que equipara las cargas policiales del día 1 de octubre con la aprobación en el Parlament de las leyes de Referéndum y Transitoriedad.

Unos dirigentes políticos que reconocen que aquel 1 de octubre hubo una “importante movilización”, que muchos de ellos se esforzaron en desacreditar hasta el penúltimo día, exigiendo garantías a quienes la organizaban y olvidando la denuncia de quienes la negaban, con detenciones, cacheos, confiscación de material electoral, cierre de páginas web…

Actores políticos de un espacio que no hace demasiado tiempo sacaba símbolos monárquicos de las instituciones, ponían en cuestión el régimen del 78 y hablaban de procesos constituyentes no subordinados, y hoy se escandalizan porque alguien se atreva a proclamar la república antes de tiempo, hablan de la unilateralidad como la peor de las conductas políticas y defienden el referéndum acordado, como hacía el PSC hace unos cuántos años, sin explicar fecha, ni pregunta, ni escenario que lo pueda hacer posible.

Insisten en la necesidad de poner en el centro de la vida política la agenda social. Importante objetivo, efectivamente, que exige acompañamiento de trabajo sindical, de reivindicaciones concretas y del impulso a la movilización necesaria, en la calle, para conseguirlas.

Izquierdistas viejos y nuevos, algunos prematuramente envejecidos, instalados en las instituciones que decían querer asaltar, ya hace un tiempo que perdieron la batalla de la calle. Miran con desprecio la movilización de quien reclama libertad y democracia, masivamente, en acontecimientos, estos sí, sin precedentes, y renuncian no solo a encabezarlos, sino a hacer acto de presencia en todos ellos, ni siquiera para llenarlos de contenido social.

Dirigentes políticos, algunos de los cuales no hace demasiado tiempo renegaban de los partidos, y ahora ya son vistos como cualquier otro representante del orden del 78, que se presentan a sí mismos como defensores del consenso constitucional y que claman una y otra vez contra la unilateralidad, como si fuera posible defender un derecho sin manifestar disposición a ejercerlo.

¿Qué sentido tiene este debate entre quién defiende el camino del acuerdo en contraposición al de la acción unilateral? ¿De verdad hay alguien que piense que el soberanismo no quiere una solución acordada? ¿Hay algún derecho que se haya conseguido sin la disposición a llevarlo a la práctica por parte de quien lo reivindica?

Nos ahorramos recordar, por conocidas, las luchas por el derecho al sufragio, a la contracepción y el aborto; por el derecho de huelga, reprimido a sangre y fuego tantas veces; por el derecho a la libertad de expresión, castigada tantas veces con años de prisión, multas y censura; la actitud de los insumisos y objetores de conciencia…

¿Alguien estaría hablando de la necesidad de dar satisfacción de alguna manera a las aspiraciones democráticas de millones de catalanes si no se hubieran expresado reiterada y masivamente en todo el territorio a lo largo de los últimos años?

¿Qué persona con sentido común de verdad y una mínima sensibilidad social puede discutir que el día 1 de octubre de 2017 se produjo un acontecimiento democrático excepcional que se recordará durante décadas?

¿Quién puede considerar justo que sigan encarceladas o sin poder volver a Cataluña personas especialmente significadas por haber impulsado el referéndum o haber defendido pacíficamente a sus organizadores y sus resultados? Conviene tener presente, además, que la cosa no acaba aquí. Que está muy complicada, porque hay otros muchos encausados.

¿Cómo puede ser que no resulte escandaloso para cualquier demócrata del Estado español que unos ministros, unos fiscales y unos jueces construyan deliberadamente acusaciones sin pies ni cabeza contra personas sobre los hechos “tumultuosos” o “violentos” que podrían provocar en un futuro? ¿Cómo se explica que personas que a menudo invocan la solidaridad como valor no manifiesten indignación ante la privación de libertad de personas con las que pueden discrepar pero que son indudablemente, como dicen, “personas de paz”? ¿Cómo puede ser que en vez de denunciar a los prevaricadores, reprochen a sus víctimas no se sabe qué carencia de sentido de realidad y de voluntad de conciliar y dialogar?

¿Qué más tiene que pasar para que los demócratas de todo el Estado, además de esforzarse en coser, recoser y zurcir, se decidan a reclamar control democrático sobre la fiscalía y las altas instituciones del poder judicial?

14/1/2018

Traducción: Àngels Varó Peral





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