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naiz.info | Corrupción en Euskal Herria
El caso De Miguel
15/01/2018 |

Han pasado ocho años nada menos desde que una abogada llamada Ainhoa Alberdi interpusiera una denuncia contra Alfredo de Miguel y Aitor Telleria, miembros muy destacados del PNV y con cargos institucionales importantes (el primero era ni más ni menos que diputado foral de Administración Local), por haberle solicitado a la empresa de la que ella era administradora el pago de una comisión de 100.000 euros.

Gracias a ella, por tanto, y no a una actuación de oficio por parte de los servicios policiales o de la propia administración, hemos podido ver la fotografía de un grupúsculo de 26 personas de la órbita peneuvera sentadas en el banquillo para que se esclarezca y se juzgue si cobraban comisiones, «impuestos reaccionarios», a empresas a cambio de adjudicárseles contratos públicos, aprovechándose de su condición político-institucional.

Es una fotografía que se ha intentado evitar obviamente por parte de los protagonistas porque nadie quiere salir en una foto tan horrenda. Y no es de extrañar. La mayoría de casos de este tipo, relacionados con la corrupción, se archivan antes de iniciarse cualquier diligencia o se cierran en fase de instrucción. Por tanto, el valor de esta fotografía el primer día del juicio oral es en sí alto. Ha tenido que haber una conjunción de factores para llegar a este punto.

En primer lugar, la profundidad de la trama con todas las ramificaciones es considerable. Las dificultades para encontrar pruebas en este tipo de casos no son desdeñables. Las empresas obligadas al pago de comisiones a cambio de contratos optan por no revelar este tipo de prácticas porque ambos se necesitan. En efecto, ambas partes, el recaudador y el pagador, se necesitan mutuamente, porque si bien es cierto que preferirían no pagar, saben que hacerlo redundará en su beneficio. Es un negocio antijurídico bidireccional donde las dos partes ganan. Además, se sabe en estos circuitos que si no se paga, uno y su empresa se quedan fuera del circuito. Es curioso oir la lógica moral que impregna en estos circuitos. Frases como «¿Qué, voy a echar a trabajadores porque no me adjudican nada?», «Todos lo hacen. No hay alternativa»… Efectivamente se sienten extorsionados, porque en honor a la verdad, no deja de ser una extorsión institucionalizada. También se sienten desamparados, porque denunciar una práctica así supone echarse encima a todo el sistema oficial y es difícil que alguien te apoye… Por tanto, el valor ético de lo hecho por Ainhoa Alberdi es incalculable. Ojalá hubiera muchas como ella, porque tendríamos una foto mucho más real de la penetración de la corrupción en territorio vasco y acabaríamos antes con esta lacra.

En segundo lugar, ha habido suerte con las pruebas. Las grabaciones y la torpeza del propio De Miguel que usó ordenadores institucionales con total relajo, creyéndose impune seguramente porque ya había pasado el tiempo suficiente en esos menesteres han resultado ser determinantes. No obstante, la pregunta que me hago es si alguien se cree que lo defraudado y obtenido ilícitamente son 600.000 euros, si alguien se va a meter en un fregado de este calado por tan nimia cantidad. Es decir, se ha podido demostrar un pico de lo que a todo seguro se ha extorsionado.

No obstante, aún habiendo denunciantes y pruebas no es fácil encontrar jueces, fiscales y policías que persigan este tipo de delitos y, sobre todo, a este tipo de «delincuentes »como De Miguel. En efecto, el perfil de algunos de los acusados, haría pensar hace ocho años a cualquiera como yo que no habría valor policial ni judicial para realizar este recorrido. Por ello, quisiera destacar la valentía del Ministerio Fiscal y del juez instructor en este procedimiento. Me viene a la mente el caso de unas liquidaciones infladas en algún tramo del TAV de Gipuzkoa en el que aún existiendo pruebas periciales y grabaciones, el fiscal jefe de Araba Josu Eizagirre abrió diligencias preliminares que fueron archivadas en el plazo de un mes en cuanto el procedimiento fue transferido a la Fiscalía de Gipuzkoa. O en el caso de Bidegi, donde la actitud de la Fiscalía está siendo totalmente pasiva y se ve de manera nítida que no hay un impulso público para perseguir la comisión de sendos delitos de malversación de fondos de 30 millones de las arcas públicas guipuzcoanas. Este ejercicio de independencia del sistema judicial merece mi respeto.

Hecho todo el recorrido, veremos lo que da de sí y si verdaderamente existe margen para la celebración de un juicio con todas las garantías de manera que se permita a la acusación demostrar la culpabilidad de los acusados. Porque he de confesarlo, ésta y no el respeto de la presunción de inocencia es lo que me genera preocupación y ha de ser la preocupación de cualquier persona que cree firmemente en un sistema público transparente y fuera de toda corrupción. Queremos conocer la verdad, merecemos que se celebre un juicio justo que se prevé largo.

Más allá de las implicaciones jurídicas del caso, esta apertura del juicio oral es importante porque viene a representar la falsedad del oasis vasco limpio e impoluto. Aquí y allá, existe la corrupción. Se ha conocido hace escasos días el Informe del GRECO, (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) que da un tirón de orejas al Estado español. Dice el informe que de las once recomendaciones realizadas por el ente para luchar contra la corrupción sólo se han implementado siete y de manera totalmente parcial. España está muy lejos de ser un país en el que la corrupción esté en la agenda política. Diferentes informes de entes sitúan a España a la cola en la lucha contra la corrupción y a la cabeza de los países corruptos.

Y Euskal Herria, por mucho que algunos se empeñen en dibujarla como un país cuasi-independiente donde la gente vive muy bien y tiene unas instituciones entregadas y limpias de todo, no está exenta de este fenómeno. La problemática de la financiación de partidos, la falta de mecanismos de detección y prevención, la falta de garantías para la independencia judicial, la falta de control sobre los políticos y técnicos que gestionan las cuentas públicas y la falta de rigor y lo barato de los mecanismos punitivos… no se establecen aquí. Son legislación española, es sistema judicial español, es financiación de partidos legislada en España… Y el resultado, en España pero también aquí, es desastroso. El informe GRECO se refiere también a Hego Euskal Herria. Y es una tremenda irresponsabilidad decir que aquí la corrupción no está generalizada como lo dijo el señor Urkullu y quedarse tan ancho. Esta semana el diputado jeltzale Aitor Esteban se apresuraba a desvincularse de sus otrora compañeros de partido del «caso De Miguel» en otro ejercicio de irresponsabilidad.

¿Son estos, altos cargos públicos que realizan un mal uso de su posición para beneficio propio? ¿O el de su partido? Porque intuyo que esto último pasa de manera bastante sistemática pero es más difícil de demostrar si no lo dice el propio corrupto/corrompedor. De hecho, en este juicio la acusación se centra en el enriquecimiento injusto de las personas implicadas pero a estas alturas, ¿alguien piensa que los acusados con semejante estructuración funcionaban únicamente para su lucro personal? La omertá ha funcionado pero no me la acabo de creer. Ya es hora de que en Euskal Herria seamos capaces de poner mecanismos para erradicarla acordando medidas eficaces. No nos parezcamos, en esto también, a España.

14/01/2018

Larraitz Ugarte, abogada.

https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/el-caso-de-miguel



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